LA VERDAD SOBRE BANCO POPULAR DEL ECUADOR

NICOLAS LANDES EN LIBERTAD!! EMOTIVA RECEPCIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS A SU SALIDA DEL PENAL. JUEVES 30 DE JULIO DEL 2009

2009-08-07T16:37:00.000-07:00

VIDEO DE ECUAVISA
JUEVES 30 DE JULIO DEL 2009

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AMPARO DE LIBERTAD PRESENTADO POR NICOLÁS LANDES

2009-07-23T20:01:00.000-07:00

BOLETÍN DE PRENSA

Quito, 23 de julio de 2009

Hoy se llevará a cabo una audiencia en la Presidencia de la Corte Provincial por el AMPARO DE LIBERTAD presentado por el señor Nicolás Landes. Mediante este amparo, se solicita al Presidente de la Corte Provincial que disponga la libertad inmediata del señor Landes porque, cumplida su condena, él ahora está DETENIDO ARBITRARIA E ILEGALMENTE.

La Asamblea Constituyente aprobó, en julio 2008, la Ley de REBAJA DE PENAS "por méritos". Esta Ley estipula que, cuando una persona ha cumplido el 50% de su condena, TIENE DERECHO A SOLICITAR SU LIBERTAD, siempre y cuando sea merecedor de una rebaja, en virtud de su comportamiento durante el tiempo que ha estado detenido.

El señor Landes fue sentenciado a ocho años y ya lleva detenido CUATRO AÑOS Y UN MES. Este plazo se computa desde su detención en Costa Rica el 24 de junio de 2005, por un pedido de EXTRADICIÓN del Gobierno del Ecuador, hasta el día de hoy. Como el señor Landes ya cumplió más de la mitad de su condena, tiene DERECHO a solicitar la rebaja de pena y, en consecuencia, obtener su libertad inmediata.

Las autoridades del ex Penal García Moreno calificaron al señor Landes por su excelente conducta y convivencia, así como por sus estudios y trabajos. En consecuencia, propusieron una rebaja "por méritos" del 50%, o sea, de CUATRO AÑOS. Esta rebaja de cuatro años, sumada a los cuatro años de prisión, determina que el señor Landes ha CUMPLIDO SU CONDENA y, por tanto, tiene DERECHO a su libertad inmediata.

La antes mencionada Ley indica que un tribunal penal debe aprobar la rebaja de pena si la persona presa ha cumplido los requisitos formales que estipula la Ley. Sorprendentemente, el Tercer Tribunal Penal de Pichincha, el mismo que juzgó y sentenció al señor Landes, resolvió negar esta rebaja meritoria presentada por las autoridades del ex penal García Moreno.

En su resolución, el Tercer Tribunal afirmó que el certificado expedido por el Director del penal en San José, Costa Rica, contiene "falsedad". Específicamente, cuestiona la fecha de ingreso del señor Landes a esa cárcel, el 24 de junio de 2005. Este certificado es un documento público, debidamente legalizado y, por ende, tiene VALOR DE PRUEBA según los artículos 165 y 188 del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano. Por consiguiente, este certificado tiene validez plena hasta tanto no se compruebe, documentadamente, lo contrario. El criterio adverso del Tercer Tribunal es un parecer meramente subjetivo y personal, que de ninguna manera sustenta su resolución.

El Tercer Tribunal también dio a entender que no debía reconocer el tiempo que el señor Landes estuvo detenido en Costa Rica, alegando que él fue sentenciado a un año de prisión por uso de un pasaporte falso. Sin embargo, en su resolución, el Tercer Tribunal maliciosamente omitió considerar que el Tribunal en Costa Rica le concedió al señor Landes el BENEFICIO de la "ejecución condicional de la pena", es decir, que él no tenía que pasar NI UN SOLO DÍA en la cárcel en Costa Rica, por aquel delito. Por consiguiente, todos y cada uno de los 532 días que el señor Landes estuvo preso en Costa Rica SÍ cuentan para su condena en el Ecuador.

Confiamos que el señor Presidente de la Corte Provincial ordenará la inmediata libertad del señor Landes, aplicando objetiva e imparcialmente la Ley, que tiene que ser igual para todos, y fundamentado en los documentos públicos fidedignos que están en sus manos.

Finalmente, es oportuno recordar una conclusión de la Comisión Investigadora de la Crisis Financiera, creada por el presidente Rafael Correa, mediante Decreto Ejecutivo No. 263, el 9 de abril de 2007:

"... NO había causal suficiente para la quiebra del Banco POPULAR, sino que este último fue llevado a tal situación, con el fin de levantar una cortina de humo para salvar al Banco del Pacífico en Colombia..."

Persona de contacto: Caridad Vela 099720201 – caridadvela@yahoo.com

MENSAJE DE NICOLÁS LANDES. LUNES 20 DE JULIO DEL 2009

2009-07-20T18:44:00.000-07:00

Quito, 20 de julio de 2009

Queridos expopulares y amigos,

Después de la condena de ocho años que me dictó el Tercer Tribunal Penal en diciembre 2007, resolví que tenía que esperar, con paciencia y en silencio, que se cumpla el plazo legal hasta mi libertad. Supuse que unos años de cárcel habrían aplacado la sed de venganza de ciertas personas, aquellas que empujaron enérgicamente los ataques en los medios de comunicación, mi extradición y mi condena. Ingenuamente pensé que, el día que cumpliese mi sentencia, saldría libre, como cualquier otro preso, tal como sucede a diario en el Penal. No ha resultado así. Ahora que tengo el DERECHO a estar en libertad, estos mismos grupos mueven, tras bastidores, sus influencias y sus billeteras para que yo siga detenido ILEGALMENTE, por un plazo INDEFINIDO.

La ley dispone dos modalidades de libertad anticipada. Una es la "prelibertad", una libertad parcial y limitada, que permite cierto número de días libres por semana y los demás en una casa de confianza (una cárcel de mínima seguridad). El requisito básico es haber cumplido el 40% de la condena. En mi caso, ese plazo se cumplió en septiembre 2008. Presenté en esa fecha mi solicitud de prelibertad. Hasta el día de hoy, DIEZ meses más tarde, NO HA SIDO RESUELTA. Simplemente, está engavetada en la Dirección Nacional de Rehabilitación Social. La prelibertad es un sencillo trámite administrativo que concluye con la firma del Director Nacional. Como él no la ha negado, no puedo apelar al órgano superior, el Consejo Nacional de Rehabilitación, que lo preside el Ministro de Justicia. He recurrido a funcionarios del Ministerio de Justicia y "Derechos Humanos" -cuyas oficinas, irónicamente, están en la torre de Transfiec- e inclusive al propio Ministro, sin resultado alguno. Como a nadie parece preocuparle la injusticia, esta semana plantearé una demanda contra el Director Nacional. Ojalá un juez se anime a obligar a esta burocracia que resuelva mi petición de prelibertad.

La otra modalidad es la "rebaja de pena". La vieja ley del "2x1" fue abolida por el Congreso años atrás pero, en julio 2008, la Asamblea Constituyente aprobó una nueva ley de "rebaja por méritos". Así, la rebaja que antes era automática, ahora hay que merecerla. Los funcionarios en las cárceles califican la conducta, estudios, trabajos y convivencia de cada interno. En función de esas calificaciones, proponen rebajas de hasta el 50% de la condena. Yo tuve una calificación excelente y, por ende, una rebaja del 50%, o sea, de cuatro años.

El pasado 24 de junio cumplí cuatro años preso, ya que fuí detenido en Costa Rica el 24 de junio de 2005. Entonces, sumando estos cuatro años de cárcel a los cuatro años de rebaja, YA CUMPLÍ MI CONDENA. Por tanto, a partir del 24 de junio, tengo DERECHO LEGAL a mi libertad inmediata. Pero, hay una trampa. La ley indica que la rebaja propuesta por el Penal tiene que ser aprobada por un tribunal penal, el mismo que me juzgó y condenó. El Tercer Tribunal Penal de Pichincha, resolvió NEGAR mi rebaja, alegando que NO he cumplido cuatro años de detención. Su argumento es que el certificado firmado por el Director de la cárcel en San José, Costa Rica, debidamente legalizado, contiene una FALSEDAD. Esta es la opinión de la Presidenta de ese tribunal, la Dra. Gladys Terán, la misma que instaló mi audiencia de juzgamiento en diciembre 2007 sin la presencia de un solo testigo para mi defensa.

Ustedes saben, como todo el mundo, que un documento público legalizado, sea nacional o extranjero, tiene VALOR DE PRUEBA, mientras no se confirme que sea falso o adulterado. Pero, a la Dra. Terán le pareció "imposible" (textual) que el certificado tenga fecha de 24 de junio porque el pedido formal de mi extradición fue remitido a Costa Rica por la Cancillería ecuatoriana recién el 15 de julio. La más elemental lógica permite entender que, primero, sucede la detención y, sólo más tarde, llega el pedido de extradición. Sin embargo, el criterio subjetivo y parcializado de esta jueza vale más que un documento oficial costarricense refrendado por el Consulado del Ecuador en ese país.

A esta subjetividad ilegal, la Dra. Terán agrega una arbitrariedad increíble. Si a este tribunal no le "parecía" correcta la fecha del 24 de junio porque el pedido formal de extradición fue enviado el 15 de julio, entonces existía una discrepancia de tan sólo 21 días. Como su fallo fue expedido el día 6 de julio, la diferencia bajó a apenas NUEVE DIAS. Sin embargo, el tribunal negó de plano mi rebaja. Ni siquiera determinó con precisión cual mismo sería la fecha de mi libertad. Es decir, me dejó preso por plazo indefinido. Peor aún, el Tercer Tribunal pidió sanción contra la Directora del Penal por el "delito" de haber firmado mi petición de rebaja, un acto que la Dra. Terán considera un intento de engañar al tribunal para inducirlo a cometer un error. Como consecuencia, el martes pasado la Directora del Penal fue removida de su cargo. Una funcionaria de carrera, quien actuó profesionalmente y acorde con la ley, fue severamente castigada.

Como si lo anterior no fuese suficiente, la Dra. Terán cometió otra gravísima violación a la ley. Mi juicio por el caso "West Merchant" concluyó hace un año, cuando la Corte Suprema confirmó mi sentencia. Hoy, mi petición de rebaja se trata de un mero trámite de "ejecución de pena". La ley que aprobó la Asamblea dice, expresamente, que sólo participan en ese trámite el Penal y el tribunal. Nada de consultas a otras personas. Peor, negar la petición usando los argumentos de esas personas ajenas al trámite. No obstante esta disposición legal, la Dra. Terán decidió que mi libertad tenía que ser consultada con la Fiscalía, con los acusadores particulares (prestanombres de Visión), con el Contralor General, con el Procurador General, con la Superintendente de Bancos y con el Defensor del Pueblo. Sólo faltó consultar al Presidente. A partir del momento que esta jueza decidió que mi libertad depende, ya no de la ley, sino del criterio de un grupo de funcionarios públicos, ella me reconoció un status de PRISIONERO POLÍTICO. Presos condenados por todo tipo de delitos salen a la calle todos los días, sea por prelibertad o sea por rebajas, aplicando los códigos legales vigentes. Pero, está a la vista, que eso no me aplica, porque fui etiquetado como "banquero corrupto".

Un abogado que actúa a nombre de un puñado de supuestos inversionistas de Fondo Visión argumenta que mis 18 meses de prisión en Costa Rica no deben ser computados a mi condena en el Ecuador, porque fui acusado allá por portar un pasaporte falso cuando viajaba al Canadá, a pedir asilo en ese país. Como de costumbre, está equivocado ese abogado. En efecto, fui sentenciado en Costa Rica por aquel delito. Pero, una vez que el Tribunal entendió mi situación, me condenó a la pena mínima, o sea, un año. Sin embargo, y éste es el meollo del asunto, me concedieron el beneficio de la "ejecución condicional de la pena". Esto quiere decir que YO NO TENÍA QUE PASAR UN SOLO DÍA EN PRISIÓN por aquel delito. Por consiguiente, todos y cada uno de los 532 días que estuve preso en Costa Rica fueron por cuenta del pedido de extradición planteado por el gobierno ecuatoriano. Entonces, sin la más mínima duda, esos 532 días SÍ SON COMPUTABLES para mi condena en el Ecuador.

En estos días estoy empeñado en presentar todos los recursos judiciales posibles, aún cuando no tengo abogado fijo. Pero, después de ver como algunos funcionarios de la mal llamada "justicia" se doblegan ante presiones de distinto índole, incluyendo las económicas, no puedo seguir esperando resignadamente, por un plazo indefinido, en la esperanza que algún dictamen judicial diga que tengo la razón. Veo la necesidad imperiosa de recurrir a los medios de comunicación para publicitar este atropello. También siento que es indispensable recurrir a ustedes para pedirles nuevamente su apoyo. En este momento, para que ustedes ayuden a explicar esta situación, especialmente entre sus parientes y amigos. A futuro, dependiendo qué suceda en el plano judicial, tal vez tenga que pedirles otros tipos de respaldo.

Agradezco, una vez más, la solidaridad que ustedes me han manifestado a lo largo de todos estos años. Y, de antemano, les agradezco por todo el apoyo que ustedes me puedan brindar en estos días para lograr recuperar mi libertad.

Nicolás Landes

INVESTIGAN SI EMPRESAS AUDITORAS DE BANCOS TUVIERON RESPONSABILIDAD EN FERIADO BANCARIO

2009-05-05T19:16:00.000-07:00

http://www.ecuadorinmediato.com/noticias/103527

Ecuador Inmediato, El periódico instantáneo del Ecuador.

SECCIONES

Ecuador, Martes 5 de Mayo de 2009, 9:10:57 PM

Edición N° 1754

Inicio
ECONOMIA

Fecha: 2009-05-05 14::33

Investigan si empresas auditoras de bancos tuvieron responsabilidad en feriado bancario

El informe estará listo después de dos meses y contendrá los nombres de quienes tengan presunta responsabilidad

Varias empresas que realizaron las auditorías a las entidades bancarias y en sus informes aseguraron la solvencia y liquidez de las entidades financieras y poco tiempo después quebraron en el país, tendrían responsabilidades tanto civiles como penales, afirmó el asambleísta Jaime Ruiz, presidente de Comisión de lo Tributario, Fiscal y Financiero.

Sobre el tema, el organismo legislativo solicitó información a la Superintendencia de Bancos y Seguros, Procuraduría, Contraloría General del Estado y Agencia de Garantía de Depósitos con la finalidad de investigar lo sucedido en el feriado bancario, documentación que la Comisión de lo Tributario se encuentra sistematizando.

“Hemos encontrado muchas novedades que el país debe conocer, incluso puedo adelantar que las auditorias externas que fueron contratadas por el Banco Central y la Superintendencia de Bancos y Seguros, no han tenido ninguna sanción, pues pese a que señalaron que los bancos triple A estaban solventes, a los meses cayeron”, dijo el asambleísta Ruiz.

Añadió que “esas mismas empresas auditoras son las que siguen cumpliendo esas funciones, por tanto esa es una muestra de cómo se actuó en esa época y hay responsabilidades de los organismos de control del Estado que no cumplieron las recomendaciones correspondientes”.

Confirmó que el informe de la investigación de la auditoría y control político de la crisis bancaria estará listo después de dos meses, documento en el que se establecerán nombres y responsabilidades civiles o penales de todos quienes estuvieron vinculados con el feriado bancario.

“Aspiramos que se actúe con todo el rigor de ley para evitar de manera definitiva la impunidad”, concluyó.

Fuente gráfica e informativa: AM/pv/asambleanacional.gov.ec

CERRARÁN 25 INSTITUCIONES FINANCIERAS QUEBRADAS. EL MERCURIO DE CUENCA, Marzo 14, 2009

2009-03-15T18:15:00.000-07:00

http://www.elmercurio.com.ec/web/titulares.php?seccion=fzuyEtT&codigo=0QUIQBxj6y&nuevo_mes=03&nuevo_ano=2009&dias=14&noticias=2009-03-14

Cerrarán 25 instituciones financieras quebradas

2009-03-14

QUITO.- Hasta junio próximo se cerrarán 25 de las 35 instituciones financieras quebradas durante los últimos 20 años, anunció ayer la superintendente de Bancos, Gloria Sabando.

Hasta esa fecha, explicó la funcionaria, quedarán listos los balances y otros requisitos para resolver este problema que el país arrastra desde hace años atrás, por tanto si bien es comprensibles la preocupación del presidente Rafael Correa para que este hecho sea resuelto, hay que hacer las cosas bien.

Dijo que en un amplio informe elaborado por los Intendentes Jurídico y de Liquidaciones se prevé que no son 10 bancos los que quedarán cerrados definitivamente, sino 35, de los cuales 25 se concretará en junio próximo.
Sabando dijo que la solitud del mandatario respecto al cierre de esas instituciones refleja la preocupación que tiene sobre el tema, pero acotó que el proceso técnico ha sido largo y complejo para evitar que queden situaciones de impunidad.

La funcionaria hizo estas declaraciones, luego de intervenir en el seminario Crisis Financiera Internacional, organizado por la Comisión de lo Tributario, que ayer se clausuró.

Durante el evento aseguró que el sistema financiero nacional se encuentra en una mejor posición de solvencia desde enero de este año y ha recuperado el nivel de confianza de los ciudadanos, por efecto de la aplicación de la Ley de Seguridad Financiera.
Esa ley, según Sabando ha permitido dejar de lado la incertidumbre en la que se encontraba el mercado y hoy tenemos la satisfacción de ver un crecimiento de cuatro puntos en el patrimonio del sistema financiero.

“La crisis financiera internacional, impacto y salida para Ecuador y América Latina, que se viene desarrollado en la Comisión Legislativa.

Como consecuencia de la crisis económica global, sostuvo que se detectó la salida de depósitos del sistema que han sido atendidos con recursos propios de la banca ecuatoriana, que mantiene una política conservadora de liquidez, pues a pesar de la crisis internacional y de la incertidumbre económica en el crédito, mostró una tasa positiva de crecimiento especialmente para vivienda y microcrédito. (ANL)

DE UN TOTAL DE 35 BANCOS EN SANEAMIENTO, 25 SERÁN CERRADOS HASTA JUNIO PRÓXIMO. ECUADOR INMEDIATO, Marzo 13, 2009

2009-03-15T17:49:00.000-07:00

http://www.ecuadorinmediato.com/noticias/99860

Ecuador Inmediato, El periódico instantáneo del Ecuador.

ECONOMIA

Fecha: 2009-03-13 09:59:43

De un total de 35 bancos en saneamiento, 25 serán cerrados hasta junio próximo

Los demás casos estarían solucionados hasta finales de año, según Superintendencia de Bancos

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La superintendenta de Bancos, Gloria Sabando, informó que de un total de 35 entidades bancarias que se encuentran en proceso de saneamiento, 25 serán cerradas hasta junio próximo. La funcionaria explicó que las diez entidades restantes serían cerradas hasta fines de año y aclaró que no se lo puede hacer antes para evitar que exista impunidad.

“Lo que le hicimos fue hacerle una presentación honesta y real de los procesos (al Presidente), por lo tanto, lo que allí reflejaba, era que en vez de que se hayan cerrado diez hasta junio hemos prácticamente avanzado con las 35 y que hasta junio estarían cerradas 25 instituciones”, declaró

Sabando aseguró que se está trabajando de manera eficiente en esta materia y obteniendo buenos resultados, según un reporte de radio Colón.

A DIEZ BANCOS QUEBRADOS NO LOS LIQUIDARÁN EN JUNIO. Diario El Expreso, domingo 15 de marzo, 2009

2009-03-15T17:39:00.000-07:00

http://www.expreso.ec/ediciones/2009/03/15/economia/a-diez-bancos-quebrados-no-los-liquidaran-en-junio/Default.asp

A diez bancos quebrados no los liquidarán en junio

En el país, liquidar una entidad financiera lleva hasta 20 años

Redacción Quito

Hasta el presidente de la República, Rafael Correa, tuvo que rendirse ante la evidencia: la Superintendencia de Bancos no podrá liquidar las entidades que tiene a su cargo hasta el 30 de junio.

La primera explicación de la superintendenta de Bancos, Gloria Sabando, es que en el proceso de cierre no están involucrados solo los 10 bancos más grandes que quebraron en la crisis de 1999 sino que son 35 entre cooperativas, financieras, mutualistas y bancos.

Pero la segunda es la más obvia: en el Ecuador la liquidación de una entidad puede tardar, fácilmente, 15 ó 20 años.

Sabando lo reconoce después de haber logrado cerrar cinco entidades durante su gestión. Así, cerrar la Financiera Principal le tomó a las autoridades 11 años, 11 meses; la Financiera Uno requirió algo menos de tiempo: 10 años, 11 meses; casi como la Almacenera Almacao que se cerró tras 10 años, seis meses. Las otras instituciones fueron la Financiera Ecuafactor (en siete años, cuatro meses) y el Fondo de Garantía Ecuador (en siete años, un mes).

Ahora, en las 35 entidades que están bajo el control de la ‘Super’, Sabando asegura que hay un avance del 85% en el proceso de cierre, aunque se prevé que solo 25 estén liquidadas hasta el 30 de junio.

Por fuera quedará la Sociedad Financiera Confianza, Mutualista Benalcázar, Banco Unión, Filanbanco, Progreso, Préstamos, Finagro y el Banco de Descuentos. En el mejor de los casos, estas instituciones desaparecerán en diciembre.

En estos casos pesará el cruce de cuentas -que todavía está en proceso- con la Agencia de Garantía de Depósitos; la resolución de todos los procesos legales e incluso la separación de tres funcionarios: Raquel Endara, intendenta nacional jurídica; Patricio Játiva, director nacional de Entidades en Liquidación, y César Atapuma, Liquidador de Fimasa. (IGF)

Juicios por $ 2.527 millones

La crisis bancaria de 1998 no solo dejó muchas cuentas pendientes por cobrar sino un cúmulo de juicios en la Superintendencia de Bancos. En total, según los datos de la entidad, al momento existen 7.064 juicios coactivos por un monto de 2.527,9 millones de dólares.

De ellos, tres bancos cerrados concentran la mayor cantidad de procesos legales pues el 44% son juicios del Progreso, el 18% corresponde al Filanbanco y el 17% al banco de Préstamos. El restante 21% está en las otras entidades.

Pero hay una parte que le preocupa más a las autoridades de la Superintendencia: los 267 juicios de excepción que los accionistas de los bancos cerrados interpusieron. El problema es que si esos procesos no se resuelven este año, la liquidación de los bancos podría sufrir un nuevo retraso. (IGF)

Pasivos garantizados

Entidades todavía le deben al Estado

En las cuentas de diez bancos cerrados todavía hay una deuda pendiente de pago por 342,9 millones de dólares. “Son los pasivos garantizados transferidos por los bancos a la AGD y que no han podido ser cubiertos por las entidades en liquidación”, explicó Gloria Sabando.

De ese monto, cerca del 77% de los pasivos le pertenecen al banco del Progreso, 264,2 millones; le sigue Préstamos con 76,3 millones y Solbanco con 1,1 millones.

Lo más complicado es que la deuda de los bancos es con entidades estatales: con la Corporación Financiera Nacional (CFN) tiene una deuda de 208,5 millones; con BCE la deuda es de 12 millones; con el Ministerio de Finanzas, 32 millones, y entre bancos hay una deuda de 329.000 dólares.

“Hay que cobrárselos a los ex accionistas. La AGD tiene la capacidad de incautar activos y nosotros podemos entrar en administración de los bienes”, dijo. Para hacer esto falta un pronunciamiento de la AGD sobre las cifras definitivas de las acreencias. (IGF)

SABANDO: 'LIQUIDACION DE BANCA CERRADA ESTÁ EN 85%'. Diario HOY, domingo 15 de marzo, 2009

2009-03-15T17:15:00.000-07:00

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/sabando-liquidacion-de-banca-cerrada-esta-en-85-338438.html

Sabando: 'Liquidación de banca cerrada está en 85%'

Publicado el 15/Marzo/2009 | 00:05

Rezagos de la crisis de 1999

La superintendenta de bancos sostuvo que para 2009 se ha preparado un cronograma de finiquitos del resto de entidades como Fimasa y Ecuacambio

"El proceso de liquidación de los 35 bancos que estuvieron bajo la administración de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) han avanzado un 85%", indicó Gloria Sabando, superintendenta de Bancos y Seguros.

La funcionaria explicó que cinco de estas entidades terminaron de liquidarse en 2008. Y estas son: Almacenera Almacao y Fondo de Garantías Ecuador. Además, constan las financieras Principal, Uno y Ecuafactor.

"Muchas de estas instituiciones estuvieron casi una década en saneamiento, pero ahora se liquidaron por completo", dijo.

Sabando sostuvo que, para este año, se ha preparado un cronograma de finiquitos del resto de entidades. Por ejemplo, en este mes se culminará este proceso con las Financieras Fimasa y Ecuacambio. También se incluye a la Cooperativa 8 de Septiembre y al Buró de Información Crediticia.

"Estas instituciones ya no adeudan al Estado, pues todo los saldos han sido cobrados", aclaró la funcionaria.

Sabando aseguró que el proceso total de liquidación concluirá máximo en diciembre de este año con el cierre de los 10 bancos más grandes, los cuales suman una deuda global con el Estado por $342,9 millones.

Según datos de la "Super" de Bancos, Progreso encabeza la lista de deudores con un monto por $264,2 millones, le sigue el banco de Préstamos con $76,3 millones. En tercer lugar el banco de Crédito con un déficit de $804 mil y la Unión con $452 mil.

La superintendenta comentó que muchos de los accionistas de estas instituciones se han acercado para asumir sus obligaciones con el país.

Pero, "si no se concreta una negociación la Ley faculta la incautación de los bienes de los ex dueños que tengan más del 6% de las acciones suscritas", aseveró. (APB)

Hora GMT: 15/Marzo/2009 - 05:05

DIARIO EL COMERCIO. La condena de 4 ex directivos del Banco Popular fue anulada

2009-02-06T10:51:00.000-08:00

http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=252359&id_seccion=4

La Segunda Sala de la Corte expidió el fallo que deja sin efecto los cargos contra Ernesto Rivadeneira, Fernando Armendáriz, Salomón Gutt y Rubén Ordóñez.

Redacción Judicial

Cuatro de los ocho ex miembros del Directorio del Banco Popular fueron absueltos definitivamente por la Primera Sala de la Corte Nacional de Justicia.

La sentencia fue emitida el 22 de enero. Esta se tomó luego de que en mayo de 2008 la defensa de Ernesto Rivadeneira, Fernando Armendáriz, Salomón Gutt y Rubén Ordóñez presentó un recurso de revisión al fallo emitido por la Segunda Sala de la ex Corte Suprema. En ese pronunciamiento fueron condenados los ex miembros del Directorio a ocho años de reclusión mayor por el delito de peculado.

Según ese fallo, ellos aprobaron, como directivos del Banco Popular, un crédito del banco West Merchant Bank, el 17 de junio de 1998, a favor del Grupo Ceval (‘holding’ que manejaba las firmas, en el país y en el exterior, del ex banquero, ahora preso, Nicolás Landes y otros accionistas).

Según detallan los informes de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), en esencia, supuestamente esa operación incidió en la quiebra del Banco Popular.

Los jueces condenaron a los ex accionistas tomando como referencia el fallo dictado por la Primera Sala Penal de la Suprema, en el juicio en contra del ex dueño del Banco del Préstamos, Alejandro Peñafiel, en 2004. Allí -según los magistrados- los juzgadores aseveraron que “el delito de peculado para los administradores bancarios, incluyendo los directorios de los bancos, se encuentra vigente en realidad desde 1837”. Pero, en la sentencia emitida por Hernán Ulloa, Luis Moyano y Milton Peñarreta, se señala que cuando se aceptó el crédito, el delito de peculado bancario no estaba tipificado en la legislación. Por ello, no podía acusarse a los ex accionistas de ese delito.

El delito recién fue incluido el 13 de mayo de 1999, en la Ley de Instituciones Financieras, publicada en el Registro Oficial número 190 (11 meses después de la solicitud del crédito). Esa norma determina que también pueden ser responsables de peculado los gerentes, dueños y administradores de entidades financieras.

Sin embargo, bajo esa misma figura, Nicolás Landes, ex gerente del Popular, fue condenado por peculado. Esto se fundamenta, según Ramiro Aguilar, abogado de los ex directivos, en que el peculado para los administradores de los bancos existía desde el siglo XIX, pero no para los miembros del Directorio de la entidad.

Otro de los argumentos de los jueces fue que los acusados nunca se beneficiaron de la suscripción del crédito. “Ellos solo aprobaron la línea de crédito, no fueron culpables de ver lo que sucedió con el dinero, si llegó y en qué se lo usó”, señaló Aguilar.

La sentencia ya fue notificada a las partes. No obstante, el juez Luis Abarca, magistrado de la Segunda Sala Penal, que condenó a los ex directivos, dijo desconocer la nueva resolución.

