jueves, 11 de enero de 2007

COLOMBIA ES RESPONSABLE DE LA CAIDA DE BANCO POPULAR DEL ECUADOR

A continuación un resumen al respecto, para quienes deseen información más ampliada, lean documento completo.

COLOMBIA ES RESPONSABLE DE LA CAIDA DE BANCO POPULAR DEL ECUADOR

Enero 11, 2007

1. BANCO POPULAR ESTARIA OPERANDO EL DIA DE HOY SI LA REPUBLICA DE COLOMBIA NO HUBIESE PRESENTADO UNA DEMANDA MALINTENCIONADA EN SU CONTRA EN MIAMI EL JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 1999

2. Banco Popular operaba normalmente al 8 de septiembre de 1999 a pesar del impacto de dos eventos adversos: el cierre de su subsidiaria en Colombia, Banco Andino, en el mes de mayo de 1999 y el anuncio de la calificación “B” (capital inferior al mínimo legal requerido) asignada a Popular en junio.

3. La República de Colombia presentó una demanda civil en Miami el 9 de septiembre de 1999 contra Banco Popular y contra Nicolás Landes alegando un presunto fraude por $175 millones de dólares en perjuicio de la DIAN. En forma artera, la República de Colombia sorprendió a la juez federal Patricia Seitz y logró que ella, el mismo día que ingresó la demanda, y sin análisis alguno o siquiera escuchar a los demandados, ordene el cierre inmediato de la Agencia Miami de Banco Popular y el congelamiento inmediato de todos los depósitos que Banco Popular del Ecuador mantenía en sus bancos corresponsales en Estados Unidos. Esta noticia difundida por el gobierno colombiano el mismo 9 de septiembre mediante una rueda de prensa en Miami y a través de las agencias noticiosas internacionales motivó una corrida de depósitos en Popular a partir del día siguiente, viernes 10 de septiembre.

4. El gobierno de Colombia presentó esta nueva demanda dos meses después de tener en sus manos un balance absolutamente claro y limpio que desvirtuaba por completo sus acusaciones, balance preparado por funcionarios de la Superintendencia Bancaria de Colombia, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda que era uno de los demandantes.

5. Inmediatamente a su posesión como nuevo Presidente de Banco Popular, Miguel Dávila contrató una auditoría con Deloitte & Touche para investigar el supuesto fraude alegado en la demanda colombiana. El informe entregado el 24 de septiembre de 1999 concluyó que Popular no había recibido un solo dólar ilegítimo de Colombia.

6. Colombia demandó en Miami el 9 de septiembre. Landes fue destituido por Guzmán el día 11. La auditora Deloitte & Touche presentó su informe el 24 de septiembre. Si Guzmán hubiese esperado apenas 13 días antes de actuar contra Landes habría tenido en sus manos el informe de auditoría cuya conclusión fue que la acusación de la República de Colombia era falsa y desprovista de cualquier sustento contable.

7. Ante la Cámara de Representantes de Colombia el 13 de diciembre de 1999 la Directora de la DIAN declaró orgullosamente que su demanda en Miami fue la causa directa e inmediata de la caída de Banco Popular:

A raíz de esta demanda, y gracias exclusivamente a ella, el Banco Popular fue intervenido por el Gobierno del Ecuador.”

8. En fecha anterior el Superintendente de Bancos del Ecuador, Jorge Guzmán, había aseverado que la República de Colombia fue la causante de la caída de Popular en declaraciones publicadas en El Comercio el 8 de octubre de 1999:

"Si Usted analiza a los dos bancos [Popular y Previsora], estos se van por hechos que son imprevistos. En el caso del Popular, fue el tema de Colombia que le produjo una corrida."

9. En agosto 2001 la juez Seitz desechó la demanda civil de Colombia contra Popular y Landes. En noviembre 2002 una Corte Federal de Apelaciones en Atlanta ratificó el fallo de la juez Seitz.

10. En octubre 2006 el juez penal 45 de Bogotá, Luis Hernando Calixto, dictó un fallo absolutorio a favor de Nicolás Landes y todos los demás acusados del supuesto fraude por el gobierno de Colombia.

