SINTESIS LIBRO EL CASO DEL BANCO DEL PACIFICO ENERO 18, 2007

LUIS ALBERTO MORENO

LUIS FERNANDO RAMIREZ


FERNANDO LONDOÑO


FANNY KERTZMAN

El libro EL CASO DEL BANCO DEL PACIFICO que complementa a LOS FARSANTES de Alberto Donadío. Fue escrito por el Senador colombiano Gustavo Petro. Contiene afirmaciones tajantes y contundentes que la demanda de Colombia contra BPE en Miami fue una cortina de humo para esconder los delitos cometidos en Banco del Pacifico por un grupo de íntimos amigos del presidente Pastrana.

Síntesis del libro

EL CASO DEL BANCO DEL PACIFICO

1. CONCLUSIONES DEL LIBRO

Para proteger a un grupo de íntimos amigos vinculados al Banco del Pacífico y a la vez altos funcionarios de su gobierno, el presidente de Colombia Andrés Pastrana autorizó una persecución judicial, civil y penal, contra Banco Andino de Colombia (propiedad del Grupo Popular), contra Banco Popular del Ecuador y contra Nicolás Landes. Para cumplir este objetivo, el gobierno colombiano fraguó un escándalo que sirvió de cortina de humo para esconder los delitos bancarios cometidos por aquellos altos funcionarios vinculados al Banco del Pacífico.

“Pero Pastrana se dedicó a perseguir al Banco Andino para convertirlo en la cortina de humo que ocultara lo hecho por sus amigos en el Banco del Pacífico....” (pag. 141)

“Pero el gobierno de Pastrana decidió no investigar el Banco del Pacífico y construir un “chivo expiatorio” en el Banco Andino.” (pag. 175)

“Y la táctica de los abogados acogida por el gobierno más parece un intento de haber hecho de Nicolás Landes, un chivo expiatorio para conseguir la total impunidad del caso Banco del Pacífico.” (pag. 146)

“... los ex directivos del Banco del Pacífico tenían hasta el poder si a Nicolás Landes, su antiguo socio usado por ellos mismos como el “chivo expiatorio” del escándalo, lo podían pedir en extradición a los Estados Unidos para ser juzgado en Colombia....” (pag. 131)

2. EL AUTOR

El Senador Gustavo Petro es uno de los políticos más reconocidos e influyentes en Colombia. Fue nombrado el “Personaje del Año” por los lectores de El Tiempo, el mayor diario de Colombia. El Senador Petro es economista de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Administración Pública (ESAP). Tiene un magíster en Economía de la Universidad Javeriana y un doctorado en Nuevas Tendencias en Administración de Empresas en la Universidad de Salamanca (España). El libro El Caso del Banco del Pacífico es producto de una prolija investigación del Senador Petro iniciada con motivo del debate parlamentario del 22 de agosto de 2001 cuyo tema era la pérdida de los recursos públicos en el Banco del Pacífico. (Intermedio Editores; Bogotá, Colombia; 2005)

3. ANTECEDENTES

La crisis bancaria ecuatoriana, incubada desde 1997, condujo al “feriado bancario” decretado por el presidente Jamil Mahuad el 7 de marzo de 1999. Esta impactante noticia causó masivos retiros de depósitos en los dos bancos colombianos de capital ecuatoriano: el Banco Andino (propiedad del Grupo Popular) y el Banco del Pacífico (subsidiaria del banco homónimo con sede en Guayaquil). El pánico de los depositantes colombianos motivó que la Superintendencia Bancaria de Colombia ponga en liquidación ambos bancos el 20 de mayo de 1999.

Era una práctica habitual y legal de toda la banca colombiana actuar como agentes recaudadores de impuestos por cuenta de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), beneficiándose los bancos de un plazo de aproximadamente veinte días entre la recepción de los impuestos y su posterior transferencia al Tesoro Nacional. De tal suerte, al 20 de mayo de 1999, fecha que fueron puestos en liquidación, Andino y Pacífico adeudaban al Tesoro colombiano US$ 64 millones y US$ 32 millones, respectivamente.

El 18 de junio de 1999, apenas tres semanas después del cierre de Banco Andino, la Directora de la DIAN presentó personalmente ante el Fiscal General una denuncia penal contra los directivos de dicho Banco, acusándolos de peculado. El 9 de septiembre de 1999 la DIAN, el Ministerio de Hacienda y la República de Colombia presentaron una demanda civil contra Banco Popular del Ecuador y contra Nicolás Landes ante una Corte Federal en Miami acusándolos de una estafa masiva por US$175 millones supuestamente en perjuicio del Estado colombiano y de los depositantes de Banco Andino.

El mismo día 9 de septiembre, la juez federal Patricia Seitz, sin mediar estudio de la demanda y sin escuchar siquiera a los demandados, decretó draconianas medidas cautelares contra Banco Popular –cierre de su sucursal en Miami y congelamiento de sus fondos depositados en bancos corresponsales en los Estados Unidos- medidas que a su vez causaron que las autoridades bancarias ecuatorianas destituyan de inmediato a Nicolás Landes de la Presidencia de Banco Popular y procedan a la estatización y posterior cierre del banco.

En agosto 2001 la juez Seitz desechó la demanda de la República de Colombia, fallo ratificado por la corte de apelaciones en Atlanta en noviembre 2002, con lo cual concluyó el proceso judicial iniciado por Colombia en los Estados Unidos.

Simultáneamente, el gobierno colombiano continuó un proceso penal en Bogotá contra Nicolás Landes y ex administradores de Banco Andino. Durante siete años el gobierno colombiano repitió incansablemente las acusaciones de fraude masivo contra Landes. El ministro de Hacienda y la directora de la DIAN las reiteraron con ocasión de dos debates en el Congreso Nacional colombiano, a pesar que el Liquidador estatal de Banco Andino había comunicado meses antes al público que disponía de recursos suficientes para cancelar la totalidad de las obligaciones del banco. Entonces no fue sorpresa que el 29 de junio de 2005 la DIAN informó que Banco Andino había pagado el 100% de los impuestos adeudados (así como el 100% de los depósitos de sus clientes), al tiempo que Banco del Pacífico había pagado tan solo el 60%, dejando una pérdida al Fisco colombiano del orden de US$13 millones, más las pérdidas para sus depositantes. En octubre 2006 el juez penal 45, Luis Hernando Calixto, dictó en Bogotá una absolución a favor de Nicolás Landes y los ex administradores del Banco Andino. El juez Calixto resolvió que no tenía sustento alguno la acusación de peculado promovida por la Fiscalía a pedido del gobierno colombiano porque no se había comprobado el desvío ilegítimo de un solo dólar desde Colombia a favor de Banco Popular.

4. LOS ARGUMENTOS DEL LIBRO

4.1 A CRITERIO DEL SENADOR PETRO LAS ACUSACIONES DE COLOMBIA CONTRA LOS BANCOS ANDINO (Colombia) y POPULAR (Ecuador) y CONTRA NICOLÁS LANDES RESPONDIERON A UNA DECISIÓN FRÍAMENTE CALCULADA DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE PASTRANA

“Pero Pastrana se dedicó a perseguir al Banco Andino para convertirlo en la cortina de humo que ocultara lo hecho por sus amigos en el Banco del Pacífico y aun más, se dedicó a hacer elegir un Fiscal General de la Nación que les guardara la espalda a él y a sus amigos. Por eso fue nombrada una persona con muchos vacíos en el conocimiento del derecho penal, el doctor Luis Camilo Osorio, amigo de la familia [Pastrana].” (pag. 141)

4.2 EL GOBIERNO COLOMBIANO LANZÓ ESTAS ACUSACIONES CONTRA ANDINO, POPULAR Y LANDES PARA PROTEGER A LOS AMIGOS DE PASTRANA EN EL BANCO DEL PACIFICO

“Colombia no había vivido un desastre internacional desde los tiempos del Canal de Panamá como el que recibió ante el desarrollo de su estrategia para recuperar los dineros perdidos en el Banco Andino y Pacífico, y que en mi opinión se debió al deseo de Pastrana de resguardar al máximo la situación política y jurídica de sus amigos personales, el embajador en Washington, Luis Alberto Moreno, su ex ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez, su ex consejero de paz, Camilo Gómez, y su financiador, el señor Moisés Bibliowicz.” (pag. 149)

