IR AL ARTICULOBanco Popular: la historia del cierre sigue 'sin cuadrar'
La comisión investigadora planteó la hipótesis de una operación 'vinculada' a los directivos del Banco del Pacífico en Colombia como causa del cierre de la entidad financiera, además de un trato desigual.
Comisión 'lanza' la hipótesis del 'sabotaje' contra Banco Popular
La comisión investigadora concluye, de datos recopilados, que el cierre del Banco pudo darse por efecto de una operación 'vinculada'.
El Edificio del Banco Popular, que hoy es utilizado por el Banco Central, fue entregado en garantía personal de Nicolás Landes por $23 millonese
‘De entrevistas, documentos y artículos de prensa se desprenden indicios de que en el proceso de salvamento de 17 instituciones financieras que quebraron entre 1998 y 1999, el Gobierno (Jamil Mahuad) habría intentado favorecer a algunas de ellas en detrimento de otras, sin aplicar las mismas bases técnicas y jurídicas’.
Esa es la frase introductoria de la Comisión Investigadora de la Crisis Financiera, conformada por el presidente Rafael Correa, para referirse a los casos “Banco del Pacífico” y “Banco Popular”, en donde se destacan -en varios hechos concurrentes- acciones gubernamentales opuestas que pudieron favorecer y perjudicar -en su orden- la situación de ambas entidades financieras.
La posibilidad de la injerencia política en el manejo de la crisis llega cuando la justicia ecuatoriana debe dirimir -en dos instancias distintas- una causa iniciada en enero de 2000 por iniciativa de la Superintendencia de Bancos y las presunciones de malos manejos.
La Comisión desprende, de abundante información recopilada, que “no había causal suficiente para la quiebra del Banco Popular sino que este fue llevado a tal situación con el fin de levantar una cortina de humo para salvar al Banco del Pacífico en Colombia y, presumiblemente, en el Ecuador”.
La Comisión hace referencia a fuentes documentales, entre ellas dos publicaciones realizadas, indistintamente, por el senador colombiano Gustavo Petro y el periodista Alberto Donadio. De ellas concluye que para evitar la quiebra del Pacífico de Colombia las autoridades de ese país dirigieron acciones legales contra el Banco Andino (del Grupo Popular) por un supuesto fraude, que luego fue desvanecido por los jueces de Colombia y EEUU.
El informe, además, señala que una aparente manipulación de las auditorías se habría consumado a través de la contratación de un experto argentino para que interprete los resultados de las auditorías internacionales.
Al contrario del Pacífico, la calificación del patrimonio del Popular -agrega- habría sido reducida, cuestionando los indicadores originales y justificando, aparentemente, la necesidad de que entre en saneamiento.
Concluye: “Del hecho de que el Banco Popular pudo haber sido perjudicado por autoridades del Gobierno colombiano y del ecuatoriano con vínculos con el Banco del Pacífico se determinaría la hipótesis de que este banco habría sido objeto de un trato discriminatorio”.
No obstante, la Comisión -citando una fuente del Banco Central- desprende que el dueño del Popular no pudo comprobar ante la autoridad la manipulación de las auditorías. (LB)
'Mal manejo de fondo sí pudo influir en cierre'
La Comisión Investigadora de la Crisis Financiera agrega en sus conclusiones sobre el Banco Popular, basándose en testimonios y datos recopilados, que el manejo irregular del Fondo Visión sí pudo contribuir directamente al deterioro de la situación patrimonial del Popular que, al final, pesó al momento de afrontar la quiebra del Banco Andino de Colombia. (LB)
Trama del 'complot' se inicia en Bogotá
Gobierno de pastrana denuncia a B. Andino y no a del Pacífico, acusados de fraude.
El pasado 2 de julio, BLANCO Y NEGRO reseñó varias circunstancias relativas al cierre del Banco Andino de Colombia, del grupo Popular. La Comisión Investigadora menciona ese reportaje en su informe.