11. En virtud de un informe exculpatorio de “auditoría penal” de Banco Popular preparado por el Dr. Dimitri Durán y presentado al Directorio de la AGD el 16 de mayo de 2000, la AGD no inició una sola acción penal contra los ex administradores de Popular.

12. En el momento judicial oportuno, los ex empleados y ex accionistas de Banco Popular presentarán una demanda contra la República de Colombia reclamando un desagravio oficial y público, así como una compensación económica por los daños y perjuicios causados por Colombia.


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COLOMBIA ES RESPONSABLE DE LA CAIDA DE BANCO POPULAR DEL ECUADOR

Enero 22, 2007

  1. BANCO POPULAR ESTARIA OPERANDO EL DIA DE HOY SI LA REPUBLICA DE COLOMBIA NO HUBIESE PRESENTADO UNA DEMANDA MALINTENCIONADA EN SU CONTRA EN MIAMI EL JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 1999

  1. ANTECEDENTES

2.1 Banco Popular operaba normalmente al 8 de septiembre de 1999 a pesar del impacto de dos eventos adversos: el cierre de su subsidiaria en Colombia, Banco Andino, en el mes de mayo de 1999 y el anuncio de la calificación “B” (capital inferior al mínimo legal requerido) asignada a Popular en junio.

2.2 PRUEBA 1: el informe de un equipo de auditores internacionales de Arthur Andersen contratados por la Superintendencia de Bancos, de fecha 18 de junio de 1999, que asignó a Banco Popular una calificación “A”, o sea, que a su criterio Popular tenía un capital superior al mínimo legal requerido. [DOC. No. 1] Esta calificación fue rebajada a la categoría “B” por decisión arbitraria del Superintendente de Bancos Jorge Guzmán, solo 2 días antes de la publicación de las calificaciones asignadas a todos los bancos privados nacionales.

2.3 PRUEBA 2: la carta de compromiso de la empresa estatal británica especializada en inversiones de riesgo en países en desarrollo Commonwealth Development Corporation (CDC) para invertir $25 millones en un futuro aumento de capital de Banco Popular. Dicha carta fue emitida el 16 de julio de 1999, después de una exhaustiva auditoría a Banco Popular realizada por sus propios funcionarios durante el mes de junio 1999 en Quito. [DOC. No. 2]

2.4 PRUEBA No. 3: Popular no tenia al 8 de septiembre de 1999 préstamos de liquidez del Banco Central, al contrario de muchos otros bancos nacionales, tal como Banco del Pacífico que fue obligado a recurrir al Banco Central para enfrentar una corrida de depósitos a raíz del cierre de su subsidiaria en Colombia en mayo 1999.

3. LA DEMANDA DE COLOMBIA EN MIAMI EL DIA 9.9.99

3.1 La República de Colombia presentó una demanda civil en Miami el 9 de septiembre de 1999 contra Banco Popular y contra Nicolás Landes alegando un presunto fraude por $175 millones de dólares en perjuicio de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) y los depositantes de Banco Andino de Colombia (perteneciente al Grupo Popular) supuestamente ejecutado mediante transferencias ilegales de fondos de Banco Andino a Banco Popular entre diciembre 1998 y mayo 1999. Es indispensable recordar que precisamente en esa época de crisis bancaria nacional todos los bancos ecuatorianos, incluyendo Popular, estaban bajo una supervisión muy estricta de la Superintendencia de Bancos.

3.2 En forma artera, la República de Colombia sorprendió a la juez federal Patricia Seitz y logró que ella, el mismo día que ingresó la demanda, y sin análisis alguno o siquiera escuchar a los demandados, ordene el cierre inmediato de la Agencia Miami de Banco Popular y el congelamiento inmediato de todos los depósitos que Banco Popular del Ecuador mantenía en sus bancos corresponsales en Estados Unidos. Esta noticia difundida por el gobierno colombiano el mismo 9 de septiembre mediante una rueda de prensa en Miami y a través de las agencias noticiosas internacionales motivó una corrida de depósitos en Popular a partir del día siguiente, viernes 10 de septiembre.