“Los gobiernos de Pastrana y Uribe no han ordenado las investigaciones de rigor en el orden internacional contra el Banco del Pacífico, y sus propietarios y administradores, porque éste era un banco manejado dolosamente por la flor y nata del pastranismo. Y por ello se lanzaron con furia contra el Banco Andino en una demanda estruendosamente fracasada en la que el país perdió tres millones de dólares más.” (pag. 139)

“La primera parte de la estrategia se construyó alrededor del papel jugado por White & Case, ya analizado extensamente en este libro, y que buscó dirigir la acción penal del gobierno contra el Banco Andino y dejar de lado al Banco del Pacífico. (pag. 150)

4.3 LA PROTECCIÓN A LOS AMIGOS DE PASTRANA TENIA DOS PARTES: PRIMERO, IMPUNIDAD PARA BANCO DEL PACIFICO Y, SEGUNDO, CREAR UNA CORTINA DE HUMO ATACANDO A LOS BANCOS ANDINO (Colombia) y POPULAR (Ecuador) y A NICOLAS LANDES

“Los resultados de la liquidación, hasta la fecha, nos demuestran que en donde se debieron ordenar investigaciones penales administrativas en Estados Unidos, Ecuador y Colombia era con sobradas razones en el Banco del Pacífico y no en el Banco Andino, pero cómo podía el señor Pastrana y el señor [presidente Álvaro] Uribe pedir que se investigara a su propio embajador en Washington, a su ministro de Defensa en el caso del primero, y a su ministro del Interior en el caso del segundo, al presidente uribista de Ecopetrol, y a la embajadora común en Canadá.” (pag. 138)

“Comenzaba un proceso jurídico tratado en forma diferente dependiendo de si el cuestionado era el Banco Andino o el Banco del Pacífico. Mientras el principal propietario del Banco Andino, Nicolás Landes, y su equipo administrativo, Gregorio Obregón, Cuevas, Yépes y otros eran tratados como estafadores, ladrones, en fin, delincuentes de la peor calaña... el equipo administrador de Banco del Pacífico se mantenía en el poder... (pag. 130)

“La tabla nos dice que el Banco Andino, a pesar de las acusaciones de robo, defraudación y estafa ampliamente divulgadas por el gobierno nacional, logró devolver al Fisco el 72% de la deuda... mientras que el Banco del Pacífico, tan bien tratado en las intervenciones del ministro de Hacienda, no logró aportar en su liquidación más que el 41% de su deuda por recaudaciones.” (pag. 135)

[NOTA: después de la publicación de este libro, el 29 de junio de 2005, la DIAN anunció que Banco Andino había pagado el 100% de sus deudas al Fisco y a sus depositantes, mientras que Pacífico solamente el 60%.]

“Ahora bien, el flujo de pago al Estado por sus acreencias en el proceso de liquidación demuestra que el Banco Andino, precisamente el atacado ferozmente por el gobierno, tenía más capacidad para pagar sus deudas que el Banco del Pacífico. Esto significa que el Banco Andino tenía mayores recursos líquidos en Colombia, al contrario de la denuncia de Kertzman, que afirma que desocuparon los recursos al exterior en un auténtico mega robo, y demuestra que el Banco Andino tenía una mejor cartera y que el Liquidador pudo cobrar más fácilmente los dineros de los créditos del Banco para financiar los pagos al Estado y a los depositantes. Si en el banco Andino estaban los ladrones y no en el Pacífico, como lo afirmó una y otra vez el gobierno, ¿cómo se explica que la liquidación haya reportado mejores resultados en el Andino que en el Pacífico?” (pag. 137)

4.4 HASTA LOS ABOGADOS CONTRATADOS POR EL GOBIERNO PASTRANA PARA DEMANDAR A NICOLÁS LANDES Y A BANCO POPULAR ERAN VINCULADOS A BANCO DEL PACÍFICO

“La diferencia del tratamiento gubernamental sobre los dos bancos no sólo se expresa en los discursos que el ministro de Hacienda hizo en los dos debates que se realizaron en el Congreso de la República,, sino en el procedimiento mismo instaurado para recuperar los recursos. ... Kertzman, la directora de la DIAN, contrató una firma de abogados [White & Case] para iniciar las acciones jurídicas del gobierno...” (pag. 139)

“Fanny Kertzman al parecer no consultó la página de internet de la firma de abogados, porque si lo hubiera hecho, al abrir la página www.whitecase.com, hubiera encontrado que la firma contaba entre sus clientes, precisamente, a la empresa WestSphere, representante del fondo propietario del Banco del Pacífico.” (pag. 140) ....

“En Bogotá, la sucursal WestSphere Capital Andina Ltda. fue establecida en la oficina de Sara Ordóñez [Superintendente Bancaria en el gobierno Pastrana]... donde se decidió la compra del 9,6% del Banco del Pacífico del Ecuador. La compra del principal paquete accionario del banco les permitió controlar la administración del grupo financiero Pacífico.” (pag. 28)

“Luis Alberto Moreno fue accionista de WestSphere Capital Andina desde su fundación... incluso siendo embajador [de Colombia en Washington]... Luis Alberto se desempeñó como Presidente [del Directorio] de Banco del Pacífico del Ecuador, la casa matriz... gracias a la representación de WestSphere.” (pag. 52)

“¿Pero, cómo podía White & Case llevar a los estrados judiciales a sus propios clientes? Y, ¿cómo podía Pastrana permitir que su propio embajador en Washington fuese llamado a declarar, por no hablar de él mismo?” (pag. 141)

4.5 EL GOBIERNO DE COLOMBIA Y SUS ABOGADOS NO SE MOLESTARON EN PRESENTAR VERDADERAS PRUEBAS PARA SUSTENTAR SUS GRAVES ACUSACIONES EN MIAMI CONTRA BANCO POPULAR

“Me interesa destacar cómo el gobierno recogió un simple listado de transacciones [entre Banco Andino en Colombia y Banco Popular en Miami] para presentarlas como pruebas de un posible fraude contra el Estado y contra los clientes de Banco Andino... sino que además no comprobó que hubiera dolo en las operaciones. Si comparamos esta actitud con lo que sucedió en el Banco del Pacífico, la diferencia es repugnante.“ (pag. 169)

4.6 LOS ABOGADOS VINCULADOS A BANCO DEL PACÍFICO DEMANDARON, A NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, AL BANCO POPULAR Y A NICOLÁS LANDES. ESTA DEMANDA FUE LA CAUSA DIRECTA E INMEDIATA DEL CIERRE DE BANCO POPULAR

“Al referirse al primer procedimiento ordenado por la juez Patricia Ann Seitz, el 9 de septiembre de 1999, consistente en ordenar medidas cautelares que congelaron los fondos del Banco Popular, matriz del Banco Andino, en los Estados Unidos, y que desencadenó la quiebra del grupo Popular en el Ecuador, medida que fue tomada por el gobierno colombiano como un verdadero triunfo...” (pag. 150)

4.7 MÁS TARDE LA JUEZ SEITZ ADMITIÓ SU ERROR, REVOCÓ LAS MEDIDAS CAUTELARES Y, EVENTUALMENTE, DESECHÓ LA DEMANDA DE COLOMBIA. PERO, EL DAÑO A BANCO POPULAR Y A NICOLÁS LANDES FUE MAYÚSCULO E IRREVERSIBLE

“La acción de medidas cautelares tomadas por la juez Seitz no fue más que una viveza de los abogados [de Colombia] condenada al fracaso como la misma juez determinó. Después del pago de millones de dólares los abogados ni siquiera lograron hacer admitir la demanda. Algo que solo pasaría con un practicante universitario o con un estafador. “ (pag. 152)

4.8 LAS AUTORIDADES COLOMBIANAS Y SUS ABOGADOS SABÍAN DE ANTEMANO QUE NO DEBÍAN PRESENTAR UNA DEMANDA EN ESTADOS UNIDOS CONTRA BANCO POPULAR

