VIDEO DE ECUAVISA
JUEVES 30 DE JULIO DEL 2009
www.blogger.com/video-play.mp4?contentId=1e19962f805ae932&type=video%2Fmp4
viernes, 7 de agosto de 2009
jueves, 23 de julio de 2009
AMPARO DE LIBERTAD PRESENTADO POR NICOLÁS LANDES
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 23 de julio de 2009
Hoy se llevará a cabo una audiencia en la Presidencia de la Corte Provincial por el AMPARO DE LIBERTAD presentado por el señor Nicolás Landes. Mediante este amparo, se solicita al Presidente de la Corte Provincial que disponga la libertad inmediata del señor Landes porque, cumplida su condena, él ahora está DETENIDO ARBITRARIA E ILEGALMENTE.
La Asamblea Constituyente aprobó, en julio 2008, la Ley de REBAJA DE PENAS "por méritos". Esta Ley estipula que, cuando una persona ha cumplido el 50% de su condena, TIENE DERECHO A SOLICITAR SU LIBERTAD, siempre y cuando sea merecedor de una rebaja, en virtud de su comportamiento durante el tiempo que ha estado detenido.
El señor Landes fue sentenciado a ocho años y ya lleva detenido CUATRO AÑOS Y UN MES. Este plazo se computa desde su detención en Costa Rica el 24 de junio de 2005, por un pedido de EXTRADICIÓN del Gobierno del Ecuador, hasta el día de hoy. Como el señor Landes ya cumplió más de la mitad de su condena, tiene DERECHO a solicitar la rebaja de pena y, en consecuencia, obtener su libertad inmediata.
Las autoridades del ex Penal García Moreno calificaron al señor Landes por su excelente conducta y convivencia, así como por sus estudios y trabajos. En consecuencia, propusieron una rebaja "por méritos" del 50%, o sea, de CUATRO AÑOS. Esta rebaja de cuatro años, sumada a los cuatro años de prisión, determina que el señor Landes ha CUMPLIDO SU CONDENA y, por tanto, tiene DERECHO a su libertad inmediata.
La antes mencionada Ley indica que un tribunal penal debe aprobar la rebaja de pena si la persona presa ha cumplido los requisitos formales que estipula la Ley. Sorprendentemente, el Tercer Tribunal Penal de Pichincha, el mismo que juzgó y sentenció al señor Landes, resolvió negar esta rebaja meritoria presentada por las autoridades del ex penal García Moreno.
En su resolución, el Tercer Tribunal afirmó que el certificado expedido por el Director del penal en San José, Costa Rica, contiene "falsedad". Específicamente, cuestiona la fecha de ingreso del señor Landes a esa cárcel, el 24 de junio de 2005. Este certificado es un documento público, debidamente legalizado y, por ende, tiene VALOR DE PRUEBA según los artículos 165 y 188 del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano. Por consiguiente, este certificado tiene validez plena hasta tanto no se compruebe, documentadamente, lo contrario. El criterio adverso del Tercer Tribunal es un parecer meramente subjetivo y personal, que de ninguna manera sustenta su resolución.
El Tercer Tribunal también dio a entender que no debía reconocer el tiempo que el señor Landes estuvo detenido en Costa Rica, alegando que él fue sentenciado a un año de prisión por uso de un pasaporte falso. Sin embargo, en su resolución, el Tercer Tribunal maliciosamente omitió considerar que el Tribunal en Costa Rica le concedió al señor Landes el BENEFICIO de la "ejecución condicional de la pena", es decir, que él no tenía que pasar NI UN SOLO DÍA en la cárcel en Costa Rica, por aquel delito. Por consiguiente, todos y cada uno de los 532 días que el señor Landes estuvo preso en Costa Rica SÍ cuentan para su condena en el Ecuador.
Confiamos que el señor Presidente de la Corte Provincial ordenará la inmediata libertad del señor Landes, aplicando objetiva e imparcialmente la Ley, que tiene que ser igual para todos, y fundamentado en los documentos públicos fidedignos que están en sus manos.
Finalmente, es oportuno recordar una conclusión de la Comisión Investigadora de la Crisis Financiera, creada por el presidente Rafael Correa, mediante Decreto Ejecutivo No. 263, el 9 de abril de 2007:
"... NO había causal suficiente para la quiebra del Banco POPULAR, sino que este último fue llevado a tal situación, con el fin de levantar una cortina de humo para salvar al Banco del Pacífico en Colombia..."
Persona de contacto: Caridad Vela 099720201 – caridadvela@yahoo.com
Quito, 23 de julio de 2009
Hoy se llevará a cabo una audiencia en la Presidencia de la Corte Provincial por el AMPARO DE LIBERTAD presentado por el señor Nicolás Landes. Mediante este amparo, se solicita al Presidente de la Corte Provincial que disponga la libertad inmediata del señor Landes porque, cumplida su condena, él ahora está DETENIDO ARBITRARIA E ILEGALMENTE.
La Asamblea Constituyente aprobó, en julio 2008, la Ley de REBAJA DE PENAS "por méritos". Esta Ley estipula que, cuando una persona ha cumplido el 50% de su condena, TIENE DERECHO A SOLICITAR SU LIBERTAD, siempre y cuando sea merecedor de una rebaja, en virtud de su comportamiento durante el tiempo que ha estado detenido.
