Síntesis del libro
LOS FARSANTES
Banco Andino: el fraude que nunca existió
1. CONCLUSIONES DEL LIBRO:
La demanda planteada por la República de Colombia contra Banco Popular del Ecuador y Nicolás Landes en Miami el 9 de septiembre de 1999 alegando un supuesto fraude por $175 millones fue la causa directa e inmediata del cierre del Banco Popular y, por ende, de los posteriores procesos judiciales en Ecuador.
“Pero el fraude nunca existió. Landes no se robó los impuestos recaudados por el BAC [Banco Andino de Colombia] ni los depósitos de la clientela…. La demanda es temeraria. La demanda es infundada. Las acusaciones son falsas, fraudulentas, falaces, torticeras y de mala fe. …son responsables de haber quebrado a Landes, de haber quebrado al quinto banco más grande de Ecuador y de haber dejado sin puesto a más de 700 personas que trabajaban en el banco… La persecución de un ciudadano, nacional o extranjero, para quebrarlo y aniquilarlo, no tiene antecedentes. Nunca antes el Poder Ejecutivo en Colombia a través de sus más altos personeros había presentado acusaciones falsas de tanta gravedad, manteniéndolas vigentes por más de cuatro años. Nunca antes el gobierno de Colombia había propiciado con tanta claridad y eficacia la quiebra de un ciudadano y la de un banco… y nunca antes había formulado semejantes cargos tratándose de acusaciones falsas e infundidas. Nunca antes se habían utilizado las falsas demandas judiciales en el exterior para perseguir a nadie.” (pag. 18)
2. ANTECEDENTES
El libro Los Farsantes fue publicado en noviembre 2003 en Medellín, Colombia, producto de dos años de exhaustiva investigación en Colombia, Ecuador y Estados Unidos acerca de una acusación de fraude que el gobierno de Colombia lanzó contra los bancos Andino de Colombia y Popular del Ecuador, ambos pertenecientes al mismo grupo financiero.
Su autor, Alberto Donadío, es uno de los más respetados periodistas colombianos. En 1972 fundó la Unidad de Investigación de El Tiempo, el principal diario de Colombia. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y el Premio de Periodismo del Círculo de Periodistas de Bogotá. Abogado de la Universidad de los Andes de Bogotá, él fue el primer secretario general de
3. LOS ARGUMENTOS DEL LIBRO LOS FARSANTES
La crisis bancaria ecuatoriana, incubada desde 1997, condujo al “feriado bancario” decretado por el presidente Jamil Mahuad el 7 de marzo de 1999. Esta impactante noticia causó masivos retiros de depósitos en los dos bancos colombianos de capital ecuatoriano: el Banco Andino y el Banco del Pacífico (subsidiaria del banco homónimo con sede en Guayaquil). El pánico de los depositantes colombianos motivó que
Era una práctica habitual y legal de toda la banca colombiana actuar como agentes recaudadores de impuestos por cuenta de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), beneficiándose los bancos de un plazo de aproximadamente veinte días entre la recepción de los impuestos y su posterior transferencia al Tesoro Nacional. De tal suerte, al 20 de mayo de 1999, fecha que fueron puestos en liquidación, Andino y Pacífico adeudaban al Tesoro colombiano US$ 64 millones y US$ 32 millones, respectivamente.
Tan solo tres semanas después, el 18 de junio, la DIAN presentó una denuncia penal en Bogotá contra Banco Andino por un presunto fraude, denuncia entregada personalmente por la Directora de la DIAN al Fiscal General en una rueda de prensa. Esta denuncia derivó en un proceso penal en contra de sus Administradores y el Presidente de su Directorio. También fue procesado penalmente Nicolás Landes aun cuando no era Administrador ni Director del Andino sino representante legal de CEVAL, la compañía holding propietaria de Banco Andino y de Banco Popular.
Más tarde, el jueves 9 de septiembre de 1999, la República de Colombia presentó una demanda civil en Miami contra Banco Popular del Ecuador y su Presidente Nicolás Landes, como beneficiarios de un supuesto fraude de US$ 175 millones en perjuicio de la DIAN y ahora también de los depositantes de Andino.