“Porque Juan Camilo Restrepo [Ministro de Hacienda del gobierno Pastrana] y Sara Ordóñez [Superintendente Bancaria] tenían la experiencia suficiente para saber que lo primero que se tenía que solicitar en los Estados Unidos... era una investigación de la autoridad estadounidense encargada de la vigilancia de las entidades financieras... para detectar las irregularidades que pudieran haber cometido, pero obviamente tal actividad no le interesaba ni a Pastrana ni a Luis Alberto Moreno.” (pag. 152)

“Contra los bancos con sucursales en los Estados Unidos no se podían hacer demandas ante las cortes sin antes solicitar un estudio pormenorizado a la Oficina de Control de la Moneda del Departamento del Tesoro que sustentase la práctica de estafas y apropiación indebida de los recursos de los ahorradores y del Estado colombiano en dichos bancos. Los bancos Andino y Popular no registraron advertencias en la labor de auditoría de la Oficina de Control, ¿hubiera pasado también la prueba el Banco del Pacífico? El gobierno colombiano a través de su embajador en Washington, Luis Alberto Moreno, no lo intentó, y hoy sabemos por qué.” (pag. 153)

4.9 COLOMBIA PERDIÓ EL JUICIO EN ESTADOS UNIDOS, DESPILFARRANDO 3 MILLONES DE DÓLARES EN HONORARIOS LEGALES.

“La acción contra Nicolás Landes y el Banco Andino en los Estados Unidos fue un rotundo fracaso que nos implicó unas pérdidas adicionales de tres millones de dólares.” (pag. 150)

4.10 EL GOBIERNO PASTRANA NO SE INMUTÓ PORQUE HABÍA CUMPLIDO CON SU OBJETIVO: LA IMPUNIDAD PARA TODOS LOS VINCULADOS A BANCO DEL PACÍFICO

“Pero el gobierno de Pastrana decidió no investigar el Banco del Pacífico y construir un chivo expiatorio en el Banco Andino. Su amigo Luis Camilo Osorio, prácticamente impuesto por Pastrana, no realizó ninguna actividad encaminada a investigar el destino de los fondos que se trasladaron [desde Banco del Pacífico Colombia hacia el exterior] en el primer semestre de 1998... Por tanto, se han comenzado a diluir las pruebas de lo que sí parece un verdadero sifoneo de recursos hecho por pastranistas en plena campaña electoral presidencial.“ (pag. 175)

“¿Será que, algún día, un verdadero fiscal general le entregará al país el resultado de una investigación que nos permita encausar a los culpables y recuperar el dinero perdido de todos los colombianos?” (pag. 175)

4.10 EL CAMBIO DE GOBIERNO EN 2002 CON LA POSESIÓN DE ALVARO URIBE NO AFECTÓ EL PODER DE BANCO DEL PACÍFICO EN COLOMBIA

“... el equipo administrador de Banco del Pacífico se mantenía en el poder e inclusive ampliaba su influencia en el gobierno actual, el de Álvaro Uribe Vélez. Luis Alberto Moreno continuó como embajador colombiano en Washington; Luis Fernando Londoño fue nombrado como el poderoso ministro del Interior y de Justicia; ...” (pag. 130)

[NOTA: gracias a un intenso cabildeo desplegado por el gobierno Uribe, Luis Alberto Moreno es actualmente presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)]

“... y luego lograron una negociación con el hoy presidente Uribe, que permitió la presencia en su gabinete de varios miembros de la junta directiva de Banco del Pacífico y de sus familiares: el ministro del Interior, Luis Fernando Londoño Hoyos; el embajador en Washington, Moreno; ... la señora Carolina Barco, ministra de Relaciones Exteriores era la esposa, en el momento de los hechos, de Mauricio Botero Caicedo, miembro de la junta directiva del mismo banco, y Fanny Kertzman, antigua directora de la Dian, multada por la Procuradoría por su actitud permisiva ante el Banco del Pacífico, ahora es la embajadora de Uribe ante Canadá. Se rumora que tan poderosa presencia de los miembros de la junta directiva del Banco del Pacífico en el gobierno de Uribe se debió a la decisión de Pastrana de romper el proceso de negociaciones de paz con la principal guerrilla de Colombia, las FARC, situación que dos meses antes de las elecciones presidenciales permitió el ascenso vertiginoso de quien, precisamente, había propuesto la ruptura de estas negociaciones. Pastrana habría roto las negociaciones con la guerrilla para fortalecer las posibilidades presidenciales de Uribe.” (pag. 149)

4.11 LOS SEÑORES DEL BANCO DEL PACÍFICO ABUSARON DE SU PODER AL PUNTO DE PEDIR ELLOS MISMOS LA EXTRADICIÓN DE NICOLÁS LANDES A LOS ESTADOS UNIDOS

“Desde tan poderosos puestos de comando, los ex directivos del Banco del Pacífico tenían hasta el poder si a Nicolás Landes, su antiguo socio usado por ellos mismos como el “chivo expiatorio” del escándalo, lo podían pedir en extradición a los Estados Unidos para ser juzgado en Colombia.... ¿cómo se tramitaría una solicitud de extradición contra Nicolás Landes?, si los funcionarios encargados de tramitarla, el embajador en Washington, el ministro del Interior y Justicia, y el ministro de Relaciones Exteriores estaban todos relacionados con la Junta Directiva del Banco del Pacífico en Colombia...” (pag. 131)

“El proceso en Colombia contra el Banco del Pacífico se congeló, el embajador Luis Alberto Moreno fue exculpado, pero en cambio el proceso contra el Banco Andino corrió con velocidad de galgo hasta pedir en extradición a Nicolás Landes, en una decisión que ya el gobierno de Uribe tomó de acuerdo con la gestión de unos funcionarios, todos ligados al Banco del Pacífico, sin que estos se impidieran moralmente siquiera.” (pag. 141)

4.12 PARA MAYOR FACILIDAD DEL LECTOR, A CONTINUACIÓN UN CUADRO RESUMEN DE LOS PROTAGONISTAS INDICANDO SUS VÍNCULOS CON BANCO DEL PACÍFICO Y SUS VÍNCULOS CON LOS GOBIERNOS PASTRANA Y URIBE

PROTAGONISTAS COLOMBIANOS DEL BANCO DEL PACIFICO
Personaje	Vínculo con Banco Pacífico	Puesto Gobierno Pastrana	Puesto Gobierno Uribe
Luis Alberto Moreno	Presidente Directorio Ecuador y Fundador WestSphere Andina	Embajador Washington	Embajador Washington Presidente BID
Luis Fernando Ramirez	Director Colombia y Gerente WestSphere Andina	Ministro Defensa
Fernando Londoño Hoyos	Presidente Directorio Colombia		Ministro del Interior y Justicia
Fanny Kertzman		Directora DIAN	Embajadora Canadá
Camilo Gómez	Socio WestSphere Andina	Alto Comisionado para la Paz
Moisés Bibliowicz	Director Ecuador y Colombia	Financista Campaña

PROTAGONISTAS ECUATORIANOS DEL BANCO DEL PACIFICO
Personaje	Vínculo con Banco Pacífico	Puesto Gobierno Mahuad	Puesto Gobierno Noboa
Jorge Guzmán Ortega	Vicepresidente Jurídico	Superintendente de Bancos	Ministro de Economía
Juan Falconí Puig	Director		Superintendente de Bancos
Ricardo Noboa Bejarano	Director		Presidente CONAM

"CUENTITAS" DE LA AGD OPINION DIARIO LA HORA ENERO 18, 2007

OPINIóN

“Cuentitas” de la AGD

Por: Hernán Muñoz 18 de Enero de 2007

Indignación causó ala politóloga, víctima y mártir que dirige la AGD el atrevimiento del ex banquero Aspiazu de pedir cuentas sobre los bienes entregados a la AGD para pagar a sus acreedores o estafados. La respuesta fue mediática, acolitada por casi todos los medios: banqueros ladrones, corruptos, etc.

Añadió que nuestro sistema legal le redujo a Azpiazu 50 años de prisión a siete y medio de prisión, insuficientes frente al daño causado. Entonces que plantee las reformas al sistema penal vigente, pero que no trate de justificar la falta de demandas para el pago de los daños causados por los “corruptos”, cuando por ley le correspondía.