La revisión es el último recurso en un caso judicial. No se puede interponer ningún petitorio más, por lo cual la sentencia entrará en vigencia de inmediato. “La revisión puede declarar nulo lo actuado en la sentencia de casación, pero depende solo del criterio de los jueces”, manifestó Abarca.

CONCEDEN AMPARO DE LIBERTAD A NICOLÁS LANDES. Diario HOY. Viernes 26 de septiembre del 2008

2008-09-26T00:27:00.000-07:00

Diario HOY
Sección: Judiciales
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/conceden-amparo-de-libertad-a-nicolas-landes-308009.html

Conceden amparo de libertad a Nicolás Landes

Publicado el 26/Septiembre/2008 00:21

Banquero tiene sentencia por peculado. Está recluido en el ex penal García Moreno

Ayer en la tarde, Patricio Carrillo Dávila, presidente de la Corte Superior de Quito, concedió un recurso de amparo de libertad solicitado por Nicolás Landes.

Esta figura revoca una orden de detención que el Tribunal Cuarto de lo Penal mantenía abierta contra el ex banquero.

Landes, quien tiene una sentencia de ocho años por peculado bancario en el caso "West Merchant Bank", solicitó el recurso con la finalidad de evitar que en su contra se sigan juicios distintos a aquel por el cual Costa Rica concedió su extradición a Ecuador. Este amparo no tiene efecto alguno sobre la condena que cumple en el penal García Moreno. (MP)

Hora GMT: 26/Septiembre/2008 - 05:21

NECESARIA RENDICIÓN DE CUENTAS. Diario HOY

2008-09-25T23:32:00.000-07:00

Opinión de Hoy

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/necesaria-rendicion-de-cuentas-307689.html

Necesaria rendición de cuentas

Publicado el 25/Septiembre/2008 00:10

Análisis de HOY

¿Qué pasó con los rendimientos producidos por el campo Onado? Es una pregunta que debería responder la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), antes de concretar la transferencia de la participación del 8,35% que tiene el Banco Popular (BP) en liquidación en ese yacimiento petrolero venezolano.

Las actuales autoridades han señalado que no existe información al respecto, porque administradores anteriores se la llevaron, pero todavía no presentan una denuncia penal para investigar a dónde fueron a parar los recursos provenientes de los rendimientos de un campo que anualmente produce alrededor de 2,5 millones de barriles de crudo liviano y cuenta con reservas probadas por 56,7 millones de barriles.

Institucionalmente, la AGD no ha tenido un manejo adecuado en lo relativo al campo Onado. En 1998, resolvió que la participación no tenía valor alguno y la castigó con el 100%. Pasaron dos años hasta que un administrador temporal del BP pidió revertir la provisión. Por esa época, la participación era del 20,89% y recién se redujo (8,35%) en 2006, cuando el presidente Hugo Chávez cambió el esquema de los contratos petroleros y asumió el 60% de las acciones en las compañías que operan en Venezuela.

Tomando en consideración la evolución de los precios del petróleo y descontando costos de producción, expertos petroleros han estimado en alrededor de $31 millones los rendimientos producidos por la participación del BP en los últimos siete años. Pero aún no hay información oficial para saber si hubo rentas, qué se hizo con los recursos, o si hubo pérdidas.

Hace un mes, PDVSA cedió a Petroecuador sus derechos de compra de la participación del Banco Popular (tenía la preferencia por ser el accionista mayoritario). A la par, el ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, fijó un valor de $22 millones. La cifra coincide con el monto a pagar a los inversionistas del Fideicomiso Solidez, mismo que se halla garantizado con todos los bienes del BP.

Días después los liquidadores del banco la subieron a $28,4 millones, basándose en una valoración realizada por PDVSA que habría fijado en $340 millones el valor total del campo. Ese estudio tampoco ha sido transparentado, según publicó BLANCO Y NEGRO el lunes pasado.

Ahora se habla de contratar una firma independiente para fijar el valor. La valoración es muy importante, porque un mejor precio de venta de la participación permitirá a los liquidadores del Banco Popular no solo pagar lo adeudado a los inversionistas del Fondo Solidez sino también a otros 2 000 inversionistas del banco y a los ex empleados que aún no cobran sus acreencias.

analisis@hoy.com.ec

Hora GMT: 25/Septiembre/2008 - 05:10

BLANCO Y NEGRO: CAMPO ONADO, ¿UNA VENTA A PRECIO DE "REMATE"?

2008-09-22T18:55:00.000-07:00

Diario Hoy
http://www.hoy.com.ec/suplemen/blan520/byn.htm
Suplemento

Quito, 22 de septiembre de 2008

CAMPO ONADO, ¿UNA VENTA A PRECIO DE 'REMATE'?

AGD PONE UN PRECIO DE VENTA, PERO NI SIQUIERA CONOCE CUÁNTO PRODUCE EL YACIMIENTO

ONADO: OPERACIÓN PETROLERA POR FONDO SOLIDEZ

Un grupo de inversionistas interpuso medidas cautelares sobre este y otros bienes del BPE

El pasado 29 de agosto, los presidentes Rafael Correa Delgado y Hugo Chávez firmaron un acuerdo para que Petroecuador opere el campo Ayacucho, de 863 km² de superficie, ubicado en la faja del Orinoco, en Venezuela.

En el acto, celebrado en el campamento de ese yacimiento petrolífero, PDVSA también declaró una cesión de sus derechos en el campo Onado a favor de Petroecuador.

Esto permite a la estatal petrolera ecuatoriana adquirir la participación del 8,35% que mantiene en ese yacimiento el Banco Popular (actualmente en liquidación).

Como hasta ahora no se han difundido los contenidos de esos convenios, hay que remitirse a las primeras declaraciones del ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, quien estimó en alrededor de $22 millones el valor del campo Onado, ubicado en el estado de Monagas, cerca del oceáno Atlántico. Pero se conoce que Petroecuador no pagaría más de $17 millones.

Sin embargo, el traspaso aún no puede concretarse porque alrededor de 30 inversionistas del fideicomiso Solidez, del Banco Popular, interpusieron acciones con la prohibición de enajenar este y otros bienes de esa institución. La defensa señala que, mediante las medidas cautelares, se busca "garantizar el pago de las acreencias".

El fideicomiso Solidez se constituyó en 1995, cuatro años antes de que el Banco Popular entrara en saneamiento y se adhirieron cerca de 400 personas. El Grupo Financiero Popular, conformado por el Banco Popular del Ecuador (BPE) y el Banco Popular Internacional (off shore), en calidad de fiduciario, entregaron a los beneficiarios certificados convertibles en acciones que contaban con la garantía general del banco emisor. En diciembre de 2000 vencieron los plazos de las obligaciones y los fideicomitentes iniciaron reclamos para recuperar sus recursos, pero hasta ahora continúan impagos.

El 27 de noviembre de 2006, BLANCO Y NEGRO publicó que la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) se resistía a pagar, a pesar de que estas acreencias siempre estuvieron garantizadas por todos los activos del Banco Popular y de contar con el informe favorable de la Junta Bancaria y el pronunciamiento vinculante de la Procuraduría General del Estado.

El yacimiento Onado está integrado por 14 pozos petroleros y tiene reservas probadas por 56,7 millones de barriles, según reconoce el liquidador del Banco Popular, Antonio Buñay.

El ex presidente del Banco Popular, Nicolás Landes, dice que el precio de $22 millones es "absurdamente bajo" y que coincide con el saldo adeudado a los inversionistas del fideicomiso Solidez, por lo que considera que la valoración fue fijada solo para pagar esta deuda, pero perjudica a casi 2000 ex accionistas del banco, incluyendo a cientos de ex empleados. (AA/SR)

'Popular tiene el 8,35% de participación '

Entre 2002 Y 2006 fue del 20,89%, entonces PDVSA cambió esquemas de contratos

En 1997, PDVSA llamó a licitación para operar el campo Onado por 20 años. Ganaron el consorcio CGC (74%) y la compañía Carmanah (26%). Previamente, la compañía Distral Térmica había firmado un convenio de participación con CGC para adquirir los derechos en el convenio operativo del campo Onado.

Poco después, Distral Térmica transfirió esos derechos (equivalentes al 14,4%) al banco Fivenez, del Grupo Popular.

En diciembre de 1998, CGC y Fivenez firmaron un contrato de venta, con opción de recompra, con la compañía Petróleo y Gas Inversiones. De esta forma, la participación de Fivenez aumentó al 16%.

Luego, Fivenez transfirió su participación al Banco Popular, como pago de obligaciones pendientes. El valor de esta transacción fue de $22 millones. En mayo de 2000, PDVSA reconoció al Banco Popular como partícipe del 16% del campo Onado.

En 2002, Carmanah cayó en default y sus acciones pasaron a los otros integrantes del consorcio, cuyas participaciones subieron; la del Popular llegó al 20,89%.

Así estaban las cosas hasta 2006, cuando PDVSA asumió el 60% en todas las operadoras, que quedaron con el 40%. La participación del Popular se redujo al 8,35%, equivalente al 40% de 20,89%.

PUNTO DE VISTA

Un proceso que requiere claridad

Durante todo el período previo al referendo aprobatorio del proyecto de Constitución, que se votará el próximo domingo, el Gobierno central no se ha cansado de enviar señales que favorezcan a su posición de apoyo al Sí.

Uno de aquellos indicios ha sido las acciones del Régimen con el fin de demostrar su afán de resolver los problemas derivados de la crisis del sistema financiero de los años noventa.

Quizás el caso más sonado fue la publicitada incautación de cientos de empresas que pertenecerían a los hermanos Roberto y William Isaías, ex accionistas de Filanbanco.

A ello se han sumado acciones semejantes en contra del grupo Peñafiel, relacionado con el también cerrado Banco de Préstamos.

Sin embargo, el gesto gubernamental más reciente en relación con la crisis bancaria ha sido el traspaso de acciones del campo petrolero Onado a Petroecuador por parte de su par venezolana PDVSA. Esto permite a la estatal petrolera ecuatoriana adquirir la participación del 8,35% que mantiene en ese yacimiento el Banco Popular (actualmente en liquidación).

El dinero, de acuerdo con la propagando gubernamental, servirá para pagar a los perjudicados en el caso del fideicomiso Solidez, de dicha entidad financiera.

Hasta allí, las cosas bien. Sin embargo, han empezado a surgir dudas respecto del traspaso de las acciones.

La principal de ellas es la valoración de los activos del campo Onado, sobre lo cual no terminan de cuadrar las cifras. Una valoración de Petroecuador establece que el paquete representaría unos $21 millones. Sin embargo, según PDVSA, los derechos representan $28 millones.

Se necesita en este caso de absoluta claridad, pues no cabe que, a título de hacer justicia a cualquier precio a los perjudicados, se produzcan errores y perjuicios contra los propios interese estatales. (LAG)

¿EL CAMPO PETROLERO VALE 200 MILLONES O 17 MILLONES?

La segunda oferta de venta fue de $28,4 millones, pero Petroecuador la desechó por considerarla muy alta

Terrenos y membresías del Club Los Arrayanes (Puembo), valorados en $3 millones, también forman parte de los activos

De mantenerse en $22 millones o en un valor menor el acuerdo de traspaso de la participación del Banco Popular en el campo Onado a Petroecuador, la estatal se aseguraría ingentes dividendos por la explotación durante 18 años.

Para empezar, las reservas probadas de la totalidad del campo son de 56 704 000, de acuerdo a un informe del consorcio Petronado, que maneja el yacimiento, enviado al Banco Popular en liquidación.

A esto se añade la calidad del crudo: 38° API (muy liviano), según una de las empresas integrantes del consorcio; aunque el liquidador, Antonio Buñay, dice que la calidad oscila entre los 22° y 26° API.

Asimismo dos métodos de valoración establecen entre $100 millones y $200 millones el valor de las acciones del Popular.

En el método de "precio por reservas", el mercado bursátil asigna un valor promedio de $24 por barril de reservas probadas; la cifra determina cuánto vale cada compañía petrolera en función de sus reservas. Con este cálculo, los 4,6 millones de barriles que le corresponden al Popular en las reservas, por su participación del 8,35%, superan los $110 millones.

Si se aplica el método de "flujo descontado", que considera un costo para Onado de $50 el barril, sumado costos directos de producción, administración, impuestos y un precio de venta de $100 por barril, la utilidad neta para los operadores es de $50 por barril.

Esa utilidad, multiplicada por las reservas probadas (lo que corresponde al Popular) de 4,6 millones de barriles, arroja una utilidad acumulada de más de $230 millones.En cambio, según fuentes del Banco Popular en liquidación, el valor total del yacimiento, es decir el 100% de Onado, es de $340 millones y de ahí hay que sacar la parte proporcional (8,35%) del Banco Popular, lo que queda en $28 390 000.

Según esas fuentes, la valoración fue realizada en agosto pasado por la empresa mixta Petronado, integrada por PDVSA, y los socios minoritarios del consorcio operador, pero se negaron a entregar a BLANCO Y NEGRO una copia del documento de 40 páginas.

Por eso, en la nueva oferta presentada a Petroecuador constan $28,4 millones, con lo cual fue dejada de lado la propuesta inicial de $22 millones anunciada por Galo Chiriboga.

La nueva propuesta habría sido desechada por Petroecuador, donde se estima que la participación del Banco Popular en el campo Onado no vale más allá de $17 millones. Así las cosas, las partes decidieron recurrir a una valoración internacional, que será contratada en los próximos días. (AA/SR)

'Los accionistas deben pagar el déficit patrimonial de
$487 millones'

En septiembre de 2002 se terminó de pagar a todos los depositantes; aún se adeuda a otros inversionistas y a los ex empleados de la institución

En septiembre de 2002, la AGD terminó de pagar a los depositantes del Banco Popular.

Posteriormente, en diciembre de ese año, la administración temporal designada por la AGD preparó un listado parcial de los activos que tenía el banco, con un valor superior a los $50 millones.

El valor en caja era de $5 millones, otros $5 millones correspondían a bonos del Estado y había $18 millones en CDR de otros bancos.

En las cuentas por cobrar se contabilizaban $6 millones por la venta de la sede al Banco Central, otros $2 millones por cobrar a la AGD por adelantos, $1 millón a la AGD por cobertura de gastos de otros bancos.

Los inmuebles sumaban $10,5 millones, desglosados de la siguiente forma: $6 millones por la propiedad de Guápulo, $3 millones por terrenos y membresías en el club Los Arrayanes (ver fotos), $1 millón por la agencia ubicada en la avenida Colón de Quito y $500 mil por la agencia Torre 1492. A esos valores hay que añadir la cuenta por cobrar del Banco Pichincha por liquidación de venta de cartera, cuyas cifras la AGD no las ha revelado hasta la actualidad.

Fuentes del Banco Popular en liquidación, dirigido por Antonio Buñay, señalan que el déficit patrimonial del Banco Popular es de $487 millones y que ese monto les corresponde pagar a los accionistas del Banco Popular (el mayoritario era Ceval y cerca de 2 000 minoritarios). Esto, porque los recursos para atender a los inversionistas del fideicomiso Solidez deberán provenir de la venta de la participación del Popular en el campo Onado.

En cuanto a los activos del Banco, el liquidador Antonio Buñay dice que actualmente hay $186 millones y que los activos líquidos llegan a $180 mil.

Con estos recursos se pagará a inversionistas y ex empleados del Banco Popular que todavía no cobran las acreencias adeudadas. (AA/SR)

Garantía general

El fideicomiso Solidez está garantizado con bonos emitidos por el Banco Popular, con garantía general, es decir con la garantía de todos los bienes de la institución. Así, cualquier bien que tenga el banco, "sea Onado o cualquier otro, debe ser obligatoriamente destinado a pagar los bonos que tiene el fideicomiso Solidez y, por tanto, a los inversionistas", dice Landes.

La AGD ha mantenido una política de reserva y falta de
transparencia en el tema Onado

Según la actual administración, el año pasado habría rendido $1,5 millones; según estudios técnicos extraoficiales, en los últimos siete años habría producido $31 millones

"Las administraciones pasadas deberán rendir cuentas sobre lo sucedido, tenemos indicios de corrupción que serán investigados y sancionados".

Carlos Bravo, gerente de la AGD

En general, la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) no ha mantenido una política de transparencia sobre el campo Onado.

Uno de los pocos gerentes que habló del tema fue Ramiro Espín, que en 2004 le dijo a BLANCO Y NEGRO que los recursos obtenidos con los rendimientos proporcionales a la participación del Popular se utilizaron para pagar a los depositantes. En esa ocasión, el ex funcionario señaló que ese yacimiento era la única fuente real de recursos para el banco.

El reportaje también mencionaba que por entonces el campo daba un rendimiento anual de $2 millones. Actualmente, fuentes de la administración temporal dicen que en 2007 se generaron $1,5 millones de utilidades.

No obstante, análisis extraoficiales señalan que los rendimientos serían mucho más altos y que la AGD habría recibido $31 millones en los últimos siete años. Esta cifra es superior a las propuestas de venta por $22 y por $28 millones realizadas por la actual administración, que tampoco ha hecho pública la valoración del 100% del yacimiento venezolano realizada por Petronado.

Otro aspecto que no ha sido transparentado por parte de la AGD tiene que ver la calidad del crudo extraído. Todavía no ha presentado certificaciones sobre el tema.

En la misma línea de reserva, la Agencia de Garantía de Depósitos nunca informó el precio que pagó PDVSA al consorcio CGC-Korea Petroleum-Banco Popular por la compra del 60% de la participación en Onado ni el destino que se dio a esos recursos.

El actual gerente de la AGD, Carlos Bravo, y fuentes allegadas al liquidador del banco, Antonio Buñay, manifestaron que no existe información sobre el campo Onado porque anteriores administradores se habrían llevado la documentación.

"Las administraciones pasadas deberán rendir cuentas sobre lo sucedido con el campo Onado, si hubo renta o no, qué se hizo con esos recursos o si hubo pérdidas", señalaron.

Asimismo, tras afirmar que en el pasado hubo corrupción, Bravo se comprometió a realizar una profunda investigación, que establecerá responsabilidades penales.

Por la reserva con que se ha manejado este tema, el grupo de 30 inversionistas del fondo Solidez que interpuso medidas cautelares sobre el campo petrolero recién se enteró en 2004 que este era uno de los activos del banco. La defensa de esas personas dice haber obtenido en Venezuela información sobre el campo, "porque la AGD no tiene un registro de los dineros ingresados por la producción".

La defensa cuestiona al actual liquidador temporal del Banco Popular, dice que por "desconocimiento del tema petrolero" se valoró la participación en $22 millones, cuando el valor real es mucho mayor. Por eso apoya una valoración internacional, independiente. (SR/AA)

BLANCO Y NEGRO: es una publicación del GRUPO HOY. Premios de Libertad: 1994, 1996, 1997, 2001 - Segundo Premio Jorge Mantilla Ortega: 1999

EL CAMINO PARA CONCRETAR LA VENTA DEL CAMPO ONADO SE ABRE

2008-09-20T19:43:00.000-07:00

Diario El Comercio
Sábado 20 de septiembre, 2008
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=223273&id_seccion=6

Ayer se firmaron los primeros acuerdos con los acreedores. Esto permite destrabar los líos legales que impedían la venta de las acciones del Popular en Onado.

Redacción Negocios

Los líos legales que impiden la venta del 8,35% de acciones del Banco Popular en liquidación en el campo petrolero Onado, en Venezuela, empezaron a destrabarse.

Ayer se firmaron los primeros acuerdos entre el liquidador del Banco, Antonio Buñay, y los acreedores de la ex entidad.

Esto porque según datos oficiales, hasta septiembre del 2007, un grupo de clientes del Fondo Solidez tiene nueve litigios judiciales en contra de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).

Estos procesos impiden la venta de bienes y la entrega de otros recursos por parte del Campo Onado. La medida se tomó porque la AGD se negó a devolverles su inversión, según Carlos Solines, representante del Fondo Solidez.

El organismo sostenía que no eran clientes directos del banco, a pesar de tener informes favorables del Tribunal Constitucional, de la ‘Súper’ de Bancos y de la propia AGD, los cuales reconocen a los clientes del Fondo Solidez como parte de las personas a quienes tenían que devolverles su dinero invertido en el Popular.

Unas 200 personas son parte del Solidez y la deuda llega a USD 23,5 millones. No obstante, el panorama para los perjudicados del Solidez cambió el mes pasado, cuando el propio mandatario Rafael Correa anunció que Petroecuador compraría el campo a fin de que estos clientes puedan recuperar sus dineros.

Los acuerdos son una garantía de que el Popular en liquidación pagará los dineros que adeuda a los clientes del Solidez a cambio de que ellos retiren las medidas que impiden la venta del campo.

Sin embargo, no todos han respondido al llamado del liquidador para retirar estos procesos. Aunque no precisó cuántos convenios se firmaron hasta ayer, Buñay dijo que este fin de semana prevé reunirse con otros acreedores a fin de llegar a un acuerdo.

Según el titular de Petróleos, Galo Chiriboga, Petroecuador tiene carta abierta para comprar el campo. “La única condición es que no existan temas legales pendientes. No podemos comprar problemas jurídicos”.

Un tema que aún no está claro, empero, es la valoración del campo. Inicialmente, Buñay anunció que el paquete del Popular en Onado costaba USD 21,7 millones, según un estudio a marzo pasado que contemplaba un costo del barril de crudo de USD 60. Luego se presentó un segundo costo por USD 28,4 millones, basado en una nueva valoración a agosto pasado que consideró un precio de USD 71 el barril.

Estas cifras fueron ofertas de compra presentadas por Petróleos de Venezuela S. A. (Pdvsa), porque la empresa maneja el 60% del campo Onado y, por ser estatal, tiene preferencia para comprar las acciones de sus socios. Pero Pdvsa cedió esos derechos a Ecuador en agosto pasado.

El ex titular del Popular, Nicolás Landes, cuestionó días atrás estas cifras, pues estarían por debajo del valor internacional. Según él, el campo tiene un costo de, al menos, USD 110 millones.

Chiriboga anunció una auditoría para definir el tema . “Pero en ningún caso se pagará más de USD 28,4 millones al Popular”.

La historia del campo

Desde su celda en el ex penal, Landes recuerda que en 1999 Fivenez, un banco venezolano del grupo Ceval, de su propiedad, adquirió el 14% del campo Onado.

Fivenez transfirió ese paquete al Popular por USD 22 millones. En 1999 se produjo la crisis bancaria y ese activo estuvo a punto de perderse en los libros contables, donde constaba con valor cero. En el 2002, la participación aumentó al 20,8%, pero en el 2006 el presidente venezolano Hugo Chávez redujo, sin compensación, ese porcentaje al 8,35%.

OPINE SOBRE LA NOTICIA
9/20/2008 3:02:00 PM
Margarita Donoso

¡Qué barbaridad!, si es verdad lo que dice la noticia en el último párrafo: en el 2002, la participación (del Banco Popular en el campo petrolero Onado) aumentó al 20,8%, pero en el 2006 el presidente venezolano Hugo Chávez redujo, ¡¡SIN COMPENSACIÓN!!, este porcentaje al 8,35%.

Si esto es verdad, hay que investigar a la AGD y averiguarle ¡¡¿por qué regaló a Venezuela un 12% de la participación del Banco Popular en el campo Onado?!!, ocasionando no solamente a los accionistas del Banco, sino al país un gravísimo perjuicio.

AUTORIZAN PARTICIPACIÓN DE PETROLERA ESTATAL DE ECUADOR EN CAMPO VENEZOLANO

2008-09-20T19:30:00.000-07:00

Diario HOY
Sección Actualidad
Publicado el 18/Septiembre/2008 17:43

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/autorizan-participacion-de-petrolera-estatal-de-ecuador-en-campo-venezolano-306326.html

El directorio de la estatal petrolera ecuatoriana, Petroecuador, autorizó hoy la participación de esta compañía en la empresa mixta Petronado, para la explotación del campo Onado, en Venezuela.

El presidente del directorio de Petroecuador, Galo Chiriboga, que es el ministro de Minas y Petróleos, autorizó esta participación, en una operación en la que Petroecuador adquiere las 8 356 acciones que poseía el Banco Popular, sometido a un proceso de liquidación en Ecuador.

Según un comunicado de la petrolera ecuatoriana, estas acciones equivalen al 8,35% de todo el paquete accionarial de Petronado.

No obstante, el movimiento financiero dependerá de la valoración que determine un "certificador internacional", solicitado por Chiriboga a la Superintendencia de Bancos, para que estime "el valor exacto" del paquete accionarial que tenía el Banco Popular en Petronado.

Esa definición, precisa el texto de Petroecuador, "deberá tomar en cuenta las variaciones de costos en el precio del petróleo" y no podrá rebasar una valoración inicial, de $28,41 millones.

Una primera apreciación de Petroecuador, basada en una oferta presentada por la estatal venezolana PDVSA, que forma parte de la empresa mixta Petronado, establecía un valor de $21,72 millones, calculado con un precio del valor del crudo de $60 por barril.

Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) hizo una segunda valoración en agosto pasado, que calculó el paquete accionarial del Banco Popular en $28,41 millones, a un precio del crudo de $71 por barril.

El Banco Popular está sometido a un proceso de liquidación por parte del Estado, que intervino para su salvamento luego de la crisis financiera que azotó al país entre 1998 y 1999.

La decisión del directorio de Petroecuador, de autorizar la participación de la estatal en el campo venezolano de Onado, fortalecerá su nueva política internacional, pues también prevé intervenir en otra empresa mixta con PDVSA, para explotar un campo en la faja petrolífera del Orinoco. (EFE)
Hora GMT: 18/Septiembre/2008 - 22:43

Comentarios
Patricia Cabeza de Vaca desde - quito

18/Septiembre/2008 a las 18:51

Para qué contratan un "certificador internacional" si es que de entrada fijan un techo de $ 28,41 millones para la valoración?. Los ex empleados del Banco Popular exigimos transparencia. Pedimos que la valoración se haga con técnicos calificados, que no estén sujetos a ningún tipo de restricción, como es obvio.
Patricia Cabeza de Vaca

PETROECUADOR COMPRARÁ EL 8,3% DEL CAMPO ONADO

2008-09-20T11:47:00.000-07:00

Diario El Comercio

http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=223001&id_seccion=6

El Directorio de la empresa estatal aprobó la adquisición del paquete accionario. Una auditoría definirá el costo del campo venezolano, hay dos valoraciones.

Redacción Negocios

El Directorio de la petrolera estatal autorizó ayer a Petroecuador la compra del 8,35% de acciones del ex Banco Popular en liquidación en el campo petrolero Onado, ubicado en Venezuela.

Petroecuador comprará esas acciones con recursos de su propio presupuesto. Pero el costo está aún por definirse, pues existen dos valoraciones.

El liquidador del Popular, Antonio Buñay, envió una primera oferta a Petroecuador por USD 21 725 000 y está basada en información realizada por Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (Pdvsa), en marzo de 2008, con un precio promedio del crudo de USD 60 por barril.

Pero Buñay envió una segunda oferta en estos días, esta vez por USD 28,4 millones, un alcance basado en un nuevo informe de Pdvsa a agosto de este año, con un precio de USD 71 por barril.

Estas ofertas fueron presentadas por Pdvsa porque la empresa maneja el 60% del campo Onado y, por ser estatal, tiene preferencia para comprar las acciones de sus socios. Pero Pdvsa cedió esos derechos de compra a Ecuador en agosto pasado.

El ex titular del Popular, Nicolás Landes, cuestionó esas cifras por considerar que Pdvsa es parte interesada y, por tanto, no reflejarían el costo real del negocio.

El ministro de Petróleos, Galo Chiriboga, señaló que solicitó a la Superintendencia de Bancos que un certificador internacional determine el valor exacto del paquete accionario.

Pero aclaró que, en todo caso, Petroecuador no cancelará un precio superior a la segunda cotización (USD 28,4 millones).

Sin embargo, según Landes, el campo tendría una valoración de, al menos, USD 110 millones, considerando los 55 millones de barriles en reservas y un precio de USD 24 el barril. Este valor se maneja actualmente en transacciones internacionales, indicó

El crudo se recupera

Los precios del petróleo terminaron en leve alza ayer en Nueva York, luego de que los inversores se refugiaron en el crudo ante la crisis financiera.

El barril de West Texas Intermediate (designación del crudo ligero negociado en EE.UU.) para octubre cerró a USD 97,8. En la sesión alcanzó USD 102,2, en una jornada muy volátil animada por la crisis financiera. En Londres, el barril de Brent del mar del Norte cerró USD 95,19.

“Los operadores ven el petróleo como una inversión segura, como el oro, en la cual poner su dinero, porque no les gusta lo que pasa en el mercado bursátil”, dijo Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

El oro continuó su espectacular ascenso, rozando los USD 900 la onza, en una disparada en la que logró un aumento histórico de USD 110 en dos sesiones.