Semejante noticia propició una crisis instantánea en el Ecuador donde Popular continuaba operando normalmente a pesar de la terrible crisis del sistema financiero que ya había causado el cierre de Filanbanco y Banco del Progreso, a pesar del cierre de Banco Andino en Colombia y a pesar de la calificación “B” asignada arbitrariamente por el Superintendente de Bancos en junio 1999. Las autoridades ecuatorianas reaccionaron de inmediato contra Banco Popular, sin mediar tiempo para investigar la denuncia colombiana ni para conocer los argumentos de descargo de Popular. El sábado 11 de septiembre, apenas transcurridas 48 horas de la demanda en Miami, el Superintendente Jorge Guzmán Ortega exigió la renuncia de Nicolás Landes como condición previa a permitir que Popular obtenga, por primera vez, un préstamo de liquidez en el Banco Central para atender los retiros de depósitos de clientes asustados por la demanda de Colombia. Dos semanas más tarde, el 26 de septiembre, la AGD expropió a los accionistas de Popular sin compensación alguna, convirtiendo a Popular en un banco estatal. En el ambiente de “cacería de brujas” contra ciertos banqueros que vivía entonces el Ecuador tampoco demoraron en surgir acusaciones penales contra Landes. El 27 de septiembre se inició el primer proceso penal seguido rápidamente por varios otros, todos originados por denuncias de la Superintendencia de Bancos. La actitud hostil de Guzmán fue plasmada en declaraciones suyas publicadas en el diario La Hora de Quito el 15 de febrero de 2000:
"En contra de Nicolás Landes se procedió apenas se produjo el escándalo en Colombia. Llamé a Landes y le pedí la renuncia, lo sacamos del banco y luego perdió sus acciones también."
La ejecutora de la escandalosa demanda en Miami, la directora de la DIAN, reconoció pública y orgullosamente ante el Congreso de Colombia el 13 de diciembre de 1999 haber causado la caída de Popular:
“A raíz de esta demanda y gracias exclusivamente a ella, el Banco Popular fue intervenido por el Gobierno de Ecuador.”
La demanda de Colombia en Miami fue la causa directa e inmediata del cierre del Banco Popular y, por ende, de los posteriores procesos penales contra Landes en Ecuador.
Dos años más tarde, en agosto 2001, la juez federal Seitz resolvió que era inadmisible la demanda colombiana, o sea, que ni siquiera ameritaba abrir un juicio propiamente dicho. La Corte de Apelaciones ratificó este fallo en noviembre 2002. Pero el catastrófico perjuicio causado por Colombia a Banco Popular, a sus administradores, empleados, clientes y accionistas, y al Ecuador en general, ya era irreversible.
Al tiempo que se desarrollaban estos actos judiciales en Miami, el Liquidador del Banco Andino – funcionario nombrado por el Ministro de Hacienda de Colombia – gradualmente pagaba a la DIAN y a los depositantes de Andino con el dinero del propio banco. La cobranza de préstamos, la liquidación de inversiones y la venta de inmuebles generaron efectivo para hacer abonos periódicos a la DIAN y a los depositantes del Banco Andino. Los depositantes del banco recuperaron su dinero a la par de la DIAN.
[Nota: el 29 de junio de 2005 la DIAN publicó un comunicado en el periódico El Tiempo de Bogotá anunciando que Banco Andino pagó el 100% de los impuestos adeudados a
Más allá del análisis de los documentos y los estados financieros, Donadío plantea un sencillo argumento lógico: “Sí, de dos cosas una. O Landes se alzó con los impuestos y entonces en la liquidación faltaría la misma suma y por tanto no había fondos suficientes para pagar el ciento por ciento a los acreedores, o esa acusación es falsa y los impuestos se pueden devolver con el producto de
La conclusión de Donadío es que el gobierno de Colombia despilfarró dos y medio millones de dólares en honorarios legales en Miami para una demanda que ni siquiera llegó a ser admitida. Y lo hizo a sabiendas que nunca existió el supuesto fraude y que la DIAN eventualmente recuperaría íntegramente los impuestos adeudados por Andino. Y lo hizo a sabiendas que no tenía prueba alguna para sustentar su acusación y que, por el contrario, el primer balance preparado el 12 de julio de 1999 por auditores de
No obstante el rechazo de la justicia norteamericana a su demanda civil en Miami, el gobierno colombiano insistió en un proceso penal en Colombia, donde la Fiscalía fue absolutamente obsecuente ante las presiones del Ejecutivo. El lento proceso judicial fue acompañado de una persistente campaña oficial de desprestigio contra Nicolás Landes con el objetivo que él sea condenado ante la opinión pública colombiana.