No existe ni una sola acusación particular de autoridad alguna en contra de ninguno de los banqueros. Pero esas autoridades utilizan los escándalos para ganar notoriedad y aureola de honestidad.

La negligencia de todos lleva a que no se puedan reclamar daños y perjuicios.

También el ex banquero Landes le hace preguntas más concretas y entonces es claro que todos tenemos la obligación de contestarlas preguntas, no sólo con histerias o con la simple afirmación de que “sólo respondo por lo mío”, entonces que enjuicien a sus antecesores y no se conviertan en sus encubridores.

Los banqueros “corruptos, ladrones, mal nacidos” entregaron bienes para responder a sus depositantes, y el estado emitió 8.050 millones de bonos. Mas los bienes fueron saqueados por los gobiernos y las administraciones de la AGD para pagar favores, compromisos, boyas evitando quiebras y hasta compraron indulgencias celestiales entregado canales de TV y bienes a sus clérigos.

El miedo nos calla a todos. Sólo se requiere la lista general de los bienes entregados y a quiénes y por qué valor efectivo fueron vendidos, así como los balances cerrados y auditados, para ver dónde mismo quedó la plata.

Todo lo demás son bravuconadas o cortinas de humo para amedrentar a jueces y fiscales, para tapar lo que algún día se sabrá, según ofreció el nuevo gobernante.

MARCHA DE PROTESTA CONTRA COLOMBIA ENERO 15, 2007

EL DIA DE HOY PARTICIPAMOS EN UN MARCHA EN CONTRA DEL GOBIERNO DE COLOMBIA. ADJUNTO LA CARTA QUE PRESENTAMOS A LOS MEDIOS Y ALGUNAS PERSONALIDADES.

CARTA ABIERTA DE LOS EX EMPLEADOS DEL BANCO POPULAR DEL ECUADOR S.A. AL SEÑOR PRESIDENTE DE COLOMBIA, DOCTOR ÁLVARO URIBE VÉLEZ

Quito, 15 de enero de 2007

Señor Presidente Uribe:

El 9 de septiembre de 1999 la República de Colombia interpuso en los Estados Unidos una demanda infundada y temeraria contra Banco Popular del Ecuador S.A. y su Administración. Esa demanda alegó un supuesto fraude masivo por US$175 millones en perjuicio del Fisco colombiano y clientes del Banco Andino de Colombia (perteneciente al Grupo Popular), y en beneficio de Banco Popular. Sorprendida por esta audaz demanda, y confiada en la credibilidad y seriedad de un Estado soberano, la juez federal Patricia Seitz ordenó el cierre inmediato de la sucursal de Banco Popular en la ciudad de Miami y el congelamiento de los fondos de Banco Popular depositados en los Estados Unidos.

Estas medidas cautelares ordenadas por la juez Seitz causaron pánico en los depositantes de Banco Popular y, 24 horas más tarde, la intervención de las autoridades bancarias ecuatorianas. La demanda del gobierno de Colombia propició la posterior acción de la juez Seitz, la misma que no se habría dado sin la primera, y por tanto fue la indiscutible causa directa del cierre de nuestra institución. No puede existir duda, Señor Presidente, sobre esta responsabilidad de la República de Colombia porque no lo decimos nosotros, sino que lo afirmó con mucho orgullo la entonces Directora de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) ante la Cámara de Representantes de Colombia el 13 de diciembre de 1999. Este criterio fue ratificado por el entonces Superintendente de Bancos del Ecuador en declaraciones a la prensa ecuatoriana.

En diciembre 1999, tres meses después de la estatización de Banco Popular, Colombia presentó ante la misma corte federal en Miami una demanda reformulada que acusó directamente al Estado ecuatoriano de ser el beneficiario de este ficticio fraude masivo. En este escrito el gobierno colombiano no se molestó en presentar prueba alguna para respaldar tan seria afirmación ante las cortes norteamericanas. Más grave aún, en un posterior escrito judicial Colombia rechazó la posibilidad de trasladar esta demanda a cortes ecuatorianas alegando que la inestabilidad y corrupción generalizadas en todos los estamentos en el Ecuador harían imposible un trato justo para el Gobierno colombiano. Un año más tarde, en septiembre 2000, y a pesar de las gestiones de los abogados de Colombia, la juez federal Seitz reconoció que nunca debió haber ordenado el embargo de bienes de Banco Popular solicitado por Colombia. No obstante los 3 millones de dólares que el Gobierno colombiano gastó en honorarios legales en Estados Unidos, la juez Seitz en agosto de 2001 desestimó la demanda colombiana. En noviembre de 2002 la Corte Federal de Apelaciones de Atlanta ratificó definitivamente la decisión de la juez Seitz.

El Gobierno colombiano también es responsable del proceso penal incoado en Bogotá contra ex administradores de los bancos Andino de Colombia y Popular del Ecuador, proceso iniciado a raíz de una denuncia penal que la Directora de la DIAN presentó personalmente al Fiscal General alegando un supuesto peculado por apropiación. Durante siete años desde 1999 hasta 2006 altos funcionarios de la administración Pastrana, y también de la suya, Señor Presidente, insistieron públicamente en la culpabilidad de los acusados de este supuesto peculado. Sin embargo, el pasado mes de octubre el juez penal 45 de Bogotá, el doctor Luis Hernando Calixto Paipa, en un sólidamente estructurado fallo de 130 páginas dictó una sentencia absolutoria a favor de todos los acusados, confirmando entonces que nunca existió tal desvío de fondos desde Colombia hacia Banco Popular y que esta acusación fue un grave error del Gobierno colombiano.

Dicha sentencia no podría haber sido diferente considerando que el 29 de junio de 2005 la propia DIAN informó al público colombiano que Banco Andino había pagado el 100% de los impuestos adeudados al Tesoro Nacional, al mismo tiempo que había devuelto el 100% de los depósitos a sus clientes. Y el Liquidador estatal de Banco Andino pudo honrar todas las obligaciones del banco porque jamás fue desviado un solo centavo de las arcas de Banco Andino.

Señor Presidente, el Banco Popular del Ecuador era uno de los cinco mayores bancos del Ecuador, galardonado por prestigiosas publicaciones internacionales como el “Mejor Banco del Ecuador”, una institución honorable y solvente que congregaba a 800 empleados, 2.000 accionistas y decenas de miles de clientes, todos perjudicados por estos daños irreparables causados por el Gobierno colombiano.

Señor Presidente, la República de Colombia liquidó nuestro Banco pues su demanda en Miami mató certeramente nuestra fuente de trabajo, liquidó nuestros ahorros, despojó nuestro capital y, sobre todo, Señor Presidente, MANCILLÓ NUESTRA HONRA frente a la Justicia norteamericana y la opinión pública nacional e internacional, porque la República de Colombia resolvió demandarnos bajo la ley RICO, ley norteamericana creada expresamente para combatir el crimen organizado.

Por este motivo, Señor Presidente, una delegación de ex empleados de Banco Popular viajó a Bogotá para entregarle una carta fechada 2 de noviembre de 2006. Como hasta la fecha no hemos recibido respuesta nos dirigimos a Usted, por segunda ocasión, para exigir del Gobierno colombiano una disculpa pública a los ex empleados, a los ex accionistas y a los ex clientes del Banco Popular del Ecuador. Así mismo solicitamos a Usted en la forma más comedida la creación de una Comisión de la Verdad que investigue las verdaderas causas que motivaron a ciertos altos funcionarios del Gobierno colombiano a interponer esa temeraria y maliciosa demanda en contra del Banco Popular del Ecuador y del Estado ecuatoriano.

Somos concientes, Señor Presidente, que esas demandas no sucedieron en su Administración. Sin embargo, tenemos que recurrir a Usted, en su calidad de Jefe de Estado colombiano, para que las acciones reparadoras aquí enunciadas puedan concretarse en el tiempo más corto posible. Conociendo su condición de mandatario que busca la verdad con valentía, le agradecemos de antemano por las acciones que sabemos su Gobierno tomará en relación a nuestros justos pedidos.

Atentamente,

Los 800 Ex Empleados del Banco Popular del Ecuador S.A.