Al comienzo de la sesión, súbitamente “los precios estuvieron sostenidos por las compras de inversores extranjeros luego de la caída de Wall Street el miércoles”, observó Lipow. AFP

LOS INGRESOS Y EL VALOR DEL CAMPO ONADO SON UN MISTERIO

2008-09-20T11:07:00.000-07:00

Diario El Comercio.

http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=221216&id_seccion=6#comments

El manejo de las acciones del Banco Popular en el campo petrolero venezolano Onado deja varias interrogantes. Esto, debido a la poca transparencia de cifras de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) entre 1999 y junio de 2008

Redacción Negocios

El manejo de las acciones del Banco Popular en el campo petrolero venezolano Onado deja varias interrogantes. Esto, debido a la poca transparencia de cifras de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) entre 1999 y junio de 2008.

USD 21,7 millones
es la propuesta de venta del liquidador del Banco Popular a
Petroecuador.

El ex titular del Banco Popular, Nicolás Landes, pidió ayer que la AGD rinda cuentas sobre los dividendos desde el 2001. Lo hizo en entrevista telefónica con Radio Quito desde su celda en el ex penal García Moreno.

El titular de la Agencia de Garantía de Depósitos, Carlos Bravo, señaló que el tema se investiga. “Estoy recabando información para ver qué ha pasado con esos dineros que deben haber entrado en la AGD”, dijo el funcionario también en Radio Quito. Tras ser consultado si el campo tuvo un mal manejo dijo: “Pudiera ser y no sé si solo manejos chuecos, tenemos que hablar claro: aquí ha habido corrupción”.

Sobre los USD 31 millones que generó el campo entre 1999 y 2006, Bravo acotó que investigará dónde están esos recursos y qué se hizo con ellos.
“El país tiene que conocerlo. Aquí no es cuestión de que ahora simplemente se diga allí había unas acciones del Banco Popular en el campo Onado y no ha pasado nada, tenemos que averiguar qué fue lo que pasó”.

Esta semana el liquidador del Popular, Antonio Buñay, presentó una oferta de venta del paquete accionario en el campo a Petroecuador por USD 21,7 millones.

Esa cifra también genera dudas. Según Landes, el campo tendría una valoración de, al menos, USD 110 millones, considerando los 55 millones de barriles en reservas y un precio de USD 24 el barril. Este valor se maneja actualmente en transacciones internacionales.

Según un ex administrador de la AGD, que pidió la reserva, una estimación conservadora es de una utilidad de, al menos, USD 50 por barril, y no de entre USD 4 y 7 como señala la propuesta. “El precio del crudo supera los USD 100 por barril, y los costos de producción, en el peor de los casos, serían de USD 50 ( incluyendo las inversiones en exploración y explotación)”.

2 OPINIONES Publicadas en El Comercio

9/12/2008 10:39:00 AM
Gonzalo Gutierrez

OPINE SOBRE LA NOTICIA
Como ahora todo es de todos y nada es de nadie, la gestión de la AGD se pone de cuerpo presente, una manada de corruptos, feriádos los recursos y culpando a los ex banqueros. Donde están los reportes y estado de cuentas de la AGD? escondidos? que siga la farr al fin y al cabo es de todos.

9/12/2008 9:42:00 AM
Cesar Augusto Dominguez

OPINE SOBRE LA NOTICIA
pobres ecuatorianos viven engañados, la agd, se termino de festinar lo poco que dejaron los bancos cuando quebraron, es decir después de que los bancos pasaron a la a agd, aun tenían algunas rentas buenas, estas se festejaron, el dinero d este campo petrolero es una de estos ejemplos. así mismo es que esta pasando con el banco de los andes con el liquidador que ha puesto la agd y con la mutualista benalcázar. viva el ecuador gritan los comunistoides.

2008-09-16T12:14:00.000-07:00

2008-09-15T20:55:00.000-07:00

Próximamente, entrevista a Nicolás Landes en Radio Quito.

Diario El Universo: Desestimada oferta para el campo Onado

2008-09-13T22:14:00.000-07:00

http://www.eluniverso.com/2008/09/13/0001/9/41FF9D686617402194D97751548814CB.html

Septiembre 13, 2008

QUITO

El directorio de la petrolera estatal Petroecuador resolvió ayer posponer la compra de las acciones que el Banco Popular, en liquidación, tiene en la empresa Petronado, que administra el campo petrolero Onado, en Venezuela.

La decisión se mantendrá hasta que el liquidador del banco resuelva los conflictos legales con unos diez acreedores que interpusieron procesos legales para cuidar sus fondos congelados.

“Los acreedores todavía no han levantado las medidas cautelares (juicios al patrimonio del banco) y Petroecuador no puede comprar un juicio”, dijo José Luis Zirit, delegado del presidente de la República en el directorio de Petroecuador.

Banco Popular tiene el 8,356% de las acciones en la empresa Petronado (filial de Petróleos de Venezuela, Pdvsa), constituida por algunos socios.

El 60% de esa firma le pertenece a Corpoven (empresa de Pdvsa), el 26% a la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC), el 8,36% (redondeado) al Banco Popular y el 5,64% a Knoc (una petrolera coreana).

“Lo que pedimos es que los acreedores se pongan de acuerdo y levanten las medidas (cautelares), porque si eso no ocurre no hay nada que comprar”, acotó el funcionario.

Mientras tanto, la estatal aprovechará el tiempo para enviar a sus técnicos a conseguir información certificada en Petronado; esto les permitirá confirmar el costo de las acciones, señaló Zirit.

Antonio Buñay, liquidador del banco, solicitó $ 21’725.600 por el 8,356% de las acciones y la cifra la sustentó con una valoración efectuada por Venezuela en marzo pasado.

Dicha valoración (que se hace en función de las reservas, del perfil de producción y de los años que regirá el contrato) dejó un valor neto de $ 260 millones (de los cuales el 8,3% le correspondería al Popular).

Solo después de superados esos dos pasos, el directorio de Petroecuador decidirá si comprar o no las acciones, aunque la venta de estas es primordial para el pago de las acreencias a los depositantes.

Además, el directorio resolvió constituir una cuarta empresa de economía mixta; esta vez, con la petrolera de Indonesia, Pertamina.

Esta sociedad mixta, en donde Petroecuador tendrá participación, suscribirá un acuerdo de exploración para que realice trabajos de sísmica en el bloque 39, ubicado costas afuera del Golfo de Guayaquil.

En el caso de que esa compañía encuentre reservorios de gas o crudo, el Estado firmará un contrato de servicios, que incluye un reconocimiento de inversiones. Algo similar a lo que harán con el campo petrolero Sacha.

El Comercio: LA AGD HA RECIBIDO DIVIDENDOS DESDE EL 2001, PERO NO HA DICHO CUÁNTO NI EN QUÉ SE USÓ ESE DINERO

2008-09-11T23:14:00.000-07:00

9/11/2008
Ecuadoradio
http://www2.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=142202&anio=2008&mes=9&dia=11

El ex propietario del Banco Popular, Nicolás Landes, pidió hoy a la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) rendir cuentas sobre los dividendos recibidos desde el 2001 por el campo petrolero venezolano Onado.

Landes se refiere a la incautación que la AGD hiciera en 1999 del 8,35% de las acciones que tenía el Banco Popular en el campo Onado. Esta área se ubica en el estado de Monágas, al nororiente de Venezuela. El campo fue el resultado de inversiones del Banco Popular cuando estaba en operación.

En diálogo con Ecuadoradio desde su prisión en el ex penal García Moreno, solicitó que se aplique una política de transparencia en este caso.

“Desde el 2001 (…) la AGD ha recibido un dividendo en efectivo todos los años. Pero se ha rehusado a revelar cuánto recibió cada año hasta el 2008 y qué destino le ha dado a ese dinero”, dijo Landes.

“Sabemos que son decenas de millones de dólares, pero es un dato que no tenemos. A pesar de las insistencias, la AGD no ha revelado esa información. Y por eso concuerdo con el señor (Carlos) Bravo de que cuando no hay transparencia hay suspicacia”.

Según Landes, la participación accionaria del 8,35% que tenía el Banco Popular está valorada entre 100 y 200 millones de dólares.

Además dijo que el campo Onado tendría reservas por 55 millones de barriles de crudo y que se trata de petróleo de “altísima calidad”.

Diario HOY: LANDES PIDE A AGD RENDIR CUENTAS DE ONADO.

2008-09-11T22:50:00.000-07:00

Sección: Política Actualidad
Publicado el 12/Septiembre/2008 00:10
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/landes-pide-a-agd-rendir-cuentas-de-campo-onado-305051.html

Onado produce 55 millones de barriles de crudo e ingresará $213 millones en 18 años.

El ex presidente del Banco Popular, Nicolás Landes, en declaraciones a la prensa desde el ex Penal García Moreno de Quito, reveló ayer que hasta el momento "la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) no rinde cuentas de los ingresos que el campo petrolero venezolano Onado ha dejado".

"La inversión en Onado llegó a manos del Banco Popular a través de un banco que el grupo tenía en Venezuela, el cual fue vendido y así formó parte las inversiones del banco", añadió.

Respecto a los informes según los cuales Onado produce 55 millones de barriles de petróleo con una participación del Banco Popular del 8,35%, que representaría un ingreso de $213 millones en los próximos 18 años, indicó que "es un dato verídico, probable pero no seguro ya que depende de muchos factores económicos".

Respecto a la situación de ese campo en 1999, dijo que cuando la "Súper" de Bancos resolvió "de manera arbitraria intervenir el Banco Popular" lo retiró de la presidencia y lo entregó a la AGD, ese campo estaba aun en recuperación. (CAT)

Hora GMT: 12/Septiembre/2008 - 05:10

NICOLÁS LANDES: AGD NO HA RENDIDO CUENTAS DE RECURSOS DE CAMPO PETROLERO EN VENEZUELA. Ecuador Inmediato

2008-09-11T20:15:00.000-07:00

Ecuador Inmediato, El periódico instantáneo del Ecuador.
www.ecuadorinmediato.com/noticias/87143

Ecuador, Jueves 11 de Septiembre de 2008, 10:02:49 PM
Edición N° 1502
Judiciales

Banco Popular no tenía problemas de liquidez ni capital cuando fue intervenido, dice ex propietario

Desde el penal García Moreno, Nicolás Landes, ex administrador y propietario del Banco Popular, aseguró que la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) ha recibido dividendos en efectivo todos los años del campo Onado, en Venezuela, sin que la entidad “se atreva a revelar exactamente qué se recibió cada año y qué destino le dio a ese dinero”. Según Landes, cuando se intervino al Banco Popular por la Superintendencia de Bancos, en el mes de septiembre de 1999, éste no tenía ni problemas de liquidez, ni de capital, y cumplía además con las normas legales y cuestionó el proceso legal en su contra señalado que un mismo tribunal que absolvió a directivos y funcionarios del banco a él sí lo condenó por peculado, ocho años después.

Landes aseguró que hay errores en las publicaciones de prensa que vinculan la inversión del Banco Popular en el campo petrolero Onado en Venezuela con el Fideicomiso de Solidez.

“Eso no hubo, jamás se vincula una cosa con otra. La inversión en el campo Onado llegó a manos de Banco Popular a través del banco que el grupo tenía en Venezuela que fue vendido y de esa manera formó parte las inversiones del Banco Popular, lo del Fideicomiso de Solidez tenía en sus activos bonos que emitió el Banco Popular con la garantía de todos bienes y que fueron colocados entre inversionistas y ese dinero que culmina con los 30 millones de dólares a la caja del Banco Popular”, manifestó.

Respecto a los informes de acuerdo a los cuales el campo Onado produce 55 millones de barriles de petróleo, con una participación del Banco Popular del 8,35 %, lo que representaría un ingreso de 213 millones de dólares en los próximos 18 años, Landes dijo que “es un dato verídico, probable pero no seguro ya que depende de muchos factores económicos”.

Respecto a la situación de ese campo en 1999, indicó que cuando la Superintendencia de Bancos resolvió “de una manera arbitraria e injustificada intervenir el Banco Popular” lo retiró de la presidencia y la entregó a la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), ese campo estaba todavía en recuperación.

Mencionó que en el año 97, la petrolera PDVSA pidió sacar a licitación algunos campos marginales y un consorcio de accionistas venezolanos y empresas petroleras internacionales participó y ganó el concurso el campo Onado, cuando prácticamente no tenía producción.

“Para el año 97, hasta el año 2000, hubo un proceso de inversión y producción en los pozos petroleros, que ya comenzaron a rendir frutos en el 2001, que es el primer año que Banco Popular recibe ya su dividendo en efectivo”, explicó.

Señaló que en esos momentos se encontraba Fernando Armendariz como administrador temporal de Banco Popular en esa época.

“Posteriormente pasa todo esto a un misterio, a una reserva absoluta y no se ha sabido más nada del rendimiento que produjo la inversión para Banco Popular que le retiró la AGD y por lo que me entero en estos momentos, por el actual director de la AGD, es que se va a empezar una investigación que se va a ser pública: exactamente de cuánto dinero ha recibido y qué destino se le ha dado”, acotó.

“Este petróleo es de altísima calidad y no solamente eso sino que la ubicación del campo es privilegiada, está cerca de la costa venezolana lo que implica que el costo del transporte se diferencia al petróleo ecuatoriano, su transportación es barata”, especificó.

Landes recordó que cuando se intervino al Banco Popular por la Superintendencia de Bancos en el mes de septiembre de 1999, éste no tenía ni problemas de liquidez, ni problemas de capital, y cumplía además con las normas legales.

“El banco fue intervenido por una demanda que puso la República de Colombia en Miami, que después fue rechazada por las cortes de Estados Unidos ya que se comprobó que era una demanda falsa, pero en todo caso el banco fue intervenido, y la AGD a los pocos días de esta intervención comenzó hacer ajustes al balance y eso fue lo que provocó que el banco ya no tuviese patrimonio, luego se lo expropió y se perjudicó a los casi 2 mil accionistas, dejando en el desempleo a 200 empleados , y a la final quedó en las manos de la AGD”, argumentó.

Afirmó que la AGD ha recibido el dinero que recibe del campo Onado que anteriormente lo recibía el Banco Popular.

“El Banco Popular quedó a manos de la AGD y desde el año 2001 que se completó la recuperación de ese campo abandonado, y la AGD ha recibido dividendos en efectivo todos los años, pero ha rehusado revelar exactamente qué se recibió cada año y qué destino le dio a ese dinero”, reiteró en entrevista concedida a Radio Quito esta mañana.

En cuanto a la situación judicial, indicó que la AGD ha negado recocer la calidad de acreedores y que los depositantes del banco fueron pagados integralmente hasta el 2001.

“El tercer tribunal de Pichincha me condenó ocho años que es la máxima pena en diciembre del año pasado, lo curioso es que ese mismo tribunal había absuelto a directores y funcionarios del banco porque no encontró pruebas de que se había cometido un delito, es decir que para el tercer tribunal en el año 2006 no existió delito de manera que una persona responsable no es que no se la nombró sino que no había delito”, expresó.

Especificó que hay un informe del peritaje que fue nombrado por el juzgado que dijo “que la operación que se cuestiona dejó de ser dolosa y era beneficiosa para el banco”.

“Existen otros informes adicionales como la auditoria que arrojó la conclusión que no sólo esa operación era dolosa sino que no habían encontrado ninguna operación cuestionable dentro del Banco Popular, entonces es curioso que un año después ese mismo tribunal sí encuentre delito y me condena por peculado”, sentenció.

UNA DANZA DE CIFRAS EN EL CAMPO ONADO. DIARIO EL EXPRESO

2008-09-11T19:34:00.000-07:00

Primera página http://www.expreso.ec/
Jueves, 11 de septiembre del 2008

La venta del 8,35% de las acciones del campo venezolano Onado, de propiedad de la AGD, propicia una danza de cifras sobre el precio real. Petroecuador analiza la oferta de venta calculada por Pdvsa en $ 22 millones, mientras un informe técnico del Banco Popular señala que dicha participación vale al menos $ 110 millones, al precio actual del crudo.Por su parte, las asociaciones de acreedores del Banco Popular y del Fondo Solidez dicen que vale $ 80 millones.

ACCIONES DE ONADO PODRÍAN SUPERAR LOS $ 22 MILLONES. Diario EL EXPRESO.

2008-09-11T19:05:00.000-07:00

Sección Actualidad

Jueves 11 de septiembre del 2008

http://www.expreso.ec/html/actualidad2.asp

Existen medidas cautelares que impiden venta del 8,35% del campo

El campo petrolero Onado, ubicado en Venezuela, levanta polvareda. Un informe sobre el Banco Popular en liquidación, elaborado por la asesoría técnica de la entidad, señala que su participación en Onado vale, al menos, $ 110 millones y no los $ 22 millones en que se lo pretende vender. Esta cifra coincide con lo adeudado a los clientes del Fondo Solidez.

Según el Ministerio de Petróleos, las reservas probadas del campo Onado son de 55 millones de barriles que serán extraídas en los próximos 18 años. Al Banco Popular le corresponde el 8,35%, es decir, unos 4,6 millones de barriles. El crudo de Onado supera los 30 grados API, por lo que no tiene ningún castigo en el mercado internacional, como ocurre con el crudo ecuatoriano, de menor calidad, castigado con $ 15 por barril.

El documento señala que si el precio del petróleo se mantiene solo en $ 100, por barril, el campo Onado generará ingresos por más de $ 5.000 millones durante los 18 años de producción.

Entonces, al Banco Popular le corresponderán $ 460 millones de utilidad bruta. Considerando $ 50 por barril en costos de producción, administración, royalties e impuestos, la utilidad neta sería de $ 50 por barril, es decir, unos $ 230 millones.

Pero como estas utilidades se generarían en 18 años, es necesario traer la cifra de $ 230 millones a un valor presente, aplicando una tasa de descuento, o sea, un valor el día de hoy equivalente a percibir ingresos en el futuro. Con este cálculo, los ingresos serían de $ 200 millones.

El análisis técnico detalla que, incluso aplicando las valoraciones bursátiles actuales de empresas petroleras internacionales -que arrojan un precio promedio de solo $ 24 por barril para reservas probadas-, la participación del Popular en Onado arroja $ 110 millones líquidos.

Si a esto se le agrega un 20% de utilidad para el inversionista, las acciones del campo Onado se deberían vender en no menos de $ 88 millones.

El problema surgió en septiembre de 1999, pocos días después de estatalizado el Banco Popular, cuando la AGD resolvió castigar el 100% del valor de Onado en la contabilidad del Popular. Este castigo era indispensable para que la AGD declarara, el 26 de ese mes, que el Popular no tenía patrimonio y debía entrar a saneamiento.

Un informe posterior de la AGD determinó que el campo Onado arrojó una utilidad de $ 31,6 millones entre los años 1999 y 2005; de ellos se reinvirtieron $ 24,3 millones.

La historia del campo Onado es la siguiente: En 1999, el Banco Fivenez transfirió a favor de Banco Popular todos sus derechos y obligaciones en el consorcio Onado. El valor de esta transacción fue de $ 22 millones de dólares.

Este precio era el valor contable exacto que Banco Fivenez tenía en sus libros. En otras palabras, el traspaso a Banco Popular del 16% del campo Onado fue hecho al valor efectivamente invertido por Banco Fivenez, explicó Nicolás Landes, ex presidente del Popular.

El 16 de mayo de 2000, la petrolera venezolana Pdvsa reconoció el traspaso del 16% de Onado al Banco Popular.

En 2002, la empresa Carmanah incumplió con el pago puntual de los aportes de capital adicional que el consorcio Onado había solicitado a sus socios. En consecuencia, perdió su participación, la misma que fue redistribuida entre los asociados.

El Banco Popular fue beneficiario de esta redistribución y aumentó su cuota del 16% al 20,8% sin invertir un solo dólar.

En 2006, el presidente Hugo Chávez decidió que el Estado venezolano, a través de Pdvsa, debía tener un lugar mayoritario en todos los consorcios petroleros.

En octubre de 2006, Pdvsa adquirió el 60% de participación en campo Onado y automáticamente se redujo la participación de los anteriores socios.Así, la participación del Banco Popular bajó del 20,89% al 8,35% actual. (MAB)

COMPRAVENTA

Petroecuador revisa las cifras expuestas

La compraventa de las acciones del Banco Popular en el campo Onado fue analizada en la reunión del directorio de Petroecuador, el martes pasado; pero no se tomó ninguna resolución. El análisis de las cifras terminará mañana, y sobre esa base se tomará la decisión, se informó en Petroecuador.

En este proceso se analiza una oferta de venta por $ 21,7 millones de Pdvsa. La cifra es producto de una valoración efectuada al campo por la petrolera estatal venezolana, accionista mayoritaria con una inversión de $ 260 millones.

La oferta refleja una utilidad neta por barril, a valor presente para Petroecuador de entre 5 y 7 dólares. Pero el mercado internacional valora una utilidad de $ 24 por barril para reservas probadas.

En el Ministerio de Minas y Petróleos se indicó que la valoración de Onado es justa, porque la producción es pequeña y requiere una alta inversión. Además, hay que tomar en cuenta la movilidad de los precios, lo cual es complejo, explicó un técnico.

Tras la última visita a Venezuela, el presidente Rafael Correa destacó la autorización de Pdvsa para que Petroecuador pueda adquirir el 8,35% de Onado, aunque por ley la prioridad para comprar esas acciones la tiene la petrolera venezolana. (MAB)

Artículo relacionado: http://www.expreso.ec/html/ventanaact3.htm

240 clientes del Fondo Solidez exigen pago de sus acreencias

Una prohibición de venta que pesa sobre las acciones del campo petrolero Onado, que le pertenecen a la AGD, tiene en vilo a los ex clientes del Fondo Solidez, vinculado con el Banco Popular.“

Los demandantes dicen que mientras no les paguen no levantarán la prohibición, y el liquidador dice que si no levantan la prohibición no puede pagar”, dice Carlos Solines, representante de los acreedores.

Y es que la medida cautelar que se consiguió sobre los activos de la entidad no fue auspiciada por todos los perjudicados del Popular. Quienes eran clientes del Fondo Solidez no apoyan la medida.

“Estamos un poco trabados ahí”, lamentó Solines.

El compromiso de la AGD es pagar el total de las acreencias con los bienes que le pertenecían al Popular y que deben ir a subasta. Esa fue la orden que recibió del presidente de la República, Rafael Correa, quien se reunió con los clientes del Solidez, el pasado 26 de junio.

Hasta la fecha, la oficina de liquidación del Banco Popular tiene registrados a 201 ex clientes que exigen el pago de 21 millones de dólares. Aunque no son la totalidad de los perjudicados. “En total somos unos 240 acreedores y son 25 millones de dólares, pero entiendo que esos clientes no se han registrado todavía”, dijo. La expectativa de los ex clientes del Popular es que el pago inicie el 15 de septiembre. (IGF)

Gráfico relacionado: Ubicación Campo Onado http://www.expreso.ec/html/ventana.htm

BANCO POPULAR Y CAMPO ONADO

2008-09-10T22:23:00.000-07:00

10 de septiembre de 2008

Los precios del petróleo han evolucionado dramáticamente en la década que Banco Popular ha tenido una participación en el campo Onado en Venezuela. A continuación, una tabla con el precio promedio por barril, año a año a partir de 2003, que cuantifica la subida de precios y permite imaginar el obvio incremento paralelo de utilidades para los socios de Onado.

Previamente, es importante tener en mente que en 1997 el Banco Fivenez invirtió $22 millones para rehabilitar un campo marginal -con los riesgos inherentes- cuando el precio del petróleo bordeaba los $20 por barril y cuando todas las proyecciones de los expertos asumían que permanecería por muchos años en ese mismo nivel. Esta inversión fue traspasada a Banco Popular en 1999, cuando el precio por barril bajó hasta $10. Ahora, la AGD pretende vender Onado AL MISMO PRECIO de $22 millones, cuando el petróleo está por encima de $100 por barril.

Los precios promedio por barril petróleo fueron los siguientes:

2003: USD 27
2004: USD 47
2005: USD 50
2006: USD 58
2007: USD 64
2008: USD 110 (promedio proyectado)

BANCO POPULAR Y SU INVERSION EN EL CAMPO PETROLERO ONADO EN VENEZUELA

2008-09-09T19:38:00.000-07:00

RESUMEN EJECUTIVO

Quito, Septiembre 8, 2008

1. CONCLUSIONES

1.1. Contrario a lo mencionado recientemente en varios periódicos, la inversión de Banco Popular en el campo Onado NO tiene vínculo alguno con el Fideicomiso Solidez. Dicho fideicomiso jamás estuvo involucrado en la compra o administración de la inversión en Onado. En este momento el Gobierno percibe la venta de esa inversión como la fuente de recursos para pagar a los inversionistas de Solidez. La historia de campo Onado está resumida en la sección 4 más adelante.

1.2. El campo Onado tiene reservas PROBADAS de 55 millones de barriles que serán extraídas en los próximos 18 años. A un precio de 100 dólares por barril, el campo Onado generará ingresos por más de CINCO MIL MILLONES DE DOLARES. A Banco Popular le corresponde el 8,35%, o sea, unos 460 MILLONES DE DOLARES.

1.3. Según informes de prensa, la AGD y Petroecuador habrían acordado entre sí vender a Petroecuador las acciones de Banco Popular en Onado por 22 millones de dólares. Tal precio no sólo es absurdamente bajo, sino también sospechosamente coincidente con el saldo adeudado a los inversionistas de Solidez. Precisamente $22 millones. Es fácil entonces llegar a la conclusión que la. valoración de Onado fue fijada a conveniencia para pagar lo adeudado por el fideicomiso Solidez. Esta valoración minúscula perjudica a los casi 2.000 ex accionistas de Banco Popular, incluyendo a cientos de sus ex empleados.

1.4. La participación de Banco Popular en Onado genera ingresos por unos 213 MILLONES DE DOLARES CADA ANO (213 mil barriles a un precio de $100 por barril). Es inconcebible que tal inversión valga tan sólo $22 millones.

1.5 La valoración real de las acciones de Banco Popular en Onado está entre 100 y 200 millones de dólares, conforme dos métodos explicados en la sección 2 más adelante. Si el Gobierno tiene avalúos técnicos e imparciales que sustenten su precio de $22 millones, es obligación suya hacer públicos tales avalúos.

1.6. Banco Popular ha recibido DECENAS DE MILLONES DE DOLARES de DIVIDENDOS EN EFECTIVO desde el año 2001. ¿Por qué la AGD no ha querido revelar detalladamente los montos recibidos cada año? ¿Y por qué no ha querido revelar en detalle el destino dado a esos fondos?

2. VALORACION DE LAS ACCIONES DE BANCO POPULAR EN ONADO

2.1 PLAZO DE CONCESION: Un beneficio del ingreso de Petróleos de Venezuela (PDVSA) a campo Onado fue que la concesión para la explotación fue extendida por un período de VEINTE AÑOS, a contarse desde el año 2006. Esta extensión permitirá a los socios explotar la TOTALIDAD de las reservas probadas del campo, sin necesidad de incrementar significativamente la producción actual.

2.2. RESERVAS PROBADAS: Según el Ministro de Minas y Petróleos del Ecuador, las reservas PROBADAS de campo Onado, o sea, aquellas cuya extracción es segura, suman 55 millones de barriles (El Comercio, 30 de agosto de 2008). Corresponden a Banco Popular aproximadamente 4,6 MILLONES de barriles, en proporción a su participación del 8,35%.

2.3. CALIDAD DEL PETROLEO: Onado produce petróleo de altísima calidad (38 grados API) y su ubicación cercana a la costa venezolana es privilegiada. (El Comercio, 6 de septiembre - fuente: AGD y CGC). Esto significa que el barril de petróleo "liviano" de Onado es muy cotizado y su precio es de los más altos del mercado. En comparación, el petróleo "pesado" del oriente ecuatoriano se vende con un descuento de aproximadamente $15 por barril.

2.4. PROYECCION DE INGRESOS: Si el precio del petróleo se mantiene en $100 por barril, campo Onado generará ingresos por más de 5 MIL MILLONES DE DOLARES durante los 18 años restantes de su concesión. A Banco Popular le corresponderían unos 460 (cuatrocientos sesenta) MILLONES DE DOLARES.

2.5. VALORACION - METODO PRECIO POR RESERVAS

2.5.1. En el sitio internet de Ecopetrol (petrolera estatal colombiana) consta una relación de las valoraciones bursátiles de empresas petroleras internacionales con sus reservas PROBADAS. La valoración PROMEDIO arroja 24 dólares por barril de reservas probadas. Esto quiere decir que el mercado bursátil asigna un valor promedio de $24 por barril a las reservas probadas. Esta cifra entonces determina cuanto vale cada compañía petrolera, en función de sus reservas.

2.5.2. Aplicando la misma cifra de $24 por barril de reservas PROBADAS, los 4,6 millones de barriles de reservas de Onado, lo que corresponde proporcionalmente a Banco Popular, valen 110 (ciento diez) MILLONES DE DOLARES.

2.6 VALORACION - METODO FLUJO DESCONTADO

2.6.1 Si se considera un costo para Onado de $50 por barril –sumando costos directos de producción, administración, royalties e impuestos- y un precio de venta de $100 por barril, la utilidad neta en Onado es de $50 por barril.

2.6.2. Esta utilidad de $50 por barril multiplicada por las reservas probadas de 4,6 millones de barriles arroja una UTILIDAD ACUMULADA de 230 (doscientos treinta) MILLONES DE DOLARES, SOLO PARA BANCO POPULAR.