[Nota: No obstante la presión del gobierno colombiano, el 6 de octubre de 2006, siete y medio años después la denuncia de la DIAN, un juez penal de Bogota dictó una sentencia absolutoria a favor de Landes y los Administradores de Banco Andino, sustentada en su conclusión que ni un solo dólar fue desviado ilegalmente de Banco Andino hacia Banco Popular del Ecuador y que nunca existió el fraude alegado por el gobierno colombiano.]
La conclusión final de Donadío es tajante y contundente:
“Pero el fraude nunca existió. Landes no se robó los impuestos recaudados por el BAC [Banco Andino] ni los depósitos de la clientela…. La demanda es temeraria. La demanda es infundada. Las acusaciones son falsas, fraudulentas, falaces, torticeras y de mala fe. … son responsables de haber quebrado a Landes, de haber quebrado al quinto banco más grande de Ecuador y de haber dejado sin puesto a más de 700 personas que trabajaban en el banco… La persecución de un ciudadano, nacional o extranjero, para quebrarlo y aniquilarlo, no tiene antecedentes. Nunca antes el Poder Ejecutivo en Colombia a través de sus más altos personeros había presentado acusaciones falsas de tanta gravedad, manteniéndolas vigentes por más de cuatro años. Nunca antes el gobierno de Colombia había propiciado con tanta claridad y eficacia la quiebra de un ciudadano y la de un banco… y nunca antes había formulado semejantes cargos tratándose de acusaciones falsas e infundidas. Nunca antes se habían utilizado las falsas demandas judiciales en el exterior para perseguir a nadie.” (pag. 18)
Solo resta contestar la interrogante obvia: ¿Por qué el gobierno de Andrés Pastrana resolvió destruir a Banco Popular y perseguir a Landes con todos los recursos a su alcance? Donadío destaca los estrechos vínculos entre altos funcionarios de aquel gobierno y el Banco del Pacífico. Por citar solo tres ejemplos: Luis Alberto Moreno, Embajador en Washington, director de la campaña de Pastrana e íntimo amigo suyo, fue Presidente del Directorio de Pacífico Ecuador y apoderado de sus mayores accionistas extranjeros; Luis Fernando Ramírez, Ministro de Defensa, socio de Moreno en
Donadío también enfatiza el dramático contraste entre la situación de Popular frente a Pacífico. A final de cuentas Pacífico Colombia no pagó el 40% de lo adeudado a sus depositantes y a la DIAN, y causó ingentes pérdidas a sus clientes y al Estado colombiano. Sin embargo, el Estado colombiano nunca inició un solo proceso judicial contra Pacífico o sus directivos, ni en Colombia ni en el exterior. En los dos debates realizados en el Congreso Nacional, ambos transmitidos en vivo por la televisión estatal, los funcionarios colombianos coparon sus intervenciones con acusaciones personales contra Landes, pero exoneraron expresamente a Pacífico de cualquier irregularidad.
Finalmente, Donadío apunta que este resultado era conocido con mucha anterioridad por el Gobierno colombiano ya que el Liquidador estatal de Pacífico había declarado a
Donadío deja en manos del lector poner los puntos sobre las íes, o sea, llegar a la conclusión que existía un poderoso interés personal de altos funcionarios del gobierno colombiano de esconder sus vínculos con Banco del Pacífico y las irregularidades eventualmente destapadas por la Superintendencia en ese banco. Y concluir que cumplieron tal objetivo escondiendo a Pacífico Colombia detrás de una cortina de humo fabricada mediante grotescas acusaciones contra Banco Popular y acusaciones personalizadas contra Landes. Popular y Landes fueron los chivos expiatorios sacrificados por el poder estatal de Colombia en aras de la ambición de sus más altos personeros.