Cc:

Señor Presidente de la República del Ecuador

Señor Presidente del Congreso Nacional del Ecuador

Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador

Señor Vicepresidente de la República del Ecuador

Señora Ministra de Relaciones Exteriores del Ecuador

Señor Procurador General del Estado del Ecuador

Señor Embajador de Colombia en Ecuador

Señor Embajador del Ecuador en Colombia

Medios de comunicación de Ecuador y de Colombia

COLOMBIA ES RESPONSABLE DE LA CAIDA DE BANCO POPULAR DEL ECUADOR

A continuación un resumen al respecto, para quienes deseen información más ampliada, lean documento completo.

COLOMBIA ES RESPONSABLE DE LA CAIDA DE BANCO POPULAR DEL ECUADOR

Enero 11, 2007

1. BANCO POPULAR ESTARIA OPERANDO EL DIA DE HOY SI LA REPUBLICA DE COLOMBIA NO HUBIESE PRESENTADO UNA DEMANDA MALINTENCIONADA EN SU CONTRA EN MIAMI EL JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 1999

2. Banco Popular operaba normalmente al 8 de septiembre de 1999 a pesar del impacto de dos eventos adversos: el cierre de su subsidiaria en Colombia, Banco Andino, en el mes de mayo de 1999 y el anuncio de la calificación “B” (capital inferior al mínimo legal requerido) asignada a Popular en junio.

3. La República de Colombia presentó una demanda civil en Miami el 9 de septiembre de 1999 contra Banco Popular y contra Nicolás Landes alegando un presunto fraude por $175 millones de dólares en perjuicio de la DIAN. En forma artera, la República de Colombia sorprendió a la juez federal Patricia Seitz y logró que ella, el mismo día que ingresó la demanda, y sin análisis alguno o siquiera escuchar a los demandados, ordene el cierre inmediato de la Agencia Miami de Banco Popular y el congelamiento inmediato de todos los depósitos que Banco Popular del Ecuador mantenía en sus bancos corresponsales en Estados Unidos. Esta noticia difundida por el gobierno colombiano el mismo 9 de septiembre mediante una rueda de prensa en Miami y a través de las agencias noticiosas internacionales motivó una corrida de depósitos en Popular a partir del día siguiente, viernes 10 de septiembre.

4. El gobierno de Colombia presentó esta nueva demanda dos meses después de tener en sus manos un balance absolutamente claro y limpio que desvirtuaba por completo sus acusaciones, balance preparado por funcionarios de la Superintendencia Bancaria de Colombia, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda que era uno de los demandantes.

5. Inmediatamente a su posesión como nuevo Presidente de Banco Popular, Miguel Dávila contrató una auditoría con Deloitte & Touche para investigar el supuesto fraude alegado en la demanda colombiana. El informe entregado el 24 de septiembre de 1999 concluyó que Popular no había recibido un solo dólar ilegítimo de Colombia.

6. Colombia demandó en Miami el 9 de septiembre. Landes fue destituido por Guzmán el día 11. La auditora Deloitte & Touche presentó su informe el 24 de septiembre. Si Guzmán hubiese esperado apenas 13 días antes de actuar contra Landes habría tenido en sus manos el informe de auditoría cuya conclusión fue que la acusación de la República de Colombia era falsa y desprovista de cualquier sustento contable.

7. Ante la Cámara de Representantes de Colombia el 13 de diciembre de 1999 la Directora de la DIAN declaró orgullosamente que su demanda en Miami fue la causa directa e inmediata de la caída de Banco Popular:

“A raíz de esta demanda, y gracias exclusivamente a ella, el Banco Popular fue intervenido por el Gobierno del Ecuador.”

8. En fecha anterior el Superintendente de Bancos del Ecuador, Jorge Guzmán, había aseverado que la República de Colombia fue la causante de la caída de Popular en declaraciones publicadas en El Comercio el 8 de octubre de 1999:

"Si Usted analiza a los dos bancos [Popular y Previsora], estos se van por hechos que son imprevistos. En el caso del Popular, fue el tema de Colombia que le produjo una corrida."

9. En agosto 2001 la juez Seitz desechó la demanda civil de Colombia contra Popular y Landes. En noviembre 2002 una Corte Federal de Apelaciones en Atlanta ratificó el fallo de la juez Seitz.

10. En octubre 2006 el juez penal 45 de Bogotá, Luis Hernando Calixto, dictó un fallo absolutorio a favor de Nicolás Landes y todos los demás acusados del supuesto fraude por el gobierno de Colombia.

11. En virtud de un informe exculpatorio de “auditoría penal” de Banco Popular preparado por el Dr. Dimitri Durán y presentado al Directorio de la AGD el 16 de mayo de 2000, la AGD no inició una sola acción penal contra los ex administradores de Popular.

12. En el momento judicial oportuno, los ex empleados y ex accionistas de Banco Popular presentarán una demanda contra la República de Colombia reclamando un desagravio oficial y público, así como una compensación económica por los daños y perjuicios causados por Colombia.

DOCUMENTO COMPLETO, CONTIENE HIPERVINCULOS A TODOS LOS DOCUMENTOS DE RESPALDO!

COLOMBIA ES RESPONSABLE DE LA CAIDA DE BANCO POPULAR DEL ECUADOR

Enero 22, 2007

1. BANCO POPULAR ESTARIA OPERANDO EL DIA DE HOY SI LA REPUBLICA DE COLOMBIA NO HUBIESE PRESENTADO UNA DEMANDA MALINTENCIONADA EN SU CONTRA EN MIAMI EL JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 1999

2. ANTECEDENTES

2.1 Banco Popular operaba normalmente al 8 de septiembre de 1999 a pesar del impacto de dos eventos adversos: el cierre de su subsidiaria en Colombia, Banco Andino, en el mes de mayo de 1999 y el anuncio de la calificación “B” (capital inferior al mínimo legal requerido) asignada a Popular en junio.

2.2 PRUEBA 1: el informe de un equipo de auditores internacionales de Arthur Andersen contratados por la Superintendencia de Bancos, de fecha 18 de junio de 1999, que asignó a Banco Popular una calificación “A”, o sea, que a su criterio Popular tenía un capital superior al mínimo legal requerido. [DOC. No. 1] Esta calificación fue rebajada a la categoría “B” por decisión arbitraria del Superintendente de Bancos Jorge Guzmán, solo 2 días antes de la publicación de las calificaciones asignadas a todos los bancos privados nacionales.

2.3 PRUEBA 2: la carta de compromiso de la empresa estatal británica especializada en inversiones de riesgo en países en desarrollo Commonwealth Development Corporation (CDC) para invertir $25 millones en un futuro aumento de capital de Banco Popular. Dicha carta fue emitida el 16 de julio de 1999, después de una exhaustiva auditoría a Banco Popular realizada por sus propios funcionarios durante el mes de junio 1999 en Quito. [DOC. No. 2]

2.4 PRUEBA No. 3: Popular no tenia al 8 de septiembre de 1999 préstamos de liquidez del Banco Central, al contrario de muchos otros bancos nacionales, tal como Banco del Pacífico que fue obligado a recurrir al Banco Central para enfrentar una corrida de depósitos a raíz del cierre de su subsidiaria en Colombia en mayo 1999.

3. LA DEMANDA DE COLOMBIA EN MIAMI EL DIA 9.9.99

3.1 La República de Colombia presentó una demanda civil en Miami el 9 de septiembre de 1999 contra Banco Popular y contra Nicolás Landes alegando un presunto fraude por $175 millones de dólares en perjuicio de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) y los depositantes de Banco Andino de Colombia (perteneciente al Grupo Popular) supuestamente ejecutado mediante transferencias ilegales de fondos de Banco Andino a Banco Popular entre diciembre 1998 y mayo 1999. Es indispensable recordar que precisamente en esa época de crisis bancaria nacional todos los bancos ecuatorianos, incluyendo Popular, estaban bajo una supervisión muy estricta de la Superintendencia de Bancos.

3.2 En forma artera, la República de Colombia sorprendió a la juez federal Patricia Seitz y logró que ella, el mismo día que ingresó la demanda, y sin análisis alguno o siquiera escuchar a los demandados, ordene el cierre inmediato de la Agencia Miami de Banco Popular y el congelamiento inmediato de todos los depósitos que Banco Popular del Ecuador mantenía en sus bancos corresponsales en Estados Unidos. Esta noticia difundida por el gobierno colombiano el mismo 9 de septiembre mediante una rueda de prensa en Miami y a través de las agencias noticiosas internacionales motivó una corrida de depósitos en Popular a partir del día siguiente, viernes 10 de septiembre.

