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Suplemento
Quito, 22 de septiembre de 2008CAMPO ONADO, ¿UNA VENTA A PRECIO DE 'REMATE'?
AGD PONE UN PRECIO DE VENTA, PERO NI SIQUIERA CONOCE CUÁNTO PRODUCE EL YACIMIENTO
ONADO: OPERACIÓN PETROLERA POR FONDO SOLIDEZ
Un grupo de inversionistas interpuso medidas cautelares sobre este y otros bienes del BPE
El pasado 29 de agosto, los presidentes Rafael Correa Delgado y Hugo Chávez firmaron un acuerdo para que Petroecuador opere el campo Ayacucho, de 863 km² de superficie, ubicado en la faja del Orinoco, en Venezuela.
En el acto, celebrado en el campamento de ese yacimiento petrolífero, PDVSA también declaró una cesión de sus derechos en el campo Onado a favor de Petroecuador.
Esto permite a la estatal petrolera ecuatoriana adquirir la participación del 8,35% que mantiene en ese yacimiento el Banco Popular (actualmente en liquidación).
Como hasta ahora no se han difundido los contenidos de esos convenios, hay que remitirse a las primeras declaraciones del ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, quien estimó en alrededor de $22 millones el valor del campo Onado, ubicado en el estado de Monagas, cerca del oceáno Atlántico. Pero se conoce que Petroecuador no pagaría más de $17 millones.
Sin embargo, el traspaso aún no puede concretarse porque alrededor de 30 inversionistas del fideicomiso Solidez, del Banco Popular, interpusieron acciones con la prohibición de enajenar este y otros bienes de esa institución. La defensa señala que, mediante las medidas cautelares, se busca "garantizar el pago de las acreencias".
El fideicomiso Solidez se constituyó en 1995, cuatro años antes de que el Banco Popular entrara en saneamiento y se adhirieron cerca de 400 personas. El Grupo Financiero Popular, conformado por el Banco Popular del Ecuador (BPE) y el Banco Popular Internacional (off shore), en calidad de fiduciario, entregaron a los beneficiarios certificados convertibles en acciones que contaban con la garantía general del banco emisor. En diciembre de 2000 vencieron los plazos de las obligaciones y los fideicomitentes iniciaron reclamos para recuperar sus recursos, pero hasta ahora continúan impagos.
El 27 de noviembre de 2006, BLANCO Y NEGRO publicó que la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) se resistía a pagar, a pesar de que estas acreencias siempre estuvieron garantizadas por todos los activos del Banco Popular y de contar con el informe favorable de la Junta Bancaria y el pronunciamiento vinculante de la Procuraduría General del Estado.
El yacimiento Onado está integrado por 14 pozos petroleros y tiene reservas probadas por 56,7 millones de barriles, según reconoce el liquidador del Banco Popular, Antonio Buñay.
El ex presidente del Banco Popular, Nicolás Landes, dice que el precio de $22 millones es "absurdamente bajo" y que coincide con el saldo adeudado a los inversionistas del fideicomiso Solidez, por lo que considera que la valoración fue fijada solo para pagar esta deuda, pero perjudica a casi 2000 ex accionistas del banco, incluyendo a cientos de ex empleados. (AA/SR)
'Popular tiene el 8,35% de participación 'Entre 2002 Y 2006 fue del 20,89%, entonces PDVSA cambió esquemas de contratos
En 1997, PDVSA llamó a licitación para operar el campo Onado por 20 años. Ganaron el consorcio CGC (74%) y la compañía Carmanah (26%). Previamente, la compañía Distral Térmica había firmado un convenio de participación con CGC para adquirir los derechos en el convenio operativo del campo Onado.
Poco después, Distral Térmica transfirió esos derechos (equivalentes al 14,4%) al banco Fivenez, del Grupo Popular.
En diciembre de 1998, CGC y Fivenez firmaron un contrato de venta, con opción de recompra, con la compañía Petróleo y Gas Inversiones. De esta forma, la participación de Fivenez aumentó al 16%.
Luego, Fivenez transfirió su participación al Banco Popular, como pago de obligaciones pendientes. El valor de esta transacción fue de $22 millones. En mayo de 2000, PDVSA reconoció al Banco Popular como partícipe del 16% del campo Onado.
En 2002, Carmanah cayó en default y sus acciones pasaron a los otros integrantes del consorcio, cuyas participaciones subieron; la del Popular llegó al 20,89%.
Así estaban las cosas hasta 2006, cuando PDVSA asumió el 60% en todas las operadoras, que quedaron con el 40%. La participación del Popular se redujo al 8,35%, equivalente al 40% de 20,89%.
PUNTO DE VISTA
Un proceso que requiere claridad
Durante todo el período previo al referendo aprobatorio del proyecto de Constitución, que se votará el próximo domingo, el Gobierno central no se ha cansado de enviar señales que favorezcan a su posición de apoyo al Sí.