La secuencia se inicia en junio de 1999, tres semanas después de ser intervenido el Banco, cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas de ese país presenta una denuncia penal en contra de sus directivos y Nicolás Landes por un presunto fraude por $175 millones, a través de “transferencias ilegales” de fondos del Andino al Popular, entre diciembre de 1998 y mayo de 1999.
La Superintendencia Bancaria colombiana presentó un mes más tarde el balance y este no revelaba faltantes, discrepancias contables o indicios de fraude por parte del Andino.
El liquidador declaró luego a la Fiscalía de Bogotá que no había encontrado fraude y que el banco tenía suficientes bienes para cancelar 100% de lo adeudado a la DIAN y a los acreedores.
No obstante, el Gobierno de Andrés Pastrana presentó el 9 de septiembre una demanda civil en Miami y mantuvo la demanda penal en Bogotá. El Banco del Pacífico en ese país no fue investigado pese a ser acusado por lo mismo. (LB)
La justicia dio la razón al Banco Andino
El viernes 10 de septiembre, en el Ecuador, un día después de que el Gobierno colombiano presentó la demanda en Miami contra el Banco Andino, el Banco Popular en el Ecuador amaneció abarrotado de gente en procura de sus fondos. El 11, Landes fue destituido y el Central otorgó un préstamo de liquidez con cargo a garantías personales del banquero.
En 2002, una Corte de apelación de Atlanta ratificó el fallo de una juez de Miami en contra de Colombia. Y en 2006, un juez penal de Colombia determinó que no fue distraido un solo dólar del Andino al Popular y absolvió a los imputados. (LB)
El capítulo del Pacífico en Colombia no ha terminado
Alto directivo del Banco del Pacífico en ese país es indagado por origen de dinero que invirtió en petrolera.
Mientras los directivos del Banco Andino fueron sometidos a procesos judiciales, los directivos del Banco del Pacífico de Colombia fueron colocados en puestos importantes en el Gobierno de ese país.
Según el libro del senador Gustavo Petro, la lista de quienes habrían participado en un operativo contra el Andino están altos directivos del Banco del Pacífico, entre ellos, Luis Alberto Moreno (que llegó a ser embajador de Colombia en Washington y hoy preside el BID), y Fernando Londoño, quien fue nombrado ministro de Gobierno por Álvaro Uribe.
Londoño es investigado actualmente en el Congreso respecto al origen de los dineros con que compró acciones en la petrolera estatal Ecopetrol, frente a quien perdió un litigio por el pago de dividendos.
Según el senador Petro, destaca El Tiempo el 8 de agosto, los fondos provienen de autopréstamos ilegales que ayudaron a desencadenar la quiebra del Banco del Pacífico, lo cual está próximo a definirse en la Fiscalía en dos procesos. (LB)
Fiscalía acusa, se retracta, acusa...
Al mes de asumir, el fiscal acusa en juicio contra ex directivos del BP. En agosto de 2006, la Fiscalía se excusó por falta de pruebas.
El fiscal Jorge German ha tomado posición respecto al proceso que se sigue en una de las salas de la Corte Suprema. En él dice que hubo peculado en el Banco Popular.
Al mes de asumir, el fiscal acusa en juicio contra ex directivos del BP. En agosto de 2006, la Fiscalía se excusó por falta de pruebas
En un escrito presentado a la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el pasado 22 de marzo de 2007, el fiscal general de la Nación, Jorge German, plantea que se acepte el recurso de casación interpuesto por el procurador común de los acusadores particulares en el caso conocido como “West Merchant Bank”, por presunto peculado.
Según el fiscal, en el fallo absolutorio del Tercer Tribunal Penal de la Corte de Justicia de Quito, en favor de varios ex directores del Banco Popular, se han violentado varios artículos del Código de Procedimiento Pena, la Ley General de Instituciones Financieras y el 257 del Código Penal (que tipifica el delito de peculado).