3.3 Nicolás Landes fue destituido el sábado 11 por el Superintendente de Bancos Jorge Guzmán. El nombró a Miguel Dávila, funcionario del Banco Central, nuevo Presidente Ejecutivo de Popular. La concesión del primer préstamo de liquidez del Banco Central a Banco Popular a fin que éste pudiese atender normalmente a sus depositantes fue condicionado a la garantía personal de Nicolás Landes. O sea que Landes, quien ya estaba fuera del Banco, fue obligado a garantizar un préstamo futuro de cuantía incierta a ser administrado por Miguel Dávila u otros funcionarios estatales, bajo la amenaza oficial de cerrar inmediatamente a Popular. Dos semanas más tarde, el domingo 26 de septiembre, el Directorio de la AGD resolvió la expropiación de Popular sin compensación a sus accionistas mediante la figura de “saneamiento abierto”.

4. LA REPUBLICA DE COLOMBIA ACTUO DE MALA FE CONTRA BANCO POPULAR DEL ECUADOR Y NICOLAS LANDES

4.1 Apenas 3 semanas después de intervenido el Banco Andino, la DIAN presentó una denuncia penal en Bogotá contra los directivos del Andino y contra Landes el 18 de junio de 1999, antes que la Superintendencia Bancaria de Colombia rindiese su informe preliminar de inspección en Andino. Su informe final, entregado en enero 2000, no solo no confirmó las acusaciones de la DIAN sino que ni siquiera las mencionó.

4.2 Un mes después de presentada la denuncia penal, el 12 de julio de 1999, un equipo de auditores de la Superintendencia Bancaria de Colombia presentó un balance de Banco Andino cortado a la fecha de cierre del banco (20 de mayo) acompañado de 32 páginas de notas de auditoría. Dicho informe no reveló faltantes, discrepancias contables o indicio alguno de fraude en Andino. No obstante este informe, la DIAN, el Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la República de Colombia presentaron una demanda civil en Miami el 9 de septiembre. El gobierno de Colombia presentó esta nueva demanda dos meses después de tener en sus manos un balance absolutamente claro y limpio que desvirtuaba por completo sus acusaciones, balance preparado por funcionarios de la Superintendencia Bancaria de Colombia, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda que era uno de los demandantes.

4.3 El 28 de agosto de 2000 el Liquidador de Banco Andino, funcionario de Fogafin, otra entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, declaró ante la Fiscalía en Bogotá que no había encontrado fraude ni irregularidad alguna en Andino y además, que sí existían en el Banco Andino suficientes bienes para poder cancelar el 100% de lo adeudado a la DIAN y a los depositantes. A pesar de esta afirmación oficial, Colombia persistió tanto en su demanda civil en Miami como en la penal en Bogotá.

4.4 Inmediatamente a su posesión como nuevo Presidente de Banco Popular, Miguel Dávila contrató una auditoría con Deloitte & Touche para investigar el supuesto fraude alegado en la demanda colombiana. El informe entregado el 24 de septiembre de 1999 concluyó que Popular no había recibido un solo dólar ilegítimo de Colombia. [DOC. No.3] Respaldado por este informe, Dávila hizo la siguiente declaración publicada en el diario HOY de Quito el 23 de diciembre de 1999:

“...que existe un informe especial elaborado por la auditora Deloitte & Touche, que determina que las transacciones entre el Banco Andino de Colombia y el Banco Popular del Ecuador (ambos con el mismo accionista) tienen origen lícito y esa es la posición que se mantendrá ante el juzgado de la Florida. ...” [DOC. No. 4]

4.5 No obstante esta tajante negativa oficial ecuatoriana de la existencia del supuesto fraude, la República de Colombia mantuvo su demanda en EE.UU. Repitiendo este rechazo oficial ecuatoriano a la demanda colombiana Miguel Dávila, para esa fecha el Superintendente de Bancos, rindió una confesión judicial en Quito el 22 de octubre de 2001 en la cual, bajo juramento, ratificó en forma ampliada lo declarado en diciembre 1999 al diario HOY. Esta confesión fue incorporada a los procesos judiciales en Miami y en Bogotá. [DOC. No. 5]

4.6 Ante la Cámara de Representantes de Colombia el 13 de diciembre de 1999 la Directora de la DIAN declaró orgullosamente que su demanda en Miami fue la causa directa e inmediata de la caída de Banco Popular:

“A raíz de esta demanda, y gracias exclusivamente a ella, el Banco Popular fue intervenido por el Gobierno del Ecuador.” [DOC. No. 18]

4.7 En fecha anterior el Superintendente de Bancos del Ecuador, Jorge Guzmán, había aseverado que la República de Colombia fue la causante de la caída de Popular en declaraciones publicadas en El Comercio el 8 de octubre de 1999:

"Si Usted analiza a los dos bancos [Popular y Previsora], estos se van por hechos que son imprevistos. En el caso del Popular, fue el tema de Colombia que le produjo una corrida." [DOC. No. 7]

4.8 Hoy hasta la prensa colombiana reconoce el montaje realizado por el gobierno de Colombia contra Banco Popular y, especialmente, contra Nicolás Landes. Roberto Posada, quien escribe con el seudónimo D’Artagnan, talvez el columnista colombiano más leído y conocido, en su columna Torre del 10 de diciembre de 2006 en el diario El Tiempo de Bogotá publicó lo siguiente:

“Hechos, personajes y decepciones del año ....

Montaje del año: antes que los falsos positivos, el que le hicieron al banquero Nicolás Landes, para venir a descubrirse su inocencia cuando literalmente está al borde de morirse.” [DOC. No. 8]

5 LA REPUBLICA DE COLOMBIA ACTUO DE MALA FE CONTRA BANCO POPULAR DEL ECUADOR PARA PROTEGER A ALTOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO PASTRANA VINCULADOS A BANCO DEL PACIFICO

5.1 Banco del Pacífico de Colombia fue cerrado por la Superintendencia colombiana el mismo día que Banco Andino (20 de mayo de 1999) y por la misma razón: una corrida de depósitos iniciada por la noticia del “feriado bancario” en Ecuador el 7 de marzo de 1999 y mantenida por el posterior “congelamiento” de depósitos bancarios. Pacífico adeudaba a esa fecha $32 millones al Fisco colombiano por concepto de impuestos recaudados pero no entregados al Estado.

5.2 Asustados ante el inminente escándalo que armaría la oposición política colombiana, altos funcionarios del gobierno Pastrana resolvieron crear una cortina de humo para ocultar sus vínculos con Pacífico Colombia y evitar una investigación de las múltiples irregularidades cometidas por ellos en ese banco, comenzando por muy sustanciales auto-préstamos. La cortina de humo fue armar un escándalo contra Banco Popular del Ecuador y contra Nicolás Landes.

5.3 Con este objetivo aquellos altos funcionarios presentaron una denuncia penal en manos del Fiscal General en una rueda de prensa en Bogotá el 18 de junio de 1999. Con el mismo objetivo las autoridades colombianas anunciaron la demanda civil en Miami el 9 de septiembre de 1999 con sendas ruedas de prensa en esa ciudad y comunicados difundidos al mundo entero por agencias noticiosas internacionales. Ellos también propiciaron debates en la Cámara de Representantes y el Senado colombianos el 13 y 14 de diciembre 1999 para difamar a Nicolás Landes tachándolo de estafador y delincuente internacional. Eso sí, se preocuparon de exculpar expresamente a Banco del Pacífico de cualquier sospecha de delito.