Uno de aquellos indicios ha sido las acciones del Régimen con el fin de demostrar su afán de resolver los problemas derivados de la crisis del sistema financiero de los años noventa.
Quizás el caso más sonado fue la publicitada incautación de cientos de empresas que pertenecerían a los hermanos Roberto y William Isaías, ex accionistas de Filanbanco.
A ello se han sumado acciones semejantes en contra del grupo Peñafiel, relacionado con el también cerrado Banco de Préstamos.
Sin embargo, el gesto gubernamental más reciente en relación con la crisis bancaria ha sido el traspaso de acciones del campo petrolero Onado a Petroecuador por parte de su par venezolana PDVSA. Esto permite a la estatal petrolera ecuatoriana adquirir la participación del 8,35% que mantiene en ese yacimiento el Banco Popular (actualmente en liquidación).
El dinero, de acuerdo con la propagando gubernamental, servirá para pagar a los perjudicados en el caso del fideicomiso Solidez, de dicha entidad financiera.
Hasta allí, las cosas bien. Sin embargo, han empezado a surgir dudas respecto del traspaso de las acciones.
La principal de ellas es la valoración de los activos del campo Onado, sobre lo cual no terminan de cuadrar las cifras. Una valoración de Petroecuador establece que el paquete representaría unos $21 millones. Sin embargo, según PDVSA, los derechos representan $28 millones.
Se necesita en este caso de absoluta claridad, pues no cabe que, a título de hacer justicia a cualquier precio a los perjudicados, se produzcan errores y perjuicios contra los propios interese estatales. (LAG)
La segunda oferta de venta fue de $28,4 millones, pero Petroecuador la desechó por considerarla muy alta¿EL CAMPO PETROLERO VALE 200 MILLONES O 17 MILLONES?
Terrenos y membresías del Club Los Arrayanes (Puembo), valorados en $3 millones, también forman parte de los activos
De mantenerse en $22 millones o en un valor menor el acuerdo de traspaso de la participación del Banco Popular en el campo Onado a Petroecuador, la estatal se aseguraría ingentes dividendos por la explotación durante 18 años.
Para empezar, las reservas probadas de la totalidad del campo son de 56 704 000, de acuerdo a un informe del consorcio Petronado, que maneja el yacimiento, enviado al Banco Popular en liquidación.
A esto se añade la calidad del crudo: 38° API (muy liviano), según una de las empresas integrantes del consorcio; aunque el liquidador, Antonio Buñay, dice que la calidad oscila entre los 22° y 26° API.
Asimismo dos métodos de valoración establecen entre $100 millones y $200 millones el valor de las acciones del Popular.
En el método de "precio por reservas", el mercado bursátil asigna un valor promedio de $24 por barril de reservas probadas; la cifra determina cuánto vale cada compañía petrolera en función de sus reservas. Con este cálculo, los 4,6 millones de barriles que le corresponden al Popular en las reservas, por su participación del 8,35%, superan los $110 millones.
Si se aplica el método de "flujo descontado", que considera un costo para Onado de $50 el barril, sumado costos directos de producción, administración, impuestos y un precio de venta de $100 por barril, la utilidad neta para los operadores es de $50 por barril.
Esa utilidad, multiplicada por las reservas probadas (lo que corresponde al Popular) de 4,6 millones de barriles, arroja una utilidad acumulada de más de $230 millones.En cambio, según fuentes del Banco Popular en liquidación, el valor total del yacimiento, es decir el 100% de Onado, es de $340 millones y de ahí hay que sacar la parte proporcional (8,35%) del Banco Popular, lo que queda en $28 390 000.
Según esas fuentes, la valoración fue realizada en agosto pasado por la empresa mixta Petronado, integrada por PDVSA, y los socios minoritarios del consorcio operador, pero se negaron a entregar a BLANCO Y NEGRO una copia del documento de 40 páginas.
Por eso, en la nueva oferta presentada a Petroecuador constan $28,4 millones, con lo cual fue dejada de lado la propuesta inicial de $22 millones anunciada por Galo Chiriboga.
La nueva propuesta habría sido desechada por Petroecuador, donde se estima que la participación del Banco Popular en el campo Onado no vale más allá de $17 millones. Así las cosas, las partes decidieron recurrir a una valoración internacional, que será contratada en los próximos días. (AA/SR)
'Los accionistas deben pagar el déficit patrimonial de
$487 millones'
En septiembre de 2002 se terminó de pagar a todos los depositantes; aún se adeuda a otros inversionistas y a los ex empleados de la institución
En septiembre de 2002, la AGD terminó de pagar a los depositantes del Banco Popular.
Posteriormente, en diciembre de ese año, la administración temporal designada por la AGD preparó un listado parcial de los activos que tenía el banco, con un valor superior a los $50 millones.
El valor en caja era de $5 millones, otros $5 millones correspondían a bonos del Estado y había $18 millones en CDR de otros bancos.