3.3 Nicolás Landes fue destituido el sábado 11 por el Superintendente de Bancos Jorge Guzmán. El nombró a Miguel Dávila, funcionario del Banco Central, nuevo Presidente Ejecutivo de Popular. La concesión del primer préstamo de liquidez del Banco Central a Banco Popular a fin que éste pudiese atender normalmente a sus depositantes fue condicionado a la garantía personal de Nicolás Landes. O sea que Landes, quien ya estaba fuera del Banco, fue obligado a garantizar un préstamo futuro de cuantía incierta a ser administrado por Miguel Dávila u otros funcionarios estatales, bajo la amenaza oficial de cerrar inmediatamente a Popular. Dos semanas más tarde, el domingo 26 de septiembre, el Directorio de la AGD resolvió la expropiación de Popular sin compensación a sus accionistas mediante la figura de “saneamiento abierto”.

  1. LA REPUBLICA DE COLOMBIA ACTUO DE MALA FE CONTRA BANCO POPULAR DEL ECUADOR Y NICOLAS LANDES

4.1 Apenas 3 semanas después de intervenido el Banco Andino, la DIAN presentó una denuncia penal en Bogotá contra los directivos del Andino y contra Landes el 18 de junio de 1999, antes que la Superintendencia Bancaria de Colombia rindiese su informe preliminar de inspección en Andino. Su informe final, entregado en enero 2000, no solo no confirmó las acusaciones de la DIAN sino que ni siquiera las mencionó.

4.2 Un mes después de presentada la denuncia penal, el 12 de julio de 1999, un equipo de auditores de la Superintendencia Bancaria de Colombia presentó un balance de Banco Andino cortado a la fecha de cierre del banco (20 de mayo) acompañado de 32 páginas de notas de auditoría. Dicho informe no reveló faltantes, discrepancias contables o indicio alguno de fraude en Andino. No obstante este informe, la DIAN, el Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la República de Colombia presentaron una demanda civil en Miami el 9 de septiembre. El gobierno de Colombia presentó esta nueva demanda dos meses después de tener en sus manos un balance absolutamente claro y limpio que desvirtuaba por completo sus acusaciones, balance preparado por funcionarios de la Superintendencia Bancaria de Colombia, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda que era uno de los demandantes.

4.3 El 28 de agosto de 2000 el Liquidador de Banco Andino, funcionario de Fogafin, otra entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, declaró ante la Fiscalía en Bogotá que no había encontrado fraude ni irregularidad alguna en Andino y además, que existían en el Banco Andino suficientes bienes para poder cancelar el 100% de lo adeudado a la DIAN y a los depositantes. A pesar de esta afirmación oficial, Colombia persistió tanto en su demanda civil en Miami como en la penal en Bogotá.

4.4 Inmediatamente a su posesión como nuevo Presidente de Banco Popular, Miguel Dávila contrató una auditoría con Deloitte & Touche para investigar el supuesto fraude alegado en la demanda colombiana. El informe entregado el 24 de septiembre de 1999 concluyó que Popular no había recibido un solo dólar ilegítimo de Colombia. [DOC. No.3] Respaldado por este informe, Dávila hizo la siguiente declaración publicada en el diario HOY de Quito el 23 de diciembre de 1999:

“...que existe un informe especial elaborado por la auditora Deloitte & Touche, que determina que las transacciones entre el Banco Andino de Colombia y el Banco Popular del Ecuador (ambos con el mismo accionista) tienen origen lícito y esa es la posición que se mantendrá ante el juzgado de la Florida. ...” [DOC. No. 4]

4.5 No obstante esta tajante negativa oficial ecuatoriana de la existencia del supuesto fraude, la República de Colombia mantuvo su demanda en EE.UU. Repitiendo este rechazo oficial ecuatoriano a la demanda colombiana Miguel Dávila, para esa fecha el Superintendente de Bancos, rindió una confesión judicial en Quito el 22 de octubre de 2001 en la cual, bajo juramento, ratificó en forma ampliada lo declarado en diciembre 1999 al diario HOY. Esta confesión fue incorporada a los procesos judiciales en Miami y en Bogotá. [DOC. No. 5]