2.6.3. Pero, como estas utilidades se generarían a lo largo de los próximos 18 años, es necesario traer la cifra de $230 millones a un valor presente, aplicando una tasa de descuento. En otras palabras, determinar un valor en efectivo el día de hoy equivalente a percibir ingresos en el futuro. El resultado es un valor CERCANO A LOS 200 (doscientos) MILLONES DE DOLARES.

2.7. CONCLUSION: El valor comercial de la participación de Banco Popular en campo Onado se ubica entre 100 y 200 millones de dólares. Jamás en la ridícula cifra de 22 millones que pretendería pedir la AGD según informaciones de prensa.

2.8. Como nota histórica, vale recordar que la AGD resolvió, entre la segunda y tercera semana de septiembre 1999, pocos días después de estatizado Banco Popular, que la inversión en Onado NO TENIA VALOR ALGUNO. Asi, la AGD CASTIGO el 100% del valor de Onado en la contabilidad de Popular. Este castigo, o sea esta pérdida, de aproximadamente $25 millones fue un ingrediente INDISPENSABLE para que la AGD declare, el 26 de septiembre de 1999, que Popular NO tenía patrimonio y, por ende, debía ser puesto en saneamiento, causando grave perjuicios a clientes, empleados y accionistas.

3. DIVIDENDOS RECIBIDOS

3.1. Desde que el consorcio Onado completó la primera fase de recuperación de los pozos petroleros en el 2001, el consorcio ha pagado DIVIDENDOS EN EFECTIVO a sus socios. Concretamente, Banco Popular recibió su primer dividendo por varios millones de dólares en 2001.

3.2. Vistos que, la producción DIARIA desde aquella época ha sido superior a los 5 mil barriles y, que el precio por barril ha subido consistentemente del 2001 a la fecha, se concluye que Banco Popular, en manos de la AGD, ha recibido DECENAS DE MILLONES DE DOLARES en dividendos en efectivo.

3.3. La AGD ha rehusado revelar el monto de los dividendos recibidos anualmente durante los últimos OCHO AÑOS. ¿Por qué?

3.4. La AGD ha rehusado informar EL DESTINO de esas DECENAS DE MILLONES recibidos EN EFECTIVO. ¿Por qué?

3.5 Es importante observar que el campo Onado era rentable, y pagó dividendos en efectivo, en 2001, en una época cuando el precio del barril de petróleo bordeaba los $30. Seria lógico esperar que, cuando el precio por barril se ubica por encima de $100, la utilidad sería muchísimo mayor.

3.6. Sin embargo, según publicaciones recientes (El Comercio, 6 de septiembre) la AGD alega que Banco Popular recibe un dividendo anual de apenas $2 millones.

3.7. Según la misma fuente (AGD y CGC), la producción DIARIA en Onado es del orden de 7 mil barriles, equivalente a dos y medio millones de barriles por año. A Popular le corresponden aproximadamente 213 mil barriles anuales. Si se divide los supuestos $2 millones de dividendos anuales por los 213 mil barriles anuales de Popular, resulta que la UTILIDAD NETA por barril en Onado es de apenas $9,40, o sea, MENOS DE DIEZ DOLARES POR BARRIL! En una época cuando el barril de petróleo se vende por más de $100!

4. RESUMEN HISTORICO

4.1 En junio 6 de 1997, el CONSORCIO compuesto por COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES (CGC) de Argentina y CARMANAH RESOURCES de Canadá ganó la licitación convocada por Petróleos de Venezuela (PDVSA) para operar el campo ONADO, ubicado en Maturín, estado de Monagas, Venezuela.

4.2 En junio 1997 DISTRAL TERMICA firmó un CONVENIO DE PARTICIPACION con CGC, adquiriendo derechos en el campo ONADO.

4.3. El CONVENIO OPERATIVO correspondiente se firmó el 29 de julio de 1997 entre CORPOVEN S.A. (filial de PDVSA) y las empresas antes mencionadas. El objeto de dicho contrato es la rehabilitación y reactivación de los yacimientos de hidrocarburos por un plazo de veinte años.

4.4. El 16 de julio de 1998, el Banco FIVENEZ, de propiedad de CEVAL, Inc. también accionista de Banco Popular, adquirió los derechos de Distral equivalentes al 14,4% del consorcio Onado.

4.5 Mediante convenio firmado con CGC el 28 de diciembre de 1998, Banco Fivenez aumentó al 16% su participación en el consorcio Onado.

4.6 En 1999, el Banco Fivenez transfirió a favor de BANCO POPULAR todos sus derechos y obligaciones en el consorcio Onado. El valor de esta transacción fue de $22 millones de dólares. Este precio era el valor contable exacto que Banco Fivenez tenía en sus libros. En otras palabras, el traspaso a Banco Popular del 16% del campo Onado fue hecho A COSTO, o sea, al valor efectivamente invertido por Banco Fivenez.

4.7 El 16 de mayo de 2000, PDVSA reconoció el traspaso a BANCO POPULAR y, por ende, Popular era legalmente el propietario del 16% del campo ONADO.

4.8 En 2002, la empresa Carmanah incumplió con el pago puntual de los aportes de capital adicional que el consorcio Onado había solicitado a sus socios. En consecuencia, Carmanah perdió su participación, la misma que fue redistribuida proporcionalmente entre los demás socios. El Banco Popular fue benficiario de esta redistribución, aumentando su cuota del 16% al 20,89% SIN INVERTIR UN CENTAVO. Así, desde el año 2002 y hasta el 2006, las participaciones eran las siguientes:

- CGC . 65,01%

- Korea Petroleum 14,10%

- Banco Popular . 20,89%

4.9. En el 2006, el Gobierno del Presidente Chávez decidió que el Estado venezolano, a través de PDVSA, debía tener una posición mayoritaria en todos los consorcios petroleros. En octubre 2006, PDVSA ADQUIRIO el 60% de participación en campo Onado. El consorcio se transformó en una sociedad, denominada Petronado.

4.10 Como resultado del ingreso de PDVSA a la sociedad con el 60%, fue automáticamente reducida la participación de los anteriores socios. Así, la participación de Banco Popular se redujo del 20,89% al 8,35%, participación vigente hasta la presente fecha.

4.11 La AGD no ha informado cuanto pagó PDVSA por adquirir el 60% de Onado. O sea, ¿cuánto dinero recibió Banco Popular por la venta a PDVSA de su 60%, equivalente al 12,54% del campo y sus 55 millones de barriles de reservas? ¿Cuál ha sido el destino de esos millones? ¿Cómo fue fijado el precio de venta? ¿Cuánto vale la extensión de la concesión por diez años más? ¿Por qué tanto misterio y secretismo?

WEST MERCHANT BANK (I). Diario Hoy. Suplemento Blanco y Negro.

2008-09-09T00:13:00.000-07:00

Quito, septiembre 8, 2008

'West Merchant Bank': para la CSJ no hay descargo que valga

Un ex funcionario probó que no fue drector ni participó en la ejecución de la transacción, pero II Sala penal lo condenó

Caso 'west merchant bank': una sentencia con cabos sueltos

El tercer tribunal Penal absolvió en dos fallos a los ex directores y dos ex funcionarios del Banco Popular; la CSJ los condenó

La Segunda Sala de lo Penal de la CSJ está integrada por los magistrados Luis Abarca (presidente), Luis Cañar Lojano y Ramiro Serrano Valarezo

El pasado 16 de abril, la segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) condenó a ocho años de reclusión mayor ordinaria a Ernesto Rivadeneira, Francisco Rosales, Salomón Gutt, Rubén Ordóñez, Jean Daniel Benoit, William de la Rosa, Fernando Armendaris y Renán Encalada.

Cinco eran miembros del Directorio del Banco Popular (BP), William de la Rosa representaba a una compañía extranjera vinculada y los dos últimos eran funcionarios del banco. Todos fueron sentenciados por peculado en el caso conocido como West Merchant Bank (WMB).

La Sala de la CSJ los sentenció en la instancia de casación, pues acogió un recurso de la acusación particular que cuestionó un fallo del Tercer Tribunal Penal de Pichincha.

Esto, luego de que el procurador común de los acusadores particulares (del Fondo Visión), Rodrigo Echeverría, sostuviera que el Tribunal había violado el Código Penal, al no aplicar el artículo N.° 257, que tipifica el peculado, “al atribuirle una errónea interpretación”.

Mediante fallo del 4 de diciembre de 2007, ese Tribunal absolvió a los ex directores y ex funcionarios y sentenció a ocho años de reclusión mayor al ex presidente del BP, Nicolás Landes, luego de una audiencia pública de juzgamiento a la cual asistió el ex banquero, quien fue extraditado de Costa Rica.

En agosto de ese año, el Tribunal ya emitió una sentencia absolutoria para los ex directores y ex funcionarios, al no haberse demostrado su culpabilidad en la transacción financiera entre el holding Ceval y el West Merchant Bank, efectuada en 1988.

Antes, a mediados de 1995, la segunda Sala de lo Penal de la Corte Superior de Quito confirmó el llamamiento a juicio plenario contra Landes y los otros sindicados, realizado inicialmente por el juez XIV de lo Penal de Pichincha, Ramiro Martínez. La sentencia, firmada por Fernando Casares y Patlova Guerra, tuvo el voto salvado del ministro Alberto Moscoso.

En la fundamentación de su voto, este último señaló que la causa era nula por varias razones. La primera: “No se citó debidamente a los sindicados imposibilitando su defensa”; también indicaba que el juez XIV de lo Penal “actuó sin competencia”, porque uno de los sindicados (Fernando Armendaris) tenía fuero de Corte Superior, pues en esa época desempeñaba el cargo de administrador temporal del BP, designado por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).

Asimismo, en su voto salvado, Moscoso mencionó que ocho acusados nunca fueron notificados del juicio, “ni se hizo citación alguna al defensor público...” (AA/SR)'

La Súper de Bancos conocía la operación'

El ex magistrado de la CSJ, Jorge Andrade Lara, sostiene que los informes presentados en la sesión del Directorio demostraban la conveniencia de la operación, tanto que durante 14 meses se cumplieron estrictamente sus estipulaciones y no fue impugnada por la Superintendencia de Bancos, que tuvo conocimiento de la misma. "Además fue declarada legal y normal por las auditoras Price Watherhouse y Deloitte".

También afirma que de haberse considerado ilícita y delictuosa a la transacción, se habría involucrado al ex superintendente de Bancos, Jorge Egas, a los miembros de la Junta Bancaria y a los auditores de esas empresas, ya que la responsabilidad no es de una parte sino de todas las que intervienen y contribuyen al ilícito.

Por su lado, el fiscal Jorge Cano, señaló que hubo afectación patrimonial al Banco Popular y a los otros bancos del Grupo. Sobre la existencia material del delito, acusó penalmente a Nicolás Landes y William de la Rosa. (SR/AA)

Dos fiscales se abstienen de acusar a los directores

Asesor de Jorge German advirtió con iniciar indagación a magistrados, si no dictaban prisión contra imputados

En diciembre de 2003, el fiscal de la Unidad de Investigaciones Financieras de la Fiscalía, Jorge Cano, se abstuvo de acusar a los ex miembros del Directorio del BP y al ex gerente de Banca Corporativa, Fernando Armendaris; en cambio, señaló como cómplice al contador general, Renán Encalada.

En el mismo dictamen acusó penalmente al ex presidente de la institución, Nicolás Landes, y a William de la Rosa, representante de las subsidiarias Grupo Financiero Popular (GPF), Income Found y Jersey Private Bank Trust y de la firma Oxidene, constituida en las Bahamas.

Un año después, la ex fiscal distrital de Pichincha, María Cerón de Navarro, presentó su pronunciamiento a la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Superior de Quito. Ella se abstuvo de acusar a las mismas personas y señaló como culpables a Nicolás Landes y William de la Rosa.

Luego, en 2006, cuando el caso pasó al Tercer Tribunal Penal de Pichincha, la Fiscalía se abstuvo de acusar por falta de pruebas. Pero siete meses después, el ex fiscal general, Jorge German, planteó a la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema que se acepte la casación interpuesta por la acusación particular.

Por esos días, un asesor de German advirtió en un memorando que la Fiscalía podía iniciar una indagación previa a los magistrados de esa Sala de la CSJ, en caso de no condenar a los implicados. (AA)

Transacción financiera de 1998 es el origen del lío

El intendente de la 'Súper' de Bancos, Pedro Delgado, sostuvo que se perjudicó a minoritarios y depositantes

El 17 de junio de 1998 se realizó una sesión de Directorio del Banco Popular. Según el acta, asistieron los vocales Francisco Rosales, Ernesto Ribadeneira, Salomón Gutt, Rubén Ordóñez y Jean Daniel Benoit. También estuvieron el presidente, Nicolás Landes, el secretario general, Álvaro Bayas, y el gerente de Banca Corporativa, Fernando Armendaris.

Cerca de finalizar la sesión, Landes planteó a los vocales del Directorio una operación con el West Merchant Bank (WMB). Ellos la aprobaron y autorizaron al representante legal del banco (Álvaro Bayas), para que “suscriba todos los documentos y contratos que Banco Popular deba otorgar para la instrumentación y respaldo del indicado financiamiento...”

Se trataba de un préstamo del WMB al holding Ceval (dueño del Popular, Andino de Colombia y Finevez de Venezuela). “Los pagos del capital e intereses se hicieron puntualmente con abonos semestrales hasta septiembre de 1999”, dijo Landes a BLANCO Y NEGRO en julio de 2007. Cuando el Popular fue intervenido por la “Súper” de Bancos, el WMB exigió el pago del saldo, pero como Ceval no tenía efectivo suficiente (su flujo provenía de los dividendos de sus bancos), el WMB liquidó los bonos recibidos en garantía; también liquidó otros bonos por alrededor de $12 millones, de propiedad del Jersey Private Bank Trust, del mismo grupo financiero. Entonces, el ex intendente de la “Súper” de Bancos (SB), Pedro Delgado, sostuvo que hubo perjuicio a los accionistas minoritarios y que se comprometieron recursos de los depositantes. (AA)

WEST MERCHANT BANK (II). Diario Hoy. Suplemento Blanco y Negro.

2008-09-09T00:02:00.000-07:00

Quito, septiembre 8, 2008

Los ejecutores de la transacción salen bien librados

Las empresas otorgaron poderes especiales a personas nacionales y extranjeras que participaron en la operación

En septiembre de 1999, el Banco Popular entró en saneamiento y pasó a manos de la AGD. La institución pagó el 100% a los depositantes e inversionistas y reembolsó los préstamos concedidos por el Banco Central del Ecuador (BCE)

En el caso específico del ex gerente de Banca Corporativa del Banco Popular, Fernando Armendaris (foto), la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Quito le atribuyó la calidad de vocal del Directorio del Banco Popular, en la sentencia condenatoria de enero de 2005.

Esto, a pesar de que la Superintendencia de Bancos certificó (oficio N.° SG-2005-5028) que él “nunca ostentó la calidad de director principal o suplente del Banco Popular S.A.”.

En el acta de la sesión de Directorio del 17 de junio de 1998, consta que (en su calidad de funcionario) presentó los resultados económicos del banco a mayo de ese año. También informó sobre operaciones de crédito, inversiones y contingentes, y sobre una emisión de obligaciones dentro del cupo de 500 000 millones de sucres autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Así, en dos sentencias absolutorias, el Tercer Tribunal Penal de Pichincha señaló que Armendaris participó como invitado y que su actuación “no guardó relación con la decisión tomada por los miembros del Directorio respecto a la operación Ceval-WMB)...”.

En relación a los directores, el Tribunal consideró que la infracción no estuvo en la aceptación de la oferta de financiamiento, sino en la posterior entrega de garantías y ejecución de las mismas.

Pero en abril pasado, la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) les impuso ocho años de reclusión mayor por peculado bancario. Sobre Armendaris señaló que “participó en el proceso de ejecución del delito en calidad de gerente de Banca Corporativa”.

Esta afirmación no guarda relación con los documentos sobre la ejecución de la transacción.

Esas resoluciones y convenios muestran que las empresas y subsidiarias que participaron en la operación otorgaron poderes especiales a personas nacionales y extranjeras para suscribir los documentos del préstamo otorgado a Ceval por el WMB. Entre ellas no consta ninguno de los vocales del Directorio ni los dos funcionarios del BP (Armendaris y el contador general, Renán Encalada), quienes fueron sentenciados.

Los documentos son: resolución del Directorio de Oxidene Group, resolución del Directorio del GFP (Grupo Financiero Popular), convenio maestro de venta futura, convenio de suscripción entre Oxidene y West Merchant Bank, pagarés, escritura de prendas de bonos y el convenio de opción de compra.

La cláusula N.° 10 de este último documento le otorgaba el carácter confidencial, es decir, que solo conocían los detalles de la operación de préstamo las personas a las que esas empresas habían conferido los poderes especiales. (AA/SR)

Acusación: 'No se evaluó toda la prueba'

Entre otras cosas señalaron que no se tomaron en los procedimientos irregulares

El ex fiscal Jorge German apoyó a la acusación particular en el recurso de casación ante la Segunda Sala de la CSJ.

En su escrito señaló que la casación no permite analizar todo el proceso ni volver a evaluar la prueba, sino que debía aceptar como verdaderos los hechos que se declararon probados en la sentencia recurrida, y que únicamente le corresponde examinarla para verificar si contiene errores de derecho ocasionados por violaciones de la Ley en su texto, como lo manda el Artículo 349 del Código de Procedimiento Penal vigente”.

Más adelante decía que cuando la Ley contiene reglas expresas para la valoración de la prueba, “el Tribunal de Casación está obligado a verificar si se respetaron esas normas”.

Entre otras cosas, la acusación particular sostenía que el Tercer Tribunal Penal no calificó la prueba en su conjunto y que violó las leyes reguladoras de la apreciación de pruebas, lo que ameritaba un reexamen de todo el proceso.

También señalaba que se absolvió a los procesados sin tomar en cuenta “la cantidad de procedimientos irregulares por la presentación de balances falsos, por la emisión de cheques sin fondos por $515 millones y por perjudicar a los acusadores particulares y más de 8 000 inversionistas ecuatorianos. (AA/SR)

Jueces incumplen varias disposiciones legales

No se practicó la evaluación psiquiátrica ni se tomó en cuenta que no se puede recluir a mayores de 60 años

Varios ex directores del Banco Popular sentenciados por la Segunda Sala Penal de la CSJ tienen más de 60 años de edad. Uno de ellos, Ernesto Rivadeneira, tiene 82 años.

Esto, según el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Riofrío, constituye una violación al Artículo 57 del Código Penal, “que impide imponer pena de reclusión a los acusados mayores de 60 años”.

Tampoco se cumplió la evaluación psiquiátrica de la personalidad de los acusados, dispuesta en el auto de apertura del plenario. Esto, porque el Código Penal ordena al juez investigar los antecedentes personales del sindicado, así como los factores inmediatos y mediatos desencadenantes del delito. Asimismo, debe investigar la conducta del inculpado antes de la infracción. (AA/SR)

2008-09-08T23:30:00.000-07:00

WEST MERCHANT BANK (III). Diario Hoy. Suplemento Blanco y Negro.

2008-09-08T22:39:00.000-07:00

Quito, septiembre 8, 2008

'Segunda sala de lo penal aplica el código penal en forma retroactiva para condenar'

Un abogado de la defensa sostiene que los acusadores no tenían la calidad de afectados, porque son accionistas del Fondo Visión, que no habría tenido nada que ver con la transacción

El abogado Reinaldo Calvache, defensor de Ernesto Rivadeneira, contó que en la audiencia de estrados fueron amenazados los magistrados de la Segunda Sala

El abogado Reinaldo Calvache, defensor de Ernesto Rivadeneira, sostiene que en el fallo de la Segunda Sala de lo Penal de la CSJ hay errores sustantivos y procesales.

En lo sustantivo, considera un “grave error” la aplicación retroactiva de la Ley, pues la Sala sentenció con el Artículo 257 del Código Penal vigente desde 1999, a pesar de que la supuesta infracción se cometió en junio de 1998 y debió ser juzgada por el Código anterior. “La Ley es retroactiva solo cuando favorece al reo”, puntualiza.

En la segunda categoría, menciona que el ex fiscal Jorge German acusó nuevamente a los procesados a pesar de que el Ministerio Público no interpuso el recurso de casación (lo hizo la acusación particular). Además “mal podía contradecir las actuaciones de los fiscales anteriores”, dice.

Asimismo relata que durante la audiencia de estrados se presentó un abogado en representación de German, quien no exhibió la delegación correspondiente, pero “amenazó a los magistrados con un juicio penal si no emitían condena”.

Sobre la sentencia, señala que los magistrados recogieron la posición del fiscal como un argumento de cargo, sin considerar que su actuación era ilegal. Esto, porque en la instancia de casación no cabe una nueva acusación, ya que ese recurso extraordinario se limita a conocer aspectos específicos relativos a la sentencia del inferior (Tercer Tribunal Penal).

A todo esto, la Sala volvió a analizar las pruebas de cargo dejando de lado los descargos presentados por los sindicados. “La misma Sala admitió aquello al responder un recurso de aclaración, es decir, analizaron la prueba que les convenía para condenar”, afirma.

Para el abogado, los magistrados Luis Abarca, Luis Cañar y Ramiro Serrano debían revisar si los acusadores particulares tenían la calidad de sujetos pasivos de la infracción, es decir afectados. “Ellos no son perjudicados del Banco Popular, sino accionistas del Fondo Visión, el cual no tuvo nada que ver con la operación Ceval-WMB”, manifiesta. (SR)'

No hubo una sola prueba que determine el perjuicio'

Andrade lara dice que la II Sala de lo Penal de la CSJ no logró fundamentar su aseveración sobre el dolo

Calvache afirma que no se demostró la materialidad de la infracción. “No hubo un solo dato procesal, ni una sola prueba que determine que hubo un perjuicio con el correspondiente beneficio para los procesados”, asegura.

Agrega que el artículo 297 del Código Penal señala que se debe determinar el beneficio propio o de terceros, producto del acto ilícito, lo cual no se demostró.

Por su parte, el ex magistrado Jorge Andrade Lara, sostiene que el elemento indispensable del delito de peculado es el dolo, el conocimiento e intención del sujeto activo de aprovecharse de recursos o bienes entregados a su custodia, administración o disposición, con la finalidad de perjudicar a la víctima.

Asimismo, cataloga de “grave falta” de la Segunda Sala Penal de la CSJ el no referirse a los informes de la sesión de Directorio de junio de 1998, en los que debía fundamentar la aseveración de dolo en la operación Ceval-WMB. “Nada se dice al respecto, pero se declara que su aprobación constituye delito y culpabilidad”. (SR/AA)

PUNTO DE VISTA

La justicia debe ser para todos

La iconografía occidental representa a la justicia como una mujer con los ojos vendados. La imagen significa la aspiración de que cada quien reciba el justo castigo o premio por sus acciones. En términos actuales, que cada quien tiene derecho a ser juzgado de manera imparcial, trátese de quien se trate.

En el Ecuador, aún se sienten las huellas que dejó la crisis bancaria de finales del siglo anterior. Y, aunque buena parte de la población responsabiliza a los ex propietarios y ejecutivos de las entidades de crédito cerradas como los causantes de la debacle financiera, estos, como cualquier persona, conservan el derecho de que las causas de que se les imputa sean juzgadas de manera clara y justa.

La presente edición de BLANCO Y NEGRO revela los entretelones del proceso judicial alrededor del caso ''West Merchant Bank'', en el que se involucra a algunos ex funcionarios del cerrado Banco Popular.

En la más reciente decisión judicial, ocho ex funcionarios fueron condenados a ocho años de reclusión ordinaria por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esto, a pesar de que una sentencia anterior, el 4 de diciembre de 2007, había absuelto a los ex directores y ex funcionarios de la entidad financiera. E incluso una decisión previa, de agosto del año pasado, había tenido los mismos resultados.

El enredo legal, sin embargo, no termina ahí. En 1995, un magistrado de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Superior de Quito, al argumentar su voto salvado sobre el caso, habla sobre la nulidad de la causa. Además de que en 2006, siendo fiscal general Jorge German, uno de sus asesores habría advertido a los integrantes de la Segunda Sala de lo Penal de la CSJ que, de no condenar a los implicados, podrían ser objeto de una indagación previa.

Todo ello prefigura intromisiones en la justicia. Algo inaceptable en un país que se precie de democrático. (LAG)

Entrevista a Nicolás Landes.- Diario El Expreso.- Agosto 1, 2008

2008-08-01T14:30:00.000-07:00

El gráfico relacionado al artículo de El Expreso indica que el supuesto "déficil" del Banco Popular del Ecuador cortado a diciembre del 2007 es de 119 millones de dólares, cifra que contradice a las anunciadas por tres ex - Gerentes de la AGD: Wilma Salgado: 200 millones, en el 2003; Alejandra Cantos: 400 millones en el 2005 y Gloria Sabando: 580 millones en el 2007. Estas tremendas contradicciones hacen pensar que la AGD, de una vez por todas, rinda cuentas claras de su gestión durante 9 años.
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Diaro El Expreso. Viernes 1 de agosto del 2008. Sección Economía

INCAUTACIONES DE LA AGD
‘Super’ de Bancos intenta
recuperar $ 2.700 millones
Gloria Sabando llama a ex banqueros a presentar propuesta de pago
Redacción Quito

La Superintendencia de Bancos intenta recuperar más de $ 2.700 millones, que es el déficit o hueco patrimonial que dejaron los 10 bancos quebrados en liquidación.

Gloria Sabando, superintendenta de la entidad de control, hizo un llamado público a los ex propietarios y accionistas de estos bancos, para que en el plazo de un mes presenten propuestas de pago que permitan solventar los huecos patrimoniales de cada entidad.

“Una solución consensuada evitará la adopción de las acciones que franquea la ley con todas las consecuencias que de ello se pueda derivar”, alertó Gloria Sabando.

Esto implica que si los ex accionistas de los bancos quebrados no solucionan sus problemas habrá que incautar sus bienes, lo cual estará a cargo de los liquidadores de cada banco, explicaron técnicos de la Superintendencia. Esas incautaciones comenzarían en septiembre, antes del referéndum aprobatorio de la nueva Constitución.

Nicolás Landes, ex accionista del Banco Popular, respondió que la Superintendencia de Bancos y la AGD tienen que demostrar, con cortes contables, la existencia de un supuesto déficit patrimonial, solo entonces se puede hablar de medidas.

“A nivel personal, mi patrimonio estaba en las acciones del Banco Popular, porque yo me dedicaba solo a la actividad bancaria y, por lo tanto, no tengo nada que se pueda perseguir. Más bien son ellos los que tienen que rendir cuentas sobre la administración que han hecho en el Popular, que estaba líquido y solvente, como lo han comprobado todas las auditorías. Todos los bienes pasaron a manos de la AGD, que hasta ahora no ha rendido cuentas de su gestión”, señala Landes.

José Guerrero, jurista, sostiene que las incautaciones que se realizaron al Grupo Isaías y las que se lleguen a practicar a otros ex banqueros, son un absurdo jurídico.
Guerrero coincide con Landes en que la AGD es la que debe rendir cuentas sobre la administración que ejerció, casi 10 años, en los bancos. Para José Guerrero, el país vive un permanente pisoteo a las instituciones jurídicas.

“Esto es solo un escándalo más para tratar de llamar la atención y ganar el referéndum aprobatorio de un proyecto de Constitución que ni siquiera respeta los tiempos gramaticales”, precisó. (MAB)

GRÁFICO RELACIONADO

LINCHAMIENTO JUDICIAL

2008-02-19T09:21:00.000-08:00

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

La sentencia del Tribunal Tercero de lo Penal de Pichincha, con la cual se condenó a ocho años de reclusión al señor Nicolás Landes Guerrero, ex Presidente Ejecutivo del Banco Popular y principal accionista de CEVAL, propietaria del Banco, como presunto autor del supuesto delito de “peculado bancario” que, según tales juzgadores, se habría perpetrado al ejecutarse una operación crediticia con el West Merchant Bank, operación lícita, debidamente autorizada e indudablemente beneficiosa para el Banco y sus clientes, es la vergonzosa conclusión de un proceso persecutorio en el desarrollo del cual, a partir de la perversa maniobra con la cual se precipitó el colapso del Banco para proteger la quiebra fraudulenta de otras instituciones del sistema financiero, se han consumado tortuosas manipulaciones de las normas y procedimientos financieros y bancarios, groseras violaciones a las leyes penales y escandalosas actuaciones de los más altos magistrados de la Judicatura y el Ministerio Público.

Para apreciar la absoluta veracidad de las aseveraciones que anteceden, bastaría referir que, el mismo Tercer Tribunal de lo Penal de Pichincha, el 28 de agosto de 2006, en el mismo proceso, sobreseyó definitivamente, es decir, liberó de culpa y pena, a los miembros del Directorio y a varios administradores del Banco Popular, por haber llegado a la conclusión, absolutamente obvia e incuestionable, de que no se había cometido el supuesto delito de peculado bancario, y señalando además que, a la fecha en que se realizó la operación financiera falsamente imputada, no existía en la legislación penal ecuatoriana el delito de peculado bancario. ¿Cabía entonces, no solamente desde el punto de vista jurídico sino de la lógica más elemental que, sin embargo, se cometiera la infamia de condenar Nicolás Landes como Presidente del Banco?