En las cuentas por cobrar se contabilizaban $6 millones por la venta de la sede al Banco Central, otros $2 millones por cobrar a la AGD por adelantos, $1 millón a la AGD por cobertura de gastos de otros bancos.
Los inmuebles sumaban $10,5 millones, desglosados de la siguiente forma: $6 millones por la propiedad de Guápulo, $3 millones por terrenos y membresías en el club Los Arrayanes (ver fotos), $1 millón por la agencia ubicada en la avenida Colón de Quito y $500 mil por la agencia Torre 1492. A esos valores hay que añadir la cuenta por cobrar del Banco Pichincha por liquidación de venta de cartera, cuyas cifras la AGD no las ha revelado hasta la actualidad.
Fuentes del Banco Popular en liquidación, dirigido por Antonio Buñay, señalan que el déficit patrimonial del Banco Popular es de $487 millones y que ese monto les corresponde pagar a los accionistas del Banco Popular (el mayoritario era Ceval y cerca de 2 000 minoritarios). Esto, porque los recursos para atender a los inversionistas del fideicomiso Solidez deberán provenir de la venta de la participación del Popular en el campo Onado.
En cuanto a los activos del Banco, el liquidador Antonio Buñay dice que actualmente hay $186 millones y que los activos líquidos llegan a $180 mil.
Con estos recursos se pagará a inversionistas y ex empleados del Banco Popular que todavía no cobran las acreencias adeudadas. (AA/SR)
Garantía general
El fideicomiso Solidez está garantizado con bonos emitidos por el Banco Popular, con garantía general, es decir con la garantía de todos los bienes de la institución. Así, cualquier bien que tenga el banco, "sea Onado o cualquier otro, debe ser obligatoriamente destinado a pagar los bonos que tiene el fideicomiso Solidez y, por tanto, a los inversionistas", dice Landes.
La AGD ha mantenido una política de reserva y falta de
transparencia en el tema Onado
Según la actual administración, el año pasado habría rendido $1,5 millones; según estudios técnicos extraoficiales, en los últimos siete años habría producido $31 millones
"Las administraciones pasadas deberán rendir cuentas sobre lo sucedido, tenemos indicios de corrupción que serán investigados y sancionados".
Carlos Bravo, gerente de la AGD
En general, la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) no ha mantenido una política de transparencia sobre el campo Onado.
Uno de los pocos gerentes que habló del tema fue Ramiro Espín, que en 2004 le dijo a BLANCO Y NEGRO que los recursos obtenidos con los rendimientos proporcionales a la participación del Popular se utilizaron para pagar a los depositantes. En esa ocasión, el ex funcionario señaló que ese yacimiento era la única fuente real de recursos para el banco.
El reportaje también mencionaba que por entonces el campo daba un rendimiento anual de $2 millones. Actualmente, fuentes de la administración temporal dicen que en 2007 se generaron $1,5 millones de utilidades.
No obstante, análisis extraoficiales señalan que los rendimientos serían mucho más altos y que la AGD habría recibido $31 millones en los últimos siete años. Esta cifra es superior a las propuestas de venta por $22 y por $28 millones realizadas por la actual administración, que tampoco ha hecho pública la valoración del 100% del yacimiento venezolano realizada por Petronado.
Otro aspecto que no ha sido transparentado por parte de la AGD tiene que ver la calidad del crudo extraído. Todavía no ha presentado certificaciones sobre el tema.
En la misma línea de reserva, la Agencia de Garantía de Depósitos nunca informó el precio que pagó PDVSA al consorcio CGC-Korea Petroleum-Banco Popular por la compra del 60% de la participación en Onado ni el destino que se dio a esos recursos.
El actual gerente de la AGD, Carlos Bravo, y fuentes allegadas al liquidador del banco, Antonio Buñay, manifestaron que no existe información sobre el campo Onado porque anteriores administradores se habrían llevado la documentación.
"Las administraciones pasadas deberán rendir cuentas sobre lo sucedido con el campo Onado, si hubo renta o no, qué se hizo con esos recursos o si hubo pérdidas", señalaron.
Asimismo, tras afirmar que en el pasado hubo corrupción, Bravo se comprometió a realizar una profunda investigación, que establecerá responsabilidades penales.
Por la reserva con que se ha manejado este tema, el grupo de 30 inversionistas del fondo Solidez que interpuso medidas cautelares sobre el campo petrolero recién se enteró en 2004 que este era uno de los activos del banco. La defensa de esas personas dice haber obtenido en Venezuela información sobre el campo, "porque la AGD no tiene un registro de los dineros ingresados por la producción".
La defensa cuestiona al actual liquidador temporal del Banco Popular, dice que por "desconocimiento del tema petrolero" se valoró la participación en $22 millones, cuando el valor real es mucho mayor. Por eso apoya una valoración internacional, independiente. (SR/AA)
BLANCO Y NEGRO: es una publicación del GRUPO HOY. Premios de Libertad: 1994, 1996, 1997, 2001 - Segundo Premio Jorge Mantilla Ortega: 1999
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