4.6 Ante la Cámara de Representantes de Colombia el 13 de diciembre de 1999 la Directora de la DIAN declaró orgullosamente que su demanda en Miami fue la causa directa e inmediata de la caída de Banco Popular:

A raíz de esta demanda, y gracias exclusivamente a ella, el Banco Popular fue intervenido por el Gobierno del Ecuador.” [DOC. No. 18]

4.7 En fecha anterior el Superintendente de Bancos del Ecuador, Jorge Guzmán, había aseverado que la República de Colombia fue la causante de la caída de Popular en declaraciones publicadas en El Comercio el 8 de octubre de 1999:

"Si Usted analiza a los dos bancos [Popular y Previsora], estos se van por hechos que son imprevistos. En el caso del Popular, fue el tema de Colombia que le produjo una corrida." [DOC. No. 7]

4.8 Hoy hasta la prensa colombiana reconoce el montaje realizado por el gobierno de Colombia contra Banco Popular y, especialmente, contra Nicolás Landes. Roberto Posada, quien escribe con el seudónimo D’Artagnan, talvez el columnista colombiano más leído y conocido, en su columna Torre del 10 de diciembre de 2006 en el diario El Tiempo de Bogotá publicó lo siguiente:

“Hechos, personajes y decepciones del año ....

Montaje del año: antes que los falsos positivos, el que le hicieron al banquero Nicolás Landes, para venir a descubrirse su inocencia cuando literalmente está al borde de morirse.” [DOC. No. 8]

5 LA REPUBLICA DE COLOMBIA ACTUO DE MALA FE CONTRA BANCO POPULAR DEL ECUADOR PARA PROTEGER A ALTOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO PASTRANA VINCULADOS A BANCO DEL PACIFICO

5.1 Banco del Pacífico de Colombia fue cerrado por la Superintendencia colombiana el mismo día que Banco Andino (20 de mayo de 1999) y por la misma razón: una corrida de depósitos iniciada por la noticia del “feriado bancario” en Ecuador el 7 de marzo de 1999 y mantenida por el posterior “congelamiento” de depósitos bancarios. Pacífico adeudaba a esa fecha $32 millones al Fisco colombiano por concepto de impuestos recaudados pero no entregados al Estado.

5.2 Asustados ante el inminente escándalo que armaría la oposición política colombiana, altos funcionarios del gobierno Pastrana resolvieron crear una cortina de humo para ocultar sus vínculos con Pacífico Colombia y evitar una investigación de las múltiples irregularidades cometidas por ellos en ese banco, comenzando por muy sustanciales auto-préstamos. La cortina de humo fue armar un escándalo contra Banco Popular del Ecuador y contra Nicolás Landes.

5.3 Con este objetivo aquellos altos funcionarios presentaron una denuncia penal en manos del Fiscal General en una rueda de prensa en Bogotá el 18 de junio de 1999. Con el mismo objetivo las autoridades colombianas anunciaron la demanda civil en Miami el 9 de septiembre de 1999 con sendas ruedas de prensa en esa ciudad y comunicados difundidos al mundo entero por agencias noticiosas internacionales. Ellos también propiciaron debates en la Cámara de Representantes y el Senado colombianos el 13 y 14 de diciembre 1999 para difamar a Nicolás Landes tachándolo de estafador y delincuente internacional. Eso sí, se preocuparon de exculpar expresamente a Banco del Pacífico de cualquier sospecha de delito.

5.4 ¿Quienes eran estas autoridades capaces de abusar en esta forma del poder del Estado colombiano en provecho personal? Entre otros: Luis Alberto Moreno (ex Presidente del Directorio de Banco del Pacífico Ecuador en su calidad de gerente de Westsphere entidad representante de los accionistas extranjeros en Pacifico, luego Embajador de Colombia en Washington y actualmente Presidente del BID); Luis Fernando. Ramírez (Ministro de Defensa, socio de Moreno en Westsphere y Director de Banco del Pacifico Colombia); Jacobo Bibliowicz (financista de la campaña presidencial de Pastrana y Director de Pacifico Colombia, además de ser uno de los principales deudores del mismo banco); Gabriel Meza, Secretario General de la Presidencia, y Camilo Gomez, Alto Comisionado de la Paz. También consta en este listado Fernando Londoño Hoyos, ex Presidente del Directorio de Pacifico Colombia, posteriormente nombrado Ministro de Gobierno por Alvaro Uribe en agosto 2002. Como Ministro de Gobierno, Londoño solicitó a EE.UU. la extradición de Nicolás Landes, extradición que no fue tramitada por los EE.UU.