Y que se lo hiciera a pesar de que consta expresamente en el proceso, que este fue iniciado por el Juez Quinto de lo Penal de Pichincha por las supuestas infracciones señaladas en los literales a) y b) del artículo 131 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, en acatamiento a la presión indebida y desembozada del Ministerio Fiscal (cuya titular amenazó al Juez con denunciarlo ante el Consejo Nacional de la Judicatura si es que no dictaba el auto cabeza del proceso con orden de prisión preventiva contra Nicolás Landes), y sobre el único sustento probatorio de un memorando de la Superintendencia General de Bancos, dolosamente adulterado e ilegítimamente suscrito por su autor, el economista Pedro Delgado, quien tuvo la avilantez de comparecer como “testigo de cargo” y presionar al Tribunal para que cometa semejante barbaridad.

Cabe recordar también, que este infame logro del afán persecutorio contra Nicolás Landes, comenzó con la escandalosa adulteración de los estados financieros del Banco Popular del Ecuador, perpetrada en 1999, por el licenciado Eugenio Pendás, profesional argentino contratado para el efecto por el Superintendente General de Bancos de ese entonces, doctor Jorge Guzmán Ortega, quien redujo, sin fundamento contable, financiero ni jurídico alguno, el Patrimonio Técnico del Banco, a un ratio crítico del 3,54%, en vez del 12,45%, que había determinado inobjetablemente la auditora internacional Arthur Andersen, contratada por la propia Superintendencia de Bancos para analizar la situación del sistema financiero nacional, y confirmado luego por las auditoras Price Waterhouse y Deloitte and Touche. Esta dolosa manipulación degradó abruptamente la sólida imagen de solvencia institucional del Banco Popular, en momentos en que cundían en el país la zozobra y la inseguridad por la quiebra de varias instituciones del sistema. A esta perversa maniobra se añadió la instrumentada en Colombia contra el Banco Andino (de propiedad del Banco Popular del Ecuador), la misma que ha sido esclarecida y sancionada por las más altas personalidades de la prensa y el foro de la hermana república, que han reivindicado el nombre y la gestión de Nicolás Landes Guerrero, para escarnio de ciertos ecuatorianos, empeñados todavía en utilizarlo como “chivo expiatorio”, según lo dijera con sobra de razón el suplemento de investigación Blanco y Negro del diario “Hoy”, en su edición del 2 de julio de 2007.

Los hechos antes referidos fueron debidamente apreciados por la Comisión Investigadora de la Crisis Económica y Financiera, designada por Decreto Ejecutivo 263 de 9 de abril de 2007, bajo la presidencia del economista Eduardo Valencia Vásquez e integrada por el doctor Ramiro Larrea Santos y Monseñor Víctor Corral, en cuyo informe: “Síntesis de la Investigación Realizada” y con referencia al caso del Banco Popular, se expresa: “de los testimonios receptados y de investigaciones realizadas, se desprende que no había causal suficiente para la quiebra del Banco”. Este impactante informe, que lo es por la respetabilidad y calificación ética y profesional de quienes lo suscriben, está también incorporado al proceso.

La inexistencia de incorrección alguna (y mucho menos de delito alguno) en la gestión de Nicolás Landes Guerrero frente al Banco Popular, había sido anteriormente reconocida por el Auditor Penal doctor Dimitri Durán, designado por la Agencia de Garantía de Depósitos AGD para analizar la gestión de todos los bancos intervenidos, quien luego de un exhaustivo análisis de las cuentas y gestiones del Banco, concluyó afirmando categóricamente, que no había encontrado indicio alguno del delito de fraude del que se le acusaba. Y aquí hay que resaltar una nueva infamia de similar magnitud: Como la imputación de este delito (el supuesto “fraude”), no habría justificado que se solicitara la extradición de Nicolás Landes, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia doctor Galo Pico Mantilla, el 15 de febrero de 2001, inició este trámite luego de aseverar, con falsedad absoluta, que en el famoso auto cabeza del proceso se acusa a Nicolás Landes, también de “peculado”, cuando, como antes se señalara, tal delito no existía jurídicamente, a la fecha en que supuestamente fue cometido.

A todo lo cual se añade, como prueba irrefutable para poner en evidencia la maniobra política orquestada contra Banco Popular, que este es el único de los bancos intervenidos que, en el proceso de saneamiento pagó el 100% de los créditos de liquidez con el Banco Central y el 100% de sus pasivos con clientes, con recursos propios, producto de la liquidación de sus activos; y que, el valor real que adeuda a la AGD y a los fideicomitentes del fideicomiso Solidez, será holgadamente cubierto con la venta de los activos que todavía posee el Banco, entre los que se destaca, principalmente, la participación en el Campo Petrolero Onado, ubicado en la República de Venezuela, sobre cuyo manejo y destino, las autoridades de turno de la AGD, hasta la fecha, no han presentado ninguna cuenta ni explicación alguna.

Resta añadir, como epílogo digno de tan nefando proceso, la pretensión de que el Gobierno de Costa Rica autorice el inicio de nuevos juicios contra el señor Landes Guerrero, no obstante que su extradición fue concedida bajo la “Promesa Formal”, solemnemente presentada a dicho Gobierno el 10 de agosto de 2005, por el entonces Canciller Dr. Antonio Parra Gil y el Presidente titular de la Corte Suprema, doctor Jaime Velasco, en representación del Estado ecuatoriano, en el sentido de que “de conformidad con las normas constitucionales y legales vigentes, no sería juzgado, sentenciado o sometido a medida alguna que afecte su libertad personal, por hechos anteriores y distintos a los que motivaron su extradición”. Naturalmente, un Gobierno serio y profundamente democrático como el costarricense, hará caso omiso de tan in jurídica e indebida pretensión, en el inadmisible caso de que fuera oficialmente planteada por la Cancillería.

¿Hasta cuándo se persistirá en esta implacable, injusta y por ende perversa persecución a un inocente, que perjudica también con ignominiosa crueldad a centenares de inversionistas, accionistas, y ex – empleados de una institución bancaria que fue reconocida en el Ecuador y galardonada internacionalmente?.

Ex Canciller Carrión asegura que en su período CSJ no envió documentación pertinente a extradiciones

2008-02-19T08:48:00.000-08:00

EL ÚNICO BANQUERO QUE NO DEBERÍA ESTAR PRESO ES NICOLÁS LANDES, PORQUE ES INOCENTE, PERO LA CANCILLERÍA TRAMITÓ SU EXTRADICIÓN CON INCREÍBLE AGILIDAD, A DIFERENCIA DE LO QUE LA OPINIÓN PÚBLICA HA PODIDO CONSTATAR EN EL CASO DE LOS BANQUEROS PODEROSOS, EN CUYOS TRÁMITES DE EXTRADICIÓN, DESAPARECEN 1.000 HOJAS..... ¿COINCIDENCIA? O QUIZÁ, INDICIOS DE CORRUPCIÓN.....

El comentario anterior, a propósito del siguiente artículo publicado en ecuadorinmediato.com y de las denuncias públicas realizadas por el Fiscal General de la Nación
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Febrero 19, 2008

Ex Canciller Carrión asegura que en su período CSJ no envió documentación pertinente a extradiciones

Solicita a Fiscal General de la Nación que se haga indagación correspondiente para determinar administración en que se extraviaron

Francisco Carrión, ex ministro de Relaciones Exteriores, explicó que en el período en el que ejerció las funciones no hubo envío de ninguna documentación con relación a extradiciones por el caso Isaías, puesto que no hubo requerimiento de ello por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Asimismo, dijo haber solicitado al Fiscal General de la Nación que realice la indagación correspondiente sobre las denuncias presentadas por las pérdidas de más de 1.000 fojas del proceso, y se determine en qué administración ocurrió esto.
“Lo único que hago, en boletín de prensa que he emitido este fin de semana, es pedir al Fiscal General que indague a la brevedad posible, sin demora, especialmente el período comprendido entre el 10 de octubre de 2005 y el 15 de enero de 2007, período en el cual yo ejercí las funciones de Ministro de Relaciones Exteriores”, indicó Carrión.
Señaló que ha resuelto hacer un pronunciamiento público en el que solicita al Fiscal General que investigue y determine en que administración se extraviaron los documentos que menciona, sin caer en generalizaciones que podrían hacer daño a personas que no tienen nada que ver con el asunto.
“Es tan simple, que está recogido en el propio documento de la Cancillería, lo recojo yo porque es un pronunciamiento oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y es que en el período en el que yo ejercí las funciones de Canciller, no hubo en definitiva envío de ninguna documentación, puesto que no hubo requerimiento de la Corte Suprema de Justicia del envío de esa documentación”, explicó Carrión en “El Poder de la Palabra” en Ecuadorinmediato.com/radio.
Acotó que para la investigación hay un método muy simple, puesto que existe un ingreso de comunicaciones junto con los ingresos y ahí se señala en el Ministerio de Relaciones Exteriores hay el recibo y hay una salida de documentos de la Corte Suprema de Justicia.
“De ese contraste del recibo e ingreso de la documentación y de la salida de esa documentación se establecerá cuando y en que período se extraviaron como afirma el Fiscal o se sustrajeron, o se mutilaron, porque parece que también habla de mutilación de documentos, en que período y quienes fueron los responsables”, informó Carrión.
Manifestó que en el año 2000 había dejado la Cancillería y viajaba a Madrid ha asumir la Jefatura de la Embajada.
Con relación al caso de Alejandro Peñafiel, Carrión subrayó: “Cuando yo fui embajador en Madrid, se produjo, se consiguió la extradición del señor Peñafiel, fue una historia muy compleja, puesto que el señor Peñafiel venía de ser extraditado de Beirut donde fue capturado y al hacer una escala en París fue detenido por la Policía francesa y liberado de la Policía ecuatoriana que le custodiaba y puesto en libertad, él tomó un avión a Madrid, en esos días, precisamente, había yo asumido ya la embajada en Madrid y me correspondió el proceso de extradición del señor Peñafiel”.
Señaló que de su gestión como Canciller también puede comentar el proceso de extradición del señor Nicolás Landes que se concretó y ha estado vinculado con los procesos a ex banqueros, con el fin de que se haga justicia en el Ecuador.
Explicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores es una especie de “correa de transmisión”, porque es la Corte Suprema de Justicia la que provee toda la documentación para que esta sea entregada a la Cancillería y esta entidad le traslade a la Embajada del Ecuador, en el país que corresponda, y a su vez se le entregue a las autoridades competentes.
“Lo que quiero hacer hincapié en que la Justicia, la Función Judicial haga esas gestiones para efectos de extradición las haga correctamente, las haga sin demora, las hago en este caso con la traducción al inglés, que era uno de los temas que más preocupaba y por los canales adecuados”, indicó Carrión.
Destacó que en su período mantuvo conversaciones con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de ese tiempo, para que las extradiciones de los hermanos Isaías se realicen formalmente por parte de esta función, pero no hubo ningún requerimiento para el envío de documentación, dijo.
“Lo que hay también que establecer con precisión es el número de fojas que se habrían extraviado o se habrían mutilado, porque inicialmente el Ministro Fiscal habló de mil hojas, me parece, a través de la prensa y luego esto se redujo a 500 que creo que la Cancillería reconoció; de tal manera que hay que establecer con precisión también el número de hojas que se remitieron desde la Corte Suprema y que número de hojas se remitieron a Washington, éstas que, sin seguir los canales usuales o correctos, llegaron al gobierno de los Estados Unidos; esto es a través del consejero político de la Embajada de Quito”, indicó Carrión.

CARTA DE NICOLÁS LANDES A LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES

2007-12-30T22:07:00.000-08:00

Quito, 26 de diciembre de 2007

Doctora
María Isabel Salvador
Ministra de Relaciones Exteriores
Presente

De mis consideraciones:

El diario El Comercio en su edición del pasado miércoles 19 informa que el Presidente subrogante de la Corte Suprema de Justicia, Dr. José Vicente Troya, habría firmado una solicitud de “ampliación de extradición “ contra el suscrito, la misma que habría sido enviada a la Cancillería para ser remitida a la República de Costa Rica.

Dicha solicitud es ILEGAL porque la Ley de Extradición del Ecuador no contempla la facultad de pedir otra extradición luego de ejecutada la original, peor más de 1 año después que Costa Rica me entregó al Ecuador. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia invocó el Art. 20 de la Ley de Extradición para justificar la “ampliación de la extradición”. Pero dicho Artículo 20 se encuentra en el Título Primero de aquella Ley que corresponde a la extradición PASIVA. El Título Segundo de esta ley, que trata de la extradición ACTIVA e inicia a partir del Artículo 22, NO CONTEMPLA la figura de la ampliación de la extradición. Como en derecho público no se puede hacer sino lo expresamente autorizado, se trata de un trámite ILEGAL al improvisar un procedimiento que la Ley no contempla. Dicha ilegalidad está ampliamente expuesta en el escrito adjunto presentado al Presidente de la Corte Suprema, Dr. Jaime Velasco, quien se inhibió de firmar esa solicitud no obstante haber él iniciado el trámite.

Estimo también indispensable que Usted lea las dos “Promesas Formales” (copia anexa) que, cumpliendo un requisito indispensable de la ley de extradición costarricense, el entonces Canciller Dr. Antonio Parra Gil y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia Dr. Jaime Velasco presentaron solemnemente a Costa Rica. Aquella suscrita por el Canciller Parra Gil, de fecha 10 de agosto de 2005, concluye así:

“En virtud de lo expuesto, de conformidad con las normas constitucionales y legales trancritas, que el Estado ecuatoriano debe cumplir en forma mandatoria, el señor Iván Nicholls Landes Guerrero no será juzgado, sentenciado o sometido a medida que afecte su libertad personal por hechos anteriores y distintos a los que motivaron su extradición” (el destacado es mío).

Esta “Promesa Formal” entregada a nombre del Estado ecuatoriano es categórica y explicita, y además sin reservas respecto de una eventual “ampliación de extradición”. Por lo tanto, la solicitud de “ampliación de extradición” emitida por la Corte Suprema de Justicia viola estas dos solemnes promesas del Estado ecuatoriano

Adjunto también el criterio adverso de la Defensoría del Pueblo respecto de esta “ampliación de extradición” manifestada mediante oficio de 10 de octubre de 2007, dirigido al Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Espero que el Ministerio de Relaciones Exteriores analice y evalúe detenidamente esta solicitud de “ampliación de extradición” que compromete la seriedad del Estado ecuatoriano y que no tiene, según mis informaciones, precedente alguno en la Cancillería Ecuatoriana.

Atentamente,

Nicolás Landes Guerrero

CC: Señor Edgardo Picado
Embajador de Costa Rica

La Corte avala un nuevo pedido de extradición para N. Landes.

2007-12-30T21:46:00.000-08:00

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Por Dios, ¿hasta cuándo van a perseguir a este hombre inocente?.
A Nicolás Landes lo han convertido en este país en el
"chivo expiatorio" de los banqueros corruptos.
¡¡ No hay derecho !!.
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Diario El Comercio
Diciembre 19, 2007

Redacción Judicial

El pedido de ampliación de la extradición en contra del ex gerente del Banco Popular, Nicolás Landes, estará en manos de la Cancillería.

El 4 de diciembre pasado, el ex banquero fue condenado a ocho años de reclusión por el delito de peculado bancario en el caso West Merchant Bank. Sin embargo, sobre Landes están abiertos cuatro juicios más.

No obstante, Landes solo podía ser juzgado por un solo caso. Esto porque cuando se realizó su extradición, la justicia de Costa Rica aclaró que concedía la repatriación siempre y cuando Landes sea juzgado solo por el proceso del West Merchant Bank.

Por ello, en septiembre pasado, el Cuarto Tribunal Penal de Pichincha, donde reposan otros dos juicios por peculado, remitió a la Suprema la documentación para que determine si es procedente o no realizar la ampliación de extradición para que se juzgue a Landes por los otros procesos.

La semana pasada, el presidente subrogante de la Suprema, José Vicente Troya, emitió un informe favorable para que se realice ese nuevo pedido de extradición. “Revisé minuciosamente el caso antes de pronunciarme en el caso”, aclaró el judicial a este Diario.

Troya asumió la competencia luego de que el titular de la Suprema, Jaime Velasco, se excusó de conocer el caso. Su argumento fue que adelantó su criterio.

Ayer, fuentes de la Cancillería dijeron que aún no había llegado la documentación de la Suprema. Sin embargo, aseguraron que se le dará un trámite inmediato.

Gobierno creó otra comisión para indagar crisis financiera. EL UNIVERSO

2007-12-18T07:53:00.000-08:00

Diciembre 14, 2007
QUITO
Decreto.

El presidente Rafael Correa firmó un decreto mediante el cual crea la Comisión técnica de investigación de la crisis económica que involucró al sistema financiero ecuatoriano entre 1999 y el 2000.

El decreto es el 794 y en él se establece que la nueva comisión será presidida por Oswaldo Padilla y estará integrada por María de Lourdes Andrade, Camilo Valdiviezo Cueva y Diego Zapater Tapia. Según la disposición, tiene como fin acopiar, revisar, procesar y completar toda la información relacionada con el cierre y quiebra de varios bancos que operaban en el país en ese periodo.

Segunda comisión

Esta es la segunda comisión que el Mandatario integra para tratar el mismo tema.

Una instancia similar fue creada durante los primeros meses del Gobierno y estuvo encabezada por el ex ministro de Finanzas y actual presidente ejecutivo de la Corporación Financiera Nacional (CFN), Eduardo Valencia.

Fiscalía y función judicial se unen. Diario LA HORA.

2007-12-09T19:31:00.000-08:00

Sección País
8 de Diciembre de 2007

El Fiscal General de la Nación, Washington Pesántez, se reunió ayer con once jueces penales de Pichincha para acordar un trabajo en conjunto y comenzar a agilizar los procesos judiciales desde enero.

Pesántez insistió con la utilización del procedimiento oral en los juicios para decidir las medidas cautelares ante una detención, es decir, se resuelve ante un juez de turno y el fiscal si se dicta detención preventiva inmediata.

Pesántez recalcó que con esto se evitará el “papeleo inútil” y la aprehensión. Confirmó que “la labor del juez es confrontar a las partes para poder tomar una resolución que será negar o dictar la detención de los acusados”.

Pesantez, al igual que los jueces penales estuvieron de acuerdo en apresurar la agilización de la justicia penal, considerada como una parte difícil y cuestionada.

La unidad de delitos flagrantes se consideró también en la reunión. Normalmente solo en una indagación previa se pueden tomar 90 días, más el sorteo y el llamamiento a juicio, etc. Una sentencia llega a demorar casi un año. Sin embargo, la creación de esta unidad agilita los procesos.

Por otro lado Pesántez anunció que recibirá un informe detallado de la Unidad de Investigaciones de Delitos Financieros de la Fiscalía sobre la crisis bancaria, el mismo que servirá para conocer el estado de cada uno de los banqueros prófugos.

Informó que muchos de esos procesos ya han salido de las manos de la Fiscalía y están en la función judicial. En el caso de Landes, a pesar de que ya se dictó el fallo con una condena de ocho años de prisión, se investigará si existen los atenuantes que amerita poner el mínimo de la pena.

Pesántez argumentó que algunos casos de la crisis bancaria que ya pasaron a manos de la Corte Suprema de Justicia serán tratados con los magistrados de las Salas de lo penal y su titular en la próxima sesión de pleno para actuar de una manera conjunta. Uno de ellos es el caso de los hermanos Isaías.

TOME NOTA
La Fiscalía pedirá informes a la Superintendencia de Bancos y a la AGD sobre la crisis bancaria.

Una aclaración de la sentencia pedirá la defensa de Landes

2007-12-08T18:38:00.000-08:00

El año pasado se liberó a ocho ex accionistas del Popular por el mismo caso de West Merchant Bank.

EL COMERCIO Diciembre 8, 2007

Redacción Judicial

La defensa del ex gerente y accionista del Banco Popular, Nicolás Landes, presentará un recurso de aclaración a la sentencia de ocho años de reclusión mayor ordinaria a la que fue condenado el ex banquero.

El fallo fue emitido por el Tercer Tribunal Penal de Pichincha, en el juicio que se seguía en contra de Landes por peculado en el caso West Merchant Bank. Ese proceso, uno de los cuatro que tiene Landes en su contra, investigaba las irregularidades que cometió el ex banquero para obtener un crédito de esa entidad bancaria extranjera, a favor del Grupo Ceval (el cual manejaba todas las empresas en el país y en el exterior de Landes).

Según la sentencia, ese movimiento financiero quebró al Banco Popular de Ecuador y a todos sus clientes. Finalmente, esa entidad fue cerrada durante la crisis bancaria de 1999.

Por este caso también inició un juicio en contra de otros ex directores del Banco Popular. No obstante, el 31 de agosto del 2006, el mismo Tercer Tribunal Penal declaró que el delito de peculado bancario no era imputable a los acusados porque cuando se produjeron estos hechos no existía en la legislación ecuatoriana la tipificación de ese delito.

El peculado bancario fue incluido en la Ley el 13 de mayo de 1999 y el caso del West Merchant Bank se cometió en 1998.

Este es el argumento que presentará el abogado defensor de Landes, Santiago Cuesta. Según el jurista, los jueces “corruptos” del Tercer Tribunal cometieron una ilegalidad, puesto que se condenó a Landes por el mismo delito que se absolvió a otros ocho ex funcionarios.

El recurso de aclaración será entregado el lunes en la mañana en el Tercer Tribunal. “Queremos que nos expliquen cómo es posible que se libere a unas personas porque no está tipificado un delito, y en cambio a otro sí se lo condene a ocho años”.

Además, Cuesta manifestó que luego del recurso de aclaración, presentará una apelación ante la Corte Suprema de Justicia. “Ya sabemos que en todas las instancias nos van a negar la justicia, pero es un paso necesario para poder acudir ante los organismos internacionales”, finalizó el abogado defensor.

Detalles del proceso

Nicolás Landes fue extraditado desde Costa Rica en el 2005, donde fue detenido por intentar viajar con documentos falsos.

El caso West Merchant Bank es el único delito por el cual Landes podía ser juzgado, puesto que el Ecuador se comprometió con Costa Rica a que solo se lo juzgaría por este caso. Así se consiguió la extradición.

Por ello, el Cuarto Tribunal Penal realizó el trámite necesario para que la Corte Suprema inicie una ampliación de la extradición. Aún no se resuelve esto.

8 años de cárcel para N. Landes por la quiebra del Banco Popular

2007-12-07T13:58:00.000-08:00

EL COMERCIO 12/6/2007
Redacción Judicial

La voz de Nicolás Landes evidenciaba su tristeza y malestar. El ex Presidente Ejecutivo del Banco Popular fue condenado a ocho años de reclusión. Esa fue la decisión que tomó el Tribunal Tercero de lo Penal de Pichincha, que lo halló responsable de peculado bancario.

La condena contra Landes es en el juicio conocido como West Merchant Bank. Ese proceso, uno de los cuatro que tiene en su contra Landes, investigaba las irregularidades que cometió el ex banquero para obtener un crédito de esa entidad bancaria extranjera, a favor del Grupo Ceval (el cual manejaba todas las empresas en el país y en el exterior de Landes).

Según la sentencia, ese movimiento financiero quebró al Banco Popular de Ecuador y a todos sus clientes. Finalmente, esa entidad fue cerrada durante la crisis bancaria de 1999.

Ayer, desde el pabellón de Máxima Seguridad del penal García Moreno de Quito, Landes habló con este Diario. Aseguró que la sentencia es una muestra de la politización de la Justicia del país y de las presiones que recibieron los jueces desde varios sectores.

“Es una condena absurda y contradictoria. Hace un año, ese mismo Tribunal absolvió a todos los involucrados en el juicio, porque no encontró indicios de delito. Y un año después falló en mi contra”.

Landes hace referencia a la sentencia emitida en el 2006, por los ministros del Tribunal Tercero de lo Penal. En esa oportunidad, los jueces absolvieron a los integrantes del Directorio del Popular.

Sin embargo, ese juicio aún no se termina, pues la Fiscalía impugnó esa resolución y el caso subió a la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La resolución final de ese caso todavía está en estudio.Los juicios iniciados luego de la crisis bancaria se reactivaron en la última semana. El actual fiscal de la Nación, Washington Pesántez, aseguró que será implacable en esos juicios. Sostuvo que la pérdida de USD 8 000 millones no puede quedar en la impunidad y que estará dispuesto a iniciar nuevas investigaciones contra los ex banqueros procesados.

El Fiscal General no quiso ayer pronunciarse sobre el caso. Aseguró que tendrá que analizar la sentencia que emitió el Tribunal. Pero sostuvo que el único paso que se puede realizar en este proceso penal es presentar un recurso de casación a las salas penales de la Corte Suprema de Justicia. La tristeza de Landes contrastaba con la tranquilidad de sus acusadores. Víctor Hugo Rodríguez, abogado acusador en el juicio, sostuvo que el Tercer Tribunal enmendó el error cuando absolvió al resto del Directorio del Banco. “A nombre de los perjudicados del Fondo Visión me siento satisfecho con la decisión”.

Según Rodríguez, la sentencia frenó la posible liberación del ex banquero que se podía concretar en 10 días. El 16 de este mes se cumplía un año desde que Landes fue extraditado desde Costa Rica.

El abogado aseguró que cuando se ejecutoríe la resolución presentará una demanda por daños y perjuicios contra Landes. No se animó a dar una cifra, pero sostuvo que será en función de la cantidad que perdieron los clientes del Fondo Visión del Popular.

A pesar de la sentencia, Rodríguez, abogado de este grupo de clientes, presentará una demanda contra el Estado, por la falta de control que benefició al Popular, antes de su quiebra. Ese juicio se planteará en enero, sostuvo.

En tanto, la estrategia de la defensa de Landes se encuentra todavía en estudio. El ex banquero aseguró que sus abogados deberán presentar la apelación para revertir la sentencia de los ministros del Tribunal. Aunque está consciente que el futuro de su caso estará en una de las salas de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.

En la sentencia también se resolvió que Landes quede “perpetuamente incapacitado para desempeñar cargo alguno en las instituciones del sistema financiero y deberá pagar los daños y perjuicios causados a todas las personas que lo acusaron particularmente”.

El Tribunal también estableció que Landes seguirá en el pabellón de máxima seguridad del penal García Moreno de Quito. Además, señaló que de la pena impuesta se descontará el tiempo que está detenido (un año). Además, aún no se define si se tomarán en cuenta los 16 meses que estuvo preso en Costa Rica, mientras se tramitaba su extradición.

En la Suprema

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Velasco, aún no se pronuncia en el pedido de ampliación de extradición de Landes. El magistrado debe resolver si presenta ese recurso para que Landes pueda ser enjuiciado en otros tres procesos.

La polémica por la ampliación de la extradición se inició porque el Estado ecuatoriano y la Corte Suprema de Justicia se comprometieron con Costa Rica a procesar a Landes solo por un caso: el de West Merchant Bank, en el cual recibió la condena.

Nicolás Landes tiene otros tres juicios en su contra. Uno es por supuesto peculado bancario y los otros dos son por presunta estafa a los clientes del Banco Popular. Los procesos se tramitan en los tribunales penales de Pichincha.

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Clientes del Visión, divididos por Landes

2007-12-07T13:52:00.000-08:00

EL COMERCIO 12/1/2007

Redacción Judicial

Esta semana se evidenció un quiebre entre los inversionistas de Fondos Visión, del Banco Popular. Por un lado, un grupo mantiene su acusación contra el ex gerente de la entidad, Nicolás Landes. Mientras que el otro dice que no hay culpabilidad en los responsables del Banco.

“La acusación contra Landes y contra el Directorio de la entidad no es válida”, sostuvo Héctor Ordóñez, parte del segundo grupo, el cual se reunió el martes pasado en un hotel en el norte de Quito.

Ordónez señaló que una de las conclusiones de la cita fue que el Popular no debió cerrarse en 1999. “Nuestro punto de vista, luego de saber los antecedentes del cierre del Banco y detalles de la crisis financiera del país, es que el Popular no debió cerrarse... Incluso, hay la injerencia política de Colombia”, manifestó.

En cambio, Víctor Hugo Rodríguez, abogado de otros clientes de Visión, dijo que su intención es presionar a los jueces que están por definir el juicio por supuesto peculado contra el ex banquero.

Actualmente, los magistrados del Tercer Tribunal de lo Penal de Pichincha tienen en sus manos la resolución del proceso, luego de que la semana pasada se realizó la audiencia de juzgamiento.

Rodríguez espera que la resolución se emita antes que Landes cumpla un año sin sentencia. El plazo será el 16 de este mes. Según la resolución -dijo Rodríguez- se planificarán las acciones que se tomarán. Sin embargo, no descartó demandar al Estado, porque falló en el control al Banco Popular.