German, además, plantea que deseche el recurso de casación propuesto por los imputados por la no calificación de la denuncia de maliciosa y temeraria.
El planteamiento lo hizo el fiscal general a siete meses de realizada la audiencia de juzgamiento de los ex directores del Banco, en la cual el representante del Ministerio Público se abstuvo de acusar por falta de pruebas. La inhibición de la fiscalía consta en el fallo del Tribunal del 31 de agosto de 2006.
El Tribunal señaló que “no se demostró la materialidad o la existencia de la infracción y la culpabilidad de los procesados”. En la audiencia, efectuada siete días antes, el Tribunal excluyó al ex presidente del Banco Popular Nicolás Landes porque se hallaba incurso en el proceso de extradición desde Costa Rica. Hoy aguarda su juzgamiento en una celda del ex penal García Moreno de Quito.
El Tribunal Penal descartó la acusación de peculado bancario, tipificada en el artículo 257 del Código Penal, porque si bien está incursa en el inciso tercero, la norma penal “ha sido establecida con posterioridad al supuesto hecho delictivo”.
La Fiscalía se abstuvo de apelar el fallo. Los acusadores particulares (inversionistas del Fondo Visión) sí lo hicieron.
Según la denuncia impulsada en enero de 2000 por la Superintendencia de Bancos y acogida por la Fiscalía, con el crédito obtenido del West Merchant Bank y tramitado en 1998, se entregaron en garantía activos del Popular y sus subsidiarias en beneficio del accionista mayoritario, que era Ceval (del mismo Grupo). Eso habría perjudicado a accionistas minoritarios y comprometido recursos de los depositantes.
Sin embargo, dos peritos judiciales calificaron la negociación de beneficiosa, lo cual corroboró un auditor contratado por la AGD al señalar que no encontró delito. (LB/SR)
'Memo' con dos versiones sustenta denuncia inicial
En 48 horas, la 'Súper' de Bancos resolvió remitir a la Fiscalía un memorando interno sobre situación del banco
El origen del juicio de peculado en el Banco Popular (BP) es un memorando de Pedro Delgado, intendente de la “Súper” de Bancos del 5 de enero de 2000.
El memo señala que de acuerdo a una auditoría de 1999 y otros documentos sobre el crédito otorgado por el West Merchant Bank a Ceval, accionista mayoritario del Popular, se establecieron hechos que hacen presumir la violación de normas legales que la institución está obligada a llevarlas a conocimiento de un agente fiscal.
Sobre ese documento existen dos versiones en su página final, que en ambos casos contienen las firmas del superintendente (e) y el intendente. Una aparece con sellos de la institución y señala que el tema debe ser conocido por un fiscal. La otra establece que la Intendencia ha dispuesto la conformación de un equipo para profundizar el tema. En el juicio consta la existencia de estas dos versiones divergentes. Dos días después de presentado el memo, el 7 de enero, el intendente general presenta un escrito a la fiscal Mariana Yépez, adjuntando copia del memorando de Pedro Delgado. El 26 de enero, la fiscal distrital de Pichincha pide en su excitativa al juez dictar el auto cabeza de proceso. (LB)
En ayuda memoria se advierte a jueces
Asesor de fiscalÍa dice que hay que distinguir labor antes de Jorge German y con él
BLANCO Y NEGRO tuvo acceso a una ayuda memoria realizada por el asesor jurídica del Ministerio Público.
En ella se destaca que en la Fiscalía General del Estado hay que hacer un análisis de lo actuado por esta institución antes de que asuma Jorge German y después de su presencia en este organismo.
Antes, señala, no acusó a los autores en el juicio por peculado en el Banco Popular. En tanto, que “el doctor German”, en audiencia por el recurso de casación presentado por inversionistas del Fondo Visión, acusó a ex directores del Banco Popular por peculado.