5.5 La cortina de humo montada por estos altos funcionarios colombianos fue exitosa: el Banco del Pacífico no fue sujeto de una sola investigación penal o acción judicial, sea en Colombia o sea en el exterior. El informe de irregularidades preparado por la Superintendencia Bancaria de Colombia fue archivado. Ni tampoco causó reacción judicial en Colombia el comunicado de la DIAN de fecha 29 de junio de 2005 en el cual anunció la pérdida del 40% de los valores adeudados por Pacifico Colombia al Fisco, aproximadamente $13 millones de dólares (además de la pérdida del 40% de los depósitos de sus clientes). Irónicamente, ese mismo comunicado informó oficialmente la devolución del 100% de los impuestos adeudados por Andino. [DOC. No. 9 ]

5.6 La juez federal Patricia Seitz ordenó el 9 de septiembre de 1999 el inmediato congelamiento de los depósitos de Banco Popular en los EE.UU. y el inmediato cierre de su Sucursal en Miami atendiendo un pedido expreso de la República de Colombia. En una audiencia pública en septiembre 2000 ella dijo que, “Es una cuestión bien definida, que yo nunca debí haber dictado la medida cautelar”. O sea, un año más tarde, la juez admitió que nunca debió haber decretado el embargo de bienes de Popular y el cierre intempestivo de su oficina en Miami. En agosto 2001 la juez Seitz desechó la demanda civil de Colombia contra Popular y Landes. En noviembre 2002 una Corte Federal de Apelaciones en Atlanta ratificó el fallo de la juez Seitz.

5.7 Colombia perdió el juicio en EE.UU. Pero al gobierno de Colombia no le importó gastar $3 millones en honorarios legales para mantener ante las Cortes norteamericanas durante más de 3 años una demanda maliciosa, temeraria y desprovista de sustento alguno, causándoles irreparables perjuicios a Banco Popular del Ecuador, a sus empleados, accionistas y clientes.

5.8 En octubre 2006 el juez penal 45 de Bogotá, Luis Hernando Calixto, dictó un fallo absolutorio a favor de Nicolás Landes y todos los demás acusados del supuesto fraude por el gobierno de Colombia. El juez determinó que no fue distraído un solo dólar de Colombia a favor de Banco Popular y que nunca existió el fraude inventado por el gobierno colombiano. Pero durante más de siete años desde 1999 hasta 2006 el gobierno de Colombia no se cansó de repetir a los cuatro vientos las acusaciones contra Nicolás Landes.

5.9 Los fallos judiciales en EE.UU. y en Colombia son categóricos. No dejan duda alguna que las demandas civil y penal de la República de Colombia contra Banco Popular y Nicolás Landes fueron burdos montajes diseñados con fines políticos para proteger los intereses personales de altos funcionarios del gobierno de Colombia vinculados a Banco del Pacífico.

6 DOS LIBROS PUBLICADOS EN COLOMBIA DESCRIBEN Y DOCUMENTAN LA AGRESIÓN COLOMBIANA CONTRA BANCO POPULAR DEL ECUADOR Y NICOLAS LANDES

6.1 El afamado periodista e investigador colombiano Alberto Donadío escribió el libro “LOS FARSANTES – Banco Andino: el fraude que nunca existió” (Hombre Nuevo Editores; Medellín, Colombia; noviembre 2003). Para facilitar la lectura de este libro se preparó un resumen del mismo. [DOC. No. 10]