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PEDRO EL GRANDE. Diario La HORA. 4 de diciembre, 2007

2007-12-04T13:17:00.000-08:00

PAíS
Se dice...

PEDRO EL GRANDE
Pedro Delgado, cónsul Presidencial en Miami, no culpable de los malos ratos en Migración y Aduanas en Miami venía ordenando por el e-mail todo al Banco Central y a la Junta Bancaria.

Sus congéneres lo tonteaban e indignado presidió la toma, incautación y control absoluto de la Superintendencia de Bancos el jueves del paquetazo. Nadie le preguntó qué nombramiento tenía. Recuerden que la sucesora de Pedro El Grande, fue Catalina I.

EXPECTATIVA EN CASO LANDES. Diario LA HORA. Lunes 3 de diciembre del 2007

2007-12-03T09:01:00.000-08:00

Sección: Noticias País

La sentencia contra el principal accionista del Banco Popular, Nicolás Landes, estaría casi lista, sin embargo, dado el volumen de expediente que contiene más de cien folios, ha hecho que ésta se demore.

El caso está en manos de la jueza Gladis Terán, quien es titular del Tercer Tribunal Penal. En días pasados ex accionistas y ex trabajadores del Banco Popular, exigieron al Estado ecuatoriano se generen las condiciones necesarias para garantizar un juicio justo a Nicolás Landes.

A decir del grupo, que se hace llamar ex Populares, existen elementos que restan objetividad al juicio, entre los que están:

> La presentación de documentación adulterada
> Antecedentes de prevaricato
> Modificación en pleno proceso del delito imputado

Bernarda Mena, vocera del grupo y ex empleada del Banco Popular, indica que son alrededor de 500 personas, cuyo único objetivo es que se haga justicia en este caso, y a la vez que se rinda cuentas sobre todos los activos del banco en manos de la AGD.

El apoyo que presentan a Nicolás Landes, imputado por juicio de peculado, dicen es desinteresado, “solo nos encontramos en búsqueda de la verdad”.

“No entendemos como en la audiencia, se dice que el Banco debe al Estado aproximadamente 400 millones de dólares, cuando para el 2002 ya estaba todo liquidado en cuanto a responsabilidades y es más, existen todavía activos de los cuales no nos dan ninguna explicación”, aseveró Mena.

Para Víctor Hugo Rodríguez, abogado de los afectados por la quiebra, esta reunión pretende confundir a los afectados de Fondos Visión, otro caso que se lleva en el Segundo Tribunal Penal de Pichincha que también está próximo a sentencia.

Articulo de CARLOS VERA en el Comercio

2007-11-29T07:06:00.000-08:00

Con plenos poderes. (CARLOS VERA R.)

Declararía en receso al Congreso. De acuerdo; también pondría otro Superintendente de Bancos, pero por paniaguado con los insultadores más que por su gestión pública. Pero me concentraría en hacer justicia con quienes todos los jueces solo han tenido contemplación, cobardía, miopía y lentitud. Empezaría por los causantes del atraco bancario, incluidos técnicos que ocultaron auditorías o malinterpretaron información, uno de ellos incomprensiblemente nombrado por un prestigioso banco privado como defensor del cliente. Luego, pondría en la cárcel (juicios y sentencias de por medio, por supuesto) a una gavilla de prófugos, quienes, desde la Presidencia de la República hasta el Ministerio de Gobierno, se hicieron casas o dieron caza a otros, prevalidos del poder y encumbrados por el dinero de los gastos reservados, más la falta de reserva en su descaro.

Nada de eso se plantean los asambleístas de mayoría. hasta ahora. Alberto Acosta declara que aunque tienen incluso el poder de administrar justicia no lo harán para "no fomentar el caos institucional". Rafael Correa dice que vivimos en una situación de caos -conmoción permanente la llama él, que es lo mismo- con lo cual justifica sus emergencias pero hasta allí llega su verborrea. Y Fernando 'Corcho' Cordero declaró para alivio de corruptos y torturados exculpados tácitamente por los plenipotenciarios, que no crearán privilegios para nadie ni afectarán privilegios de nadie. ¿Y para los privilegiados con el manejo desastroso del país que hoy queremos refundar? Perdón y olvido. Más se fija la gigante mayoría en lo que funciona bien como la Junta de Beneficencia de Guayaquil y no en donde estafan a diario, como el IESS con el engaño y retaceo de nuestros fondos de reserva.

¡Si asumen plenos poderes aunque no les corresponda y los haya limitado el propio estatuto, úsenlos pues para hacer ahora sí, allí sí, la revolución que nadie hizo, nadie hará y resulta posible en esta coyuntura arbitraria pero ideal!

Prevalidos de una ciudadanía que no sabe lo que aprobó en el estatuto de la consulta sobre la Asamblea malinterpretado ahora, o que si lo sabe no le importa, porque consideraría válido atropellar lo formal en aras de lo conceptual; en suma, investidos de legitimidad, o sea de suficiente representatividad y un objetivo justo, hagan justicia primero con quienes y en donde nadie quiso hacer. ¿A ver? ¡Allí los quiero ver!

Eso acabaría con las crecientes críticas a una mayoría enfocada a leyes urgentes cuando la urgencia mayor impone prioridades impostergables como nombrar un TSE no partidocrático, reemplazar el aborregado Tribunal Constitucional y remover jueces pusilánimes de la Corte Suprema de Justicia para que, mientras se elabora una Constitución redentora, no escapen los atracadores, ni se escondan sus evidencias ni acomoden sus inconsistencias aprovechando esta transición en que nada rige sino es con la venia de los 80. Las leyes postergadas, como la de Competencia, pueden postergarse seis meses más; la oportunidad de impedir la impunidad de los saqueadores, demagogos y criminales es impostergable. única. ¡última!

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Exposición de Nicolás Landes en la audiencia de Juzgamiento

2007-11-28T07:07:00.001-08:00

Para escuchar hacer doble clik en el Título
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Magistral Exposición de Nicolás Landes en la audiencia de Juzgamiento en el Tercer Tribunal Penal realizada día Jueves 23 de Noviembre del 2007

RUEDA DE PRENSA DE EX POPULARES

2007-11-26T14:53:00.000-08:00

Invitacion para que nos acompañes mañana martes 27 de noviembre 2007, en Quito, en el Hotel Dann Carlton (Av. Republica del Salvador), salón Cambridge 1, a las 18:30.

Un grupo de ex populares, accionistas y amigos hemos organizado una rueda de prensa mañana martes a las 18:30 para exponer a la opinión pública, a través de los medios de comunicación nuestro criterio sobre la realidad del cierre del Popular y sobre el juicio en curso contra Nicolas Landes, ex Directores y otros ex funcionarios.

La presencia de muchos ex populares en las dos audiencias de juzgamiento el viernes 16 y el jueves 22 fue un mensaje importante para el Tribunal Penal. Sin duda un grupo organizado, entusiasta y comprometido no puede ser ignorado por los jueces.

Pero esta manifestación en el Tribunal no es suficiente. Hay que mandar un mensaje más fuerte y dramático que oiga todo el mundo. Y esta puede ser en realidad la última oportunidad de enviar un mensaje contundente antes de que se dicte sentencia.

Por esta razón te invitamos para que nos acompañes mañana martes en el Hotel Dann Carlton (Av. Republica del Salvador), salón Cambridge 1, a las 18:30. Les pedimos por favor su puntual asistencia porque los representantes de los medios de comunicación estarán a la hora indicada.

La invitación la hacemos los abajo nombrados, porque por limitación de tiempo no hemos contactado a más compañeros, que estarían dispuestos a participar en esta convocatoria. Siéntanse parte del grupo con la iniciativa y coraje que quiere hacer conocer la verdad sobre el caso de nuestro Banco.

Alberto Malo
Alicia de Trejo
Bernarda Mena
Cecilia Andrade
César Nader
Diego Larrea
Francisco Pachano
Gabriela Bueno
Gonzalo Carrillo
Héctor Ordoñez
Horst Moeller
José Garaicoa
Josefina Vintimilla
Luis Fernando Donoso
Margarita Donoso
María Dolores Cornejo
María Luz Arellano
Marta Alicia Espinosa
Patricia Cabeza de Vaca
Patricio Cisneros
Rene Torres
Sonia Erazo
Ximena Córdova

MENSAJE DE HÉCTOR ORDÓÑEZ

2007-11-23T16:40:00.000-08:00

Noviembre 19, 2007

No es muy común encontrar un liderazgo ejercido desde la estrechez y limitación de la cárcel, con acusaciones de mal uso de fondos públicos, de estafa, con un estigma de corrupción y de atraco, con miles de personas afectadas por haber perdido su dinero, resentidas por eso, con cuatro juicios que enfrentar, en un ambiente contrario incluso al apelativo de banquero, con un acusador que confunde los temas del Banco Popular, con una colección de temas arbitrariamente revueltos: Fondos Visión, préstamo del West Merchant Bank, Directores prestigiosos del Banco acusados de falsificación de balances, cuestionamiento a los asientos contables por la metodología empleada.

Después de ocho años desde el cierre del Banco Popular. Nicolás Landes tiene un liderazgo aceptado cálidamente por sus ex colaboradores. Y hay que recordar que la mayoría de ellos fueron accionistas del Banco, que fueron inversionistas en los distintos sistemas que administró el mismo Banco y que por lo tanto, perdieron dinero con el cierre de esta institución que en su momento gozó de un merecido prestigio por la calidad de su servicio, por la innovación y apoyo a sus clientes. Muchos familiares de estos ex colaboradores también perdieron dinero.

¿Cómo es entonces que Landes mantiene un liderazgo sólido?

No encuentro sino estas explicaciones:

En primer lugar durante la gestión del Banco, se creó una cultura solidaria, de compromiso, de desarrollo del talento, de enfoque a la eficiencia y hacia a calidad de servicio, hacia la innovación, hacia el trabajo de equipo. Los que participaron en este esfuerzo, conocieron la forma de dirigirlo y la reconocen como una forma sobresaliente.

En segundo lugar, al haber participado con alto nivel de autonomía en la operación del Banco, conocían todas las operaciones, productos, sistemas, riesgos y ventajas que se ofrecían a los clientes. Y la limpieza y honestidad con la que se administraban los recursos del público. Por eso, el convencimiento sobre la inocencia de Nicolás Landes y de los demás implicados.

En tercer lugar estuvieron al tanto de las maniobras del gobierno colombiano para defender a personajes vinculados con la política de ese país, maniobras que incluyeron el ataque infundado al Banco Popular y que ocasionó el cierre de esta institución. Saben por lo tanto donde está la responsabilidad.

En cuarto lugar, la Comisión de la verdad ya lo dice enfáticamente: el Banco no debió cerrarse. Punto.

Desde su extradición desde Costa Rica, han pasado 11 meses y no hay sentencia para este ex banquero, para muchos convertido en chivo expiatorio, de la debacle bancaria y una demora inexplicable para dar la sentencia favorable, de segunda y final instancia para los directores y funcionarios acusados..

Por eso los ex colaboradores del Banco acudieron organizada y pacífica, pero firmemente a apoyar a su líder en la audiencia frustrada del anterior viernes.

Porque es evidente que las acusaciones son temerarias y mal intencionadas. Lo que aparece claramente es que hay un vivo de por medio que espera lucrar con esta acusación que no ha podido presentar pruebas verdaderas de mal uso de fondos, peor de estafa, peor de falsificación de documentos, y por supuesto de apropiación de recursos.

Tarda pero llega la justicia. Tarda demasiado. Y esta demora encoleriza, frustra, indigna y genera un sentimiento de impotencia y desesperanza.

Pero contra todas las predicciones y malas intenciones, se ve que la verdad comienza a brillar. Por eso hay que redoblar las acciones públicas para desenmascarar a .los verdaderos culpables.

Es mi modesto pensamiento.

Héctor

BOLETIN DE PRENSA enviado por Nicolás Landes

2007-11-21T11:54:00.000-08:00

Quito, 20 de noviembre de 2007

El pasado día viernes 16, inmediatamente después que fue suspendida la audiencia de juzgamiento en el caso "West Merchant Bank" (WMB), el Econ. Pedro Delgado se presentó ante la Presidenta del Tercer Tribunal de lo Penal, Dra. Gladys Terán, como PRIMO DEL PRESIDENTE RAFAEL CORREA DELGADO Y DELEGADO PERSONAL SUYO, con el encargo expreso de supervisar que Nicolás Landes sea condenado por peculado.

Confío que la Presidencia de la República desmentirá a Delgado y ratificará que en este Gobierno no se delega a parientes del señor Presidente la tarea de ejercer presión ante los tribunales de justicia para condenar a un ciudadano.

Delgado firmó un documento público adulterado con fecha 5 de enero de 2000, documento que sirvió de base para iniciar el juicio contra Nicolás Landes en el caso WMB. Y lo firmó como Intendente Nacional de Bancos de la Superintendencia de Bancos el 5 de enero cuando su nombramiento se realizó recién el 19 de abril del 2000, incurriendo así en un segundo delito, el de arrogación de funciones.

Ratifican los delitos de adulteración de documento público y de arrogación de funciones: el informe de "auditoria penal" de la AGD (1), declaraciones publicadas del Juez Décimo Cuarto de lo Penal, Dr. Jaime Santos (2), y el informe de los peritos nombrados por el Juzgado Quinto (3).

El 21 de septiembre de 2000 el Dr. Jenner Larreategui, entonces Presidente de la Corte Superior de Quito, dictó auto cabeza de proceso contra Delgado por adulteración de documento público, y ordenó su prisión preventiva. Delgado huyó del país para evitar ser detenido.

La Fiscalía ha llamado a Delgado como testigo en la próxima audiencia de juzgamiento del caso WMB. Mi abogado, el Dr. Francisco Pesantez, ha solicitado a la Presidenta del Tribunal que Delgado sea descalificado por (a) su falta de idoneidad moral, (b) porque es incapaz de rendir un testimonio fiel, objetivo y creíble, visto que ha manifestado públicamente su propósito de obtener una condena contra Nicolás Landes y, (c) porque procura ejercer una pretendida presión política sobre el Tribunal.

Nicolás Landes

(1) Informe de "auditoria penal" del Banco Popular suscrito por el Dr. Dimitri Duran, presentado al Gerente General de la AGD el 16 de mayo de 2000: "Sin embargo es preocupante el hecho que justamente el memorando que sirve de sustento a la excitativa fiscal haya sido ADULTERADO, lo cual, aparte de restar sustento y credibilidad a nuestra posición en el juicio, es posible que genere acciones penales contra funcionarios de la SIB." (resaltado es mío) (pag 27)

(2) Entrevista al Dr. Jaime Santos, Juez Décimo Cuarto de lo Penal de Pichincha, publicada el 11 de mayo de 2002 en el diario La Hora: "Para Santos, los memorandos antes señalados, uno de los cuales sirvió de sustento para el juicio contra Landes, no tienen validez jurídica, porque quien lo firmó SE ARROGO FUNCIONES y además hay pruebas de que fue ADULTERADO.". (resaltado es mío)

(3) Informe de los peritos Lcda. Teresa Viteri y Econ. Pedro Pablo Baquerizo, nombrados por el Juez Quinto de lo Penal de Pichincha, presentado el 21 de junio de 2000: “23. Si se compara el texto del memorando No. INJ-INBGF-2000-001 de 5 de enero del 2000 que consta a fojas 2 a 6 del proceso y que sirvió de sustento a la excitativa fiscal con el texto del mismo memorando que consta de fojas 68 a 72, se observa que el párrafo final ha sido ADULTERADO." (resaltado es mío) (Conclusiones - pag 36)
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ORGULLOSAMENTE EX POPULARES

2007-11-19T08:07:00.000-08:00

Ex funcionarios del Banco Popular del Ecuador y el representante del Defensor del Pueblo en la audiencia de Juzgamiento a Nicolás Landes

Declaracion en Estudios Multimedios FM106 por Bernarda Mena

2007-11-19T07:39:00.000-08:00

Aclaración

El jueves 15 de noviembre estuvo en los estudios de Multimedios 106 Bernarda Mena, Ex Funcionaria del Banco Popular del Ecuador S.A. quien nos ha proporcionado varios elementos del caso Banco Popular, que nos permitimos publicar, a modo de rectificación.

"...En ningún momento de la entrevista dije que la causa del cierre del Popular fue el cambio en el resultado del informe de Auditoria Internacional. Lo que dije fue que ese cambio en el índice patrimonial de 12,41 a 3 sobre 9, si bien fue el PRIMER ATAQUE al Banco, ideado deliveradamente desde las altas esferas de la Superintendencia de Bancos, según varias pruebas irrefutables, NO causó el cierre del Popular. Gracias a una sólida situación financiera, cartera de créditos sanos, activos líquidos y la confianza de su clientela, el Banco salió ileso de ese ataque. Ni siquiera necesitó recurrir a las facilidades de crédito que el Estado había establecido para los bancos calificados "B", o en saneamiento, luego del proceso de auditoria contratado por el Gobierno de Jamil Mahuad.

El cierre del Banco Popular se dio cuando el 9 de septiembre de1999 éste recibió el golpe de gracia: la demanda de la República de Colombia en los Estados Unidos. Una demanda que ha sido probada FALSA por varios medios y que, incluso, llevó a la juez que la tramitó ha reconocer que había cometido un error al aceptarla. Esta Juez pidió disculpas por haber ordenado medidas cautelares en contra del Popular. Esas medidas consistieron en la incautación de los activos del Popular en los EEUU lo cual llevó al banco a la quiebra. Años después, también un juez colombiano dictaminó a favor de los acusados. Han sido las propias autoridades colombianas quienes luego de liquidar las cuentas han determinado que el dinero JAMAS salió del Banco hacia cuentas personales, por tanto lo han devuelto a todos los depositantes y acreedores. Incluso, han determinado un saldo a favor. Todo esto esta debidamente documentado y estaré gustosa de hacerle llegar copia de esta documentación."

Bernarda MenaEx Funcionaria del Banco Popular del Ecuador S.A.

Condenan a la Nación por intervenir a Granahorrar a pesar de que no estaba quebrada

2007-11-18T17:38:00.000-08:00

Diario El Tiempo de Bogotá

Redacción Justicia

Noviembre 16, 2007

El Consejo de Estado aseguró que el sustento del Gobierno para intervenirlo no fue "serio" ni contundente y ordenó pagar más de 224.000 millones de pesos a sus seis sociedades accionistas.

La decisión de intervenir a Granahorrar fue tomada hace nueve años por el gobierno de Andrés Pastrana con el argumento de salvar el dinero de los ahorradores.

Sin embargo, el Consejo de Estado comprobó que en ese momento, octubre de 1998, la entidad no estaba en quiebra.

Los responsables de la indemnización por parte de la Nación son la Superintendencia Financiera y el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín).

Las seis sociedades beneficiadas con la decisión son Compto, Asesoría e Inversiones C.G., Inversiones Lieja, Exultar, Fultiplex e Inventorías y Construcciones.

Estas empresas perdieron la totalidad de su patrimonio cuando el Gobierno asumió el control del banco, debido a la imposibilidad de pagar más de 400 mil millones de pesos en deudas.

Las firmas le solicitaron entonces al alto tribunal que los actos administrativos de la Superintendencia Bancaria, hoy Financiera, y el Fogafín, que llevaron a la intervención del banco debían ser declarados nulos, toda vez que esa entidad de ahorro y vivienda "no perdió el 100 por ciento de su patrimonio".

¿Por qué la intervinieron?

A finales de septiembre y principios de octubre de 1998, según la demanda, tanto el Fogafín como el Banco de la República reportaron pérdidas en Granahorrar por más de 228 mil millones de pesos.

Posteriormente, por medio de dos actos administrativos, se ordenó la capitalización de esa entidad en 157.000 millones de pesos. El control del banco lo asumió Fogafín.

Durante el litigio, la Superintendencia afirmó que verificó la información suministrada por el Fogafín y el Banco de la República.

"Nos obligó a intervenir con el propósito de salvaguardar la confianza del público", decía el informe.

Por su parte, el Fogafín aseguró "que los hechos en que se basó la orden de capitalización son ciertos y comprobables y reflejan la incapacidad de pago de Granahorrar respecto a las obligaciones".

Y recordó que fue un "buen negocio", pues se vendió al BBVA por 970.000 millones de pesos.

¿Cuál fue la clave?

Los magistrados basan su decisión en un informe presentado en diciembre de 1998 por el Presidente de Granahorrar sobre la evolución de la situación financiera, entre julio y octubre de ese año.

El informe sostenía que a finales de septiembre de 1998, el patrimonio de la entidad era de 214.804 millones de pesos y para principios de octubre de ese año ascendía a 216.993 millones.

"Estas cifras permiten considerar a la Sala que, para el 2 de octubre de 1998, la situación de Granahorrar no era de quebranto patrimonial, como lo señaló la Superintendencia Bancaria como sustento de la orden de capitalización, la cual, como se vio, no tuvo motivación alguna en relación con el cálculo que arrojaron las pérdidas que supuestamente la insolventaron".

Las cifras de Granahorrar entre 1998 y el 2005

157.000 millones de pesos pidió en 1998 el Gobierno a las familias Carrizosa y Robayo para capitalizar. No se hizo.

395.000 millones de pesos, los recursos que le inyectó la Nación a la entidad para evitar quiebra.

970.000 millones de pesos fue lo que recibió la Nación por la venta de la entidad al banco BBVA en el 2005.

Granahorrar se vendió a BBVA en el 2005

La nacionalización de Granahorrar se dio en octubre de 1998, en medio de una crisis que azotó al sistema financiero. La decisión de nacionalizarla se tomó luego de varias inyecciones de capital que había realizado el Gobierno y de apoyos extras de otras entidades financieras privadas.

Los apoyos a Granahorrar habían comenzado en julio y, tras varios intentos fallidos para que los accionistas mayoritarios -las familias Carrizosa y Robayo- capitalizaran la entidad, el Gobierno, a través de la entonces Superintendencia Bancaria y el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín) decidió tomar cartas en el asunto.

El jueves primero de octubre, el Gobierno pidió a los accionistas capitalizar la entidad en 157.000 millones de pesos, cosa que no se cumplió.

Entre julio y septiembre de 1998, el Fogafín le otorgó recursos a Granahorrar por 395.000 millones de pesos con pacto de recompra, dinero que estaba garantizando cupos de liquidez del Banco de la República por 300.000 millones de pesos.

La nacionalización se dio el sábado 3 de octubre en horas de la noche, cuando Granahorrar quedó en manos oficiales. El lunes siguiente, la entidad abrió normalmente sus puertas al público y siguió funcionando con todas sus operaciones financieras.

Durante los años siguientes, Granahorrar estuvo en manos oficiales y el 31 de octubre del 2005, el Gobierno lo vendió al banco español BBVA por $ 970.000 millones.

Segunda audiencia suspendida en caso West Merchant Bank

2007-11-17T10:32:00.000-08:00

Diario LA HORA

17 de Noviembre de 2007

Ayer Gladis Terán, presidenta del Tribunal Tercero de lo Penal de Pichincha, suspendió por segunda vez la audiencia de juzgamiento del ex gerente del Banco Popular, Nicolás Landes, procesado por el supuesto delito de peculado en el caso West Merchant Bank (WMB).

Dentro de los que no asistieron a la reunión convocada por el Tribunal están el representante del Ministerio Público, Jorge Cano, y los testigos del caso Jorge Guzmán Ortega, Rosa María Herrera, Jorge Molina, de la Superintendente de Bancos, y el asesor jurídico de la época de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).

Para Santiago Cuesta, abogado de Landes, la lentitud de la justicia ecuatoriana tiene preso a una persona que, con argumentos propios y externos, ha demostrado que no tiene parte en el delito que se le acusa.

En cambio, Víctor Hugo Rodríguez, representante de los perjudicados de Fondos Visión, cree que el proceso no puede dilatarse más porque Landes esta por cumplir un años sin sentencia el 16 de diciembre próximo y eso significaría que el implicado quede en libertad automáticamente.

Según el ex banquero es una molestia completa el seguir privado de la libertad, luego que informes oficiales (AGD, Comisión de la Verdad, etc.) exoneran al Banco Popular y descartan la comisión del delito de peculado del que se le imputa al ex gerente de esa institución.

Cerca de 50 ex funcionarios del Banco Popular se apostaron a las afueras de los juzgados para pedir la libertad de Nicolás Landes. “Luego de ocho años de cerrado el banco que sus ex trabajadores vengan a brindarme el apoyo demuestra que se actuó con rectitud”, afirmó quien se encuentra recluido en el Pabellón ‘A’ del ex penal García Moreno.

Las juez Terán determinó la mañana del 22 de noviembre del 2007 para la realización de la nueva audiencia.

Audiencia en caso "Landes" se suspende.

2007-11-17T09:49:00.000-08:00

Diario HOY. Sábado 17 de noviembre del 2007

El Tercer Tribunal Penal fijó para el 22 la nueva audiencia por el caso ‘West Merchant Bank-Fondos Visión’

La audiencia de juzgamiento a Nicolás Landes, acusado de peculado en el caso ‘West Merchant Bank-Fondo Visión’, no se realizó ayer, como estaba previsto.

La jueza del Tercer Tribunal Penal de Pichincha, Gladys Terán, no dio paso a la diligencia, luego de constatar la ausencia de varios citados. Esos fueron los casos del fiscal Jorge Cando y de funcionarios y ex miembros de la Superintendencia de Bancos como Rosa María Herrera, Jorge Molina, Roberto Chiriboga y Jorge Guzmán Ortega.

La nueva audiencia se fijó para el 22 de noviembre.

Minutos después de proclamar esta resolución, Terán se retiró del pleno de la sala ante los fuertes gritos que perjudicados por Landes lanzaban a quienes lo apoyaban y vestían una camiseta que decía “Orgullosamente ex Popular”.

El caso se originó en 1999, cuando Nicolás Landes era presidente del Banco Popular, que a su vez manejaba el Fondo Visión. Este tenía cerca de 9 000 inversionistas en el país. En ese tiempo, Landes habría desviado $160 millones de inversionistas de este Fondo al West Merchant Bank (Inglaterra) para garantizar una operación de crédito.

El 31 de agosto de 2006, el mismo Tribunal absolvió a cinco ex directores y tres ex funcionarios del banco al concluir que no se había probado el supuesto peculado. La Fiscalía no apeló el fallo, es decir, no interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema.

En el último informe de la Comisión presidencial que investigó la crisis bancaria de 1999, encabezada por el directivo de la CFN, Eduardo Valencia, se señala que el banco fue cerrado ilegal, injusta e indebidamente.

Landes está detenido en el ex Penal García Moreno desde hace 11 meses, luego de ser extraditado desde Costa Rica, donde estuvo preso 19 meses.

Según su abogado, Santiago Cuesta, no existe el delito de peculado por el que acusan a Landes.(MFA)

El Fiscal no llegó a la audiencia en contra de Nicolás Landes.

2007-11-17T09:12:00.000-08:00

DIARIO EL COMERCIO 17 Nov 2007
Redacción Judicial

El ex Gerente del Banco Popular cumplirá el 16 de diciembre un año detenido sin una sentencia.

Nicolás Landes es querido por unos y odiado por otros. Eso quedó evidenciado ayer, en el Tercer Tribunal de lo Penal de Quito, donde tenía que cumplirse una audiencia de juzgamiento contra el ex banquero por supuesto peculado.

Antes de las 09:00, un grupo de ex empleados del Banco Popular, del cual Landes era gerente, acudió al despacho. Los ex funcionarios estaban organizados. Vestían camisetas blancas que tenían el logotipo del antiguo Grupo Financiero Popular y la frase: “Orgullosamente ex Popular”. También levantaban carteles que decían: “Landes inocente”.

En el lado contrario, estaban los clientes del Fondo Visión, quienes acusan a Landes de la pérdida de su dinero invertido, luego de la caída del Popular en 1999. En cambio, ellos pedían la sanción por supuesto peculado bancario, en el caso llamado West Merchant Bank.

Landes llegó a la audiencia escoltado por los guías del penal García Moreno de Quito. En esa prisión permanece detenido desde el 16 de diciembre del año pasado, cuando fue extraditado desde Costa Rica.

Sin embargo, la diligencia no se concretó. La ausencia inesperada del fiscal Jorge Cano obligó a los jueces a que la suspendieran. Extraoficialmente, se conoció que Cano tomó el proceso hace dos días, pues antes lo llevaba el agente César Almeida.

Víctor Rodríguez, abogado de los clientes del Visión, se preguntó las razones de la ausencia. Dijo estar preocupado porque el tiempo para juzgar a Landes se termina, pues el 16 de diciembre cumplirá un año sin sentencia y pudiera salir en libertad por el artículo 24 de la Constitución.

En cambio, el ex banquero aseguró que también quiere que su juicio termine pronto. Según él, auditorías nacionales e internacionales y la comisión de la verdad sobre las crisis bancaria dijeron que no había razones para cerrar el Popular. Además, los ex directores de la entidad, también indagados en este caso, fueron absueltos en primera instancia. Ahora, la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema tiene que resolver su caso.

El Tribunal convocó a la diligencia para el próximo jueves. Se cumplirá a la misma hora.