El señor Landes fue sentenciado a ocho años y ya lleva detenido CUATRO AÑOS Y UN MES. Este plazo se computa desde su detención en Costa Rica el 24 de junio de 2005, por un pedido de EXTRADICIÓN del Gobierno del Ecuador, hasta el día de hoy. Como el señor Landes ya cumplió más de la mitad de su condena, tiene DERECHO a solicitar la rebaja de pena y, en consecuencia, obtener su libertad inmediata.
Las autoridades del ex Penal García Moreno calificaron al señor Landes por su excelente conducta y convivencia, así como por sus estudios y trabajos. En consecuencia, propusieron una rebaja "por méritos" del 50%, o sea, de CUATRO AÑOS. Esta rebaja de cuatro años, sumada a los cuatro años de prisión, determina que el señor Landes ha CUMPLIDO SU CONDENA y, por tanto, tiene DERECHO a su libertad inmediata.
La antes mencionada Ley indica que un tribunal penal debe aprobar la rebaja de pena si la persona presa ha cumplido los requisitos formales que estipula la Ley. Sorprendentemente, el Tercer Tribunal Penal de Pichincha, el mismo que juzgó y sentenció al señor Landes, resolvió negar esta rebaja meritoria presentada por las autoridades del ex penal García Moreno.
En su resolución, el Tercer Tribunal afirmó que el certificado expedido por el Director del penal en San José, Costa Rica, contiene "falsedad". Específicamente, cuestiona la fecha de ingreso del señor Landes a esa cárcel, el 24 de junio de 2005. Este certificado es un documento público, debidamente legalizado y, por ende, tiene VALOR DE PRUEBA según los artículos 165 y 188 del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano. Por consiguiente, este certificado tiene validez plena hasta tanto no se compruebe, documentadamente, lo contrario. El criterio adverso del Tercer Tribunal es un parecer meramente subjetivo y personal, que de ninguna manera sustenta su resolución.
El Tercer Tribunal también dio a entender que no debía reconocer el tiempo que el señor Landes estuvo detenido en Costa Rica, alegando que él fue sentenciado a un año de prisión por uso de un pasaporte falso. Sin embargo, en su resolución, el Tercer Tribunal maliciosamente omitió considerar que el Tribunal en Costa Rica le concedió al señor Landes el BENEFICIO de la "ejecución condicional de la pena", es decir, que él no tenía que pasar NI UN SOLO DÍA en la cárcel en Costa Rica, por aquel delito. Por consiguiente, todos y cada uno de los 532 días que el señor Landes estuvo preso en Costa Rica SÍ cuentan para su condena en el Ecuador.
Confiamos que el señor Presidente de la Corte Provincial ordenará la inmediata libertad del señor Landes, aplicando objetiva e imparcialmente la Ley, que tiene que ser igual para todos, y fundamentado en los documentos públicos fidedignos que están en sus manos.
Finalmente, es oportuno recordar una conclusión de la Comisión Investigadora de la Crisis Financiera, creada por el presidente Rafael Correa, mediante Decreto Ejecutivo No. 263, el 9 de abril de 2007:
"... NO había causal suficiente para la quiebra del Banco POPULAR, sino que este último fue llevado a tal situación, con el fin de levantar una cortina de humo para salvar al Banco del Pacífico en Colombia..."
Persona de contacto: Caridad Vela 099720201 – caridadvela@yahoo.com
lunes, 20 de julio de 2009
MENSAJE DE NICOLÁS LANDES. LUNES 20 DE JULIO DEL 2009
Quito, 20 de julio de 2009
Queridos expopulares y amigos,
Después de la condena de ocho años que me dictó el Tercer Tribunal Penal en diciembre 2007, resolví que tenía que esperar, con paciencia y en silencio, que se cumpla el plazo legal hasta mi libertad. Supuse que unos años de cárcel habrían aplacado la sed de venganza de ciertas personas, aquellas que empujaron enérgicamente los ataques en los medios de comunicación, mi extradición y mi condena. Ingenuamente pensé que, el día que cumpliese mi sentencia, saldría libre, como cualquier otro preso, tal como sucede a diario en el Penal. No ha resultado así. Ahora que tengo el DERECHO a estar en libertad, estos mismos grupos mueven, tras bastidores, sus influencias y sus billeteras para que yo siga detenido ILEGALMENTE, por un plazo INDEFINIDO.
La ley dispone dos modalidades de libertad anticipada. Una es la "prelibertad", una libertad parcial y limitada, que permite cierto número de días libres por semana y los demás en una casa de confianza (una cárcel de mínima seguridad). El requisito básico es haber cumplido el 40% de la condena. En mi caso, ese plazo se cumplió en septiembre 2008. Presenté en esa fecha mi solicitud de prelibertad. Hasta el día de hoy, DIEZ meses más tarde, NO HA SIDO RESUELTA. Simplemente, está engavetada en la Dirección Nacional de Rehabilitación Social. La prelibertad es un sencillo trámite administrativo que concluye con la firma del Director Nacional. Como él no la ha negado, no puedo apelar al órgano superior, el Consejo Nacional de Rehabilitación, que lo preside el Ministro de Justicia. He recurrido a funcionarios del Ministerio de Justicia y "Derechos Humanos" -cuyas oficinas, irónicamente, están en la torre de Transfiec- e inclusive al propio Ministro, sin resultado alguno. Como a nadie parece preocuparle la injusticia, esta semana plantearé una demanda contra el Director Nacional. Ojalá un juez se anime a obligar a esta burocracia que resuelva mi petición de prelibertad.