6.2 El destacado Senador colombiano Gustavo Petro escribió el libro “EL CASO DEL BANCO DEL PACÍFICO” (Intermedio Editores; Bogotá, Colombia; 2005). Para facilitar la lectura de este libro se preparó un resumen del mismo. [DOC. No. 16] Una columna reciente del periodista D’Artagnan publicada en el diario El Tiempo de Bogotá describe el gran peso que tiene hoy el Senador Petro en Colombia. [DOC. No. 17]

7 EL GOBIERNO DE COLOMBIA CONTO CON SOCIOS ECUATORIANOS PARA CAUSAR LA CAIDA DE POPULAR

7.1 Las autoridades ecuatorianas, lejos de respaldar a uno de los grandes bancos nacionales ante una agresión de Colombia motivada por problemas políticos internos, por el contrario colaboraron para hundir rápidamente a Popular. En efecto, el entonces Superintendente de Bancos, Jorge Guzmán Ortega, exigió a Nicolás Landes su renuncia el sábado 11 de septiembre, transcurridas apenas 48 horas desde la demanda de Colombia en Miami. Guzmán rehusó conceder una cita a Landes el día viernes 10 para revisar la naturaleza temeraria de la demanda colombiana porque Guzmán alegó que “ya conocía” dicha demanda.

7.2 Que la remoción de Nicolás Landes se debió exclusivamente a la demanda planteada en Miami por Colombia en contra suya y de Banco Popular lo afirmó Miguel Dávila en 2001 cuando era Superintendente de Bancos en la siguiente declaración escrita:

"A solicitud del señor Santiago Cuesta Caputi, abogado del señor Ivan Nicholls Landes Guerrero, puedo afirmar que, según mi conocimiento y en calidad de Superintendente de Bancos del Ecuador, la decisión de las autoridades de control bancario y monetarias de la República del Ecuador de solicitar la renuncia del señor Iván Nicholls Landes Guerrero a la Presidencia Ejecutiva del Banco Popular del Ecuador el día sábado 11 de septiembre de 1999, se produjo motivada por las consecuencias negativas de las medidas cautelares, solicitadas por la República de Colombia y ordenadas el 9 de septiembre de 1999 por una Corte Federal de Miami, Florida de Estado Unidos de Norte América, que determinan el cierre de la Agencia Miami de Banco Popular y congelamiento de los bienes existentes en los Estados Unidos de América de propiedad de todas las personas naturales y entidades demandadas por dicha República.

La consecuencia inmediata de dichas órdenes judiciales, difundidas a través de los medios de comunicación ecuatorianos y extranjeros el mismo día jueves 9 de septiembre de 1999, fue un retiro masivo de depósitos, pues la demanda y la inmediata orden judicial de congelamiento de fondos del Banco Popular, logró despojar a la administración y en especial a su Presidente Ejecutivo de dicho banco, de su credibilidad y de la confianza del público, elementos esenciales para la normal operación de un banco comercial". [DOC. No. 11]

7.3 Pero que además existió una actitud hostil de Jorge Guzmán contra Nicolás Landes quedó plasmada en declaraciones suyas publicadas en el diario La Hora de Quito el 15 de febrero de 2000:

"En contra de Nicolás Landes se procedió apenas se produjo el escándalo en Colombia. Llamé a Landes y le pedí la renuncia, lo sacamos del banco y luego perdió sus acciones también." [DOC. No. 12]

7.4 Jorge Guzmán había sido Director Jurídico de Banco del Pacífico por muchos años antes de asumir la Superintendencia de Bancos. Su sucesor como Superintendente fue Juan Falconí Puig, Director de Pacífico. Todos los procesos penales contra Nicolás Landes en Ecuador fueron iniciados por estos dos Superintendentes íntimamente vinculados a Banco del Pacifico, entidad que fue rescatada de la quiebra gracias a una capitalización del orden de $300 millones efectuada por el Banco Central, razón por la cual nunca fue sometido al proceso de “saneamiento” y nunca fue sujeto a la “auditoria penal” exigida por la ley que creo la AGD. Ricardo Noboa, hermano del presidente Gustavo Noboa y Presidente del CONAM durante su mandato, fue otro Director de Pacífico.