III Tribunal Penal recibe a Landes en audiencia

2007-11-16T12:04:00.000-08:00

DIARIO HOY Nov 16, 2007

La diligencia es por el caso ‘West Merchant Bank’

En el Tercer Tribunal Penal de Pichincha se efectuará hoy a las 08:50 la audiencia de juzgamiento del ex presidente del Banco de Préstamos, Nicolás Landes, por el caso “West Merchant Bank (WMB)”.

En este caso, Landes está acusado de peculado. No obstante, el 31 de agosto de 2006, el mismo Tribunal absolvió a cinco ex directores y tres ex funcionarios del Banco, tras concluir que no se había probado el supuesto peculado. La Fiscalía no apeló el fallo, es decir, no interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

Landes guarda prisión en Quito desde hace 11 meses, cuando fue extraditado de Costa Rica. Allí estuvo preso 19 meses. (AA)

Entrevista a Nicolás en Radio SUCESOS por Marcelo Dotti

2007-11-14T06:26:00.000-08:00

Para escuchar hacer doble click en el título

Entrevista a ALBERTO DONADIO

2007-11-05T18:08:00.000-08:00

UN COLOMBIANO DEFIENDE A LOS ECUATORIANOS

Revista HAVRE octubre - noviembre 2007
Autor: Desde Colombia, Cecilia Méndez Fotógrafo: Pastor Virviescas

Tomamos el avión en Bogotá y en cuarenta minutos, aterrizamos en Bucaramanga. Un taxista parlanchín nos lleva a. Ruitoque, una meseta al sur de la ciudad. Llegamos a una casa en forma dé cabaña y vemos una hamaca en la terraza. Nos recibe Alberto Donadío, un escritor que critica a Colombia y defiende al Ecuador. Hace cinco años, aboga por más de 700 ecuatorianos que son víctimas del Gobierno colombiano. Entramos a la casa atestada de libros. Es la casa de dos escritores, Alberto y su esposa, Silvia Galvis, novelista y periodista, a quien la revista Semana escogió hace dos años como una de las 100 mujeres más importantes de la historia de Colombia.

Alberto es abogado y periodista. Fue, con Daniel Samper, uno de los primeros periodistas investigativos del país, hace 35 años. Su especialidad es destapar escándalos y llevar al banquillo a los poderosos. Ha escrito diez libros.

¿ Quiénes son los ecuatorianos a los que defiende?
“Hagamos un ejercicio, dejemos de lado nombres porque la esencia no cambia. Digamos solamente que es la gente de un banco que fue muy popular en el Ecuador. En 1999, el Gobierno colombiano anunció a los cuatro vientos que un banco ecuatoriano se había robado casi 200 millones de dólares de impuestos y de dinero de clientes en su filial colombiana. Una acusación oficial como esa causa la caída de cualquier banco. De entrada algo huele mal. Al Gobierno colombiano no le corresponde acusar a bancos ecuatorianos, eso solamente pueden hacerlo las autoridades del Ecuador, sean ciertos o falsos los cargos”.

¿Pero, los cargos eran ciertos o falsos?
“Eran falsos. Hoy se sabe eso hasta la saciedad porque ambos bancos, el que era muy popular y su filial en Colombia, devolvieron todo el dinero a los clientes. Colombia metió las narices en asuntos internos del Ecuador. El caso es muy grave porque desde el principio se sabía que la acusación era falsa. Hubo un montaje político para acusar agente inocente”.

¿Quiénes son los que usted defiende?
“Son unos 700 ecuatorianos que trabajaban en el banco, más sus dueños y cabezas directivas. Todos fueron golpeados, hay muchos dramas humanos detrás de la injusticia que cometió el Gobierno colombiano, pues les robó su buen nombre, su trabajo, su patrimonio, su tranquilidad. Fue una infamia del Gobierno de Andrés Pastrana”.

Usted denuncia a su propio país.
“Es cierto. La nacionalidad no es una venda contra la verdad. Los ecuatorianos que vinieron a invertir en Colombia, a realizar un negocio lícito, no solamente perdieron la inversión sino todo lo que tenían en el Ecuador. Aquí, los diarios dijeron que el banco ecuatoriano era un nido de ladrones habilísimos, lo decía el ministro de Finanzas y la directora de Impuestos. El propio Gobierno ecuatoriano bajó la cabeza y corroboró indirectamente la injusticia. Reflexionemos sobre el escenario inverso: Colombia no habría permitido que el Ecuador destruyera un banco colombiano. Es más, no creo que ningún Gobierno ecuatoriano piense en quebrar un banco colombiano con acusaciones inventadas”.

Vemos que esto le llega hondo.
“No puede ser de otra manera. Hay colombianos que van al Ecuador a hacer negocios ilícitos. A Colombia, en cambio, vinieron unos ecuatorianos a hacer un negocio legal con un banco y el Gobierno los desplumó, los llevó a la quiebra. Fue un verdadero desperdicio de capital económico y humano. Tal vez en el Ecuador no saben que cuando la canciller colombiana pedía la extradición de funcionarios de ese banco ecuatoriano, su marido le debía 8 millones de dólares al banco y era el mayor deudor”.

“...injusticia que cometió el Gobierno colombiano, pues les robó su buen nombre, su trabajo, su patrimonio, su tranquilidad”.

Autor: Desde Colombia, Cecilia Méndez Fotógrafo: Pastor Virviescas

“Colombia no habría permitido que el Ecuador destruyera un banco colombiano”.

En 2003, usted escribió el libro Los Farsantes, que cuenta los detalles, ¿por qué siguió?

“Las víctimas no siempre se saben defender, a veces no están en condiciones de hacerlo. Para eso están los abogados y los periodistas, que deben hablar en contra de la injusticia. Además, lo normal era que los tribunales, el Congreso y los organismos de fiscalización colombianos deberían haber hecho justicia y procesar y sancionar a los autores de la calumnia. Nada de eso pasó, salvo en el caso de algunos periodistas que han tenido el coraje de contar la verdad. A los responsables los premiaron y el Gobierno colombiano ni siquiera ha presentado disculpas a las víctimas. El Gobierno de Pastrana sabía que ningún banco sobrevive a acusaciones de fraude y estafa pero las lanzó a pesar de conocer el daño que causaban y las consecuencias para el Ecuador y para los ecuatorianos directamente afectados, desde empleados hasta accionistas. La directora de Impuestos se jactó de haber causado el colapso del banco”.

¿Por qué le ha dedicado los últimos cinco años a este caso?

“Muchos motivos. Me avergüenza como colombiano que mi país sea responsable de este atropello masivo. No entiendo por qué en el Ecuador nadie protestó contra esta violación a su soberanía ni por qué, en lugar de ayudar a las víctimas de la agresión colombiana, en cambio, las persiguieron. Permítame un ejemplo: si un general colombiano da en Bogotá la orden de fusilar -porque a este banco lo fusilaron- mañana en Quito, a las seis de la mañana, a 700 ecuatorianos, ¿las tropas ecuatorianas los sacan de sus casas, los vendan y los ponen frente al pelotón de fusilamiento? Supongo que no. Pero en el caso de ese banco, así sucedió. La orden de cerrar el banco vino de Bogotá y en Quito la ejecutaron instantánea y ciegamente. Nadie se detuvo a pensar: ‘Un momento, el cierre de un banco ecuatoriano se define únicamente en el Ecuador”.

¿Qué ha encontrado en sus investigaciones?

“Que el verdadero crimen lo perpetraron los acusadores al hacer cargos falsos que produjeron un descalabro financiero. Pensaron en sus propósitos sin importarles las consecuencias para miles de personas. Los inversionistas perdieron su capital, centenares de familias se quedaron sin empleo y profesionales competentes fueron despojados en un momento de un prestigio ganado puño a puño. Un país utilizó su propia credibilidad y soberanía para acusar falsamente. El mayor activo de un banco es la confianza de los clientes. Las autoridades de Colombia, de mala fe, despojaron a ese banco de aquel bien fundamental para su funcionamiento”.

¿Cuál es su objetivo?

“Que el Ecuador conozca y tenga conciencia de la verdad. Si se proclamó a los cuatro vientos un crimen que no ocurrió, ahora hay que hacer lo mismo proclamar que no hubo tal crimen, que los acusados son inocentes. No hacerlo sería perpetuar el crimen que cometieron calumniadores. El Gobierno de Pastrana destruyó una institución ecuatoriana, atropelló y calumnió a ecuatorianos. Ecuador debe exigir reparación a Colombia. Al Ecuador le quitaron un patrimonio humano y económico que le pertenecía y que tenía gran potencial. Colombia tiene que responder”.

La Defensoría interviene en el caso Landes EL COMERCIO 10/21/2007

2007-10-24T07:19:00.000-07:00

Redacción Judicial

Los procesos jurídicos en contra del ex gerente del Banco Popular, Nicolás Landes, siguen generando polémica.

La Defensoría del Pueblo envió una carta (el pasado 10 de ocubre) a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. La intención de la misiva es pedir al titular de la institución, Jaime Velasco, que analice el pedido de ampliación de extradición a Costa Rica, para poder tramitar otros cuatro juicios en contra del ex banquero.

Según Marco Llerena, adjunto primero del Defensor de Pueblo, esa solicitud “podría poner en entredicho la seriedad de nuestra Cancillería”, la actuación de Velasco y que no se respetará el debido proceso del detenido.

En el 2006, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Corte Suprema de Justicia, basados en convenios internacionales, aseguraron a Costa Rica que Landes solo sería juzgado en el proceso que indaga el supuesto abuso de fondos públicos en West Merchant Bank y no por juicios diferentes ni anteriores.

Luego de esa promesa, se concretó el retorno del ex banquero al país y su detención en el penal García Moreno de Quito.

Hasta el momento, no se conoce si el Presidente de la Corte Suprema dará paso al pedido de ampliación, que inició el Tribunal Cuarto de lo Penal de Pichincha, donde hay otro juicio por supuesto peculado contra Landes.

El jueves pasado, el presidente Velasco también acudió a la Fiscalía General del Estado para rendir su versión dentro de la indagación previa que analiza la legalidad de la ampliación de extradición.

Velasco, quien estuvo acompañado de su abogada Mariana Yépez (ex fiscal general), no realizó declaraciones sobre sus declaraciones en el Ministerio Público.

Esta indagación que inició luego de que la defensa de Landes presentara una demanda por supuesto prevaricato en contra del titular de la Corte Suprema. Este momento, la investigación reservada está a cargo del fiscal general de la Nación, Jorge German.

Avanza indagación en el caso "Landes"

2007-10-23T15:41:00.000-07:00

Diario HOY 21 de Octubre 2007

Velasco fue denunciado por pedir ampliación de extradición
El fiscal general, Jorge German, continúa con la indagación previa en contra del presidente de la Corte Suprema, Jaime Velasco, por un presunto delito de prevaricato, al dar paso a una solicitud ampliatoria de la extradición concedida por el Gobierno de Costa Rica al ex banquero Nicolás Landes.Dentro de esta causa, Velasco rindió su versión por el lapso de dos horas. Por su parte, Landes dijo que Velasco “procedió maliciosamente en contra del art. 20 de la Ley de Extradición, al dar trámite a una autorización ampliatoria de la extradición”.Sobre este caso, mediante oficio dirigido al presidente de la Corte, el adjunto del defensor del pueblo, Marco Llerena, dijo que Landes “fue extraditado para ser juzgado por el caso West Merchant Bank, a pedido expreso de la Cancillería, por lo que si la justicia pretende procesarlo por casos distintos, se estaría desviando el debido proceso”. (MA)

La promesa para extraditar a Landes aviva el debate legal El COMERCIO 9/28/2007

2007-10-17T12:38:00.000-07:00

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Redacción Judicial

La posible ampliación de extradición del ex gerente del Banco Popular, Nicolás Landes, ha generado un debate. Una promesa formal firmada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia , Jaime Velasco, y por el entonces canciller, Antonio Parra Gil, asegura que el ex banquero solo puede ser juzgado por presunto peculado en el caso West Merchant Bank.

Sin embargo, en contra de Landes están abiertos cuatro juicios más. Dos por supuesto peculado y dos por presunta estafa.

La promesa formal -según Velasco- era una demanda del Gobierno de Costa Rica para realizar la extradición. El Presidente de la Corte aseguró que esa solicitud de Costa Rica se basó en la Convención Interamericana sobre Extradición, firmada en 1981 por los países miembros de la OEA.

Sin embargo, para el ex magistrado de la Suprema, Ramiro Román, Velasco no podía comprometerse a que Landes sea juzgado por un solo caso, puesto que en la Convención de la ONU contra la Corrupción se estipula el peculado como un delito que debe ser sancionado a escala mundial.

“Este tratado internacional busca eliminar la impunidad de las personas que cometen el delito de peculado privado. Además, este acuerdo fue firmado por todos los países del mundo, por lo que tiene más importancia”, dijo Román.Además, a su criterio, lo único a lo que podía comprometerse Velasco y el Gobierno ecuatoriano era a garantizar un debido proceso en los juicios del ex banquero.“Con esta actuación se favorece a Landes, para que solo sea juzgado por un caso y quizás hasta se siente un precedente para las demás causas de extradición de los otros ex banqueros”, recalcó.

No obstante, para el jurista Alberto Wray, esto no es posible, puesto que los términos con los cuales se concede una extradición dependen del país reclamado (Costa Rica). “En este caso se concedió una extradición cerrada. El que Landes sea juzgado por un juicio fue una demanda de ese país y el Ecuador debía acatar o sino no venía al país”, afirmó Wray.

Empero, un alto funcionario de la Cancillería ecuatoriana que intervino en el proceso de extradición y que pidió mantener su nombre en reserva, aseguró que el juez Velasco no debía comprometerse puesto que con esto se limitó la actuación de la justicia ecuatoriana. “Esto es algo inusual en un proceso de extradición”. Ahora, para poder juzgar a Landes por los otros delitos se debe realizar una ampliación de la extradición. Por ello, los jueces del Cuarto Tribunal Penal, en donde se tramitan dos procesos por supuesto peculado en contra del ex banquero, enviaron a Velasco los documentos necesarios para realizar el pedido. El titular de la Suprema deberá decidir si es procedente o no realizar este trámite. El funcionario de Cancillería insistió en que la ampliación de la extradición es un proceso atípico en los pedidos de repatriación.

Según Wray, esto crea una dificultad, puesto que la justicia ecuatoriana deberá esperar una respuesta de Costa Rica para continuar con el trámite. “Se deben revisar los términos de la extradición, pero es una limitación, porque pudiera pasar que Costa Rica diga no y ahí habría que ver qué pasa con los juicios”. No obstante, para el embajador Luis Narváez no se debe realizar ningún otro pedido a Costa Rica, puesto que los delitos de los que se acusa a Landes perjudicaron a toda la sociedad ecuatoriana. “Landes cometió un delito que afectó a todo el país. Se debe buscar alguna figura legal para juzgarlo aquí”, enfatizó.Con esto coincidió Farith Simon, jurista experto en derechos humanos. Él cree que el ex banquero puede ser juzgado por las otras causas que están abiertas sin pedir una autorización a Costa Rica. Esto porque Landes ya no está bajo la jurisdicción de ese país.

Sin embargo, el enjuiciarlo sin la ampliación de extradición, puede ser interpretado -según Simon- como un acto de mala fe por parte del Ecuador. Por ello, Simon cree que Ecuador debe enviar un comunicado en el cual explique que el ex banquero será juzgado por los otros casos, porque esos son procesos abiertos en el país.

No obstante, la defensa de Landes aseguró que si el Ecuador juzga a su cliente por los otros cuatro delitos que se le imputan estarán violando un acuerdo internacional y por ende los derechos del ex banquero, garantizados en la promesa formal que firmaron el ex Canciller y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

El juez fue demandado ayer

La defensa del ex titular del Banco Popular, Nicolás Landes, presentó una demanda penal en contra del presidente de la Suprema, Jaime Velasco, por prevaricato.

Santiago Cuesta, abogado del ex banquero, aseguró que la denuncia se basa en el pedido de ampliación de extradición. A su criterio, en la Ley de Extradición no existe un artículo que permita la ampliación de la repatriación.

“La extradición sirve para que un país entregue a un acusado al país que lo reclama. En este caso Landes ya está en el Ecuador”, manifestó Cuesta.

Además, el abogado cree que Velasco prevaricó porque solicitó al Cuarto Tribunal Penal, que tramita dos causas en contra de Landes, que inicié los trámites para la ampliación de la extradición. Sin embargo, en una providencia del 13 de abril pasado, el Tribunal solicitó al Presidente de la Corte que realice el procedimiento.Ante este pedido, Velasco respondió, el 25 de junio, que antes de iniciar el trámite de ampliación se deben reunir los requisitos establecidos en la Ley.

El detalle del proceso

Apenas se produjo la quiebra del Banco Popular, el ex banquero Nicolás Landes salió con rumbo a Miami, Estados Unidos.

El Gobierno ecuatoriano solicitó a Estados Unidos en el 2000 la extradición de Landes. Sin embargo, el proceso fue desechado.

Posteriormente, el ex banquero viajó a Panamá. Ecuador también solicitó su repatriación a ese país, pero fue negada porque el ex banquero también es panameño.

Landes ingresó a Costa Rica el 21 de marzo del 2005 para solicitar asilo político. Y fue apresado el 22 de junio de ese año, cuando intentó viajar con documentos falsos. Fue extraditado de Costa Rica en diciembre del 2006.

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Oficio de la DEFENSORIA del PUEBLO al PRESIDENTE de la CSJ

2007-10-15T15:53:00.000-07:00

Landes demanda a presidente de la CSJ

2007-10-06T17:48:00.000-07:00

El ex gerente del Banco Popular, Nicolás Landes, presentó una demanda en la Fiscalía General del Estado por supuesto prevaricato contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jaime Velasco.

La medida se dio tras la intención del Tribunal Cuarto de lo Penal de Pichincha de solicitar a Costa Rica una ampliación de la extradición de Landes. Según el ex banquero, el Tribunal Cuarto inició la recopilación de documentos para solicitar la ampliación bajo instrucción del presidente de la CSJ.

Para Landes, Velasco incurrió en prevaricato al instruir a Luis Costales, presidente del Tribunal Cuarto, mediante providencia del 25 de junio del 2007, con el objeto de que la presidencia de la Corte presente una nueva solicitud de extradición.

Costales debe recopilar los documentos previstos en el artículo 7 de la Ley de Extradición y solicitarla.

“Jaime Velasco pide al tribunal que haga los trámites a sabiendas de que él será quien en última instancia decidirá si debe o no hacerse el trámite con Costa Rica. Esta posición la volvió a mantener en una entrevista con un diario de Quito. Eso es ser juez y parte en el proceso: él ordena y califica”, manifestó Landes, quien está recluido, desde diciembre del 2006, en el Pabellón A del ex penal García Moreno.

Este argumento es rebatido por la parte demandada, ya que aseguran que el pedido de ampliación es realizado de conformidad con la ley por el Tribunal Cuarto. “Nadie ordenó nada, el proceso que se sigue lo demanda la misma norma”, explicaron.

La demanda fue presentada por el abogado defensor del ex directivo del Banco Popular, Santiago Cuesta.

Sobre el Banco Popular

2007-09-30T17:08:00.001-07:00

Sobre el Banco Popular
9/30/2007

El 20 de septiembre se publica la noticia sobre la audiencia postergada en el caso del Banco Popular y del Fideicomiso Solidez, y se destacan nuevamente sobre la palestra pública una diáfana verdad que se va haciendo irrefutable a pesar del tiempo que ha transcurrido: el Banco Popular nunca debió cerrarse y nadie debió haber salido perjudicado.

Los que somos clientes del fideicomiso Solidez tenemos toda la razón del mundo al reclamar a las autoridades encargadas del Banco Popular el pago inmediato de nuestras acreencias, porque obtuvimos de los organismos y autoridades pertinentes todas las aprobaciones para que este pago se realice y el banco tenía la liquidez necesaria para hacerlo. Y quienes han impedido que los recursos se sigan dilapidando, tienen toda la razón de así hacerlo.

No se ha querido proceder de acuerdo con la ley, buscando pretextos y subterfugios que ahora van saliendo a luz y descubriendo la diáfana verdad: para preguntarse ¿cómo pudo un ‘técnico’ desconocer los resultados de las auditorías internacionales y reducir a cero, sí, a cero, el valor del campo petrolero que ahora se comprueba ha generado más de USD 40 millones y tiene un valor entre USD 400 y 600 millones?, al igual que sucedió con otros activos del Banco Popular.

Gracias por promover un proceso de sacar a la luz una gran verdad, esperemos que las autoridades judiciales, conocedoras con amplitud de datos, hechos, cifras y leyes, terminen con este caso de dolorosa injusticia, y aunque no sea del agrado del público se diga la verdad en el caso del Banco Popular.

René Torres J.

UNA CAUSA PENAL.. HOY, SEPTIEMBRE 27, 2007

2007-09-27T09:16:00.001-07:00

Una causa penal contra presidente de la Corte Suprema de Justicia está en camino

Abogado del ex dueño del Banco Popular presenta hoy demanda contra titular de CSJ

Santiago Cuesta, abogado del ex banquero Nicolás Landes, presenta hoy en la Fiscalía una demanda penal por presunto prevaricato contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jaime Velasco.

Cuesta asegura que Velasco prevaricó en el caso Landes, porque adelantó criterio, firmó un acuerdo con Costa Rica para juzgarlo por un solo delito y ahora anunció una ampliación del proceso de extradicción, para que sea procesado por otros dos juicios, por supuesto peculado.

En el Tribunal Cuarto de lo Penal de Pichincha se informó que el jueves pasado se remitió a la CSJ la documentación requerida para iniciar la ampliación de la extradición. Sin esa autorización no podrá juzgarlo por otros delitos, ya que fue extraditado solo por el caso West Merchant Bank.

El caso está en manos de Velasco, quien deberá hacer la solicitud formal a Costa Rica a través de la Cancillería. Sin embargo, Velasco no ha continuado con la causa, ya que está fuera del país desde el martes.

Cuesta dice que se pretende cometer una barbaridad jurídica, ya que existen dos acuerdos firmados con Costa Rica: uno por la Cancillería y otro por el presidente de la Corte Suprema, Jaime Velasco, en los que el Ecuador se compromete a juzgar a Landes solo por el caso “West Merchant Bank”, en el cual ya fueron sobreseídos los demás imputados, ex miembros del Directorio del Banco Popular. (MA)

LA AUDINECIA PARA MOSTRAR.. ARTICULO EL COMERCIO, SEPTIEMBRE 25, 2007

2007-09-25T16:03:00.000-07:00

La audiencia para mostrar los libros de la AGD, postergada
9/25/2007

Redacción Judicial

Las autoridades de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) fueron llamadas a una diligencia para que exhiban su contabilidad.

La audiencia fue pedida por un grupo de clientes del Fideicomiso Solidez, quien pretende conocer qué pasó con el dinero que entró al ente estatal por los bienes del Banco Popular, de propiedad de Nicolás Landes. Él está detenido en Quito.

La diligencia estaba prevista que se cumpla mañana en el Juzgado Decimosegundo de lo Civil de Pichincha, pero fue postergada, según informó uno de los abogados de los clientes del Solidez. Todavía no hay una fecha para la audiencia, pero se supone que no pasará de octubre.

Los inversionistas del fideocomiso y personas cercanas al ex banquero están precupados con el manejo de los bienes del Popular. Específicamente, de los ingresos del campo petrolero Onado (hoy llamado Petronado), que se encuentra en Venezuela.

Según la gerenta de la AGD, Gloria Sabando y el asesor jurídico del organismo, Oswaldo Padilla, durante siete años recibieron USD 31 millones, pero la mayoría (USD 25 millones) se usó para invertir en el campo y para cumplir otras obligaciones. Con el sobrante se pagó a los cuenta ahorristas del Popular.

Empero, en un comunicado de prensa se aseguró que el valor del campo y las ganancias superan las cifras que maneja la AGD.

Por ejemplo, se menciona que el campo tiene una reserva de 70 millones de barriles de petróleo y que “el mercado internacional valora las reservas entre USD 5 y 10 dólares por barril. Por lo tanto, el campo Onado vale entre USD 350 y 700 millones”.

Además, que al tener una producción diaria de unos 5 000 barriles, con 40 grados de API (de alta calidad) y con un precio de USD 80 dólares por barril, los pozos generan ingresos de unos USD 400 000 diarios.

Hasta el año pasado, el Popular, en manos de la AGD, poseía el 20% de las acciones del campo. Pero, una reforma legal a los contratos que impulsó el gobierno de Hugo Chávez redujo esa participación al 8,3%, pues el Estado venezolano se convirtió en el mayor accionista con el 60%.

Asimismo, la AGD no ha recibido ningún dinero del campo, desde marzo del 2006, por nueve juicios que impulsan los clientes del Solidez, los cuales prohiben la anajenación de los bienes y la entrega de las ganancias.

CARTA DE HECTOR ORDOÑEZ A EL COMERCIO, SEPTIEMBRE 25, 2007

2007-09-25T15:48:00.000-07:00

Quito, septiembre 25 del 2007

Sr.

Director

Diario El Comercio

Presente.

Señor Director:

La noticia que publican hoy sobre la audiencia postergada en el caso

del Banco Popular y del Fideicomiso Solidez, pone nuevamente de

manifiesto una verdad que se va haciendo irrefutable a pesar del tiempo que ha

transcurrido: el Banco no debió cerrarse y nadie debió haber salido

perjudicado.

Los clientes del fideicomiso Solidez tienen toda la razón del mundo al

exigir a las autoridades el pago inmediato de sus acreencias, porque

tenían todas las aprobaciones desde hace años de los organismos

pertinentes y el Banco tenía la liquidez necesaria para hacerlo. Y tienen toda

la razón al impedir que los recursos se sigan evaporando.

No se ha querido proceder de acuerdo a la ley, buscando subterfugios

que ahora van quedando descubiertos por la clamorosa verdad: cómo pudo

un “técnico” desconocer los resultados de las auditorías y reducir a

cero, así, a cero, el valor del campo petrolero que ahora se comprueba ha

generado más de 30 millones de dólares y tiene un valor entre 200 y 500

millones de dólares?

Señor Director, gracias por impulsar un proceso de enfrentamiento con

la verdad, Esperemos que las autoridades judiciales empapadas de datos,

hechos, números, leyes, terminen con este caso de clamorosa injusticia,

aunque no sea “popular” decir la verdad en el caso del Popular.

Atentamente,

Héctor Ordóñez

c.i. 1701255588

EXTRADICION DE LANDES EN DEBATE, LA HORA, SEPTIEMBRE 24, 2007

2007-09-24T16:28:00.000-07:00

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Extradición de Landes está en debate

La posible solicitud de extradición a Costa Rica del banquero Nicolás Landes abre un nuevo capítulo en el proceso.

La intención del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jaime Velasco de solicitar al gobierno de Costa Rica una ampliación de la extradición del ex gerente del Banco Popular, Nicolás Landes, acusado de supuesto peculado en el caso West Merchant Bank, hace que se debata sobre la legalidad o no del recurso.

Antes de que el ex gerente sea extraditado en diciembre del 2006, el Ecuador por medio del ex canciller Antonio Parra Gil y Velasco, se comprometió a que Landes “no será juzgado o sentenciado en la medida que afecte su libertad personal por hechos anteriores y distintos a los que motivaron su extradición”.

El compromiso a no juzgar a Landes por otros motivos que no fueran los expresamente definidos, era un requisito que el Gobierno costarricense pidió al Ecuador para autorizar la salida del ex banquero.

Landes tenía cinco causas penales pendientes, pero la CSJ pidió su extradición sólo por un proceso (West Merchant Bank).

“El compromiso con Costa Rica se dio y lo único que pido es que se respete lo que dice la Convención Interamericana y la Ley de Extradición del país. Es ilógico e ilegal que Velasco pida ahora al Cuarto Tribunal Penalde Pichincha que realice todas las diligencias para la solicitud y luego él sea quien decida si es o no procedente la extradición”, afirmó el banquero.

El debate
Para Marco Torres, asesor jurídico de la CSJ la solicitud de ampliación que se pretende hacer a Costa Rica es la única forma legal para que se pueda juzgar a Landes por los restantes casos que se le imputan (dos por estafa que ya caducaron en el 2004 y sólo falta que se firme su prescripción y dos por peculado que están en trámite).

Esto es rebatido por Santiago Cuesta, abogado de Landes, quien afirma que la figura de ampliación de extradición activa no existe en la legislación ecuatoriana.

“El artículo 20 de la Ley de Extradición ecuatoriana, citada por Velasco para la solicitud, menciona la ampliación de extradición pero en relación a la extradición pasiva (cuando otro país pide al Ecuador que se envíe al exterior un acusado). Pero el título segundo de esa ley, aplicable a Landes, que trata sobre la extradición activa (cuando el Ecuador pide a otro país que envíe acá a un acusado) no menciona la ampliación de extradición”, explicó.