El cierre de Banco Popular en Ecuador a pesar de la gravísima crisis económica que adolecía Ecuador en 1999 no causó pérdidas para sus depositantes ni para el Estado: “… como caso extraordinario los clientes del BPE [Banco Popular] en el Ecuador recibieron entre 2000 y 2002 la totalidad de sus depósitos con el producto de la liquidación del banco, liquidación que se realizó con la subasta de la cartera, con el cobro de los créditos otorgados por Banco Popular y con la venta de sus bienes muebles e inmuebles”. (pág. 19) “Los préstamos del Banco Central del Ecuador al BPE… fueron todos pagados en menos de tres años”. (pág. 110)
En cambio, Landes, a partir del 9 de septiembre 1999, “... perdió todo lo que tenía: su trabajo como presidente ejecutivo del Banco Popular del Ecuador (BPE), su capital, … su casa, su país, y su reputación de hábil y exitoso banquero. Con el tiempo llegaría a estar en peligro de perder la libertad”. (pág. 15)
La persecución penal de Landes, “... se derivó de la demanda presentada el 9-9-99 por Juan Camilo Restrepo [Ministro de Hacienda de Colombia] sin fundamente fáctico ni legal. Si no hubiera sido por esa acusación temeraria e infundada, no se quiebra el BPE ni se hubiera abierto expedientes contra Landes. Antes del 9-9-99, Landes no tenía prontuario en ningún país. Ni siquiera había sido sancionada o amonestado en Brasil, Ecuador y Estados Unidos durante 25 años de actividad bancaria”. (pág. 139)
4. PRINCIPALES PRUEBAS QUE SUSTENTAN LAS CONCLUSIONES DEL AUTOR
LA ACUSACIÓN: La demanda civil que Colombia presentó en Miami, en su parte medular, alega que US$ 75 millones fueron remitidos por Banco Andino Colombia a Banco Popular Miami entre diciembre 1998 y mayo 1999; que estos fondos fueron sustraídos fraudulentamente, y; que este fraude causaría una pérdida de US$ 64 millones a la DIAN, o sea, a Colombia. La única prueba reportada por Colombia en los cuatro años de juicio fue un listado de 72 transferencias de fondos de Banco Andino a favor de Popular Miami.
4.1 PRUEBAS EN ESTADOS UNIDOS:
La Directora de la DIAN viajó a los EE.UU. expresamente para preparar el terreno para la demanda contra Popular. Este viaje se realizó en los primeros días del mes de julio 1999, apenas cinco semanas después de la intervención en Andino. La Directora contactó en Washington a dos entidades supervisoras de la banca en EE.UU.,
A quien la Directora de la DIAN no contactó fue la entidad directamente responsable de la supervisión de la oficina de Popular en Miami, el Departamento de Banca del Estado de Florida. La justificación alegada por el abogado de Colombia – en audiencia pública ante
La verdadera razón de la renuencia de Colombia a reunirse con las autoridades bancarias de la Florida antes de presentar su demanda en Miami se develó más tarde cuando el jefe de
Antes de presentar su demanda, Colombia había contratado a Kroll, “...reconocida como una de las principales agencias de detectives financieros del mundo.” (pág. 39)
Una vez que
4.2 PRUEBAS EN ECUADOR
Colombia aparentemente evitó un contacto oficial con la Superintendencia de Bancos del Ecuador antes de demandar en Miami a uno de los principales bancos ecuatorianos, aún cuando no se descarta un acuerdo extraoficial en perjuicio de Popular entre funcionarios públicos colombianos y ecuatorianos vinculados Banco del Pacífico. Es por demás elemental presumir que, si hubiesen actuado de buena fe, las autoridades colombianas habrían indagado primero con sus contrapartes ecuatorianas para conocer si éstas habían detectado un fraude mayúsculo en beneficio de Banco Popular del Ecuador.