La otra modalidad es la "rebaja de pena". La vieja ley del "2x1" fue abolida por el Congreso años atrás pero, en julio 2008, la Asamblea Constituyente aprobó una nueva ley de "rebaja por méritos". Así, la rebaja que antes era automática, ahora hay que merecerla. Los funcionarios en las cárceles califican la conducta, estudios, trabajos y convivencia de cada interno. En función de esas calificaciones, proponen rebajas de hasta el 50% de la condena. Yo tuve una calificación excelente y, por ende, una rebaja del 50%, o sea, de cuatro años.
El pasado 24 de junio cumplí cuatro años preso, ya que fuí detenido en Costa Rica el 24 de junio de 2005. Entonces, sumando estos cuatro años de cárcel a los cuatro años de rebaja, YA CUMPLÍ MI CONDENA. Por tanto, a partir del 24 de junio, tengo DERECHO LEGAL a mi libertad inmediata. Pero, hay una trampa. La ley indica que la rebaja propuesta por el Penal tiene que ser aprobada por un tribunal penal, el mismo que me juzgó y condenó. El Tercer Tribunal Penal de Pichincha, resolvió NEGAR mi rebaja, alegando que NO he cumplido cuatro años de detención. Su argumento es que el certificado firmado por el Director de la cárcel en San José, Costa Rica, debidamente legalizado, contiene una FALSEDAD. Esta es la opinión de la Presidenta de ese tribunal, la Dra. Gladys Terán, la misma que instaló mi audiencia de juzgamiento en diciembre 2007 sin la presencia de un solo testigo para mi defensa.
Ustedes saben, como todo el mundo, que un documento público legalizado, sea nacional o extranjero, tiene VALOR DE PRUEBA, mientras no se confirme que sea falso o adulterado. Pero, a la Dra. Terán le pareció "imposible" (textual) que el certificado tenga fecha de 24 de junio porque el pedido formal de mi extradición fue remitido a Costa Rica por la Cancillería ecuatoriana recién el 15 de julio. La más elemental lógica permite entender que, primero, sucede la detención y, sólo más tarde, llega el pedido de extradición. Sin embargo, el criterio subjetivo y parcializado de esta jueza vale más que un documento oficial costarricense refrendado por el Consulado del Ecuador en ese país.
A esta subjetividad ilegal, la Dra. Terán agrega una arbitrariedad increíble. Si a este tribunal no le "parecía" correcta la fecha del 24 de junio porque el pedido formal de extradición fue enviado el 15 de julio, entonces existía una discrepancia de tan sólo 21 días. Como su fallo fue expedido el día 6 de julio, la diferencia bajó a apenas NUEVE DIAS. Sin embargo, el tribunal negó de plano mi rebaja. Ni siquiera determinó con precisión cual mismo sería la fecha de mi libertad. Es decir, me dejó preso por plazo indefinido. Peor aún, el Tercer Tribunal pidió sanción contra la Directora del Penal por el "delito" de haber firmado mi petición de rebaja, un acto que la Dra. Terán considera un intento de engañar al tribunal para inducirlo a cometer un error. Como consecuencia, el martes pasado la Directora del Penal fue removida de su cargo. Una funcionaria de carrera, quien actuó profesionalmente y acorde con la ley, fue severamente castigada.
Como si lo anterior no fuese suficiente, la Dra. Terán cometió otra gravísima violación a la ley. Mi juicio por el caso "West Merchant" concluyó hace un año, cuando la Corte Suprema confirmó mi sentencia. Hoy, mi petición de rebaja se trata de un mero trámite de "ejecución de pena". La ley que aprobó la Asamblea dice, expresamente, que sólo participan en ese trámite el Penal y el tribunal. Nada de consultas a otras personas. Peor, negar la petición usando los argumentos de esas personas ajenas al trámite. No obstante esta disposición legal, la Dra. Terán decidió que mi libertad tenía que ser consultada con la Fiscalía, con los acusadores particulares (prestanombres de Visión), con el Contralor General, con el Procurador General, con la Superintendente de Bancos y con el Defensor del Pueblo. Sólo faltó consultar al Presidente. A partir del momento que esta jueza decidió que mi libertad depende, ya no de la ley, sino del criterio de un grupo de funcionarios públicos, ella me reconoció un status de PRISIONERO POLÍTICO. Presos condenados por todo tipo de delitos salen a la calle todos los días, sea por prelibertad o sea por rebajas, aplicando los códigos legales vigentes. Pero, está a la vista, que eso no me aplica, porque fui etiquetado como "banquero corrupto".
Un abogado que actúa a nombre de un puñado de supuestos inversionistas de Fondo Visión argumenta que mis 18 meses de prisión en Costa Rica no deben ser computados a mi condena en el Ecuador, porque fui acusado allá por portar un pasaporte falso cuando viajaba al Canadá, a pedir asilo en ese país. Como de costumbre, está equivocado ese abogado. En efecto, fui sentenciado en Costa Rica por aquel delito. Pero, una vez que el Tribunal entendió mi situación, me condenó a la pena mínima, o sea, un año. Sin embargo, y éste es el meollo del asunto, me concedieron el beneficio de la "ejecución condicional de la pena". Esto quiere decir que YO NO TENÍA QUE PASAR UN SOLO DÍA EN PRISIÓN por aquel delito. Por consiguiente, todos y cada uno de los 532 días que estuve preso en Costa Rica fueron por cuenta del pedido de extradición planteado por el gobierno ecuatoriano. Entonces, sin la más mínima duda, esos 532 días SÍ SON COMPUTABLES para mi condena en el Ecuador.