5.4 ¿Quienes eran estas autoridades capaces de abusar en esta forma del poder del Estado colombiano en provecho personal? Entre otros: Luis Alberto Moreno (ex Presidente del Directorio de Banco del Pacífico Ecuador en su calidad de gerente de Westsphere entidad representante de los accionistas extranjeros en Pacifico, luego Embajador de Colombia en Washington y actualmente Presidente del BID); Luis Fernando. Ramírez (Ministro de Defensa, socio de Moreno en Westsphere y Director de Banco del Pacifico Colombia); Jacobo Bibliowicz (financista de la campaña presidencial de Pastrana y Director de Pacifico Colombia, además de ser uno de los principales deudores del mismo banco); Gabriel Meza, Secretario General de la Presidencia, y Camilo Gomez, Alto Comisionado de la Paz. También consta en este listado Fernando Londoño Hoyos, ex Presidente del Directorio de Pacifico Colombia, posteriormente nombrado Ministro de Gobierno por Alvaro Uribe en agosto 2002. Como Ministro de Gobierno, Londoño solicitó a EE.UU. la extradición de Nicolás Landes, extradición que no fue tramitada por los EE.UU.

5.5 La cortina de humo montada por estos altos funcionarios colombianos fue exitosa: el Banco del Pacífico no fue sujeto de una sola investigación penal o acción judicial, sea en Colombia o sea en el exterior. El informe de irregularidades preparado por la Superintendencia Bancaria de Colombia fue archivado. Ni tampoco causó reacción judicial en Colombia el comunicado de la DIAN de fecha 29 de junio de 2005 en el cual anunció la pérdida del 40% de los valores adeudados por Pacifico Colombia al Fisco, aproximadamente $13 millones de dólares (además de la pérdida del 40% de los depósitos de sus clientes). Irónicamente, ese mismo comunicado informó oficialmente la devolución del 100% de los impuestos adeudados por Andino. [DOC. No. 9 ]

5.6 La juez federal Patricia Seitz ordenó el 9 de septiembre de 1999 el inmediato congelamiento de los depósitos de Banco Popular en los EE.UU. y el inmediato cierre de su Sucursal en Miami atendiendo un pedido expreso de la República de Colombia. En una audiencia pública en septiembre 2000 ella dijo que, “Es una cuestión bien definida, que yo nunca debí haber dictado la medida cautelar”. O sea, un año más tarde, la juez admitió que nunca debió haber decretado el embargo de bienes de Popular y el cierre intempestivo de su oficina en Miami. En agosto 2001 la juez Seitz desechó la demanda civil de Colombia contra Popular y Landes. En noviembre 2002 una Corte Federal de Apelaciones en Atlanta ratificó el fallo de la juez Seitz.

5.7 Colombia perdió el juicio en EE.UU. Pero al gobierno de Colombia no le importó gastar $3 millones en honorarios legales para mantener ante las Cortes norteamericanas durante más de 3 años una demanda maliciosa, temeraria y desprovista de sustento alguno, causándoles irreparables perjuicios a Banco Popular del Ecuador, a sus empleados, accionistas y clientes.

5.8 En octubre 2006 el juez penal 45 de Bogotá, Luis Hernando Calixto, dictó un fallo absolutorio a favor de Nicolás Landes y todos los demás acusados del supuesto fraude por el gobierno de Colombia. El juez determinó que no fue distraído un solo dólar de Colombia a favor de Banco Popular y que nunca existió el fraude inventado por el gobierno colombiano. Pero durante más de siete años desde 1999 hasta 2006 el gobierno de Colombia no se cansó de repetir a los cuatro vientos las acusaciones contra Nicolás Landes.

5.9 Los fallos judiciales en EE.UU. y en Colombia son categóricos. No dejan duda alguna que las demandas civil y penal de la República de Colombia contra Banco Popular y Nicolás Landes fueron burdos montajes diseñados con fines políticos para proteger los intereses personales de altos funcionarios del gobierno de Colombia vinculados a Banco del Pacífico.

6 DOS LIBROS PUBLICADOS EN COLOMBIA DESCRIBEN Y DOCUMENTAN LA AGRESIÓN COLOMBIANA CONTRA BANCO POPULAR DEL ECUADOR Y NICOLAS LANDES

6.1 El afamado periodista e investigador colombiano Alberto Donadío escribió el libro “LOS FARSANTES – Banco Andino: el fraude que nunca existió” (Hombre Nuevo Editores; Medellín, Colombia; noviembre 2003). Para facilitar la lectura de este libro se preparó un resumen del mismo. [DOC. No. 10]

6.2 El destacado Senador colombiano Gustavo Petro escribió el libro “EL CASO DEL BANCO DEL PACÍFICO” (Intermedio Editores; Bogotá, Colombia; 2005). Para facilitar la lectura de este libro se preparó un resumen del mismo. [DOC. No. 16] Una columna reciente del periodista D’Artagnan publicada en el diario El Tiempo de Bogotá describe el gran peso que tiene hoy el Senador Petro en Colombia. [DOC. No. 17]

7 EL GOBIERNO DE COLOMBIA CONTO CON SOCIOS ECUATORIANOS PARA CAUSAR LA CAIDA DE POPULAR

7.1 Las autoridades ecuatorianas, lejos de respaldar a uno de los grandes bancos nacionales ante una agresión de Colombia motivada por problemas políticos internos, por el contrario colaboraron para hundir rápidamente a Popular. En efecto, el entonces Superintendente de Bancos, Jorge Guzmán Ortega, exigió a Nicolás Landes su renuncia el sábado 11 de septiembre, transcurridas apenas 48 horas desde la demanda de Colombia en Miami. Guzmán rehusó conceder una cita a Landes el día viernes 10 para revisar la naturaleza temeraria de la demanda colombiana porque Guzmán alegó que “ya conocía” dicha demanda.

7.2 Que la remoción de Nicolás Landes se debió exclusivamente a la demanda planteada en Miami por Colombia en contra suya y de Banco Popular lo afirmó Miguel Dávila en 2001 cuando era Superintendente de Bancos en la siguiente declaración escrita:

"A solicitud del señor Santiago Cuesta Caputi, abogado del señor Ivan Nicholls Landes Guerrero, puedo afirmar que, según mi conocimiento y en calidad de Superintendente de Bancos del Ecuador, la decisión de las autoridades de control bancario y monetarias de la República del Ecuador de solicitar la renuncia del señor Iván Nicholls Landes Guerrero a la Presidencia Ejecutiva del Banco Popular del Ecuador el día sábado 11 de septiembre de 1999, se produjo motivada por las consecuencias negativas de las medidas cautelares, solicitadas por la República de Colombia y ordenadas el 9 de septiembre de 1999 por una Corte Federal de Miami, Florida de Estado Unidos de Norte América, que determinan el cierre de la Agencia Miami de Banco Popular y congelamiento de los bienes existentes en los Estados Unidos de América de propiedad de todas las personas naturales y entidades demandadas por dicha República.

La consecuencia inmediata de dichas órdenes judiciales, difundidas a través de los medios de comunicación ecuatorianos y extranjeros el mismo día jueves 9 de septiembre de 1999, fue un retiro masivo de depósitos, pues la demanda y la inmediata orden judicial de congelamiento de fondos del Banco Popular, logró despojar a la administración y en especial a su Presidente Ejecutivo de dicho banco, de su credibilidad y de la confianza del público, elementos esenciales para la normal operación de un banco comercial". [DOC. No. 11]

7.3 Pero que además existió una actitud hostil de Jorge Guzmán contra Nicolás Landes quedó plasmada en declaraciones suyas publicadas en el diario La Hora de Quito el 15 de febrero de 2000:

"En contra de Nicolás Landes se procedió apenas se produjo el escándalo en Colombia. Llamé a Landes y le pedí la renuncia, lo sacamos del banco y luego perdió sus acciones también." [DOC. No. 12]

7.4 Jorge Guzmán había sido Director Jurídico de Banco del Pacífico por muchos años antes de asumir la Superintendencia de Bancos. Su sucesor como Superintendente fue Juan Falconí Puig, Director de Pacífico. Todos los procesos penales contra Nicolás Landes en Ecuador fueron iniciados por estos dos Superintendentes íntimamente vinculados a Banco del Pacifico, entidad que fue rescatada de la quiebra gracias a una capitalización del orden de $300 millones efectuada por el Banco Central, razón por la cual nunca fue sometido al proceso de “saneamiento” y nunca fue sujeto a la “auditoria penal” exigida por la ley que creo la AGD. Ricardo Noboa, hermano del presidente Gustavo Noboa y Presidente del CONAM durante su mandato, fue otro Director de Pacífico.