Por su parte el titular de la Suprema ha manifestado que todos los trámites del caso se están haciendo conforme a la legalidad. “La posibilidad de solicitar la ampliación de la extradición a Costa Rica está contemplada en la misma Convención Internacional. Que señala que hay que iniciar un trámite parecido al anterior para poder enjuiciarlo por otras causas”, concluyó.

Críticas de Landes

Para el ex gerente del Popular la razón por la que Velasco iniciaría esta solicitud de ampliación es para evitar las críticas en su contra. “Ya que fue el propio Velasco quien firmó la promesa formal para Costa Rica, instrumento que sería ahora el que determine mi libertad”, agregó.

LANDES DENUNCIA IRREGULARIDADES, SEPTIEMBRE 24, 2007

2007-09-24T16:15:00.000-07:00

24 de Septiembre de 2007

I
Nicolás Landes, ex gerente del Banco Popular, no ha recibido una audiencia de juzgamiento desde el 16 diciembre del 2006, que fue extraditado al Ecuador por el supuesto delito de peculado, en el proceso West Merchant Bank.

En este caso, el Tribunal Tercero de lo Penal ya había absuelto en agosto del 2006 a los ex directores y ex funcionarios del Popular. Según la sentencia no se comprobó la existencia de peculado. Además el delito de peculado bancario vigente desde mayo del 99, no podía ser aplicado retroactivamente a los hechos de junio del 98.

Landes afirma que no entró en el grupo de funcionarios a los que se absolvió del delito de peculado, porque en ese momento se estaba tramitando su extradición al Ecuador. Entonces, al ex banquero se le sigue un proceso independiente al de los nombrados.

Desde la función Judicial no se emitió criterio alguno, ya que el caso continúa abierto y mientras no se resuelva no puede darse ningún pronunciamiento.

El único llamado a audiencia que existió se lo hizo en junio del 2007 y fue suspendido, debido a que los testigos de la Fiscalía no asistieron.

En cuanto al pedido de ampliación de extradición que se pretende realizar a Costa Rica por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Landes envió una carta al titular de la suprema, Jaime Velasco, rechazando por completo la medida.

En la misma solicita que Velasco se excuse de continuar tramitando el proceso por cuanto ya anticipó un criterio respecto del dictamen requerido por el artículo 24 de la Ley de extradición. Es decir, “él ordenó al Tribunal Cuarto de lo Penal de Pichincha iniciar la recopilación de todos los documentos necesarios para pedir la ampliación. Y él mismo será quien dictaminará si es o no procedente la extradición”.

Según el abogado de Landes, David Vaca, persistir en esta ampliación de extradición en la forma que se está haciendo constituye el delito de prevaricato.

El jurista Ernesto Velásquez afirmó que si bien la figura de extradición es para traer a una persona al país las veces que sean necesarias. “En el caso de Landes se debe analizar las circunstancias, pero si hay otros juicios por peculado en su contra, se debería tramitar esos procesos sin necesidad de acudir a una ampliación de la extradición”, dijo.

AGD y Campo Onado
Landes pide a la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) que explique al Ecuador todo lo referente al campo petrolero Onado de Venezuela, del cual el Banco Popular era propietario del 20.85 por ciento.

“La AGD ha administrado, desde 1999, el Banco y por lo tanto el campo. Pero no ha dado explicaciones del manejo de una producción diaria de cerca de cinco mil barriles de petróleo de altísima calidad. Al precio actual de 80 dólares por barril, el campo Onado genera ingresos de 400 mil dólares diarios”, explicó.

CARTA DE NICOLAS LANDES AL PRES. CSJ, SEPTIEMBRE 23, 2007

2007-09-23T16:10:00.000-07:00

Carta al Presidente de la Corte Suprema de Justicia en
oposición a una ampliacion de la extradicion.

SEÑOR PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:

IVÁN NICHOLLS LANDES GUERRERO, refiriéndome al trámite de “ampliación de extradición” a la República de Costa Rica que usted está llevando a cabo, ante usted comparezco y digo:

Los cuatro tratados internacionales que ha firmado Ecuador en materia de extradiciones, a saber, el Convenio de Montevideo de 1933, el Código Sánchez de Bustamante, el Convenio Interamericano sobre Extradición y el Pacto ONU II, son terminantes en obligar al país que pide una extradición a juzgar a esa persona única y exclusivamente por el delito materia de la extradición. Expresamente se prohíbe en los tratados internacionales el juzgamiento por OTROS delitos cometidos ANTES de la extradición. Los compromisos asumidos por el Ecuador en aquellos tratados fueron ampliamente expuestos en mi escrito de fecha 14 de Junio de 2007, el mismo que no ha sido atendido.

Costa Rica, para asegurar el cumplimiento de este compromiso internacional, exige que el país que pide una extradición presente una "promesa formal", es decir, una promesa escrita que garantice esta obligación. En efecto, la Ley de Extradición de Costa Rica, en su Art. 9 dice así:

“Inciso (f): ...en todo caso, deberá solicitar y obtener del país requirente, promesa formal que el extraditado no será juzgado por un hecho anterior diverso ni sometido a sanciones distintas a las correspondientes al hecho o de las impuestas en la condena respectiva, copia de la cual el país requirente remitirá a nuestros tribunales."

Vista la inseguridad jurídica que se vive en el Ecuador, lamentable situación ampliamente conocida en el ámbito internacional, para conceder la extradición del suscrito, Costa Rica exigió al Ecuador no solo una, sino DOS promesas formales. Una fue firmada por el entonces Canciller Antonio Parra Gil a nombre del Estado ecuatoriano, y otra por usted en calidad de Presidente de la Corte Suprema de Justicia. La primera, del 10 de agosto de 2005, dice así:

"En virtud de lo expuesto, de conformidad con las normas constitucionales y legales transcritas, que el Estado ecuatoriano debe cumplir en forma mandatoria, el señor Iván Nicholls Landes Guerrero no será juzgado, sentenciado o sometido a medida que afecte su libertad personal por hechos anteriores y distintos a los que motivaron su extradición." (el destacado es mío)

Su promesa, Señor Presidente, de 20 de marzo de 2006, dice así:

“3.- El Ecuador se compromete, de conformidad con lo previsto en la Constitución, leyes internas del país y los convenios y tratados Internacionales celebrados por el Ecuador, a acordar a la persona extraditada las garantías procesales reconocidas por el Pacto Internacional de 16 de Diciembre de 1966 relativo a los derechos civiles y políticos (Pacto ONU II)… Ningún acto cometido por la persona extraditada previamente a su entrega, y por el cual la extradición no ha sido consentida, dará lugar a un enjuiciamiento, condena o re extradición a un tercer Estado, y ningún otro motivo ajeno a la extradición implicará una restricción de la libertad individual de esta persona. (Art. 15 Pacto ONU II)". (destacado es mío)

Después de recibir del Ecuador estas dos promesas formales, Costa Rica concedió mi extradición, ejecutada el 16 de Diciembre del 2006, pero única y exclusivamente por un supuesto peculado en el caso conocido como West Merchant Bank, conforme consta de la respectiva sentencia de extradición emitida por el Poder Judicial de Costa Rica.

En el caso West Merchant Bank, el Tribunal Tercero de lo Penal de Pichincha ya había ABSUELTO el 31 de agosto 2006 a todos los ex Directores y ex funcionarios del Banco Popular imputados en este proceso porque, según reza la sentencia del Tribunal, NO se comprobó la existencia del supuesto peculado. Y mal podría haberse comprobado tal delito si la acusación de “peculado bancario” fue incorporada al proceso, unilateral y arbitrariamente, por el entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Galo Pico, en su resolución del 15 de Febrero de 2001 que dictaminó procedente solicitar mi extradición a los Estados Unidos, solicitud rechazada por dicho país mediante Nota Diplomática fechada 29 de Octubre de 2003. En dicha resolución el Dr. Pico afirmó falsamente que la violación al Art. 257 del Código Penal constaba en la excitativa fiscal y en el auto cabeza de proceso, falsedad fácilmente verificada mediante la lectura de los respectivos documentos que constan en autos. Reitero que el Tribunal Tercero de lo Penal de Pichincha, resolvió que NO EXISTIÓ DELITO en el caso West Merchant Bank. Esa sentencia fue casada ante la Corte Suprema de Justicia por un acusador particular, mas no por la Fiscalía. Está en manos de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema resolver el recurso de casación interpuesto.

En su entrevista, Señor Presidente, publicada en el diario El Comercio (19 de Septiembre de 2007, Pág. 7, adjunto como anexo 1) reconoce usted que mi extradición fue solicitada a Costa Rica el 15 de Julio de 2005 violando la normativa legal ecuatoriana. En efecto, usted admitió públicamente que,

“En ese momento no funcionaba la Corte Suprema y por eso se remitió el pedido desde la Cancillería. … Si Cancillería no iniciaba el trámite de extradición, Landes no estaría aquí.” (destacado es mío)

El Artículo 24 de la Ley de Extradición estipula que, “El Presidente de la Corte Suprema de Justicia dictaminará si es no procedente la extradición, de conformidad a los Tratados celebrados entre el Ecuador y el Estado en el que el prófugo se encuentre…” y el artículo 25 de la misma Ley determina que, “En caso afirmativo el Presidente de la Corte Suprema de Justicia se dirigirá al Ministro de Relaciones Exteriores… pidiendo que se practiquen las gestiones diplomáticas que sean necesarias para obtener la extradición del prófugo.”

Su declaración confirma lo que oportunamente alegué ante los tribunales de Costa Rica: que el pedido de mi extradición de Julio 2005 fue ilegal porque no existió en el Ecuador a esa fecha una Corte Suprema que pudiese emitir el dictamen y realizar las diligencias estipuladas en la Ley. Una vez más el paso del tiempo comprueba una grave violación al debido proceso y a mis derechos humanos, en este caso la presentación a Costa Rica de una solicitud de extradición a toda costa contraviniendo normas legales expresas, con el afán de llevar a cabo una persecución política disfrazada de proceso judicial.

El 15 Julio de 2005, cuando la Cancillería ecuatoriana pidió mi extradición a Costa Rica, ya que no existía Corte Suprema, habían cinco procesos penales en mi contra. Dos de ellos por supuesta estafa, casos que obligatoriamente prescribieron en el curso del año 2004, y otros dos por supuesto peculado. Sin embargo, la Cancillería solicitó mi extradición solamente por UN proceso, el West Merchant Bank. El Estado ecuatoriano está obligado a cumplir los compromisos asumidos en los tratados internacionales y solemnemente ratificados mediante las dos promesas formales a Costa Rica y, en consecuencia, NO puedo ser juzgado por ninguno de estos otros procesos, ni siquiera ser privado de mi libertad.

Que no existe duda alguna en el concierto internacional que la persona extraditada no podrá ser juzgada sino por el o los delitos expresamente concedidos por el juez del Estado solicitado es materia tan corriente que es publicada por la prensa nacional e internacional. En efecto, el diario El Comercio (20 de Septiembre de 2007, página 22) en un artículo respecto de la posible extradición de Chile al Perú del ex presidente Alberto Fujimori, publica lo siguiente:

“Además, las cortes peruanas solo podrán juzgarlo por los cargos que apruebe la Justicia chilena…”

El subterfugio judicial que parece haber encontrado usted, señor Presidente de la Corte Suprema, para violar los compromisos asumidos por el Estado ecuatoriano en los tratados internacionales y en las dos promesas formales antes mencionadas, es pedir a Costa Rica una AMPLIACION DE MI EXTRADICION, o sea, pedir a Costa Rica que conceda mi extradición por los otros dos procesos por supuesto peculado. Esta es la fórmula concebida para mantenerme detenido cuando tanto los tratados internacionales como las dos promesas formales expresamente garantizan que yo no seré privado de mi libertad por otra causa que no sea materia de la extradición. El hecho que desde el Lunes 18 de Diciembre de 2006, dos días después de ejecutada mi extradición el 16 de Diciembre, están vigentes órdenes de detención por cada uno de los procesos que no fueron materia de la extradición es una violación constante de los tratados internacionales y de las dos promesas formales a Costa Rica. Estas órdenes subsisten a pesar de mis reiterados pedidos a los tribunales respectivos para que cumplan con los compromisos internacionales asumidos por el Ecuador. La vigencia de estas órdenes de detención es una violación al debido proceso y a mis derechos humanos, agravada por el hecho que en sus declaraciones a diario El Comercio el 19 de Septiembre de 2007 (anexo 1) usted afirmó que,

“Yo presenté el oficio el 20 de Marzo de 2006 porque el Procurador Penal de Costa Rica solicitó la promesa formal de que será respetado el debido proceso.” (destacado es mío)

Ese respeto al debido proceso, ahora violado, obligatoriamente incluye cumplir con la garantía que consta de su promesa formal:

“… y ningún otro motivo ajeno a la extradición implicará una restricción de la libertad individual de esta persona. (art. 15 Pacto ONU II)”

El pasado jueves 6 de septiembre fui llevado al Tribunal Cuarto de lo Penal de Pichincha para rendir una declaración, documento requerido para completar los dos expedientes de extradición solicitados por usted Señor Presidente. Recién el día Jueves 6 pude leer su providencia de fecha 25 de Junio de 2007 en la cual usted ordenó al Tribunal remitirle el pedido de ampliación de extradición. Es evidente que el Tribunal Cuarto ha trabajado en secreto desde el 25 de Junio preparando los expedientes de extradición, acto que no me fue notificado en la fecha correspondiente.

En mi declaración del día Jueves 6 de Septiembre ante el Tribunal Cuarto expresé las siguientes ilegalidades sobre el pedido de ampliación de extradición:

1. No existe la figura de "ampliación de extradición" en la legislación ecuatoriana. En su providencia del 25 de Junio, usted Señor Presidente cita el Artículo 20 de la Ley de Extradición que menciona la ampliación de la extradición. Pero, dicho Artículo 20 se encuentra en el Título Primero de aquella Ley que corresponde a la extradición PASIVA. El Título Segundo de esta ley, que trata de la extradición ACTIVA e inicia a partir del Artículo 22, NO CONTEMPLA la figura de la ampliación de la extradición. Por lo tanto, no existe en la Ley de Extradición ecuatoriana la facultad para que el Estado ecuatoriano solicite a otro país una ampliación de extradición. Como en derecho público no se puede hacer sino lo expresamente autorizado, usted Señor Presidente estaría realizando un trámite ilegal al improvisar un procedimiento que la Ley no contempla.

2. Existe acaso algún precedente en el Ecuador, algún caso anterior en el cual se hubiere solicitado la ampliación de una extradición YA EJECUTADA? No conocemos un caso anterior que, con seguridad, no existe por la sencilla razón de que no está facultado en la Ley de Extradición. La ampliación de extradición que usted ordenó al Tribunal Cuarto es un procedimiento improvisado con el único propósito de mantenerme encarcelado.

3. Este procedimiento improvisado se ha realizado en secreto. Su providencia del 25 de junio de 2007, en una grave violación al debido proceso, no me fue notificada oportunamente y, por lo tanto, no tuve oportunidad de oponerme a dicha resolución. Me enteré de su existencia el lunes 3 de septiembre a las 15H00 cuando fui llevado por la Fuerza Pública, sin aviso previo, ante el Tribunal Cuarto para rendir una declaración, sin la presencia de mi abogado defensor, quien no había sido notificado. Extrañamente, se encontraba en dicho Tribunal un Defensor Público disponible para legitimar esta diligencia. Me opuse enérgicamente a este ilegal procedimiento y logré que la diligencia sea suspendida hasta el día jueves 6 de este mes y año.

4. El pedido de ampliación de la extradición viola las dos promesas formales suscritas por el Ecuador, cuyos textos son categóricos y absolutos, y en los cuales ni el Estado, ni el Poder Judicial, se reservó el derecho a modificar unilateralmente la garantía otorgada a la República de Costa Rica. Es de suma importancia resaltar que la promesa formal es un requisito indispensable en la ley costarricense, tal y como indico anteriormente, requisito sin el cual Costa Rica NO HABRÍA CONCEDIDO MI EXTRADICIÓN. Es ilegítimo e inmoral que el máximo representante de la Función Judicial suscriba una promesa formal para viabilizar una extradición y, 9 meses después de ejecutada dicha extradición, proceda a violar esa promesa.

5. Una eventual solicitud de ampliación de extradición presentada a Costa Rica cuando estoy preso en Ecuador me dejaría en total indefensión y, además, es una barbaridad. Me deja en indefensión porque el trámite de extradición en Costa Rica tiene las mismas formalidades de un juicio, respetando todas las normas del debido proceso -abogado defensor, pruebas documentales, testimonios, escritos y audiencias, en dos instancias e inclusive con recurso a la Sala Constitucional de la Corte Suprema- y es imposible que yo pueda defenderme desde el Ecuador, peor aún si me encuentro privado de mi libertad y sin capacidad de comunicarme con un abogado defensor en Costa Rica. Además, no dispongo de los medios económicos para contratar un defensor en Costa Rica. Esta ampliación de la extradición es una barbaridad porque estuve detenido en Costa Rica por 18 meses, desde Junio 2005 hasta Diciembre 2006. La actual Corte Suprema, posesionada en Noviembre 2005 y presidida por usted desde aquella fecha, dispuso de un año para haber solicitado a Costa Rica agregar otros supuestos delitos a la solicitud de extradición en trámite. Pero, la Corte Suprema del Ecuador que usted preside no lo hizo. Pretende hacerlo ahora, nueve meses después de ejecutada mi extradición.

6. La Comisión Presidencial que investigó la crisis bancaria en el Ecuador en 1999 concluyó que no había causal que justifique el cierre del Banco Popular, en Septiembre de 1999, entidad en la cual el suscrito fue Presidente Ejecutivo. En otras palabras, desde el 3 de Agosto de 2007, fecha de publicación del referido informe, fecha en la cual el Señor Presidente de la República recibió e hizo suyo en acto público este informe y ordenó que sea remitido a la Fiscalía y a la Corte Suprema, convirtiéndolo así en el criterio oficial del Gobierno ecuatoriano: que el Banco Popular operaba normalmente y que su cierre fue motivado por causas políticas completamente ajenas a la Administración del Banco. Este informe comprueba otro argumento: que los procesos penales iniciados en mi contra tenían una clara motivación política y que eran totalmente desprovistos de sustento técnico financiero o jurídico. Es una aberrante contradicción que el Poder Judicial pretenda, violando tratados internacionales, promesas formales, y la legislación ecuatoriana, solicitar una nueva extradición para juzgarme por un supuesto peculado bancario al mismo tiempo que el Poder Ejecutivo ha concluido que el cierre del Banco Popular se debió única y exclusivamente a motivaciones de índole política.

PETITORIO

PRIMERO: Usted Señor Presidente debe excusarse de continuar tramitando este proceso por cuanto usted ya anticipó criterio respecto del dictamen requerido por el Artículo 24 de la Ley de Extradición. En efecto, en su providencia del 25 de Junio de 2007 (ver anexo 2) usted resolvió que,

“2) Con el objeto de que esta Presidencia presente una nueva solicitud de extradición es necesario que el Tribunal Cuarto de lo Penal de Pichincha cumpla con lo dispuesto en el artículo 7 del Código de Procedimiento Penal…” (destacado es mío)

Es patente que usted Señor Presidente ya decidió, por anticipado, solicitar una ampliación de extradición a Costa Rica. Su criterio fue ratificado en la antes mencionada entrevista del 19 de Septiembre en el diario El Comercio. Por lo tanto, es imposible que usted cumpla, con objetividad e imparcialidad, lo que usted mismo dispuso en la antes mencionada providencia suya el 25 de Junio de 2007:

“Recibida la solicitud y documentación correspondiente, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Extradición dictaminará si es o no procedente la extradición.-“(destacado es mío)

Señor Presidente, persistir en esta ampliación de extradición en la forma que se está haciendo, constituye el delito de prevaricato, sancionado y reprimido como tal en el artículo 277 del Código Penal.

SEGUNDO: Subsidiariamente, de no excusarse usted de continuar participando en este proceso, solicito se abstenga de dar trámite a la solicitud de ampliación de extradición que formule el Tribunal Cuarto de lo Penal de Pichincha por cuanto, tal y como he expuesto en este escrito, dicha solicitud violaría los compromisos solemnemente asumidos por el Estado ecuatoriano mediante tratados internacionales y mediante las promesas formales suscritas por el entonces Canciller Antonio Parra Gil y por usted Señor Presidente.

TERCERO: En todo caso, solicito usted ordene de manera inmediata que sean revocadas todas las órdenes de detención emitidas por otras causas ajenas a la extradición concedida por Costa Rica. El artículo 20 de la Ley de Extradición que usted cita en su providencia de 25 de Junio de 2007, dice así:

“Para que la persona que haya sido entregada pueda ser juzgada, sentenciada o sometida a cualquier medida que afecte su libertad personal, por hechos anteriores y distintos a los que hubieran motivado su extradición, será necesario autorización ampliatoria de la extradición concedida…” (destacado es mío)

Aún en el supuesto no consentido que existiere la facultad legal en la legislación ecuatoriana para solicitar una ampliación de extradición, es un hecho incontrovertible que, en este momento, no existe la “autorización ampliatoria” exigida por el artículo 20. Por lo tanto, dichas órdenes de detención no solamente son ilegales sino una grosera violación al debido proceso y a mis derechos humanos. Esta violación que tiene ya nueve meses es de gravedad tal que conlleva el riesgo de acciones legales, y eventuales sanciones, ante cortes nacionales o sea ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contra los funcionarios responsables de haber ordenado, y también los responsables de haber permitido, que yo sea sujeto de una detención ilegal.

CUARTO: Reitero mi solicitud presentada mediante escrito del 14 de Junio de 2007 que usted, en estricto cumplimiento de los tratados internacionales suscritos por el Ecuador y las promesas formales suscritas por el entonces Canciller Antonio Parra Gil y por usted Señor Presidente, ordene al Tribunal Cuarto archivar las dos causas abiertas por supuesto peculado, y ordene así mismo a los tribunales correspondientes que archiven las otras dos causas abiertas por presunta estafa, las mismas que, si hubiere una correcta administración de justicia en el Ecuador, habrían sido declaradas prescritas y archivadas por los juzgados competentes en el año 2004.

Dr. David Vaca Jaramillo

ABOGADO MAT. 4916 PICHINCHA

Ivan Nicholls Landes Guerrero

ARTICULO SOBRE CAMPO ONADO, EL COMERCIO, SEPTIEMBRE 20, 2007

2007-09-20T16:25:00.000-07:00

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Una ola de juicios paró la fuente de dinero de la AGD en Venezuela
9/20/2007

Redacción Judicial

La Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) tiene su gallina de los huevos de oro en Venezuela. Es el campo petrolero Onado, ubicado en el estado de Monagas, al nororiente de ese santuario petrolero.

La AGD calcula que entre 1999 y el 2006, el Ecuador recibió USD 31 millones de dólares como pago de los servicios a petróleos a la estatal de Venezuela, según su actual gerente Gloria Sabando.

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socios tiene en el campo. El Popular (AGD) tiene el 8,3 de acciones.

Sin embargo, esa fuente de petrodólares se bloqueó desde abril del año pasado (ver recuadro). Actualmente, la Agencia afronta varios juicios de ex clientes del Banco Popular y otros procesos más por el no pago de impuestos al Gobierno de Venezuela.

En 1999, la AGD no se percató que ese campo –que incluye 38 pozos- era parte de los bienes incautados al ex gerente del Banco Popular, Nicolás Landes, preso en el ex penal García Moreno.

Un año después, la entidad consiguió que Pdvsa (la poderosa estatal de petróleos de Venezuela) reconozca al Banco Popular como el propietario del 16% de las acciones del campo petrolero.

Desde su celda en el ex penal, Landes recuerda que, dos años antes, Fivenez, un banco venezolano que forma parte del grupo Ceval, de su propiedad, adquirió esos derechos. Primero tenía el 14% de acciones, meses después subió su participación en dos puntos. Los socios eran Compañía General de Petróleos, Korea Petroleum y Carmanah Resources.

Fivenez transfirió el paquete accionario al Popular por USD 22 millones. En 1999 se produjo la crisis bancaria y esa propiedad estuvo a punto de perderse en los libros contables, donde constaba con valor cero.

Fernando Armendáris, ex liquidador del Popular, revertió ese olvido y la gallina nuevamente empezó a dar sus huevos a la AGD. En el 2002, Carmanah Resources salió del negocio y los tres socios restantes aumentaron sus acciones. El Banco Popular (AGD para ese entonces) obtuvo el 20,85% del campo.

El negocio era jugoso. Para el 2004, la producción superó los 4 000 barriles diarios y precio del crudo subió a los USD 35 por barril. Desde el 2000 hasta el 2004, la Agencia recibió entre USD 15 y 18 millones en ganancia, asegura un ex asesor de la entidad, quien pidió no revelar su identidad.

Un informe de la Agencia, fechado julio del 2004, lo confirma. En el documento se lee que Armendáriz reversó (devolvió) el 50% de la provisión (USD 11 millones) para que la propiedad adquiera nuevamente un valor en los libros de contabilidad.

Con el resto –dice el ex asesor- se pagó a los ahorristas, se dejó una parte en la cuenta del campo y sobró dinero, que nadie sabe explicar dónde está.

Ese mismo informe señala que el precio del campo es mayor a los 11 millones, pues se comprobó que tiene reservas confirmadas de 60 millones de barriles de petróleo y posibles de más de 80 millones. Además, su crudo es de alta calidad, de 38 a 39 grados API (American Petroleum Institute).

Iván Bedoya, experto en petróleos, al comparar el campo Onado con un ecuatoriano, dice que por reservas es similar al del Cuyabeno, con una gran diferencia de calidad. “Es un crudo de muy buena calidad. Nuestro petróleo tiene 24 grados API. Este momento, el crudo con 40 grados es vendido en USD 74, pero el nuestro tiene un castigo de USD 11. Cualquiera quisiera tener ese campo”.

Pero la bonanza empezó a desmoronarse los dos siguientes años. Por una parte, el gobierno de Hugo Chávez renegoció el contrato de explotación. En la Gaceta Oficial de Venezuela del 24 de noviembre del 2006, se confirmó el cambio del paquete accionario. Por esa transacción, la AGD perdió el 12%. Actualmente tiene el 8,3%, según certifica el presidente de Pdvsa, Eulogio del Pino, en una carta del 30 de marzo pasado.

Esa acción dio surgimiento a la empresa Petronado. La ex gerenta de la Agencia, Alejandra Cantos, en su carta de renuncia califica el caso Onado como “complejo”. Textualmente, dice: “la situación jurídica está por definirse por el cambio de legislación en Venezuela”. Y asegura que su administración tuvo que sanear deudas.

Landes sostiene que es ilógico que se tenga que pagar deudas, pues en los últimos tres años el precio del petróleo se disparó y la producción de Onado aumentó.

En la AGD, la visión no es tan positiva. El asesor jurídico, Oswaldo Padilla, señala que tuvieron que invertir 25 millones en producción y en juicios. Además, no se conoce cuánto llegará en la rendición de cuentas de la nueva empresa Petronado, programada para finales de octubre.

“Hay un saldo que está congelado por el caso de Solidez... No tengo la idea de cuánto recibiremos, no hemos puesto plata y por eso tendremos menos ganancias”. Pero está confiado de que la ganancia sea mayor que la pérdida.

Sobre el proceso por el no pago de impuestos, asegura que lograron cumplir con los pagos, pero que faltan unos últimos detalles para estar al día con Venezuela

Una comisión de la AGD viajará a Venezuela. Según Sabando, la intención a futuro sería liquidar el Popular, y con él, Onado, pues la Agencia no nació para administrar bienes de los ex banqueros… así sean una gallina de oro.

El candado legal del Solidez

Un grupo de clientes del Fideicomiso Solidez mantiene nueve litigios judiciales en contra de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD). Estos procesos impiden la enajenación de bienes y la entrega de otros recursos por parte del Campo Onado.

Según la abogada de este grupo (quien pidió que no se publique su nombre), la medida se tomó porque la Agencia se negó a devolverles su inversión. A pesar de tener informes favorables del Tribunal Constitucional, de la Superintencia de Bancos y de la propia AGD, los cuales reconocen a los integrantes del Fideicomiso Solidez como parte de las personas a las cuales tenían que devolverles su dinero invertido en el Popular.

Actualmente, son parte de ese fideicomiso 350 personas y la deuda llega a los USD 23 millones. Dentro de los procesos judiciales en contra de la Agencia de Garantía de Depósitos se alista una audiencia la próxima semana.

Esta diligencia tiene el propósito de que se exhiba la contabilidad de la AGD y saber en qué se gastó el dinero del campo Onado.

La deuda de Landes

La actual directora de la AGD, Gloria Sabando, dice que no conoce en detalle del caso de Onado. Asegura que el dinero sirvió para pagar a los cuenta ahorristas, pero que Landes mantiene una deuda de USD 54 millones.

En la carta de renuncia de Alejandra Cantos se señala que otra propiedad del ex banquero fue vendida. Se trata de la termoeléctrica de Cartagena y el trato fue por USD 18 millones.

Además, se asegura que esa decisión se tomó por los juicios por impago a los trabajadores y otros procesos jurídicos.

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