En estos días estoy empeñado en presentar todos los recursos judiciales posibles, aún cuando no tengo abogado fijo. Pero, después de ver como algunos funcionarios de la mal llamada "justicia" se doblegan ante presiones de distinto índole, incluyendo las económicas, no puedo seguir esperando resignadamente, por un plazo indefinido, en la esperanza que algún dictamen judicial diga que tengo la razón. Veo la necesidad imperiosa de recurrir a los medios de comunicación para publicitar este atropello. También siento que es indispensable recurrir a ustedes para pedirles nuevamente su apoyo. En este momento, para que ustedes ayuden a explicar esta situación, especialmente entre sus parientes y amigos. A futuro, dependiendo qué suceda en el plano judicial, tal vez tenga que pedirles otros tipos de respaldo.
Agradezco, una vez más, la solidaridad que ustedes me han manifestado a lo largo de todos estos años. Y, de antemano, les agradezco por todo el apoyo que ustedes me puedan brindar en estos días para lograr recuperar mi libertad.
Nicolás Landes
Queridos expopulares y amigos,
Después de la condena de ocho años que me dictó el Tercer Tribunal Penal en diciembre 2007, resolví que tenía que esperar, con paciencia y en silencio, que se cumpla el plazo legal hasta mi libertad. Supuse que unos años de cárcel habrían aplacado la sed de venganza de ciertas personas, aquellas que empujaron enérgicamente los ataques en los medios de comunicación, mi extradición y mi condena. Ingenuamente pensé que, el día que cumpliese mi sentencia, saldría libre, como cualquier otro preso, tal como sucede a diario en el Penal. No ha resultado así. Ahora que tengo el DERECHO a estar en libertad, estos mismos grupos mueven, tras bastidores, sus influencias y sus billeteras para que yo siga detenido ILEGALMENTE, por un plazo INDEFINIDO.
La ley dispone dos modalidades de libertad anticipada. Una es la "prelibertad", una libertad parcial y limitada, que permite cierto número de días libres por semana y los demás en una casa de confianza (una cárcel de mínima seguridad). El requisito básico es haber cumplido el 40% de la condena. En mi caso, ese plazo se cumplió en septiembre 2008. Presenté en esa fecha mi solicitud de prelibertad. Hasta el día de hoy, DIEZ meses más tarde, NO HA SIDO RESUELTA. Simplemente, está engavetada en la Dirección Nacional de Rehabilitación Social. La prelibertad es un sencillo trámite administrativo que concluye con la firma del Director Nacional. Como él no la ha negado, no puedo apelar al órgano superior, el Consejo Nacional de Rehabilitación, que lo preside el Ministro de Justicia. He recurrido a funcionarios del Ministerio de Justicia y "Derechos Humanos" -cuyas oficinas, irónicamente, están en la torre de Transfiec- e inclusive al propio Ministro, sin resultado alguno. Como a nadie parece preocuparle la injusticia, esta semana plantearé una demanda contra el Director Nacional. Ojalá un juez se anime a obligar a esta burocracia que resuelva mi petición de prelibertad.
La otra modalidad es la "rebaja de pena". La vieja ley del "2x1" fue abolida por el Congreso años atrás pero, en julio 2008, la Asamblea Constituyente aprobó una nueva ley de "rebaja por méritos". Así, la rebaja que antes era automática, ahora hay que merecerla. Los funcionarios en las cárceles califican la conducta, estudios, trabajos y convivencia de cada interno. En función de esas calificaciones, proponen rebajas de hasta el 50% de la condena. Yo tuve una calificación excelente y, por ende, una rebaja del 50%, o sea, de cuatro años.
El pasado 24 de junio cumplí cuatro años preso, ya que fuí detenido en Costa Rica el 24 de junio de 2005. Entonces, sumando estos cuatro años de cárcel a los cuatro años de rebaja, YA CUMPLÍ MI CONDENA. Por tanto, a partir del 24 de junio, tengo DERECHO LEGAL a mi libertad inmediata. Pero, hay una trampa. La ley indica que la rebaja propuesta por el Penal tiene que ser aprobada por un tribunal penal, el mismo que me juzgó y condenó. El Tercer Tribunal Penal de Pichincha, resolvió NEGAR mi rebaja, alegando que NO he cumplido cuatro años de detención. Su argumento es que el certificado firmado por el Director de la cárcel en San José, Costa Rica, debidamente legalizado, contiene una FALSEDAD. Esta es la opinión de la Presidenta de ese tribunal, la Dra. Gladys Terán, la misma que instaló mi audiencia de juzgamiento en diciembre 2007 sin la presencia de un solo testigo para mi defensa.
Ustedes saben, como todo el mundo, que un documento público legalizado, sea nacional o extranjero, tiene VALOR DE PRUEBA, mientras no se confirme que sea falso o adulterado. Pero, a la Dra. Terán le pareció "imposible" (textual) que el certificado tenga fecha de 24 de junio porque el pedido formal de mi extradición fue remitido a Costa Rica por la Cancillería ecuatoriana recién el 15 de julio. La más elemental lógica permite entender que, primero, sucede la detención y, sólo más tarde, llega el pedido de extradición. Sin embargo, el criterio subjetivo y parcializado de esta jueza vale más que un documento oficial costarricense refrendado por el Consulado del Ecuador en ese país.