Inmediatamente después de conocida la demanda colombiana, “Ecuador contrató la firma internacional de auditorías Deloitte & Touche para revisar las 72 transferencias que la demanda consideró fraudulentas. Deloitte… presentó el 24 de septiembre de 1999 un informe donde señala que los giros correspondían a operaciones bancarias regulares… Además [el informe] encontró que estaban en orden los saldos de las cuentas entre BPE y el Banco Andino.” (pág. 108) El 24 de diciembre de 1999 el nuevo Presidente de Popular – un funcionario público porque el banco fue estatizado el 26 de septiembre – declaró a la prensa ecuatoriana que, “...las transacciones entre ambos bancos tienen origen lícito y esa es la posición que se mantendrá ante el juzgado de la Florida…” (pág. 20)
Efectivamente en su calidad de propietario y administrador del estatizado Banco Popular, Ecuador se defendió ante Colombia en las cortes de EE.UU. “Durante más de tres años, entre septiembre 1999 y noviembre 2002, el gobierno colombiano demandó judicialmente al gobierno ecuatoriano por un fraude ficticio, que no solamente no cometieron los accionistas privados del Banco Popular del Ecuador sino que jamás cometió ni pudo haber cometido el gobierno del Ecuador.” (pág. 20)
Por si lo anterior no fuese suficiente, el Superintendente de Bancos del Ecuador rindió una confesión judicial juramentada el 22 de octubre del 2001 donde aseveró que las transferencias de fondos y otras operaciones realizadas, “... entre Banco Popular y Banco Andino eran lícitas y legítimas, y fueron correctamente contabilizadas”. (pág. 108) “Como Superintendente de Bancos del Estado puedo afirmar que no conozco de dineros de carácter ilícito, provenientes de Banco Andino de Colombia, que el Banco Popular hubiere recibido o retenido en beneficio propio.” (pág. 20)
4.3 PRUEBAS EN COLOMBIA
Decretada la intervención de Banco Andino el 20 de mayo de 1999 por
“Ese balance estuvo listo el 12 de julio de 1999, cuarenta y dos días después del cierre del banco”. (pág. 20) En otras palabras, dos meses antes de plantear la demanda en Miami, las autoridades colombianas sabían que no hubo fraude en el Banco Andino y que por ende Popular no podía ser el beneficiario ni tampoco Landes el culpable.
Ese mismo equipo de auditores de
El Ministro de Hacienda de Colombia, bajo juramento ratificó que, “...después de la intervención,
El Ministro de Hacienda y la Superintendente por lo menos tuvieron el valor de presentarse a la Fiscalía a responder los interrogatorios de los defensores de los acusados. En cambio, la Directora de la DIAN rehusó comparecer, no obstante cuatro citaciones. Igualmente rehusaron comparecer sus colaboradores. Los representantes de la entidad acusadora –con la complicidad de la Fiscalía- jamás tuvieron que sustentar sus acusaciones ni explicar sus falsedades y contradicciones ante los abogados defensores, aún cuando sí las repetían a menudo a los medios de comunicación. “Es decir, la DIAN, con presupuesto ilimitado, con recursos ilimitados, con capacidad de calumnia ilimitada, se dedicó a acusar y perseguir a Landes en Miami y Bogotá judicialmente, y en todas partes por los medios de comunicación, y Landes nunca tuvo la oportunidad judicial de encarar a sus colaboradores.” (pág. 171)
2 comentarios:
Es lamentable comprobar que el periodismo en Ecuador está secuestrado por grupos de poder: banqueros, empresarios, prófugos de la justicia. No existe periodismo de investigación, excepto para los temas que interesan a los referidos grupos de poder, pero jamás para hacer justicia. De ahí que en el Ecuador la desinformación es el pan de todos los días. No hay un solo periodista ecuatoriano que lidere una investigación seria con el único propósito de dar a conocer la verdad y solamente la verdad. No hay ningún periodista ecuatoriano capaz de desenmascarar a tantos corruptos que, en este caso, atentaron contra una de las mejores instituciones que ha producido el Ecuador, el Banco Popular. No hay ningún periodista ecuatoriano que investigue y que en estricta justicia cuente la verdad de lo sucedido con el Popular.
Aquí todos los periodistas ecuatorianos son unos cobardes, aculillados, o vendidos; se salvan muy pocos. Que diferencia con este Colombiano Donadio
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