7.5 En virtud de un informe exculpatorio de “auditoría penal” de Banco Popular preparado por el Dr. Dimitri Durán y presentado al Directorio de la AGD el 16 de mayo de 2000, la AGD no inició una sola acción penal contra los ex administradores de Popular.

7.6 Lo más extraño es que el Superintendente Guzmán actuó de inmediato contra Popular y Landes sin esperar el resultado de la auditoría externa contratada por el Estado para investigar el fraude alegado por Colombia. Colombia demandó en Miami el 9 de septiembre. Landes fue destituido por Guzmán el día 11. La auditora Deloitte & Touche presentó su informe el 24 de septiembre. Si Guzmán hubiese esperado apenas 13 días antes de actuar contra Landes habría tenido en sus manos el informe de auditoría cuya conclusión fue que la acusación de la República de Colombia era falsa y desprovista de cualquier sustento contable.

8 EL GOBIERNO ECUATORIANO JAMAS RECLAMO A COLOMBIA EL ENORME DAÑO CAUSADO POR ESTA AGRESIÓN CONTRA BANCO POPULAR DEL ECUADOR

8.1 Qué diferencia de comportamiento del gobierno ecuatoriano en 1999 con gobiernos de los demás países que más bien se esfuerzan por promover, respaldar e inclusive proteger a sus grandes empresas nacionales cuando realizan negocios en el exterior! Aquel gobierno ecuatoriano no solo abandonó a Banco Popular del Ecuador a su suerte –y por tanto abandonó a sus empleados, accionistas y clientes- sino que participó activamente en la destrucción de Popular. Esa postura sumisa del Ecuador frente a Colombia también marca un contraste radical con la defensa enérgica y altiva que realizan hoy el gobierno actual y el presidente electo. El columnista Raúl Gangotena escribió “Tiro al Banco” publicado en El Comercio en octubre 1999 donde describe magistralmente esta indefensión frente a la agresión de Colombia que hundió a Banco Popular:

Pero la devastación [de Banco Popular] no tuvo vuelta y afectó a varios miles de ecuatorianos que pertenecen a un Estado que no ha hecho absolutamente nada por protegerlos. ¿Qué pasa cada vez que un ciudadano o una compañía norteamericana, francesa o australiana son afectados por alguna acción realizada en el Ecuador? Las embajadas se movilizan de inmediato para proteger a esos ciudadanos o compañías. Tan es así que los latinoamericanos se enojan con esos países, pues cada desafuero de algún autócrata, o un burócrata abusivo, o un juez desaprensivo, produce una acción de defensa. Por eso, ser súbdito británico o belga, holandés, sueco o japonés; ciudadano alemán o italiano, vale la pena. Esos Estados les dan seguridad. ... Es que en cambio, ser ciudadano de un Estado precario como el ecuatoriano parece ser un peligro. Lo último que uno puede esperar de su Estado es protección. Lo más probable es que sea objeto de toda la gama de formas de persecución.” [DOC. No.13]

8.2 Cuando Colombia presentó su demanda en Miami el 9 de septiembre de 1999 Banco Popular era una entidad privada. Dos semanas más tarde, el 26 de septiembre, la AGD estatizó al Popular. A partir de ese momento era el Estado ecuatoriano el demandado por Colombia. Durante más de 3 años, desde septiembre 1999 hasta noviembre 2002, el Estado ecuatoriano a través de la AGD tuvo que defenderse de una acusación de fraude masivo planteada por la República de Colombia. Colombia mantuvo su acusación judicial en Miami después que Popular se convirtió en banco estatal y, peor todavía, ratificó su acusación de fraude contra el Estado ecuatoriano cuando presentó una demanda reformulada ante la Corte Federal en Miami en diciembre 1999, tres meses después de la estatización del Banco. Colombia, sin pudor ni vergüenza, acusó al Estado ecuatoriano de fraude masivo e ignoró todas las pruebas de descargo que presentaron los abogados del Ecuador desvirtuando la existencia de un fraude cuyo supuesto beneficiario era, a final de cuentas, el Estado ecuatoriano como propietario de Banco Popular.