A esta subjetividad ilegal, la Dra. Terán agrega una arbitrariedad increíble. Si a este tribunal no le "parecía" correcta la fecha del 24 de junio porque el pedido formal de extradición fue enviado el 15 de julio, entonces existía una discrepancia de tan sólo 21 días. Como su fallo fue expedido el día 6 de julio, la diferencia bajó a apenas NUEVE DIAS. Sin embargo, el tribunal negó de plano mi rebaja. Ni siquiera determinó con precisión cual mismo sería la fecha de mi libertad. Es decir, me dejó preso por plazo indefinido. Peor aún, el Tercer Tribunal pidió sanción contra la Directora del Penal por el "delito" de haber firmado mi petición de rebaja, un acto que la Dra. Terán considera un intento de engañar al tribunal para inducirlo a cometer un error. Como consecuencia, el martes pasado la Directora del Penal fue removida de su cargo. Una funcionaria de carrera, quien actuó profesionalmente y acorde con la ley, fue severamente castigada.
Como si lo anterior no fuese suficiente, la Dra. Terán cometió otra gravísima violación a la ley. Mi juicio por el caso "West Merchant" concluyó hace un año, cuando la Corte Suprema confirmó mi sentencia. Hoy, mi petición de rebaja se trata de un mero trámite de "ejecución de pena". La ley que aprobó la Asamblea dice, expresamente, que sólo participan en ese trámite el Penal y el tribunal. Nada de consultas a otras personas. Peor, negar la petición usando los argumentos de esas personas ajenas al trámite. No obstante esta disposición legal, la Dra. Terán decidió que mi libertad tenía que ser consultada con la Fiscalía, con los acusadores particulares (prestanombres de Visión), con el Contralor General, con el Procurador General, con la Superintendente de Bancos y con el Defensor del Pueblo. Sólo faltó consultar al Presidente. A partir del momento que esta jueza decidió que mi libertad depende, ya no de la ley, sino del criterio de un grupo de funcionarios públicos, ella me reconoció un status de PRISIONERO POLÍTICO. Presos condenados por todo tipo de delitos salen a la calle todos los días, sea por prelibertad o sea por rebajas, aplicando los códigos legales vigentes. Pero, está a la vista, que eso no me aplica, porque fui etiquetado como "banquero corrupto".
Un abogado que actúa a nombre de un puñado de supuestos inversionistas de Fondo Visión argumenta que mis 18 meses de prisión en Costa Rica no deben ser computados a mi condena en el Ecuador, porque fui acusado allá por portar un pasaporte falso cuando viajaba al Canadá, a pedir asilo en ese país. Como de costumbre, está equivocado ese abogado. En efecto, fui sentenciado en Costa Rica por aquel delito. Pero, una vez que el Tribunal entendió mi situación, me condenó a la pena mínima, o sea, un año. Sin embargo, y éste es el meollo del asunto, me concedieron el beneficio de la "ejecución condicional de la pena". Esto quiere decir que YO NO TENÍA QUE PASAR UN SOLO DÍA EN PRISIÓN por aquel delito. Por consiguiente, todos y cada uno de los 532 días que estuve preso en Costa Rica fueron por cuenta del pedido de extradición planteado por el gobierno ecuatoriano. Entonces, sin la más mínima duda, esos 532 días SÍ SON COMPUTABLES para mi condena en el Ecuador.
En estos días estoy empeñado en presentar todos los recursos judiciales posibles, aún cuando no tengo abogado fijo. Pero, después de ver como algunos funcionarios de la mal llamada "justicia" se doblegan ante presiones de distinto índole, incluyendo las económicas, no puedo seguir esperando resignadamente, por un plazo indefinido, en la esperanza que algún dictamen judicial diga que tengo la razón. Veo la necesidad imperiosa de recurrir a los medios de comunicación para publicitar este atropello. También siento que es indispensable recurrir a ustedes para pedirles nuevamente su apoyo. En este momento, para que ustedes ayuden a explicar esta situación, especialmente entre sus parientes y amigos. A futuro, dependiendo qué suceda en el plano judicial, tal vez tenga que pedirles otros tipos de respaldo.
Agradezco, una vez más, la solidaridad que ustedes me han manifestado a lo largo de todos estos años. Y, de antemano, les agradezco por todo el apoyo que ustedes me puedan brindar en estos días para lograr recuperar mi libertad.
Nicolás Landes
martes, 5 de mayo de 2009
INVESTIGAN SI EMPRESAS AUDITORAS DE BANCOS TUVIERON RESPONSABILIDAD EN FERIADO BANCARIO
http://www.ecuadorinmediato.com/noticias/103527
SECCIONES
Fecha: 2009-05-05 14::33
Investigan si empresas auditoras de bancos tuvieron responsabilidad en feriado bancario
Ecuador Inmediato, El periódico instantáneo del Ecuador.
SECCIONES
Ecuador, Martes 5 de Mayo de 2009, 9:10:57 PM
Edición N° 1754
Fecha: 2009-05-05 14::33
Investigan si empresas auditoras de bancos tuvieron responsabilidad en feriado bancario
El informe estará listo después de dos meses y contendrá los nombres de quienes tengan presunta responsabilidad
Varias empresas que realizaron las auditorías a las entidades bancarias y en sus informes aseguraron la solvencia y liquidez de las entidades financieras y poco tiempo después quebraron en el país, tendrían responsabilidades tanto civiles como penales, afirmó el asambleísta Jaime Ruiz, presidente de Comisión de lo Tributario, Fiscal y Financiero.