7.5 En virtud de un informe exculpatorio de “auditoría penal” de Banco Popular preparado por el Dr. Dimitri Durán y presentado al Directorio de la AGD el 16 de mayo de 2000, la AGD no inició una sola acción penal contra los ex administradores de Popular.

7.6 Lo más extraño es que el Superintendente Guzmán actuó de inmediato contra Popular y Landes sin esperar el resultado de la auditoría externa contratada por el Estado para investigar el fraude alegado por Colombia. Colombia demandó en Miami el 9 de septiembre. Landes fue destituido por Guzmán el día 11. La auditora Deloitte & Touche presentó su informe el 24 de septiembre. Si Guzmán hubiese esperado apenas 13 días antes de actuar contra Landes habría tenido en sus manos el informe de auditoría cuya conclusión fue que la acusación de la República de Colombia era falsa y desprovista de cualquier sustento contable.

8 EL GOBIERNO ECUATORIANO JAMAS RECLAMO A COLOMBIA EL ENORME DAÑO CAUSADO POR ESTA AGRESIÓN CONTRA BANCO POPULAR DEL ECUADOR

8.1 Qué diferencia de comportamiento del gobierno ecuatoriano en 1999 con gobiernos de los demás países que más bien se esfuerzan por promover, respaldar e inclusive proteger a sus grandes empresas nacionales cuando realizan negocios en el exterior! Aquel gobierno ecuatoriano no solo abandonó a Banco Popular del Ecuador a su suerte –y por tanto abandonó a sus empleados, accionistas y clientes- sino que participó activamente en la destrucción de Popular. Esa postura sumisa del Ecuador frente a Colombia también marca un contraste radical con la defensa enérgica y altiva que realizan hoy el gobierno actual y el presidente electo. El columnista Raúl Gangotena escribió “Tiro al Banco” publicado en El Comercio en octubre 1999 donde describe magistralmente esta indefensión frente a la agresión de Colombia que hundió a Banco Popular:

“Pero la devastación [de Banco Popular] no tuvo vuelta y afectó a varios miles de ecuatorianos que pertenecen a un Estado que no ha hecho absolutamente nada por protegerlos. ¿Qué pasa cada vez que un ciudadano o una compañía norteamericana, francesa o australiana son afectados por alguna acción realizada en el Ecuador? Las embajadas se movilizan de inmediato para proteger a esos ciudadanos o compañías. Tan es así que los latinoamericanos se enojan con esos países, pues cada desafuero de algún autócrata, o un burócrata abusivo, o un juez desaprensivo, produce una acción de defensa. Por eso, ser súbdito británico o belga, holandés, sueco o japonés; ciudadano alemán o italiano, vale la pena. Esos Estados les dan seguridad. ... Es que en cambio, ser ciudadano de un Estado precario como el ecuatoriano parece ser un peligro. Lo último que uno puede esperar de su Estado es protección. Lo más probable es que sea objeto de toda la gama de formas de persecución.” [DOC. No.13]

8.2 Cuando Colombia presentó su demanda en Miami el 9 de septiembre de 1999 Banco Popular era una entidad privada. Dos semanas más tarde, el 26 de septiembre, la AGD estatizó al Popular. A partir de ese momento era el Estado ecuatoriano el demandado por Colombia. Durante más de 3 años, desde septiembre 1999 hasta noviembre 2002, el Estado ecuatoriano a través de la AGD tuvo que defenderse de una acusación de fraude masivo planteada por la República de Colombia. Colombia mantuvo su acusación judicial en Miami después que Popular se convirtió en banco estatal y, peor todavía, ratificó su acusación de fraude contra el Estado ecuatoriano cuando presentó una demanda reformulada ante la Corte Federal en Miami en diciembre 1999, tres meses después de la estatización del Banco. Colombia, sin pudor ni vergüenza, acusó al Estado ecuatoriano de fraude masivo e ignoró todas las pruebas de descargo que presentaron los abogados del Ecuador desvirtuando la existencia de un fraude cuyo supuesto beneficiario era, a final de cuentas, el Estado ecuatoriano como propietario de Banco Popular.

8.3 Que Colombia demandó al Estado ecuatoriano con premeditación y alevosía se desprende de la siguiente declaración de la Directora de la DIAN ante la Cámara de Representantes de Colombia el día 13 de diciembre de 1999, después que Colombia presentó la demanda reformulada ante la Corte en Miami contra el Estado ecuatoriano:

“Por qué estoy diciendo que el Gobierno ecuatoriano es ahorita nuestra contra parte: porque a raíz de la acción que tomó el Gobierno colombiano de demandar a... este banco específicamente en el Ecuador, el Gobierno ecuatoriano tomó posesión del Banco Popular en el Ecuador...” [DOC. No. 6]

8.4 No satisfecha con esta acusación, Colombia rechazó un intento del Estado ecuatoriano de trasladar el juicio de Miami al Ecuador en un difamante escrito que en el cual Colombia aseveró ante una Corte Federal en los EE.UU. que Ecuador era un país tan corrupto que sería imposible que Colombia recibiese allí un trato imparcial y justo. A continuación extractos de dicho escrito judicial colombiano fechado 28 de agosto de 2000, traducidos al castellano: [DOC. No. 14]

“En particular, el gobierno ecuatoriano es (y ha sido por mucho tiempo) ampliamente conocido por su inestabilidad y su sistema judicial notorio por su corrupción – a tal punto que no hay absolutamente razón alguna para creer que la República de Colombia recibirá un tratamiento justo en el Ecuador en un proceso contra Banco Popular, un banco que ahora pertenece y es controlado por el gobierno ecuatoriano....” [pag. 4]

“Esta Corte puede (y debe) tomar nota judicial de la inestabilidad y corrupción que son plagas del Ecuador...” [pag. 5]

“Así mismo, las conclusiones de los Declarantes por cuenta de Banco Popular.... proclamando la imparcialidad del derecho ecuatoriano son insuficientes, irrelevantes, y deben ser retiradas del proceso a la luz de la incontrovertible evidencia que confirma la corrupción del sistema legal ecuatoriano.” [pag. 9]

8.5 La AGD, o sea el Estado ecuatoriano, se vio obligada por Colombia a contratar a un despacho jurídico en Miami para su defensa judicial. Los honorarios del bufete Hughes, Hubbard & Reed sumaron más de $1 millón, sin contar viajes, llamadas telefónicas, fax, y otros gastos incurridos en este largo proceso judicial.

8.6 Luego del primer fallo contrario a Colombia en Miami en agosto 2001 el entonces Superintendente de Bancos Miguel Dávila declaró a El Comercio (septiembre 1, 2001) su intención de presentar una contra demanda a Colombia en las cortes de Miami por los daños y perjuicios causados al Ecuador. Dávila estimó dichos daños en $525 millones. [DOC. No. 15]

8.7 Ecuador llegó a preparar en octubre 2001 un borrador de contra demanda a Colombia en Miami, pero aparentemente funcionarios del gobierno de Gustavo Noboa vetaron este intento de resarcir los enormes perjuicios causados por Colombia al Ecuador. El Estado ecuatoriano no ha iniciado hasta esta fecha ninguna demanda u otro reclamo judicial o extra judicial contra la República de Colombia.

8.8 Esta cifra de $525 millones no considera el daño inconmensurable causado por la República de Colombia a los 800 empleados del Grupo Financiero Popular quienes perdieron su trabajo y vieron truncadas sus carreras profesionales, el daño a los 2.000 accionistas de Popular (a través de la holding CEVAL) quienes perdieron su capital, y el daño a las decenas de miles de clientes de Popular, tanto depositantes como deudores, quienes sufrieron los malestares propios del cierre del Banco. Eso sí, la gran mayoría de los clientes cobraron el 100% de sus depósitos hasta diciembre 1999, gracias a la alta calidad y liquidez de los activos de Banco Popular. Los pagos finales a unos pocos depositantes se efectuaron hasta septiembre 2002.

8.9 En el momento judicial oportuno, los ex empleados y ex accionistas de Banco Popular presentarán una demanda contra la República de Colombia reclamando un desagravio oficial y público, así como una compensación económica por los daños y perjuicios causados por Colombia.