8.3 Que Colombia demandó al Estado ecuatoriano con premeditación y alevosía se desprende de la siguiente declaración de la Directora de la DIAN ante la Cámara de Representantes de Colombia el día 13 de diciembre de 1999, después que Colombia presentó la demanda reformulada ante la Corte en Miami contra el Estado ecuatoriano:

Por qué estoy diciendo que el Gobierno ecuatoriano es ahorita nuestra contra parte: porque a raíz de la acción que tomó el Gobierno colombiano de demandar a... este banco específicamente en el Ecuador, el Gobierno ecuatoriano tomó posesión del Banco Popular en el Ecuador... [DOC. No. 6]

8.4 No satisfecha con esta acusación, Colombia rechazó un intento del Estado ecuatoriano de trasladar el juicio de Miami al Ecuador en un difamante escrito que en el cual Colombia aseveró ante una Corte Federal en los EE.UU. que Ecuador era un país tan corrupto que sería imposible que Colombia recibiese allí un trato imparcial y justo. A continuación extractos de dicho escrito judicial colombiano fechado 28 de agosto de 2000, traducidos al castellano: [DOC. No. 14]

“En particular, el gobierno ecuatoriano es (y ha sido por mucho tiempo) ampliamente conocido por su inestabilidad y su sistema judicial notorio por su corrupción – a tal punto que no hay absolutamente razón alguna para creer que la República de Colombia recibirá un tratamiento justo en el Ecuador en un proceso contra Banco Popular, un banco que ahora pertenece y es controlado por el gobierno ecuatoriano....” [pag. 4]

“Esta Corte puede (y debe) tomar nota judicial de la inestabilidad y corrupción que son plagas del Ecuador...” [pag. 5]

“Así mismo, las conclusiones de los Declarantes por cuenta de Banco Popular.... proclamando la imparcialidad del derecho ecuatoriano son insuficientes, irrelevantes, y deben ser retiradas del proceso a la luz de la incontrovertible evidencia que confirma la corrupción del sistema legal ecuatoriano.” [pag. 9]

8.5 La AGD, o sea el Estado ecuatoriano, se vio obligada por Colombia a contratar a un despacho jurídico en Miami para su defensa judicial. Los honorarios del bufete Hughes, Hubbard & Reed sumaron más de $1 millón, sin contar viajes, llamadas telefónicas, fax, y otros gastos incurridos en este largo proceso judicial.

8.6 Luego del primer fallo contrario a Colombia en Miami en agosto 2001 el entonces Superintendente de Bancos Miguel Dávila declaró a El Comercio (septiembre 1, 2001) su intención de presentar una contra demanda a Colombia en las cortes de Miami por los daños y perjuicios causados al Ecuador. Dávila estimó dichos daños en $525 millones. [DOC. No. 15]

8.7 Ecuador llegó a preparar en octubre 2001 un borrador de contra demanda a Colombia en Miami, pero aparentemente funcionarios del gobierno de Gustavo Noboa vetaron este intento de resarcir los enormes perjuicios causados por Colombia al Ecuador. El Estado ecuatoriano no ha iniciado hasta esta fecha ninguna demanda u otro reclamo judicial o extra judicial contra la República de Colombia.

8.8 Esta cifra de $525 millones no considera el daño inconmensurable causado por la República de Colombia a los 800 empleados del Grupo Financiero Popular quienes perdieron su trabajo y vieron truncadas sus carreras profesionales, el daño a los 2.000 accionistas de Popular (a través de la holding CEVAL) quienes perdieron su capital, y el daño a las decenas de miles de clientes de Popular, tanto depositantes como deudores, quienes sufrieron los malestares propios del cierre del Banco. Eso sí, la gran mayoría de los clientes cobraron el 100% de sus depósitos hasta diciembre 1999, gracias a la alta calidad y liquidez de los activos de Banco Popular. Los pagos finales a unos pocos depositantes se efectuaron hasta septiembre 2002.

8.9 En el momento judicial oportuno, los ex empleados y ex accionistas de Banco Popular presentarán una demanda contra la República de Colombia reclamando un desagravio oficial y público, así como una compensación económica por los daños y perjuicios causados por Colombia.



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