Sobre el tema, el organismo legislativo solicitó información a
“Hemos encontrado muchas novedades que el país debe conocer, incluso puedo adelantar que las auditorias externas que fueron contratadas por el Banco Central y
Añadió que “esas mismas empresas auditoras son las que siguen cumpliendo esas funciones, por tanto esa es una muestra de cómo se actuó en esa época y hay responsabilidades de los organismos de control del Estado que no cumplieron las recomendaciones correspondientes”.
Confirmó que el informe de la investigación de la auditoría y control político de la crisis bancaria estará listo después de dos meses, documento en el que se establecerán nombres y responsabilidades civiles o penales de todos quienes estuvieron vinculados con el feriado bancario.
“Aspiramos que se actúe con todo el rigor de ley para evitar de manera definitiva la impunidad”, concluyó.
Fuente gráfica e informativa: AM/pv/asambleanacional.gov.ec
domingo, 15 de marzo de 2009
CERRARÁN 25 INSTITUCIONES FINANCIERAS QUEBRADAS. EL MERCURIO DE CUENCA, Marzo 14, 2009
http://www.elmercurio.com.ec/web/titulares.php?seccion=fzuyEtT&codigo=0QUIQBxj6y&nuevo_mes=03&nuevo_ano=2009&dias=14¬icias=2009-03-14
Cerrarán 25 instituciones financieras quebradas
2009-03-14
QUITO.- Hasta junio próximo se cerrarán 25 de las 35 instituciones financieras quebradas durante los últimos 20 años, anunció ayer la superintendente de Bancos, Gloria Sabando.
Hasta esa fecha, explicó la funcionaria, quedarán listos los balances y otros requisitos para resolver este problema que el país arrastra desde hace años atrás, por tanto si bien es comprensibles la preocupación del presidente Rafael Correa para que este hecho sea resuelto, hay que hacer las cosas bien.
Dijo que en un amplio informe elaborado por los Intendentes Jurídico y de Liquidaciones se prevé que no son 10 bancos los que quedarán cerrados definitivamente, sino 35, de los cuales 25 se concretará en junio próximo.
Sabando dijo que la solitud del mandatario respecto al cierre de esas instituciones refleja la preocupación que tiene sobre el tema, pero acotó que el proceso técnico ha sido largo y complejo para evitar que queden situaciones de impunidad.
La funcionaria hizo estas declaraciones, luego de intervenir en el seminario Crisis Financiera Internacional, organizado por la Comisión de lo Tributario, que ayer se clausuró.
Durante el evento aseguró que el sistema financiero nacional se encuentra en una mejor posición de solvencia desde enero de este año y ha recuperado el nivel de confianza de los ciudadanos, por efecto de la aplicación de la Ley de Seguridad Financiera.
Esa ley, según Sabando ha permitido dejar de lado la incertidumbre en la que se encontraba el mercado y hoy tenemos la satisfacción de ver un crecimiento de cuatro puntos en el patrimonio del sistema financiero.
“La crisis financiera internacional, impacto y salida para Ecuador y América Latina, que se viene desarrollado en la Comisión Legislativa.
Como consecuencia de la crisis económica global, sostuvo que se detectó la salida de depósitos del sistema que han sido atendidos con recursos propios de la banca ecuatoriana, que mantiene una política conservadora de liquidez, pues a pesar de la crisis internacional y de la incertidumbre económica en el crédito, mostró una tasa positiva de crecimiento especialmente para vivienda y microcrédito. (ANL)
Cerrarán 25 instituciones financieras quebradas
2009-03-14
QUITO.- Hasta junio próximo se cerrarán 25 de las 35 instituciones financieras quebradas durante los últimos 20 años, anunció ayer la superintendente de Bancos, Gloria Sabando.
Hasta esa fecha, explicó la funcionaria, quedarán listos los balances y otros requisitos para resolver este problema que el país arrastra desde hace años atrás, por tanto si bien es comprensibles la preocupación del presidente Rafael Correa para que este hecho sea resuelto, hay que hacer las cosas bien.
Dijo que en un amplio informe elaborado por los Intendentes Jurídico y de Liquidaciones se prevé que no son 10 bancos los que quedarán cerrados definitivamente, sino 35, de los cuales 25 se concretará en junio próximo.
Sabando dijo que la solitud del mandatario respecto al cierre de esas instituciones refleja la preocupación que tiene sobre el tema, pero acotó que el proceso técnico ha sido largo y complejo para evitar que queden situaciones de impunidad.
La funcionaria hizo estas declaraciones, luego de intervenir en el seminario Crisis Financiera Internacional, organizado por la Comisión de lo Tributario, que ayer se clausuró.
Durante el evento aseguró que el sistema financiero nacional se encuentra en una mejor posición de solvencia desde enero de este año y ha recuperado el nivel de confianza de los ciudadanos, por efecto de la aplicación de la Ley de Seguridad Financiera.
Esa ley, según Sabando ha permitido dejar de lado la incertidumbre en la que se encontraba el mercado y hoy tenemos la satisfacción de ver un crecimiento de cuatro puntos en el patrimonio del sistema financiero.
“La crisis financiera internacional, impacto y salida para Ecuador y América Latina, que se viene desarrollado en la Comisión Legislativa.