En el escrito también se advierte con que se puede iniciar una indagación previa por el delito de prevaricato contra los miembros del Tribunal Penal que vayan a juzgar y a los magistrados de la Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia en caso de no condenar a los implicados. (SR)
“Yo no fui, fue pingüé...”, se aduce en la Fiscalía
El fiscal Jorge German restó validez a un documento firmado por el asesor jurídico de la Fiscalía Juan Benigno Moncayo, en el que se señala que en el caso del Banco Popular la Fiscalía no acusó antes y ahora sí.
Según German, ese documento fue realizado por un subalterno suyo y que, por lo tanto, el no tenía conocimiento de la existencia de ese informe.
“Cuando usted vea la firma del doctor German, ahí publique o haga lo que tenga que hacer. Cuando yo hable, yo le de por escrito con mi puño y letra, ahí si usted publique; por lo tanto, eso está descartado porque todos son subalternos”. (SR).
El fiscal pide que se precisen los nombres
Jorge German criticó informe de Comisión pues dice que este solo sirve de referencia
El fiscal general de la Nación, Jorge German, criticó el informe de la Comisión Investigadora de la Crisis Financiera de 1998-1999, al señalar que ese informe no tiene nombres.
“Dicen hay que investigar, o sea que el trabajo mayor le dejan al fiscal; entonces, ¿para que nombran a ese comisión?, ¿para engañar al pueblo?”, precisó.
Para German, ese informe sirve de referencia en algo pero tenía que ser más estricto: “Den nombres y ayuden a que la justicia en el país se administre como debe ser: ágil, rápida y oportuna, caiga quien caiga. Yo espero que hagan la entrega oficial pues aún no hemos recibido esa información”, concluyó.
El fiscal aclaró que aún no ha hecho nada, no ha dicho nada ni ha mandado ningún escrito a nadie respecto de la crisis. “Creo que se ha mandado un asunto solicitando la extradición de ciertas personas, todo eso y algo de una equivocación en el caso de este doctor (Jorge) Guzmán que es acusado de encubridor”, dijo.
Esto lo dijo en referencia a un error cometido la semana pasada por la Fiscalía, al incluir a Guzmán, ex superintendente de Bancos, en el pedido de extradición de tres implicados en el caso de la fusión Filanbanco-La Previsora. (SR/LB)
Fidel Márquez, analista económico, dice que se esperaba más concreción y menos conceptos
Para el analista económico Fidel Márquez, la Comisión que investigó la crisis bancaria debió de realizar un análisis caso por caso, pues todos los casos no son específicos ni todos los bancos cometieron los mismos errores.
"Yo creo que el tema de un trato discriminatorio al Banco Popular -que de cierta forma se revela en el informe- habría que especificar en qué consiste, porqué se le dio ese trato y quiénes son los responsables", señala.
Añade que en lo relacionado al supuesto "complot", la comisión de alguna manera está tratando de reflejar la influencia de los países vecinos que son socios estratégicos en las políticas internas del Ecuador, eso aunque no se diga directamente.
"Yo creo que a la comisión le faltó poner en claro y un poco poner el dedo en la llaga; lo importante de esto no es poder sancionar a fulano o mengano sino evitar cometer esos errores", añade.
Según Marquez, se esperaba que la comisión fuera más concreta a la hora de señalar causales y no se quede en plano conceptual.
Explica que es cierto que quien tiene que juzgar es la justicia, pero cuando a alguien se le denomina como perito para hacer el análisis de una situación, más en este caso como la crisis financiera, tiene que fijar a los causantes de todo eso. (SR).
Ramiro Crespo, analista económico, reclama una investigación profunda y no ‘'cacería de brujas'
Ramiro Crespo, analista económico, dice que en el tema Banco Popular dos aspectos tienen que ser investigados a más profundidad; el supuesto ‘"complot" desde Colombia y lo que ocurrió con Fondo Visión, donde hay muchos afectados.