Como consecuencia de la crisis económica global, sostuvo que se detectó la salida de depósitos del sistema que han sido atendidos con recursos propios de la banca ecuatoriana, que mantiene una política conservadora de liquidez, pues a pesar de la crisis internacional y de la incertidumbre económica en el crédito, mostró una tasa positiva de crecimiento especialmente para vivienda y microcrédito. (ANL)
DE UN TOTAL DE 35 BANCOS EN SANEAMIENTO, 25 SERÁN CERRADOS HASTA JUNIO PRÓXIMO. ECUADOR INMEDIATO, Marzo 13, 2009
http://www.ecuadorinmediato.com/noticias/99860
Fecha: 2009-03-13 09:59:43
De un total de 35 bancos en saneamiento, 25 serán cerrados hasta junio próximo
Los demás casos estarían solucionados hasta finales de año, según Superintendencia de Bancos
Imagen
La superintendenta de Bancos, Gloria Sabando, informó que de un total de 35 entidades bancarias que se encuentran en proceso de saneamiento, 25 serán cerradas hasta junio próximo. La funcionaria explicó que las diez entidades restantes serían cerradas hasta fines de año y aclaró que no se lo puede hacer antes para evitar que exista impunidad.
“Lo que le hicimos fue hacerle una presentación honesta y real de los procesos (al Presidente), por lo tanto, lo que allí reflejaba, era que en vez de que se hayan cerrado diez hasta junio hemos prácticamente avanzado con las 35 y que hasta junio estarían cerradas 25 instituciones”, declaró
Sabando aseguró que se está trabajando de manera eficiente en esta materia y obteniendo buenos resultados, según un reporte de radio Colón.
A DIEZ BANCOS QUEBRADOS NO LOS LIQUIDARÁN EN JUNIO. Diario El Expreso, domingo 15 de marzo, 2009
http://www.expreso.ec/ediciones/2009/03/15/economia/a-diez-bancos-quebrados-no-los-liquidaran-en-junio/Default.asp
A diez bancos quebrados no los liquidarán en junio
En el país, liquidar una entidad financiera lleva hasta 20 años
A diez bancos quebrados no los liquidarán en junio
En el país, liquidar una entidad financiera lleva hasta 20 años
Redacción Quito
Hasta el presidente de la República, Rafael Correa, tuvo que rendirse ante la evidencia: la Superintendencia de Bancos no podrá liquidar las entidades que tiene a su cargo hasta el 30 de junio.
La primera explicación de la superintendenta de Bancos, Gloria Sabando, es que en el proceso de cierre no están involucrados solo los 10 bancos más grandes que quebraron en la crisis de 1999 sino que son 35 entre cooperativas, financieras, mutualistas y bancos.
Pero la segunda es la más obvia: en el Ecuador la liquidación de una entidad puede tardar, fácilmente, 15 ó 20 años.
Sabando lo reconoce después de haber logrado cerrar cinco entidades durante su gestión. Así, cerrar la Financiera Principal le tomó a las autoridades 11 años, 11 meses; la Financiera Uno requirió algo menos de tiempo: 10 años, 11 meses; casi como la Almacenera Almacao que se cerró tras 10 años, seis meses. Las otras instituciones fueron la Financiera Ecuafactor (en siete años, cuatro meses) y el Fondo de Garantía Ecuador (en siete años, un mes).
Ahora, en las 35 entidades que están bajo el control de la ‘Super’, Sabando asegura que hay un avance del 85% en el proceso de cierre, aunque se prevé que solo 25 estén liquidadas hasta el 30 de junio.
Por fuera quedará la Sociedad Financiera Confianza, Mutualista Benalcázar, Banco Unión, Filanbanco, Progreso, Préstamos, Finagro y el Banco de Descuentos. En el mejor de los casos, estas instituciones desaparecerán en diciembre.
En estos casos pesará el cruce de cuentas -que todavía está en proceso- con la Agencia de Garantía de Depósitos; la resolución de todos los procesos legales e incluso la separación de tres funcionarios: Raquel Endara, intendenta nacional jurídica; Patricio Játiva, director nacional de Entidades en Liquidación, y César Atapuma, Liquidador de Fimasa. (IGF)
Juicios por $ 2.527 millones |
La crisis bancaria de 1998 no solo dejó muchas cuentas pendientes por cobrar sino un cúmulo de juicios en la Superintendencia de Bancos. En total, según los datos de la entidad, al momento existen 7.064 juicios coactivos por un monto de 2.527,9 millones de dólares. |
Pasivos garantizados |
Entidades todavía le deben al Estado En las cuentas de diez bancos cerrados todavía hay una deuda pendiente de pago por 342,9 millones de dólares. “Son los pasivos garantizados transferidos por los bancos a la AGD y que no han podido ser cubiertos por las entidades en liquidación”, explicó Gloria Sabando. |
SABANDO: 'LIQUIDACION DE BANCA CERRADA ESTÁ EN 85%'. Diario HOY, domingo 15 de marzo, 2009
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/sabando-liquidacion-de-banca-cerrada-esta-en-85-338438.html
Sabando: 'Liquidación de banca cerrada está en 85%'
Publicado el 15/Marzo/2009 | 00:05
Rezagos de la crisis de 1999
La superintendenta de bancos sostuvo que para 2009 se ha preparado un cronograma de finiquitos del resto de entidades como Fimasa y Ecuacambio
"El proceso de liquidación de los 35 bancos que estuvieron bajo la administración de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) han avanzado un 85%", indicó Gloria Sabando, superintendenta de Bancos y Seguros.