Según Crespo, este tema merece amplia investigación ya que no se puede tener una idea completa de lo ocurrido con el Banco Popular si no se analizan las otras empresas ‘"vinculadas" con esa institución financiera. "Puede que el banco como tal no sea la parte principal del problema, pues -según entiendo- al señor Landes quienes le siguieron las acciones fueron los perjudicados privados (Fondos Visión), no principalmente el Estado que fue el que se encargó de traerlo desde Costa Rica", explica. Precisa que se debe considerar qué pasó con el Popular internacional, porqué se quiso fusionar con el Pacífico, si hubo o no discriminación, y si el Ecuador pagó alguna garantía o multa respecto al Banco del Pacífico.
Según el analista, la Comisión está reviviendo el tema para analizarlo con mayor profundidad.
Por eso insistió en una investigación seria, no una "cacería de brujas", en la que se escuche incluso a Nicolás Landes. (SR).
'En caso de duda, deben remitirse a fuentes primarias'
Comisión investigadora señala que a las autoridades judiciales compete establecer responsabilidades concretas
La Comisión Investigadora de la Crisis Financiera señala en su informe que, por la complejidad de la materia investigada, el documento constituye en realidad un compendio sistematizado de la abundante información recibida.
Agrega que no tiene contenido argumental y que no tiene un hilo de razonamiento determinado, y que en su redacción existen diversas y variadas contradicciones que impiden llegar a una conclusión clara y determinante, las cuales confirman la ausencia de un argumento único que haya sido recogido en el informe.
Eso, añade, no invalida en lo más mínimo la importancia de la información entregada a la Comisión, pues es su opinión que los testimonios han permitido esclarecer los sucesos que dieron lugar a la crisis.
Además, la Comisión recomienda que de encontrarse algunas inexactitudes se acuda a las fuentes primarias, de cuya información se desprenden las presunciones o indicios de responsabilidad.
Aclara que ni el encargo presidencial ni el propósito de los miembros eran efectuar auditorías económica, financiera, legal o política de los sucesos. Finaliza que esa es la tarea pendiente para fijar responsabilidades concretas y ello le corresponde a la justicia. (LB).
PUNTO DE VISTA
La historia que sigue sin cuadrar
La Comisión que integró el Ejecutivo para investigar la quiebra bancaria de 1998 y 1999, en su informe final, concluye que el entonces gobierno de Jamil Mahuad habría intentado favorecer a algunas entidades financieras, que finalmente quebraron, en perjuicio de otras, que pudieron haberse salvado.
Ese sería el caso del Banco Popular, ya que el informe concluye que “no había causal suficiente para la quiebra del Banco Popular, sino que fue llevado a tal situación con el fin de levantar una cortina de humo para salvar al Banco del Pacífico de Colombia, y presumiblemente, en el Ecuador”.
El tema cobra importancia en vista de que el proceso contra ex directivos del Banco Popular está en marcha, y en el que la Fiscalía ha adoptado posiciones contradictorias. Hace siete meses el Ministerio Público se abstuvo de acusar de peculado por falta de pruebas.
Por eso el Tercer Tribunal Penal de la Corte de Justicia de Quito, dictó fallo absolutorio en favor de ex directivos del Banco Popular.
Pero el nuevo fiscal general Jorge German cambió de parecer y envió un escrito a la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema, donde está el proceso, pidiendo aceptar el recurso de casación presentado por los acusadores particulares, porque consideró que sí hay méritos para sancionar el delito de peculado.
El fiscal también ha cuestionado el informe de la Comisión Investigadora de la crisis bancaria porque no se precisan responsables.
Es indudable que es necesario dejar, de una vez por todas, claramente establecidas las responsabilidades en la quiebra bancaria de 1999, pero eso no puede llevar a una “cacería de brujas”, sobre todo en el caso del Banco Popular, en el supuesto caso de que hubiera existido un trato discriminatorio que empujó a su cierre. Por eso hace falta ampliar el informe de la Comisión, que no puede quedar en generalidades