La funcionaria explicó que cinco de estas entidades terminaron de liquidarse en 2008. Y estas son: Almacenera Almacao y Fondo de Garantías Ecuador. Además, constan las financieras Principal, Uno y Ecuafactor.
"Muchas de estas instituiciones estuvieron casi una década en saneamiento, pero ahora se liquidaron por completo", dijo.
Sabando sostuvo que, para este año, se ha preparado un cronograma de finiquitos del resto de entidades. Por ejemplo, en este mes se culminará este proceso con las Financieras Fimasa y Ecuacambio. También se incluye a la Cooperativa 8 de Septiembre y al Buró de Información Crediticia.
"Estas instituciones ya no adeudan al Estado, pues todo los saldos han sido cobrados", aclaró la funcionaria.
Sabando aseguró que el proceso total de liquidación concluirá máximo en diciembre de este año con el cierre de los 10 bancos más grandes, los cuales suman una deuda global con el Estado por $342,9 millones.
Según datos de la "Super" de Bancos, Progreso encabeza la lista de deudores con un monto por $264,2 millones, le sigue el banco de Préstamos con $76,3 millones. En tercer lugar el banco de Crédito con un déficit de $804 mil y la Unión con $452 mil.
La superintendenta comentó que muchos de los accionistas de estas instituciones se han acercado para asumir sus obligaciones con el país.
Pero, "si no se concreta una negociación la Ley faculta la incautación de los bienes de los ex dueños que tengan más del 6% de las acciones suscritas", aseveró. (APB)
Hora GMT: 15/Marzo/2009 - 05:05
viernes, 6 de febrero de 2009
DIARIO EL COMERCIO. La condena de 4 ex directivos del Banco Popular fue anulada
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=252359&id_seccion=4
La Segunda Sala de la Corte expidió el fallo que deja sin efecto los cargos contra Ernesto Rivadeneira, Fernando Armendáriz, Salomón Gutt y Rubén Ordóñez.
La Segunda Sala de la Corte expidió el fallo que deja sin efecto los cargos contra Ernesto Rivadeneira, Fernando Armendáriz, Salomón Gutt y Rubén Ordóñez.
Redacción Judicial
Cuatro de los ocho ex miembros del Directorio del Banco Popular fueron absueltos definitivamente por la Primera Sala de la Corte Nacional de Justicia.
La sentencia fue emitida el 22 de enero. Esta se tomó luego de que en mayo de 2008 la defensa de Ernesto Rivadeneira, Fernando Armendáriz, Salomón Gutt y Rubén Ordóñez presentó un recurso de revisión al fallo emitido por la Segunda Sala de la ex Corte Suprema. En ese pronunciamiento fueron condenados los ex miembros del Directorio a ocho años de reclusión mayor por el delito de peculado.
Según ese fallo, ellos aprobaron, como directivos del Banco Popular, un crédito del banco West Merchant Bank, el 17 de junio de 1998, a favor del Grupo Ceval (‘holding’ que manejaba las firmas, en el país y en el exterior, del ex banquero, ahora preso, Nicolás Landes y otros accionistas).
Según detallan los informes de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), en esencia, supuestamente esa operación incidió en la quiebra del Banco Popular.
Los jueces condenaron a los ex accionistas tomando como referencia el fallo dictado por la Primera Sala Penal de la Suprema, en el juicio en contra del ex dueño del Banco del Préstamos, Alejandro Peñafiel, en 2004. Allí -según los magistrados- los juzgadores aseveraron que “el delito de peculado para los administradores bancarios, incluyendo los directorios de los bancos, se encuentra vigente en realidad desde 1837”. Pero, en la sentencia emitida por Hernán Ulloa, Luis Moyano y Milton Peñarreta, se señala que cuando se aceptó el crédito, el delito de peculado bancario no estaba tipificado en la legislación. Por ello, no podía acusarse a los ex accionistas de ese delito.
El delito recién fue incluido el 13 de mayo de 1999, en la Ley de Instituciones Financieras, publicada en el Registro Oficial número 190 (11 meses después de la solicitud del crédito). Esa norma determina que también pueden ser responsables de peculado los gerentes, dueños y administradores de entidades financieras.
Sin embargo, bajo esa misma figura, Nicolás Landes, ex gerente del Popular, fue condenado por peculado. Esto se fundamenta, según Ramiro Aguilar, abogado de los ex directivos, en que el peculado para los administradores de los bancos existía desde el siglo XIX, pero no para los miembros del Directorio de la entidad.
Otro de los argumentos de los jueces fue que los acusados nunca se beneficiaron de la suscripción del crédito. “Ellos solo aprobaron la línea de crédito, no fueron culpables de ver lo que sucedió con el dinero, si llegó y en qué se lo usó”, señaló Aguilar.
La sentencia ya fue notificada a las partes. No obstante, el juez Luis Abarca, magistrado de la Segunda Sala Penal, que condenó a los ex directivos, dijo desconocer la nueva resolución.
La revisión es el último recurso en un caso judicial. No se puede interponer ningún petitorio más, por lo cual la sentencia entrará en vigencia de inmediato. “La revisión puede declarar nulo lo actuado en la sentencia de casación, pero depende solo del criterio de los jueces”, manifestó Abarca.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
